SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 264/2015.

Sucre, 27 de agosto de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.76/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: Los recursos de nulidad y casación en el fondo de fs. 202 a 204, interpuesto por Carmen Cleofe Peñaranda Alarcón por una parte, y el recurso de casación en el fondo de fs. 208 a 209, planteado por Alicia Quispe Quispe, contra el Auto de Vista Nº 111/14 de 7 de octubre de 2014 (fs. 198), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral seguido por Alicia Quispe Quispe contra Carmen Cleofe Peñaranda Alarcón, las respuestas de fs. 211 a 213 y de 216 a 217, el Auto de fs. 218 que concedió los recursos, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 250/2013 de 5 de diciembre de 2013 (fs. 167 a 173), declarando improbada la excepción de prescripción y probada en parte la demanda de fs. 11 a 12, subsanada a fs. 15 y 18, modificada a fs. 20 de obrados, disponiendo que la demandada Carmen Cleofe Peñaranda Alarcón, cancele a Alicia Quispe Quispe la suma de Bs.6.532,48.- por concepto de indemnización, y multa del 30%, con costas. Luego por Resolución Nº 077/2014 de 12 de febrero (fs. 180) se declaró no ha lugar la explicación solicitada por la actora.

En grado de apelación formulada tanto por la parte demandada (fs. 176 a 177) como por la parte demandante (fs. 184 a 186), la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 111/14 de 08 de octubre de 2014 (fs. 198), confirmó en parte la Sentencia Nº 250/2013 de 5 de diciembre de 2013 (fs. 167 a 173), disponiendo el pago de beneficios sociales, en la suma de Bs.10.871.-, a favor de la demandante, por concepto de indemnización, desahucio y multa del 30%.

Contra el auto de vista, ambas partes interponen recurso de casación, expresando en síntesis lo siguiente:

  1. La demandada Carmen Cleofe Peñaranda Alarcón, por memorial de fs. 202 a 204, interpone recurso de nulidad y casación en el fondo expresando:

Denunció que los de instancia han incurrido en violación de los arts. 61 y 16.f) de la Ley General del Trabajo (LGT), así como el Decreto Supremo (DS) de 9 de marzo de 1937, debido a que la trabajadora interrumpió la continuidad laboral, reclamo manifestado en su apelación que tuvo que ver con la interrupción por el nacimiento de la hija de la trabajadora, que dicha interrupción no fue por el preparto de 30 días, sino que fue por un año y cuatro meses. Por otra parte menciona que existió un retiro voluntario de la trabajadora, porque de acuerdo a la declaración de la propia demandante esta habría entregado las llaves en fecha 4 de marzo de 2009, para sustentar que conforme al art. 182 del Código Procesal del Trabajo (CPT), la relación de trabajo termina por despido, salvo prueba en contrario. Luego refiere que la prueba en contrario, es la entrega de la llave a las 4 de la tarde; expresa también que las relaciones de trabajo pueden pactarse por tiempo indefinido, por cierto tiempo o por el tiempo de la realización de obra o de servicio, pero que cada una tiene un tiempo de duración ininterrumpida, salvo los periodos de gestación como es el presente caso, puede haber interrupción de 90 días, conforme establece el Código de Seguridad Social, pero la interrupción del preparto no puede ser de un año y cuatro meses.

Al margen de ello hace referencia al art. 120 de la LGT, con relación a que del primer periodo de trabajo de Alicia Quispe Quispe desde el 15 de mayo de 2000 hasta el 18 de marzo de 2004, el período el derecho de cobrar beneficios sociales hubiera prescrito para la trabajadora, en razón de que habría presentado su denuncia ante el Ministerio de Trabajo en fecha 07 de abril de año 2009, habiendo transcurrido más de cinco años, desde que hizo abandono al trabajo, prescribiendo su acción para cobrar beneficios del primer periodo. En consecuencia acusa que el tribunal de apelación incurrió en violación de las referidas normas legales.

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo disponga la existencia de interrupción de un año y cuatro meses por el nacimiento de la hija de la trabajadora y también que no corresponde el pago de desahucio por el retiro voluntario de la trabajadora.

  1. La demandante Alicia Quispe Quispe, interpone recurso de casación en el fondo (fs. 208 a 209), en contra del Auto de Vista 111/14 de fecha 8 de octubre de 2014 cursante a fs. 198, por existir violación e infracción de manera expresa y terminante de normas jurídicas vigentes que da lugar a una errónea e indebida aplicación de las disposiciones legales vigentes.

Señala que, en el auto de vista en lo referente al bono de antigüedad y las horas extras, se encuentran regidas por la Ley Nº 2450 en sus arts. 8 y 11, por lo que no corresponde su tutela; que en cuanto al pago de aguinaldo el mismo ha sido identificado en su pago y confiesa su cancelación, por ende resulta inviable su tutela, olvidándose deliberadamente que según el art. 59 del CPT, el objeto de la demanda laboral es el reconocimiento de sus derechos consignados en la LGT, y el pago del bono de antigüedad, horas extras y aguinaldo, son derechos laborales que debería ser cancelados en su favor.

Asimismo manifiesta que existe infracción al Decreto Supremo Nº 23474 por que dicha norma legal estipula que para el cálculo del bono de antigüedad debe tomarse como base los tres salarios mínimos nacionales, en el presente caso su persona habría desempeñado funciones por un periodo de 8 años 11 meses y 11 días, consiguientemente correspondería el pago en su favor, concretamente el pago del 18%, empero en el auto de vista no se consideró dicha norma legal por lo que debe ser corregida.

Indica también que si bien el art. 11 de la Ley Nº 2450, determina que su horario de trabajo al encontrarse habitando el hogar donde trabajaba debe ser de 10 horas, expresó que ella iniciaba su horario de trabajo a las 06:30 a.m. finalizando a las 22:00, es decir, que trabajaba ininterrumpidamente por un periodo de 15 horas o más, por lo que debe ser beneficiada con el pago de horas extras, y conforme determina el art. 14 de la citada ley, por tratarse de horas extraordinarias las mismas deben ser remuneradas.

Por otro lado manifiesta que existe infracción del art. 15 de la Ley Nº 2450, pues en su condición de trabajadora del hogar le corresponde el pago de aguinaldo de navidad, con el pago de un salario o duodécimas, ya que conformé demostró fue retirada de su trabajo en fecha 4 de marzo de 2009, la resolución impugnada indica que trabajó tres meses y cuatro días, además el argumento que le hubiera cancelado el pago de Bs.700.- no es evidente, sino que aquel pago fue por el salario del mes de febrero; que tampoco correspondería ese monto por que no cumplió el año y que solo debe cancelarse por duodécimas, al negarse el pago, existe infracción a la norma citada.

En base a estos argumento interpone recurso de casación en el fondo, contra del Auto de Vista Nº 111/14 de fecha 08 de octubre de 2014, conforme a lo dispuesto por el art. 253.1) del Código de Procedimiento Civil (CPC), solicitando que se case en parte el auto de vista recurrido y se efectúe el cálculo del pago de bono de antigüedad, horas extras y aguinaldo, con costas y multas de ley.

CONSIDERANDO II: Que, así interpuesto los recursos de casación o nulidad en el fondo, de la revisión de los antecedentes procesales, se concluye:

I.- Resolviendo el recurso de nulidad o casación en el fondo de fs. 202 a 204, planteado por la demandada, se colige los siguientes hechos:

El recurso de la demandada trae como fundamento principal de su reclamo, dos infracciones: El primero, relacionado a que los juzgadores de instancia al emitir sus fallos no habrían valorado la interrupción laboral por el nacimiento de la hija de la demandante que fue de un año y cuatro meses, es decir, que la actora habría abandonado su trabajo por el lapso de ese tiempo, cuya inobservancia demuestra haberse violado el art. 61 de la LGT, fundamento que tiene como base la declaración de la demandante, cuando manifiesta: “sí, cuando tuve mi hija me fui a descansar…”; que también se vulneró el art. 16.f) de la LGT, y el DS de 9 de marzo de 1937, debido a que la trabajadora del hogar interrumpió la continuidad laboral.

En este contexto, antes de ingresar al fondo, es necesario considerar el principio de continuidad de la relación laboral, por el cual, a la relación laboral se le atribuye la más larga duración, este principio instruye al administrador de justicia, que ante la duda, estimar la duración del contrato individual de trabajo en la mayor extensión posible, según los hechos y la realidad demostrada; esto a pesar de lo manifestado en la declaración de la demandante cuando respondió a la pregunta 4 de la confesión provocada: “si cuando tuve mi hija me fui a descansar…”, la cual se encuentra sesgada y no aclara la situación laboral en absoluto, por lo que, en esta situación, corresponde aplicar lo estipulado en el art. 4 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, referente al principio in dubio pro operario, el cual establece que cuando existan dudas razonables en la discusión entre el obrero o empleado y su empleador, con respecto a los reclamos efectuados o las imputaciones alegadas, los jueces deberán decidir la cuestión en la forma más favorable a la parte más débil de la relación contractual: en este caso el trabajador; tomando en cuenta además que constitucionalmente los derechos laborales son irrenunciables, conforme determinan los arts. 48.III de la Constitución Política del Estado (CPE) y 4 del LGT, por lo que se colige que el tribunal de apelación actuó correctamente, valorando y apreciando la prueba de manera acertada, conforme facultan los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, toda vez que la demandada no logró desvirtuar lo aseverado por la demandante sobre este tema, conforme era su obligación según disponen los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, referente al principio de inversión de la prueba, que se sustenta en todo juicio social, donde la carga de la prueba corresponde al empleador, presupuesto procesal que no fue cumplido por la parte demandada; antecedentes que nos permiten apreciar con verosimilitud que el tiempo de servicios prestados por la trabajadora es como se determinó en sentencia, es decir, 8 años, 11 meses y 11 días, extremo que fue confirmado por el auto de vista recurrido, no siendo evidente la infracción acusada sobre este punto.

En cuanto al otro aspecto, referente a que la trabajadora asalariada del hogar habría entregado las llaves en fecha 4 de marzo de 2009, configurándose este actuar según la demandada recurrente, en un retiro voluntario, motivo por el cual no le correspondería el pago del desahucio.

Al respecto, es necesario ingresar al prolijo examen de las pruebas por la cual y según la confesión provocada (fs. 143), la demandante menciona que se fue el 19 de marzo de 2004, y volvió después de tres meses; de acuerdo a la normativa vigente justamente son tres meses los que una trabajadora embarazada puede utilizar con el fin de precautelar un parto exitoso y un desarrollo integral del recién nacido (45 días antes del parto y 45 días después del parto), después de lo acontecido se observa que la trabajadora volvió a su fuente laboral sin que exista óbice de parte de la empleadora, inclusive llegando a ser parte de la vida de la recién nacida, de acuerdo a lo que refiere la propia demandante. Por lo que, tanto la conducta de la trabajadora como de la empleadora ingresan dentro de los parámetros del principio de continuidad laboral (principio establecido en todas las instancias del proceso laboral), en este entendido, no es suficiente la entrega de llaves que menciona la demandante, para desvirtuar los principios de primacía de la realidad e in dubio pro operario, principios que operan a favor de la trabajadora. La primacía de la realidad e in dubio pro operario no pueden justificar, disculpar u homologar el incumplimiento del derecho invocando la efectividad de la infracción por parte del empleador. Por lo referido y desde la óptica legal la continuidad laboral es manifiesta por lo que el tribunal ad quem actuó conforme a los principios y normas que rigen la materia.

En este contexto, se puede advertir que las pruebas con los que la parte demandada pretende justificar que, la desvinculación de la relación laboral de la actora con respecto a su empleadora fue de manera voluntaria; empero, no demuestra de manera contundente este extremo, porque si bien, la trabajadora manifestó que hizo entrega de las llaves a la demandada, hecho que la demandada toma como un retiro voluntario, fue precisamente como consecuencia o resultado de que la misma empleadora en fecha 4 de marzo de 2009, procedió a retirar a la actora de su fuente de trabajo, afirmación extraída de la demanda cursante a fs. 11 a 12 de obrados, extremo corroborado en la literal de fs. 143 y 154 de obrados, que tiene todo el valor probatorio previsto en el art. 167 del CPT; aspectos que demuestran que, los hechos afirmados por la actora no fueron desvirtuados por la parte empleadora, conforme correspondía hacerlo, en base al principio de la inversión de la prueba, previsto en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, no siendo tampoco evidente la infracción acusada en este tópico.

Con referencia a la violación del art. 120 de la LGT, con relación al primer periodo de trabajo de Alicia Quispe Quispe desde el 15 de mayo de 2000 hasta el 18 de marzo de 2004, periodo que según la demandada habría prescrito para la trabajadora, no es evidente porque siempre existió continuidad de la relación laboral, como se tiene expuesto en los acápites anteriores.

En base a estos antecedentes, se llega a la convicción de que la actora fue despedida de forma intempestiva, sin que hubiere mediado causal alguna como acertadamente determinaron en sus fallos los de instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determinan los arts. 3.j) y 158 del CPT, razón por la cual corresponde el reconocimiento de los derechos reclamados por la actora en su demanda, consignados en la sentencia de primera instancia y confirmados por el Tribunal de apelación, de acuerdo a lo previsto en los arts. 7 y 17 de la Ley Nº 2450 de 9 de abril de 2003 de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar, toda vez que los derechos reconocidos a favor de las trabajadoras y los trabajadores son irrenunciables e imprescriptibles.

Consiguientemente y a mérito de lo expuesto, no siendo evidente las infracciones acusadas en el recurso, puesto que tampoco existe causal alguna demostrada fehacientemente que afecte la nulidad de obrados, corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

II.- Resolviendo el recurso de casación en el fondo de fs. 208 a 209, interpuesto por la actora Alicia Quispe Quispe, se realiza las siguientes consideraciones para resolución:

Ingresando a considerar el reclamo planteado por la demandante, con referencia a que el objeto de la demanda y posterior apelación de acuerdo al art. 59 del CPT, es el reconocimiento de sus derechos consignados en la LGT, y el pago del bono de antigüedad, horas extras y aguinaldo que deberían ser cancelados en su favor.

Respecto a las horas extras, a objeto de resolver la controversia, debemos partir de lo reglado por el art. 11 de la Ley de Regularización del Trabajo Asalariado del Hogar, que establece la jornada máxima de las trabajadoras y trabajadores del hogar en 10 horas de trabajo diario para los que habitan en el hogar donde prestan sus servicios.

En ese sentido, el DS N° 244 de 23 de agosto de 1943 en su art. 41 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, impone que para el cómputo de las horas extraordinarias debe llevarse un registro especial, conforme al modelo que apruebe la Inspectoría General del Trabajo, hoy dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; disposición que también fue objeto de reglamentación mediante la Resolución Administrativa Nº 063/99 de 9 de Julio de 1999.

Así también se observa que la trabajadora habitó en el hogar de la empleadora; por las declaraciones se puede ver claramente que inclusive existió un vínculo y reciprocidad en atenciones, como ser el cuidado de la hija de la trabajadora por parte de la empleadora, así como el pago puntual del salario, demostrando que, en los actos de la empleadora hubo diligencia; es mas no se encuentra reclamo alguno en la demanda, por parte de la trabajadora con respecto a las horas extraordinarias.

Además conforme se mencionó en el Auto de Vista N° 111/14, la tutela se encuentra restringida por los arts. 8 y 11 de la Ley Nº 2450 de 9 de abril de 2003, por lo que no corresponde su pago.

Con referencia al reclamo de pago del bono de antigüedad, que constituye una remuneración adicional que adquiere el trabajador por la antigüedad en el trabajo y experiencia que el mismo adquiere, dicha remuneración adicional fue adquirida como derecho y está regulado por el art. 60 del DS N° 21060 de 29 de agosto de año 1985; sin embargo, los derechos de la Ley N° 2450 de Regularización del Trabajo Asalariado del Hogar de 9 de abril de 2003, en su art. 8 refiere: “todo trabajo del hogar realizado bajo dependencia, está sujeto a los siguientes derechos: pago de salarios, indemnización por años de servicio, desahucio en caso de despido injustificado, aguinaldo, vacaciones sindicalización, …” ; siendo que la ley especial es de aplicación preferente a la ley general, de acuerdo a lo establecido por el art. 15.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), en este sentido, la Ley N° 2450 del 9 de abril de año 2003, en ninguna parte consigna bono de antigüedad, por lo que deviene en infundado el agravio traído a casación.

En todo caso, sobre el pago de aguinaldo, la declaración confesoria de fs. 143, complementada a fs. 154, consta que la empleadora cancelaba este concepto en favor de la trabajadora, en la suma de Bs.700.-, por lo que respecto a este punto, es correcto lo resuelto por los tribunales de instancia.

Consiguientemente, no siendo evidente las violaciones aludidas por la actora, al no existir mérito para disponer la casación del auto de vista recurrido, toda vez que las infracciones acusadas en el recurso son también infundadas; por esta razón corresponde fallar los recursos de casación de ambas partes, conforme a los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala  Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADOS los recursos de nulidad y casación en el fondo de fs. 202 a 204, así también, el recurso de casación en el fondo de fs. 208 a 209 de obrados, en consecuencia mantiene firme y subsistente el Auto de Vista Nº 111/14 de fecha 08 de octubre de 2014; sin costas, por ser ambas partes recurrentes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.