SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 263/2015.

Sucre, 27 de agosto de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.75/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 130 a 133, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista Nº 190/2014 SSA-II de 28 de noviembre de 2014 (fs. 127 a 128), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del recurso de reclamación instaurado por José Antonio Ursic Versalovic, contra el SENASIR, la respuesta de fs. 139 a 140, el auto de fs. 141 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite de solicitud de renta única de vejez promovido por José Antonio Ursic Versalovic, la Comisión de Calificación de Rentas de la Dirección de Pensiones, mediante Resolución Nº 000506 de 14 de enero de 2000 (fs. 33), resolvió otorgar en favor de José Antonio Ursic Versalovic, renta única de vejez, equivalente al 76% de su promedio salarial, en el monto de Bs.602,65.-, de la cual corresponde a la básica 34%, Bs.269,61.- y a la complementaria 42%, Bs.333,04.- del señalado promedio más incrementos de ley, renta única que se pagará a partir del mes de mayo de 1999.

Posteriormente, la misma Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 0010438 de 1 de noviembre de 2013, (fs. 51 a 53), resolvió la suspensión definitiva de la renta única de vejez, otorgada a favor de José Antonio Ursic Versalovic, determinar el monto de lo indebidamente cobrado y, por la unidad de asesoría legal, proceder a la recuperación de lo indebidamente cobrado por el asegurado.

Ante esta situación, el solicitante planteó recurso de reclamación (fs. 65), que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 370/14 de 10 de junio de 2014 (fs. 98 a 100), confirmando la Resolución Nº 0010438 de 1 de noviembre de 2013.

En grado de apelación interpuesta por el asegurado de fs. 114 a 115, por Auto de Vista Nº 190/2014 SSA-II, de 28 de noviembre (fs. 127 a 128), la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó la Resolución Nº 370/14 de 10 de junio de 2014, de fs. 98 a 100, debiendo proceder a la restitución de la renta de vejez del recurrente.

Esta resolución originó que el representante del SENASIR interponga el recurso de casación en el fondo de fs. 130 a133, señalando:

Que, si bien en el caso cursan planillas correspondientes a la entidad aseguradora donde presumiblemente no se encuentra el nombre del reclamante, así como los aportes efectuados, sin embargo tales aspectos no tienen mayor fuerza si se considera la pertinencia del art. 14 del Decreto Supremo (DS) Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, toda vez que de acuerdo a la documentación adjunta acreditan la fecha de ingreso al trabajo del recurrente realizando una relación de antecedentes administrativos en los cuales se llegó a la conclusión de que el solicitante no figura en planillas los periodos comprendidos entre marzo de 1977 a diciembre de 1983 y en los periodos 10/87 a 12/90, no se certificó debido a que según kardex patronal y registro individual de cotizaciones la empresa Ursic Motors Ltda., no tiene aportes registrados en ese periodo

En este sentido, sostuvo que, el auto de vista recurrido no consideró todos los antecedentes descritos, ni consideró que el SENASIR, basó sus actuados dentro de los parámetros técnicos, legales y administrativos, enmarcados en el principio de especialidad que rige el sistema de seguridad social, citando al respecto lo previsto en los arts. 23 y 27 del Manual de Prestaciones, el punto 2.5 del Instructivo para la calificación de Renta Única en Curso de Adquisición, de donde se deduce la franca violación de tales disposiciones, porque el tribunal de apelación al emitir el auto de vista, no consideró tales presupuestos legales, que constituyen requisitos sine qua non para la otorgación de rentas, omitiendo la prueba documental cursante en obrados, que hacen plena prueba de acuerdo a los arts. 1287, 1289, 1296 y 1523 del Código Civil.

Que, el auto de vista, erróneamente dispuso la restitución de la renta de vejez del recurrente, omitiendo que el asegurado solo cotizó 118 aportes para ambos regímenes y que, si bien el DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, a través de su art. 14 establece la modalidad de certificación extraordinaria a través de documentos supletorios, no es menos evidente que dicha disposición condiciona su aplicabilidad a la inexistencia de planillas, que en el caso presente se evidencia su existencia de los periodos 03/77 a 03/84, en los que el asegurado no figura, que los periodos 10/87 a 12/90, no se certifican debido a que según kardex patronal y registro individual de cotizaciones, la empresa no tiene aportes registrados por esos periodos, por lo que no corresponde certificar ni mucho menos aplicar normativa extraordinaria al no contar con documentación de respaldo, reiterando el art. 14 del decreto supremo citado y que, en aras de precautelar los intereses económicos del Estado Boliviano, señaló lo previsto en el art. 8 del DS Nº 23215, concordante con los arts. 42.b) y 43 de la Ley Nº 1178, y que el SENASIR tiene la obligación de efectuar la revisión a efectos de determinar el daño económico al Estado, debiendo efectuar las correcciones debidas, acotando que el tribunal de apelación no observó lo previsto en el art. 67 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Por esta razón denunció como normas legales transgredidas y mal aplicadas los arts. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, 1 de la RM Nº 1361 de 4 de diciembre de 1997, 23 y 27 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, 1287, 1289.I, 1296 y 1523 del CC, 8 del DS Nº 23215, en concordancia con los arts. 42.b) y 43 de la Ley Nº 1178, 45 y 67 de la CPE y la Ley Nº 004 de marzo de 2010.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el auto de vista recurrido y confirme la Resolución Nº 370/14 de 10 de junio emitida por el SENASIR.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:

En el caso de análisis, se visualiza que el representante de la institución recurrente, no está de acuerdo con el fallo del Tribunal de Segunda Instancia, por haber revocado la Resolución Nº 370/14 de 10 de junio de 2014 y disponer que el SENASIR proceda a la restitución de la renta de vejez del solicitante, pues según el ente gestor, el asegurad no figura en planillas en los periodos 03/77 a 12/83, motivo por el cual no le corresponde percibir la renta concedida inicialmente y suspendida definitivamente de forma posterior.

Que así planteada la problemática, de antecedentes procesales se evidencia que presentada la solicitud calificación de renta única de vejez, conforme consta a fs. 26 de obrados, concedida mediante Resolución Nº 000506 de 14 de enero de 2000, de fs. 33 y suspendida definitivamente a través de la Resolución Nº 0010438 de 1 de noviembre de 2013 de fs. 51 a 53, con el argumento de que se habría evidenciado inconsistencia en la densidad de cotizaciones, al no figurar el asegurado en planillas los periodos 03/1977 a 12/83, fallo que fue confirmado mediante Resolución Nº 370/14 de 10 de junio de 2014 (fs. 98 a 100).

Al respecto, el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. Concordante con su art. 18 que dice: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el art. 83 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales, concordante con la Resolución Ministerial Nº 550 de 28 de septiembre de 2005.

Al respecto, revisados los antecedentes que informan al proceso, se constata que, el asegurado, a momento de presentar su solicitud de renta única de vejez, entre otros documentos adjuntó, a fs. 2, aviso de afiliación y reingreso, expedido por la Caja Nacional de Salud, a fs. 16, Certificado de Trabajo de URSIC MOTORS LTDA., Certificación de la Dirección General de Pensiones cursante a fs. 28, documentos en los cuales se demuestra de forma contundente que la solicitante trabajó en la Empresa URSIC MOTORS LTDA y aportó para el seguro de vejez a largo plazo durante los periodos extrañados por el SENASIR, es decir, marzo de 1977 a diciembre de 1983, documentación que no fue tomada en cuenta por los personeros del ente gestor a momento de emitir sus resoluciones.

En base a estos lineamientos y en virtud a los aludidos documentos, queda comprobado que el asegurado trabajó en la Empresa URSIC MOTORS LTDA, desvirtuando con ello lo afirmado por el ente gestor que argumenta que el solicitante no figuraba en planillas, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por el solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el art. 14 del citado DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del MPRCPA, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues solo se evocaron a considerar la documentación que tenia en su poder, vulnerando el mandato del art. 48 de la CPE, referente a la irrenunciabilidad de los derechos.

Este análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuenta por los representantes del SENASIR a momento de emitir sus resoluciones, correspondiendo en el caso presente calificar a favor del solicitante los periodos efectivamente trabajados correspondiente a las gestiones que fueron desconocidas por el ente gestor, los cuales han sido reparados de forma acertada por el tribunal de segunda instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS).

A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria, debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen como principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

Bajo tales antecedentes, se evidencia en obrados que el tribunal ad quem, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación presentada por el asegurado, sustentando además su Resolución en lo prescrito en el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004.

De tal manera, conforme a la normativa precitada y a lo dispuesto en los arts. 158 y 162 de la CPE de 1967, vigente al inicio del presente proceso, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios además que se ratifican en los arts. 35.I y 45.II y IV, de la actual CPE, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.

Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario, se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el art. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva, contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA, aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 130 a 133, interpuesto por el SENASIR.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.