SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 248/2015.

Sucre, 27 de agosto de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.60/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 192 a 193 interpuesto por la Clínica Pampahasi representada por Serafina Ruth Villalba Llanos, contra el Auto de Vista Nº 68/14 de 3 de junio de 2014 de fs. 187 a 189, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de reincorporación seguido por Marco Antonio Villalba Núñez contra la entidad recurrente; la respuesta de fs. 199 a 200, el auto de fs. 206 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez Séptimo de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió la Sentencia Nº 326/2012 de 24 de septiembre de 2012 de fs. 137 a 144, declarando probada la demanda de reincorporación de fs. 7 a 8 de obrados debiendo la Clínica Pampahasi reincorporar al demandante Marco Antonio Villalba Núñez, en las funciones que desempeñaba y bajo el mismo salario al momento del despido, debiendo en ejecución de sentencia calcularse los sueldos devengados hasta el momento de su reincorporación, e improbadas las excepciones perentorias de prescripción y pago.

En grado de apelación, deducido por la parte demandada de fs. 156 a 157, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió Auto de Vista Nº 68/14 de 3 de junio de 2014 de fs. 187 a 189, confirmando en parte la Sentencia Nº 326/2012 de fecha 24 de septiembre de 2012 de fs. 137 a 144 de obrados, con la modificación de que se proceda a la reincorporación del demandante a la clínica previo cumplimiento de las exigencias de la norma interna para ejercer el cargo, debiéndose cancelar los salarios devengados hasta el momento de su reincorporación siempre y cuando se acredite que el actor no hubiese percibido otra remuneración durante el periodo de vacancia. Sin costas.

Que, contra el referido auto de vista, la Clínica Pampahasi representada por Serafina Ruth Villalba Llanos, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 192 a 193, expresando en síntesis:

En el recurso de casación en el fondo, señala lo siguiente:

Acusó que el tribunal ad quem vulneró los arts. 6 y 7 de la Ley General del Trabajo (LGT), e incurrió en errónea valoración de los contratos de fs. 48, 50, 31, 33, 54 a 56, al señalar que los mismos no exigen del trabajador un perfil profesional, sin considerar que debido al desconocimiento profesional del actor, este ocasionó daños y perjuicios a la Clínica, por lo que este debe ser objeto de sanción.

Que el tribunal de alzada, incurre en error al valorar los elementos probatorios, que demostraron una falsa actuación del trabajador, como son los contratos que constituyen ley entre las partes, y en el caso presente los mismos fueron suscritos con un Licenciado en Administración de Empresas, por lo que el argumento del tribunal ad quem de que la ruptura se ha operado bajo otra fenomenología y no así por la falta de título en provisión nacional, es incorrecta; y toda vez que el actor no tiene la calidad de licenciado que indica en el contrato operado, ha incurrido en lo determinado por el art. 9 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DR-LGT).

Asimismo, el tribunal ad quem vulneró el art. 120 de la LGT, al no considerar que ha operado la prescripción, ya que la relación laboral finalizó en fecha 29 de diciembre de 2007 y su persona nunca fue notificada con reclamo alguno; de igual manera conforme el Decreto Supremo Nº 28699, el trabajador deberá elegir su reincorporación o el pago de sus beneficios sociales, y toda vez que el actor mediante convenio de fs. 28 eligió el pago de sus derechos adquiridos, no le corresponde la reincorporación solicitada.

En el recurso de casación en la forma señala los siguientes argumentos:

Acusó vulneración del art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), ya que existe mala valoración de la prueba presentada bajo juramento de reciente obtención que de manera concluyente establece que el actor no tiene calidad de profesional o licenciatura en administración de empresas, es decir que el contrato con fuerza de ley entre partes, no fue cumplido; por lo que en el presente caso no se puede derivar la responsabilidad del trabajador a otro órgano, cuando resalta el hecho anormal en que incurrió el demandante al falsear información que no ostenta, la misma que tiene consecuencias legales. Asimismo las responsabilidades de un administrador son que debe velar por el cumplimento de aspectos funcionales de la entidad como ser el pago de aportes, balances, etc, tareas que fueron incumplidas por el trabajador por su negligencia, y que no fue valorados correctamente por el tribunal ad quem.

Concluyó solicitando se case el auto de vista impugnado, y se declare improbada la demanda, o en su defecto se anule obrados hasta el vicio más antiguo ante los defectos formales acusados.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación y nulidad, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Previamente, ingresando al análisis de los datos del proceso, se aclara que, habiendo sido presentado el recurso de casación en el fondo y en la forma o de nulidad, y tomando en cuenta la finalidad de cada uno de ellos es diferente, toda vez que el planteamiento del recurso en el fondo busca modificar el contenido de una resolución en la que se habría incurrido en errores in judicando, mientras que el recurso de casación en la forma responde a errores in procedendo, infiriendo la nulidad de actuaciones por vulneraciones a las formas esenciales del proceso, situación que de ser evidenciada por el tribunal de casación, no requiere consideración en el fondo; razón por la cual se resuelve primeramente en la forma, sin que ello represente modificación alguna de los contenidos del recurso planteado, al guardar la debida congruencia; estableciéndose por lo tanto que:

Resolviendo el recurso de casación en la forma, respecto a la denuncia que el tribunal ad quem vulneró el art. 397 del CPC, al existir mala valoración de la prueba presentada bajo juramento de reciente obtención, la misma que de manera concluyente demostró que el actor no tiene calidad de profesional o licenciatura en administración de empresas, incumpliendo el actor tareas propias de sus funciones debido a su negligencia; al respecto, es preciso manifestar que, en el recurso de casación en la forma se busca la nulidad del auto de vista recurrido, al tenor de la exigencia inserta en el art. 251 concordante con el art. 254 del CPC y, conforme la uniforme jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, a efectos de la aplicación del instituto de la nulidad, convergen varios principios, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad sólo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante; ahora bien, en el caso de autos, de la revisión del recurso se evidencia que el mismo se limita a mencionar la vulneración del art. 397 del CPC, y mala valoración de la prueba, argumentos repetidos en el recurso de casación en el fondo, sin demostrar de manera fehaciente cómo, porqué y de qué manera se justificaría la nulidad solicitada, puesto que los argumentos expuestos no se adecuan al principio de trascendencia ni de protección antes definidos, debido a que en el auto de vista impugnado no se evidencia vulneración alguna al derecho a la defensa, al debido proceso ni a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, casos en los cuales y de comprobarse una afectación a los sujetos procesales procedería; mas al contrario, el proceso se ha desarrollado sin vicios de nulidad, cumpliéndose con los requisitos previstos en el art. 190 del CPC.

Resolviendo el recurso de casación en el fondo, con referencia a la vulneración del tribunal ad quem de los arts. 6 y 7 de la LGT, así como errónea valoración de los contratos de fs. 48 a 50, 31 a 33, 54 a 56, que demostraron la falsa actuación del trabajador, al no tener el mismo la calidad de profesional o Licenciado en Administración de Empresas, y debido a su desconocimiento provoco daños y perjuicios a la entidad recurrente, incurriendo el actor en lo determinado por el art. 9 del DR-LGT.

Al efecto, de los argumentos expuestos se evidencia que el recurrente pretende una nueva valoración y compulsa de las pruebas aportadas, por lo que es preciso recordar que, la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, estableció que con referencia a la apreciación y valoración de la prueba, en observancia del art. 1286 del Código Civil, la misma corresponde a los jueces de instancia, siendo incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inciso 3) del art. 253 del CPC, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador."

Nótese que la disposición legal citada, expresa que deberán cumplirse dos condiciones; vale decir, que primero deberá demostrarse el error por documentos o actos auténticos y a su vez demostrar la equivocación manifiesta del juzgador; ahora bien, en el caso de autos, de la documental señalada de fs. 48 a 50, 31 a 33 y 54 a 56, consistente en los contratos suscritos por el actor y la entidad recurrente, los mismos de ninguna manera demuestran que el demandante hubiese incurrido en las causales justificadas de despido establecidas en el art. 9 del DR-LGT, toda vez que como ya fue manifestado por los de instancia, dichos contratos en ninguna de sus cláusulas exigen que el contratado deba tener la calidad de Licenciado en Administración de Empresas, simplemente refieren que el contratado ofrece servicios de administración; asimismo de dicha prueba se establece que el actor fue contratado en tres oportunidades, por lo que la relación existente entre partes es de carácter laboral y no así civil como señala el nomen de los contratos; por otra parte, no cursa en obrados llamadas de atención u otra documental que acredite la negligencia o incumplimiento de las funciones realizadas por el actor; y si bien se le dio un pre aviso de cumplimiento de contrato, el mismo tampoco señala que sea a raíz de las supuestas faltas cometidas por el demandante, por el contrario refieren que este se debe a razones de planificación administrativa, es decir, que no existe prueba clara y contundente que demuestre el incumplimiento total o parcial del contrato de trabajo o del reglamento interno de la empresa prescrito en el art. 9.e) del DR-LGT; y siendo que en materia laboral por la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador a tiempo de tener acceso a la prueba, el legislador a previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, conforme disponen los arts. 3.h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT); es decir, que en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, mas no una obligación; en ese contexto, la prueba adjunta no es suficiente para demostrar el incumplimiento de contrato, ni por el hecho de que el actor supuestamente no era Licenciado en Administración de Empresas, ni por la negligencia e incumplimiento de sus funciones; y si bien, en los contratos suscritos el demandante firma como licenciado, esta instancia no tiene la facultad para determinar si el actor incurrió o no en ejercicio indebido de la profesión y falso testimonio, en virtud del principio de presunción de inocencia estipulado en el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Asimismo, con referencia a que el tribunal ad quem vulneró el art. 120 de la LGT, al no considerar que ha operado la prescripción, ya que la relación laboral finalizó en fecha 29 de diciembre de 2007 y su persona nunca fue notificada con reclamo alguno; sobre el particular, debemos tener presente que la prescripción, es entendida por Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Tomo VI pág. 374), como la “…consolidación de una situación Jurídica por efecto del transcurso del tiempo (…) ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad…”, refiriendo además que la prescripción de acción debe ser entendida como la: “…caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia procesal, por haber dejado transcurrir determinado tiempo sin ejercerlos o demandarlos…”. En ese sentido, queda claro que la inactividad del ejercicio de un derecho o beneficio por el periodo de un tiempo, que debe estar regulado por ley, conduce a su pérdida. Por otro lado, corresponde referir el tratamiento que en materia laboral rige para la prescripción a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado en fecha 9 de febrero de 2009; debiéndose señalar previamente, que producida la desvinculación entre el trabajador y su empleador de forma anterior a la vigencia de la actual Constitución, independientemente que dicha desvinculación se haya originado de forma intempestiva por despido o por retiro voluntario del trabajador, queda aperturado el cómputo del plazo de 2 años establecido por el art. 120 de la LGT, en concordancia con el art. 163 de su DR-LGT, para reclamar las acciones y derechos fruto de la relación laboral.

Sin embargo, si el cómputo del plazo de los 2 años no llegó a su término antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 9 de febrero de 2009, dicho plazo se interrumpe en cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo IV de su art. 48, que dispone “…los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles…”, (las negrillas son nuestras), es decir que por mandato de la Ley Suprema del ordenamiento jurídico boliviano, siendo que la misma goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, al encontrar contradicción en cuanto a la prescripción de los derechos laborales con lo señalado por el art. 120 de la LGT y 163 de su DR-LGT, debe darse aplicación preferente a lo establecido por la Constitución Política del Estado.

En la especie, de la revisión de los datos del proceso y tal cual afirma la parte demandada en su recurso de casación, se observa que la desvinculación del trabajador, se produjo en fecha 29 de diciembre de 2007, y la Constitución Política del Estado actual entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, es decir, al año, 1 mes y cinco días de haberse producido la desvinculación laboral, por lo que se interrumpió el cómputo de la prescripción, en sujeción -tal cuál se señaló precedentemente- a lo estipulado por el art. 48.IV de la CPE, no operando la prescripción dispuesta por el art. 120 de la LGT.

En cuanto a que no corresponde la reincorporación demandada, toda vez que el actor aceptó el pago de sus derechos adquiridos mediante convenio de fs. 28; al respecto cabe señalar que este argumento no fue reclamado en el recurso de apelación, motivo por el cual no fue objeto de análisis y consideración en segunda instancia; pero tampoco se trata de beneficios sociales, en tal virtud no procede su impugnación, menos su resolución en la vía de la casación.

De todo lo expuesto, se concluye que las afirmaciones realizadas en el recurso de casación carece de sustento legal; que el auto de vista recurrido se sujeta a las normas legales en vigencia, por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en el art. 273 del CPC, con la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 192 a 193. Con costas.

Se regula honorario profesional para el abogado en la suma de Bs.500,00.- que mandará a pagar el tribunal de alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.