SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 245/2015.

Sucre, 27 de agosto de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.57/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 262 a 264, interpuesto por Jorge Rivero Mercado, en representación del Colegio Particular Gabriel René Moreno, impugnando el Auto de Vista Nº 258 de 25 de septiembre de 2014, cursante de fs. 216 a 217, y Auto Complementario Nº 413 de 4 de noviembre de 2014, de fs. 234, pronunciados por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social interpuesto por José Orellana Prieto contra la entidad recurrente, la respuesta de fs. 279 a 280, el auto de fs. 281 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social de pago de beneficios sociales, la Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia Obispo Santistevan, del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 06 el 30 de julio de 2013, cursante de fs. 189 a 195, declarando probada en parte la demanda de fs. 31 a 33 y 37, con costas, disponiendo que la entidad demandada, pague en favor del actor, dentro de tercero día e ejecutoriada la sentencia, la suma de Bs.123.710,51.-, por concepto de beneficios sociales, y sea con las actualizaciones y reajuste dispuesto por el art. 2 del Decreto Supremo Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992.

Contra la sentencia, la parte demandada, formuló recurso de apelación de fs. 201 bis a 202, que fue resuelto por Auto de Vista Nº 258 de 25 de septiembre de 2014, de fs. 216 a 217, y Auto Complementario Nº 413 de 4 de noviembre de 2014, cursante a fs. 234, pronunciados por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que confirmaron en todas sus partes la sentencia apelada, con costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de interpuesto Jorge Rivero Mercado, en representación del Colegio Particular Gabriel René Moreno, con los fundamentos expuestos en el memorial de fs. 262 a 264.

CONSIDERANDO II: Que, con carácter previo y antes de considerar los fundamentos de los recursos planteados, cabe señalar que en cumplimiento a lo establecido en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), este Tribunal tiene la facultad de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiese, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

En ese contexto, haciendo un análisis minucioso del auto de vista recurrido, se evidencia que el tribunal ad quem no se pronunció sobre todos los agravios expuestos en el recurso de apelación formulado por la parte demandada, cursante de fs. 201 bis a 202, cuya omisión fue reiterado en el recurso de casación en la forma.

Sobre el particular, debe recordarse que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayarse en la resolución de la causa, si en el texto de los memoriales de la apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna.

Así, en el caso objeto de análisis, se evidencia que el representante de la entidad demanda, en memorial de fs. 201 bis a 202, llevó como agravios ante el tribunal ad quem, varios ítems de los cuales no todos fueron debidamente absueltos por el citado tribunal, concretamente, los referidos al bono de antigüedad otorgado en sentencia en favor del demandante, la validación de una pre liquidación de un finiquito, que a decir del demandado, fue elaborado de manera unilateral y finalmente el referido al amedrentamiento de los testigos de descargo y la restricción en contra de su abogada, de solicitar la complementación de las respuestas de los testigos, omitiendo el tribunal ad quem estos aspectos llevados a su conocimiento, no obstante que le correspondía pronunciarse al respecto, otorgando al demandado recurrente una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el art. 236 del CPC y, al no haberlo hecho, vulneró la norma de orden público y cumplimiento obligatorio que acarrea la nulidad de obrados, que además impide abrir la competencia de este Tribunal, toda vez que no existe pronunciamiento sobre todos los aspectos alegados en el recurso de apelación planteado por parte del Colegio demandado y ratificado en el recurso de casación en la forma.

De otro lado, debe tenerse presente que la motivación de las resoluciones judiciales se constituye en un deber jurídico que hace al debido proceso, implicando que todo administrador de justicia al resolver una causa, debe inexcusablemente exponer los hechos, efectuar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Estas connotaciones encuentran también respaldo en la jurisprudencia de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0092/2012 de 19 de abril de 2012, cuyo Fundamento Jurídico III. 2. previó que: “La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC Nº 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que:…las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores…”.

En el caso de análisis, el auto de vista recurrido debió efectuar una mayor fundamentación en base a los agravios que fueron realizados sobre el particular en la apelación de fs. 201 bis a 202, cuyo sustento hubiera permitido de manera conjunta, la invocación de la normativa específica aplicable, de este modo emitir un fallo completo y que guarde relación con lo dispuesto por el art. 236 en concordancia con el art. 227, ambos del CPC; sin embargo de la lectura de la resolución recurrida, se advierte que dicha resolución, no otorga respuesta alguna a los agravios planteados en apelación, lo que deja al apelante, en una suerte de incertidumbre, contrariando a la pertinencia de las resoluciones, establecido en el art. 236 del CPC.

A ello, debe añadirse lo establecido en la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo de Justicia, en los Autos Supremos Nos. 86 de 10 abril de 2012 y 228 de 3 de julio de 2012, entre otros, cuando el juzgador omite la motivación en su Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo.

Ahora bien, cabe enfatizar que la debida y suficiente fundamentación de los fallos que supone exponer no sólo el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al impetrante, en este caso, al actor recurrente, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos vulnera el derecho al debido proceso y con ello, como en el caso presente, a la defensa, consagrados y protegidos por los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), lo que precisamente ocurrió en el caso de análisis, al constar que el tribunal ad quem, al margen de no fundamentar y motivar su resolución, omitió pronunciarse sobre todos los puntos materia del recurso de apelación (infra petita), cuestionados a la sentencia por el recurrente.

En conclusión, se advierte que el tribunal de apelación no cumplió con las previsiones contenidas en los arts. 190, 192, 236 del CPC y 202 del Código Procesal del Trabajo (CPT), normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio conforme instituye el art. 90 del CPC, cuya inobservancia importa la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, precisamente porque esta omisión no permite abrir la competencia de este Tribunal Supremo de Justicia, para resolver el fondo de los recursos planteados, pues no puede emitirse criterio jurídico respecto de circunstancias de fondo que no fueron resueltas por el tribunal de alzada.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto, corresponde resolver de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 252, 271.3), 275 del CPC y 17 de la LOJ, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta fs. 215 vta. inclusive, disponiendo que el tribunal de apelación, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, proceda al sorteo de la causa y emita nuevo auto de vista con la pertinencia de los arts. 192 y 236 del CPC.

No siendo excusable el error, se impone multa de Bs.100.- para cada uno de los Vocales suscribientes del Auto de Vista Nº 258 de 25 de septiembre de 2014 y Auto Complementario Nº 413 de 4 de noviembre de 2014.

Por Secretaría de Cámara, cúmplase con lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.