SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 236/2015.

Sucre, 29 de julio de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-PTS.49/2015.

Distrito: Potosí.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: Los recursos de casación en el fondo de fs. 334 a 337, interpuesto por el demandante Jaime Villca Vargas y el de fs. 367 a 369 de obrados, formulado por la Caja Nacional de Salud, Regional Tupiza, representada por José Antonio Velásquez Liquitaya contra el Auto de Vista Nº 126/2014 de 11 de diciembre de 2014 de fs. 328 a 331, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso laboral de reliquidación de beneficios sociales seguido por Jaime Villca Vargas contra la Caja Nacional de Salud, Regional Tupiza, la respuesta de fs. 370 a 372 y de 374 a 375, el auto de fs. 376 que concedió los recursos, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Tupiza del Departamento de Potosí, pronunció la Sentencia Nº 11 de 14 de octubre de 2014, de fs. 302 a 306 y el Auto Complementario de fs. 308 de obrados, declarando probada en parte la demanda social de reliquidación de beneficios sociales de fs. 55 a 58, subsanada a fs. 138 a 140 y 143 de obrados, disponiendo que el Administrador de la Caja Nacional de Salud, Regional Tupiza, pague al actor por beneficios sociales la suma de Bs.448.878.-, menos lo pagado de Bs.273.088,81.-, según los finiquitos de fs. 7 y 8, quedando un saldo total por pagar de Bs.175.790,81.- (ciento setenta y cinco mil, setecientos noventa 81/100 bolivianos), por concepto de indemnización. Monto que deberá ser actualizado en ejecución de sentencia en base a la variación de Unidad de Fomento a la Vivienda (UFVs) y la multa prevista por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 01 de mayo de 2006.

En grado de apelación formulado por el demandante mediante memorial de fs. 309 a 310 y por la institución demandada por memorial de fs. 311 a 313 de obrados, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de Potosí, por Auto de Vista Nº 126/2014 de 11 de diciembre, cursante de fs. 328 a 331, confirmó la sentencia apelada. Sin costas.

El referido fallo motivó los recursos de casación en el fondo de fs. 334 a 337, interpuesto por el demandante Jaime Villca Vargas y el de fs. 367 a 369 de obrados, formulado por la Caja Nacional de Salud, Regional Tupiza, representada por José Antonio Velásquez Liquitaya, acusando lo siguiente:

El demandante denunció que, el tribunal de alzada al confirmar la sentencia, vulneró e interpretó incorrectamente el art. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), los arts. 40.II, 46.I, 48.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 9 del DS Nº 28699 y Resolución Ministerial (RM) Nº 14/09 de 08 de julio de 2009, porque no tomó en cuenta el error en el que incurrió la Caja Nacional de Salud, Regional Tupiza, al realizar el cálculo de los beneficios sociales, elaborando dos liquidaciones, razón por la cual lo rechazó el 12 de agosto de 2013 y también lo rechazó el Inspector del Trabajo, porque refirió que debía realizarse una sola liquidación. Ante lo cual, la Caja Nacional depositó en el Juzgado del Trabajo y Seguridad Social, conforme se tiene por la carta Cite Nº RRHH-10/059/2013 de fecha 12 de septiembre de 2013, cursante a fs. 538 del cuaderno de pruebas, solo por cumplir el término, por tanto corresponde la multa del 30%, porque no se pagó dentro de los 15 días que señala la ley.

Asimismo, denunció que se violó el art. 19 de la LGT, porque del monto calculado no debería descontarse Bs.273.088,81.- como lo hizo el a quo en la sentencia de fs. 306, porque esta suma involucra beneficios de la gestión 2013 consolidados por derecho a su favor, como aguinaldo y vacación que no podían ser parte del descuento, siendo los beneficios pendiente de pago Bs.186.452,16. Asimismo, denunció respecto a las vacaciones, según la nueva Constitución Política del Estado son imprescriptibles, por lo que solicita el pago de las gestiones 2009 y 2010, insertas en el Formulario DP-03 que no hizo usó, que alcanzan a 30.5 días y a Bs.12.759,37.-, al no hacerlo el juez a quo y tribunal ad quem contradicen el Auto Supremo (AS) Nº 14 de 1 de junio de 2011.

Concluyó solicitando a éste Tribunal Supremo de Justicia, dicte auto supremo casando el auto de vista recurrido y declare probada la demanda de reliquidación de beneficios sociales en la forma accionada por memorial de fs. 55 a 58.

Recurso de casación en el fondo presentado por la institución demandada, en el que acusó:

Que el tribunal de alzada al igual que el juez a quo han realizado una interpretación errónea del art. 24 del Reglamento Interno de la Caja Nacional de Salud, vigente por RM Nº 324/04 de 01 de julio de 2004, que establece, en caso de promoción vertical de un trabajador (a) modificando su nivel salarial; por profesionalización o cambio de profesión, el trabajador debe recibir su liquidación de acuerdo a ley e iniciar una nueva relación patronal, lo que se tiene es una omisión del entonces Agente Distrital, mal intencionadamente no lo hizo, dejó pasar para enriquecerse ilegalmente, al haberse presentado a un concurso de méritos por cuatro años, renunciando tácitamente a su cargo para beneficiarse de este último sueldo en el pago de sus beneficios sociales, por lo que han realizado un cálculo errado de los beneficios sociales, lo que representa otorgar más dinero de lo calculado y es atentatorio para la Caja Nacional de Salud.

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, para que haciendo un análisis exhaustivo del proceso, dicte resolución Casando el Auto de Vista recurrido, conforme determina el art. 271.4 y 274 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

CONSIDERANDO II: Que, así planteado los recursos de casación en el fondo, con relación a los datos del auto de vista, corresponde su análisis y consideración, de donde se tiene lo siguiente:

Resolviendo el recurso de casación en el fondo interpuesto por Jaime Villca Vargas de fs. 334 a 337, en cuanto a la controversia si corresponde o no el pago de la multa del 30%, porque los beneficios sociales concedidos a favor del actor no fueron cancelados dentro del plazo legal previsto en el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, pues si bien la institución empleadora pretendió cumplir el plazo, los beneficios fueron calculados erróneamente, vulnerando sus derechos laborales por lo que los rechazó y también el Inspector del Trabajo, por lo que solicita se efectivice la multa señalada por ley.

Al respecto, el citado Decreto Supremo en su art. 9 referente a los despidos establece: I. “En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFV´s, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. Mientras que el parágrafo II prevé: “En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento e valor” (sic).

En ese contexto, la multa del 30% prevista en la ley, procede ante el incumplimiento por el empleador del plazo de los 15 días establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales adquiridos que se reconozcan a favor de un trabajador o trabajadora a la conclusión de la relación laboral por retiro directo, indirecto o voluntario, es decir, cualquiera haya sido la forma de desvinculación laboral. En ese razonamiento, en el caso de autos la desvinculación laboral, se produjo el 31 de agosto de 2013, por retiro voluntario, entonces la institución demandada tenía la ineludible obligación de cancelar todos los beneficios sociales que por ley corresponden al trabajador, hasta el 15 de septiembre de 2013. Sin embargo, consta a fs. 538 del dossier de las pruebas y lo manifestado por el propio actor, en fecha 12 de septiembre, el Jefe de Recursos Humanos de la Caja Nacional, llamó al actor para el cobro de sus beneficios sociales, empero al percatarse que se habrían realizado dos finiquitos, no cobró porque no correspondía a la verdad, cuando debía ser uno solo y conforme a las normas laborales. Ante lo cual, manifestó que demandaría la reliquidación, porque estaban atentando sus derechos laborales, la decisión del actor fue compartida por el Inspector del Trabajo, que rechazó indicando que no podían elaborarse dos liquidaciones, sino solo una, ante lo cual la Institución empleadora haciendo conocer la negativa de dicha institución, presentó al Juzgado del Trabajo y Seguridad Social, estos hechos fueron probados durante el proceso, demostrándose que por error de la institución empleadora no se efectivizo el pago correcto de los beneficios sociales al actor y dentro del plazo establecido por ley, haciéndose pasible a la aplicación de la multa del 30% sobre el monto total calculado de los beneficios sociales por la juez a quo. Sin embargo, no obstante que el juez a quo, como el tribunal, confirmaron la multa, no valoraron de manera correcta las pruebas aportadas durante la tramitación del proceso, conforme prevé el art. 3.j) y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), no aclararon que la multa del 30% se establecerá sobre el monto total correctamente calculado, correspondiendo su aclaración en esta instancia, conforme a la línea jurisprudencial adoptada por este Tribunal Supremo de Justicia en diferentes casos similares, entre los que podemos citar el AS Nº 302 de 4 de junio de 2013.

Con relación al cálculo erróneo de los beneficios sociales y consiguiente violación de los arts. 4 de la LGT y 40.II, 46.I, 48.II y 410 de la CPE; cabe señalar que, evidentemente las normas señaladas establecen los principios que rigen los derechos laborales, así el art. 48.II, III y IV de la CPE, refiere que las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. Así refiere que los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores no pueden renunciarse y por tanto son imprescriptibles, estableciéndose así la importancia que reviste estos principios es de una enorme trascendencia social y jurídica, pues se constituye este en uno de los pilares fundamentales del derecho del trabajo que tiene por finalidad hacer prevalecer la realidad de los hechos antes que las formalidades que hubiesen acordado el empleador y el trabajador, en el entendimiento que desde el surgimiento de la relación laboral encontramos que en el Derecho Laboral, el trabajador es la parte débil de la relación, ante la existencia de una desigualdad en la realidad contractual del trabajo, por lo que los principios en cuestión buscan amparar a una de las partes para lograr una justicia social en condiciones humanas con el empleador. En ese marco, de las literales de fs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 68 de obrados, se advierte que el actor Jaime Villca Vargas, prestó servicios en el área administrativa desde el 8 de agosto de 1978 hasta el 31 de agosto de 2013, habiendo tramitado su retiro voluntario a partir del 1 de septiembre de 2013, acumulando un tiempo de servicios de 35 años y 23 días de antigüedad.

En ese orden, con relación al caso en concreto el DS Nº 110 de 1 de mayo del 2009, refiere:

Art. 1 OBJETO.- “El presente Decreto Supremo tiene por objeto garantizar el pago de indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicios constituye un derechos adquirido”.

Art. 2.- INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIOS.- “I. Es la compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga en el equivalente a un sueldo por cada año de trabajo continuo, o en forma proporcional a los meses trabajados cuando no se ha alcanzado el año”.

II. “La indemnización por tiempo de servicios corresponde cuando la trabajadora o el trabajador hubiesen cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo”.

III. “La base del cálculo de la indemnización es el promedio del total ganado en los tres (3) últimos meses, o el promedio de los últimos treinta (30) días para las trabajadoras o trabajadores a jornal”.

El art. 19 de la LGT, establece: “El cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses”.

De acuerdo a los principios constitucionales y normas especiales que rigen la materia, que establecido el tiempo de servicios del actor, correspondía a la institución demandada realizar el cálculo de los beneficios sociales desde el inicio de la relación laboral sin discriminar los ascensos de los que obtuvo a lo largo de su permanencia en el la Caja Nacional de Salud, Regional Tupiza, conforme se tiene previsto en el art. 19 de la LGT concordante con el parágrafo III, del referido Decreto Supremo que prescriben, la base del cálculo de la indemnización es el promedio del total ganado en los tres últimos meses, de donde se deduce que debe haber un solo finiquito o documento, determinación a la que arribaron correctamente los de grado en base a todas las pruebas aportadas y valoradas, con la facultad conferida por los arts. 158, 3.j) del CPT, efectuando el cálculo de la indemnización en base al sueldo promedio indemnizable de Bs.12.550,20.- por los años de servicios prestados por corresponder en derecho al trabajador, como compensación al desgaste físico y emocional por los años de servicios entregados a la institución empleadora, siendo meritoria su carrera desplegada en beneficio de la institución y no desconocer los derechos laborales en base a una norma interna, que a todas luces es vulneradora de los derechos de los trabajadores, no siendo por tanto cierto que tanto el juez a quo como el tribunal ad quem hubiesen incurrido en el cálculo erróneo de los beneficios sociales del actor, por el contrario sustentaron su decisión a las normas aplicables a la materia.

Ahora con relación a la falta de pago de vacaciones de la gestión 2009 y 2010; cabe señalar que este derecho se halla protegido por el art. 44 de la LGT, reformado por el art. 1 del DS Nº 3150 de 19 de agosto de 1952, que regula el “descanso anual” a que tienen derecho todos los trabajadores que hubieren cumplido un año de trabajo, conforme la escala señalada en el DS Nº 17288 de 18 de marzo de 1980; constituyéndose la vacación en el descanso que ofrece la posibilidad al trabajador, de renovar la fuerza y la dedicación para el mejor desempeño de sus actividades laborales; consiguientemente, y por disposición del art. 33 del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo (DR-LGT), se tienen como reglas generales, que: a) las vacaciones no son acumulables y son ejercitadas cada año, conforme al rol de turnos que formule la parte empleadora, y b) no son compensables en dinero. Sin embargo, el precitado artículo, establece excepciones para ambas reglas; en el primer caso referente a la no acumulabilidad de las vacaciones, se tiene la salvedad cuando exista un acuerdo mutuo y por escrito entre ambas partes, es decir que hayan convenido que la vacación correspondiente a un año trabajado sea posible de ejercitarse posteriormente, que generalmente suele darse a raíz de la falta de personal para las suplencias, cumplimiento de plazos en la entrega de obras, documentos, etc.; en lo que concierne a la no compensación económica de las mismas, se tiene la salvedad que, cuando se termina el contrato de trabajo, sea por despido o renuncia, las vacaciones pendientes pueden ser compensadas en dinero, dado que resulta imposible que el trabajador pueda tomarlas cuando ya no existe una relación laboral.

En ese sentido, debe comprenderse a cabalidad la naturaleza y la finalidad de la vacación, por consecuencia la obligación que tiene el empleador de asegurar a sus trabajadores el uso y goce del mismo, estableciendo para ello los correspondientes turnos o rol de vacaciones, quedando a la libre decisión del trabajador el tomarlas o no, liberando de ésta manera la responsabilidad del empleador o, en su defecto convenir mutuamente su postergación; existiendo como una excepción, la posibilidad de compensación económica cuando al trabajador no se le haya concedido la vacación en la oportunidad que le correspondía, razón por la cual debe establecerse la compensación por un beneficio establecido en la Ley que le ha sido negado por el patrono o empresario, un razonamiento contrario, implicaría, desconocer la finalidad de este derecho vinculado al descanso remunerado anual por un periodo más amplio a los descansos diarios y semanales, reponiéndose así el trabajador de la fatiga que ocasiona el trabajo, atendiendo más adecuadamente las necesidades de carácter familiar y personal.

Bajo este contexto, en el caso de la litis, el Juez de Primera Instancia determinó correctamente que ante el trámite de retiro voluntario realizado por el actor, este no reclamó hacer uso de sus vacaciones pendientes, de la gestión 2009 y 2010, extremo que también se advierte de la demanda de fs. 55 a 58 de obrados, en el que reconoce como pendiente la vacación por duodécimas correspondiente a la gestión 2013, que fue pagada según el finiquito de fs. 7 de obrados, ante lo cual los argumentos del recurrente carecen de sustento legal, al no existir un documento idóneo que demuestre que el actor no hizo uso de este derecho y que justifique su permanencia en el trabajo, en cumplimiento del art. 33 del DR-LGT, al señalar las vacaciones no son acumulables, salvo acuerdo mutuo por escrito, situación que no acontece en el caso de autos, no siendo por tanto evidente que los de grado hubiesen incurrido en violación de las normas citadas, por el contrario respecto a este punto han actuado correctamente, aplicando las normas que rigen la materia.

En merito a lo expuesto, siendo evidente en parte lo denunciado en el recurso de casación en el fondo por el recurrente, en lo referente a la multa del 30% por incumplir el pago de beneficios sociales dentro el plazo de 15 días, corresponde casar en parte el recurso de casación en el fondo, aplicando los arts. 271.4 y 274.II del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

Resolviendo el recurso de casación en el fondo de fs. 374 a 375, interpuesto por la institución demandada.

Respecto a la denuncia de errónea interpretación por los de grado del art. 24 del Reglamento Interno de Personal de la Caja Nacional de Salud, vigente por RM Nº 324/2004 de 01 de julio de 2004, que incidió -según el recurrente- en el erróneo cálculo de beneficios sociales efectuado por el juez a quo, confirmado por el tribunal ad quem y perjudicial para la Caja Nacional; al respecto cabe señalar en principio que, los beneficios sociales son derechos y no dádivas, regalos o reconocimientos, por ello, según el art. 13 segundo párrafo, modificado en parte por el art. 1 del DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, la indemnización por tiempo de servicios consiste en la compensación económica que el empleador abona al trabajador por el tiempo de servicios prestados, como resarcimiento y reconocimiento al desgaste efectuado en ese tiempo, toda vez que transcurridos los años está en una situación de agotamiento y cansancio, porque las fuerzas se agotan y ya no puede rendir como antes, debido al desgaste físico y psíquico por la actividad laboral, por lo que el legislador sabiamente ha regulado que a la culminación de su vida activa, la institución empleadora paga al trabajador el equivalente a un sueldo por cada año de trabajo, determinado en base al sueldo promedio indemnizable del total ganado en los últimos tres meses, conforme al art. 2.III del DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, que no menciona que se debe tomar en cuenta para el cálculo de la indemnización la modificación salarial por ascenso por profesionalización.

En ese razonamiento, la institución demandada debió efectuar la liquidación de los beneficios sociales tomando en cuenta la fecha de inicio de la relación laboral, es decir desde septiembre de 1978 hasta el 31 de agosto de 2013, conforme a la norma citada concordante con el art. 19 de la LGT y no como equivocadamente pretendió hacer valer el art. 24 del Reglamento Interno de Personal la institución demandada, elaborando dos finiquitos, en desconocimiento que los beneficios sociales que son derechos reconocidos y protegidos en el art. 48 de la CPE, que establece: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”, de esto se colige, que no es evidente que el tribunal de alzada hubiese incurrido en aplicación indebida de las normas señaladas en el recurso al confirmar la sentencia, toda vez que, a la luz de la realidad de los hechos y al principio de verdad material, el demandante trabajó 35 años en la Caja Nacional de Salud, Regional Tupiza hasta que decidió retirarse voluntariamente, siendo correcto el cálculo de beneficios sociales del actor; por el contrario, en observancia de las normas que rigen la materia, ajustaron su fallo a derecho, deviniendo por tanto los argumentos de las institución demandada en infundados.

En merito a lo expuesto, no siendo evidente lo denunciado en el recurso por la institución demandada, corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 126/2014, disponiendo el pago de la multa del 30% sobre el total de los beneficios sociales en favor del trabajador Jaime Villca Vargas, manteniendo firme y subsiste en lo demás y declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por la Caja Nacional de Salud, Regional Tupiza por memorial de fs. 367 a 369. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley SAFCO.

En cumplimiento del art. 41 de la Ley del Órgano Judicial, concordante con la SCP Nº 2537/2012 de 14 de diciembre de 2012, no es necesario convocar a tercer magistrado para resolución.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.