SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 233/2015.

Sucre, 29 de julio de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.46/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 499 a 500, interpuesto por la Universidad de Aquino Bolivia “UDABOL”, representada por Ángel Huanca Linares, contra el Auto de Vista Nº 185/2014-SSA-I de 25 de septiembre de 2014 (fs. 497), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social seguido por Raúl Mauricio Paccieri Guachalla, contra la institución que representa el recurrente, la respuesta de fs. 503, el auto de fs. 505 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 17/2010 de 27 de febrero de 2010 (fs. 404 a 412), declarando probada en parte la demanda, disponiendo que UDABOL, a través de su representante legal, cancele a favor del demandante la suma de Bs.71.263,94.-, por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo, primas, bono de antigüedad y multa del 30%, disponiendo mediante Auto de 6 de noviembre de 2010 cursante a fs. 473, no ha lugar a la aclaración y enmienda, solicitada por el actor.

En grado de apelación a instancia de ambas partes (fs. 415 y 476 a 479), por Auto de Vista Nº 185/2014-SSA-I de 25 de septiembre de 2014 (fs. 497), emitido por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, anuló obrados hasta fs. 473 inclusive, es decir hasta el estado de que sea la autoridad correspondiente quien proceda a emitir el pertinente auto complementario, sea a la brevedad posible. Sin responsabilidad por ser excusable.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma, interpuesto por el representante de UDABOL, conforme los fundamentos expuestos en el memorial de fs. 499 a 500.

CONSIDERANDO II: Que, con carácter previo y antes de considerar los fundamentos del recurso planteado, cabe señalar que en cumplimiento a lo establecido en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), este Tribunal tiene la facultad de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiese, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, se impone la nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

A su vez el art. 190 del CPC, dispone que: “La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso...”, esta norma, de aplicación general, impone además a los tribunales de alzada el deber de observar estos preceptos, ajustando su resolución de segunda instancia y decidiendo la controversia en aplicación del art. 236 del CPC, con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del adjetivo civil

En este contexto, es menester señalar que conforme la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, el recurso de apelación o de alzada, constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal por el que se pretende que un tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba; ello supone una doble instancia donde el tribunal o juez debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada sobre la base del material reunido en primera instancia, puesto que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando en su conjunto la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa si en el texto del memorial de apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna, otorgando a las partes una respuesta razonada y efectiva dentro de los límites que establece el art. 236 del CPC, pues de no ser así, se vulnera la norma de orden público y de cumplimiento obligatorio que tiene como consecuencia la nulidad de obrados, aspecto que impide abrir la competencia de este tribunal, para conocer y resolver el fondo de la causa.

Ahora bien, haciendo el análisis minucioso del auto de vista recurrido, se evidencia que el tribunal ad quem anuló obrados hasta fs. 473, con el fundamento de que la sentencia fue dictada por la Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social, sin embargo, el auto complementario no ha sido emitido por la misma autoridad, motivo por el que dispuso la nulidad de obrados, hasta que sea la misma autoridad que dictó la sentencia de primera instancia quien pronuncie el correspondiente auto complementario, amparado en el art. 281 del CPC, sin percatarse que esta norma es aplicable solamente para los Vocales de los Tribunales Departamentales y los Ministros (hoy Magistrados) del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, para los tribunales de apelación y de casación, resultando equívoca la conclusión arribada por el tribunal ad quem, por no encontrase la nulidad expresamente prevista en la ley, no adecuándose tal determinación a lo previsto en el art. 251 del CPC, mantenido en el art. 105.I del Nuevo Código Procesal Civil.

En todo caso, debe tenerse presente que, lo previsto en el art. 281 del CPC, en cuya norma se basó el tribunal de apelación para anular obrados mediante Auto de Vista Nº 185/2014 de 25 de septiembre, este artículo fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante SCP Nº 1693/2014 de 1º de septiembre de 2014, (fecha anterior a la emisión del auto de vista impugnado), dentro una acción de inconstitucional concreta, por contravenir los derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y a la tutela judicial efectiva consagrados en los arts. 115.II, 120, 122 y 180.I de la CPE., de tal manera que, en virtud de la citada sentencia constitucional, es válida que el auto de enmienda, aclaración o complementación sea pronunciada por los actuales titulares del órgano judicial, cuando sus antecesores cesaron en sus funciones; como ocurrió en la especie, que el auto complementario a la sentencia fue emitida por la juez que se encontraba en ejercicio legal del juzgado de primera instancia.

De tales antecedentes, se infiere que el tribunal de segunda instancia al  limitarse anular obrados hasta fs. 473 inclusive, sin emitir un pronunciamiento en términos precisos y positivos, otorgando o negando las pretensiones del recurrente, aspectos que demuestran la omisión del cumplimiento de las normas citadas precedentemente, impide a este tribunal abrir su competencia para analizar el fondo el recurso de casación formulado.

En este entendido, corresponde al tribunal de apelación, ingresar a analizar los aspectos de fondo, resolviendo el recurso de apelación planteado, otorgando al recurrente una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el art. 236 del CPC porque de contrario vulnera la norma de orden público y cumplimiento obligatorio que a su vez impone la nulidad de obrados.

En conclusión, se advierte que el tribunal de segundo grado, no cumplió con las previsiones contenidas en los arts. 190, 192, 236 del CPC, normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio, conforme instituye el art. 90 del adjetivo civil, por cuya inobservancia corresponde aplicar los arts. 252, 271.3) del CPC y 17 de la LOJ, con la permisión de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta fs. 495 vta. inclusive, disponiendo que el tribunal ad quem, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, proceda al sorteo de la causa y emita nueva resolución sobre el fondo de la causa con la pertinencia de los arts. 192, 227 y 236 del CPC.

Sin multa por ser excusable.

Póngase en conocimiento del Consejo de la magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del art. 17.IV de la LOJ.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.