SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 227/2015.

Sucre, 23 de julio de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.40/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 1455 a 1460, interpuesto por la Empresa DISMAT S.R.L., representada por Luís Alberto López Galarza y el recurso de casación en el fondo de fs. 1463 a 1469, interpuesto por la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Mario Vladimir Moreira Arias, contra el Auto de Vista Nº 010/2014 de 12 de febrero de 2014 (fs. 1437 a 1440), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso contencioso tributario seguido por la Empresa DISMAT S.R.L., contra la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, la respuesta de fs. 1463 a 1469, el auto de fs. 1472 que concedió los recursos, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso contencioso tributario, la Juez Segundo de Partido, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia de 25 de marzo de 2013 (fs. 1387 a 1395), declarando probada en parte la demanda, modificando parciamente la Resolución Determinativa Nº 17-00067-11 de 24 de marzo de 2011, confirmando el monto total de los reparos determinados por el impuesto sobre Utilidades de las Empresa (IUE), gestión 2007, Impuesto a las Transacciones (IT), periodos fiscales de enero a diciembre de 2007 y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos fiscales de enero, marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre de 2007, dejando sin efecto los reparos determinados del IVA, sólo de los periodos fiscales de febrero, junio a octubre de 2007, manteniéndo inalterables el resto de los puntos establecidos en la Resolución Determinativa impugnada.

En grado de apelación, formulada por ambas partes (fs. 1398 a 1401 y 1404 a 1409), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 010/2014 de 12 de febrero (fs. 1437 a 1440), confirmó la Sentencia de 25 de marzo de 2013.

Este fallo, motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por la Empresa DISMAT S.R.L., representada por Luís Alberto López Galarza y el recurso de casación en el fondo presentado por la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Mario Vladimir Moreira Arias, con los argumentos contenidos en los memoriales de fs. 1455 a 1460 y 1463 a 1469, respectivamente

CONSIDERANDO II: Que, con carácter previo y antes de considerar los fundamentos de los recursos planteados, cabe señalar que en cumplimiento a lo establecido en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), este Tribunal tiene la facultad de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiese, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil.

En ese contexto, haciendo un análisis minucioso del auto de vista recurrido, se evidencia que el tribunal ad quem no se pronunció sobre los agravios expuestos en el recurso de apelación formulado por la parte demandante en su memorial de fs. 1404 a 1409, reiterados en casación.

Sobre el particular, hay que recordar que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa, si en el texto de los memoriales de la apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna.

Así, en el caso objeto de análisis, se evidencia que el representante de la demandante -ahora también recurrente-, a fs. 1404 a 1409-, llevó como agravios ante el tribunal de segunda instancia varios ítems los cuales no fueron debidamente absueltos por el citado tribunal.

En efecto, se advierte que el recurso de apelación, contuvo como expresión de agravios los siguientes puntos:

1.- Falta de valoración de pruebas, más propiamente la cursante a fs. 143 de obrados, que el contribuyente considera esencial y decisiva para para la definición del juicio.

2.- Inobservancia del principio de exhaustividad en la sentencia.

3.- Omisión de motivación en la sentencia y

4.- Sobre la calificación de la conducta como omisión de pago.

En este sentido, revisado el contenido textual del auto de vista recurrido, se advierte que el tribunal a quem, solamente se pronunció sobre la omisión de pago, omitiendo emitir criterio sobre los demás puntos llevados a su conocimiento, no obstante que le correspondía pronunciarse al respecto, otorgando al demandante recurrente una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y al no haberlo hecho ha vulnerado una norma de orden público y cumplimiento obligatorio que acarrea la nulidad de obrados e impide que la competencia de este Tribunal se abra, toda vez que no existe pronunciamiento sobre todos los aspectos alegados en el recurso de alzada interpuesto por el contribuyente cursante de fs. 1404 a 1409.

De otro lado, debe tenerse presente que la motivación de las resoluciones judiciales se constituye en un deber jurídico que hace al debido proceso, implicando que todo ministrador de justicia al resolver una causa, debe inexcusablemente exponer los hechos, efectuar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

Estas connotaciones encuentran también respaldo en la jurisprudencia de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0092/2012 de 19 de abril de 2012, cuyo Fundamento Jurídico III. 2. previó que: “La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC Nº 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que:…las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores…”.

En el caso, el auto de vista recurrido debió efectuar una mayor fundamentación en base a los agravios que fueron realizados sobre el particular en la apelación de fs. 1404 a 1409, sustento que permite conjuntamente a la invocación de la normativa específica aplicable, emitir un fallo completo y que guarde relación con lo dispuesto por el art. 236 en concordancia con el art. 227, ambos del CPC.

A ello, debe añadirse que conforme ha establecido la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo de Justicia, en los Autos Supremos Nos. 86 de 10 abril de 2012 y 228 de 3 de julio de 2012, entre otros, cuando el juzgador omite la motivación en su Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo.

Ahora bien, cabe enfatizar que la debida y suficiente fundamentación de los fallos que supone exponer no sólo el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al impetrante, en este caso, al actor recurrente, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos vulnera el derecho al debido proceso y con ello, como en el caso presente, a la defensa y el principio de impugnación, consagrados y protegidos por los arts. 115 y 119 y 180.II de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), lo que precisamente ocurrió en el caso, al constar que el tribunal ad quem, al margen de no fundamentar y motivar su resolución, omitió pronunciarse sobre todos los puntos materia del recurso de apelación (infra petita).

En conclusión, se advierte que el tribunal de apelación no cumplió con las previsiones contenidas en los arts. 190, 192, 236 del CPC, normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio conforme instituye el art. 90 del CPC, cuya inobservancia importa la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo porque impide abrir la competencia de este Tribunal Supremo de Justicia para resolver el fondo de los recursos planteados, pues no puede emitirse criterio jurídico respecto de circunstancias de fondo que no fueron resueltas por el tribunal de alzada.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 252, 271.3), 275 del CPC y 17 de la LOJ, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 214 y 297.II de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y 74.2) de la Ley Nº 2492 Código Tributario de 2 de agosto de 2003.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 1436 vta., inclusive, disponiendo que el tribunal de apelación, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, proceda al sorteo de la causa y emita nuevo Auto de Vista con la pertinencia de los arts. 192 y 236 del CPC.

No siendo excusable el error, se impone multa de Bs.100.- para cada uno de los Vocales suscribientes del Auto de Vista Nº 010/2014 de 12 de febrero.

Por Secretaría de Cámara, cúmplase con lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.