SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 223/2015.

Sucre, 23 de julio de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.36/2015.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de nulidad y casación en la forma de fs. 162 a 164, interpuesto por el Proyecto de Desarrollo Comunitario “PRODECO”, representado por Zulema Torres Cervantes, contra el Auto de Vista Nº 689/2014 de 2 de diciembre (fs. 157 a 158), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso social seguido por Ignacio Edwin Rodríguez Vargas, contra la institución que representa la recurrente, el auto de fs. 167 vta., que concedió el recurso, los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Primero Civil, Familia, Niñez y Adolescencia, Penal, del Trabajo y Seguridad Social de Monteagudo, emitió la Sentencia Nº 02/2014 de 5 de septiembre de 2014 de fs. 138 a 142, declarando probada en parte la demanda de fs. 16 a 18, con costas, disponiendo que la entidad demandada cancele a favor del actor la suma de Bs.13.166,9.-, por concepto de indemnización, desahucio, duodécimas de aguinaldo doble, 15 domingos, suma a la cual deberá descontarse los pagos realizados al demandante por parte de la institución demandada, todo de acuerdo a la documentación cursante en obrados, más actualización y multa prevista en el art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de mayo de 2006.

En grado de apelación deducida por la representante legal de la parte demandada cursante a fs. 145 a 147, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista Nº 689/2014 de 2 de diciembre, cursante de fs. 157 a 158, anuló obrados hasta la Sentencia Nº 02/2014 de 5 de septiembre de fs. 138 a 142, disponiendo que la juez a quo, emita nueva sentencia, respetando la normativa procesal, determinado la cuantía exacta que debe cancelarse a favor del actor, según los derechos que consideró le corresponde; y cual la suma que debe descontarse, estableciendo un total a cancelarse.

Dicho fallo motivó el recurso de nulidad o casación en la forma interpuesto PRODECO representada por Zulema Torres Cervantes, con los fundamentos expuestos en el memorial de fs. 162 a 164 de obrados.

CONSIDERANDO II: Que, con carácter previo y antes de considerar los fundamentos del recurso planteado, cabe señalar que en cumplimiento a lo establecido en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), este Tribunal tiene la facultad de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiese, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, se impone la nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

A su vez el art. 190 del CPC, dispone que: "La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso...", esta norma, de aplicación general, impone además a los tribunales de alzada el deber de observar estos preceptos, ajustando su resolución de segunda instancia y decidiendo la controversia en aplicación del art. 236 del CPC, con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del adjetivo civil

En este contexto, es menester señalar que conforme la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, el recurso de apelación o de alzada, constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal por el que se pretende que un tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba; ello supone una doble instancia donde el tribunal o juez debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada sobre la base del material reunido en primera instancia, puesto que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando en su conjunto la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa si en el texto del memorial de apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna, otorgando a las partes una respuesta razonada y efectiva dentro de los límites que establece el art. 236 del CPC, pues de no ser así, se vulnera la norma de orden público y de cumplimiento obligatorio que tiene como consecuencia la nulidad de obrados, aspecto que impide abrir la competencia de este tribunal, para conocer y resolver el fondo de la causa.

Ahora bien, haciendo el análisis minucioso del auto de vista recurrido, se evidencia que el tribunal ad quem anuló obrados hasta Sentencia Nº 02/2014 de 5 de septiembre, limitándose a disponer que se emita una nueva, respetando la normativa procesal, determinando la cuantía exacta que debe cancelarse a favor del actor y la suma que debe descontarse, es decir, sin emitir un pronunciamiento en términos precisos y positivos, otorgando o negando las pretensiones de la recurrente, planteadas en el recurso de apelación de fs. 145 a 146 de obrados, es decir, aspectos que demuestran la omisión del cumplimiento de las normas citadas precedentemente.

En este entendido, correspondía al tribunal de apelación, ingresar a analizar los aspectos de fondo, resolviendo el recurso de apelación planteado, otorgando al recurrente una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el art. 236 del CPC y al no haberlo hecho ha vulnerado una norma de orden público y cumplimiento obligatorio que acarrea la nulidad de obrados, al provocar que se impida abrir la competencia de este Tribunal para emitir pronunciamiento en el fondo, toda vez que no existe aún ninguna resolución sobre los aspectos alegados en el recurso de alzada.

En conclusión, se advierte que el tribunal de segundo grado, no cumplió con las previsiones contenidas en los arts. 190, 192, 236 del CPC, normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio, conforme instituye el art. 90 del adjetivo civil, cuya inobservancia acarrea la nulidad de oficio.

Por lo expuesto, corresponde aplicar los arts. 252, 271.3) del CPC y 17 de la LOJ, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 156 vta., inclusive, disponiendo que el tribunal ad quem, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, proceda al sorteo de la causa y emita nueva resolución con la pertinencia de los arts. 192 y 236 del CPC.

Sin multa por ser excusable.

Póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del art. 17.IV de la LOJ.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.