SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 212/2015.

Sucre, 23 de julio de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.25/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 62 a 66, interpuesto por José León Colque contra el Auto de Vista Nº 064/2014 de 26 de marzo, cursante de fs. 55 a 58, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso laboral de pago de beneficios sociales, que sigue Sócrates Antonio Bernal Gonzales contra el recurrente, la respuesta de fs. 68, el auto de fs. 69 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral por pago de beneficios sociales, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social, pronunció la Sentencia de 25 de agosto de 2011 de fs. 37 a 38, declarando probada la demanda de fs. 2, ordenando a José León Colque en su calidad de propietario de la Imprenta L&M dentro del tercer día de ejecutoriada la sentencia y bajo alternativa de ley, cancelar al demandante la suma de Bs.4.480.- (Cuatro Mil, Cuatrocientos Ochenta 00/100 Bolivianos) por indemnización, desahucio, vacaciones, aguinaldo, además de la actualización y multa del 30% prevista por el art. 9 del Decreto Supremo (DS)  Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

En grado de apelación interpuesto por el demandado José León Colque, por memorial de fs. 42 a 45 de obrados, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 064/2014 de 26 de marzo de fs. 55 a 58 de obrados, confirmó la Sentencia apelada. Con costas en ambas instancias.

El referido auto de vista motivó que el demandado José León Colque, interponga recurso de casación en el fondo de fs. 62 a 66, con base en los argumentos siguientes:

El tribunal ad quem al confirmar la sentencia no valoró correctamente las literales de fs. 7 y 8 de obrados, consistentes en detalle de pagos de sueldos, que demuestran que el actor ingresó a trabajar el 25 de mayo de 2009, en la que consta su firma, constituyendo una confesión espontánea al tenor del art. 154 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y no así el 23 de marzo del 2009, como aceptó el juez a quo y el tribunal ad quem, si bien por el principio de inversión de la prueba, según los arts. 66 y 150 del CPT, corresponde la carga de la prueba al empleador, pero esto no libera al actor de producirla para sustentar la acción, conforme a la Jurisprudencia emitida por la Ex Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia, a través de los Autos Supremos Nos. 142 de 12 de mayo de 2000, 372 de 25 de septiembre de 2012, 290 de 05 de junio de 2013 y 519 de 29 de agosto de 2013.

Prosiguió señalando que el actor fue despedido por incurrir en incumplimiento del convenio, previsto en el inc. e) del art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), no desempeñó correctamente sus funciones, por lo que no corresponde el pago de desahucio, vacación y aguinaldo, tal como señala el art. 51 del Decreto Reglamentario (DR) Nº 224 de 23 de agosto de 1943, porque erogó gastos para arreglar el equipo dañado, como se evidencia de las literales 3-4, la testifical de fs. 28 y la confesión provocada del actor de fs. 30, además que fue maltratado por el demandante, la relación laboral se tornó insostenible, aspectos que no fueron tomados en cuenta por el juez a quo como por el tribunal ad quem, vulnerando el principio de verdad material, previsto en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), relacionado con el inc. 11 del art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que obligan a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias reales, incurriendo el tribunal ad quem en error de hecho y de derecho, conforme al art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), según establece el Auto Supremo Nº 304 de 5 de junio de 2013, referido al principio procesal de la verdad material y los Autos Supremos Nº 195 de 27 de mayo de 2011, 213 de 5 de julio de 2011, 185 de 22 de abril de 2004 y 136 de 16 de abril de 2002, referidos a la valoración de la prueba.

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, que case el Auto de Vista Nº 064/2014 y declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso de casación en el fondo, ingresando a su análisis con relación al auto de vista recurrido y a los antecedentes del proceso, se establece lo siguiente:

Del contenido del recurso de casación se establece que el recurrente, no obstante de señalar que recurre en casación en el fondo al amparo de los incs. 1) y 3) del art. 253, con relación al inc. 2) del art. 258 del CPC, se advierte que no realizó la fundamentación de hecho y derecho de manera clara y precisa, conforme a las siguientes puntualizaciones:

En cuanto a la no valoración de la prueba presentada por la parte recurrente, que constituye una causal de casación en el fondo, de acuerdo a lo previsto por el art. 253.3) del CPC, que establece: Procederá el recurso de casación en el fondo: “cuando en la apreciación de las pruebas se hubiese incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que lo demostraren la equivocación manifiesta del juzgador”. Al respecto el Civilista Dr. Pastor Ortiz Mattos, en su libro, El Recurso de Casación en Bolivia, señala: “…El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, es decir, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado, siendo así, que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico", y "El error de derecho, recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. Es decir, que consiste en atribuir a una prueba legal, un valor diverso al que le otorga la ley”.

En ese contexto, se establece que tanto el error de derecho o error de hecho, no tienen el mismo y único concepto, conforme señala la doctrina y la jurisprudencia, ante lo cual, el recurrente está obligado a desarrollar de manera separada, clara y concreta, así en el primer caso, la especificación debe recaer en los medios de prueba aportados al proceso, a los que el juzgador no le atribuyó el valor que la ley le asigna; y en el segundo, la equivocación en la apreciación de las pruebas por el juzgador debe quedar objetivamente demostrado y ser manifiesto con documento auténtico, a efectos, de que este Tribunal proceda a un control de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal ad quem.

En cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, cuando la resolución materia del recurso de casación se apoya en un conjunto de medios de prueba que concurrieron todos a formar la convicción del juez o tribunal, no basta para objetarla que se ataquen algunos de tales medios, suponiendo eficaz la impugnación, si los que restan son suficientes para apoyar la solución a la que llegó el juzgador, ni tampoco que se haya dejado de considerar algunas pruebas si la sentencia se funda en otras que no han sido impugnadas.

En este supuesto, cuando se acusa la falta de apreciación de las pruebas, no es suficiente relacionarlas, sino que es necesario explicar, de manera precisa y clara, cada una de ellas, qué es lo que en verdad acreditan o demuestran, de qué manera incidió su falta de valoración en el fallo, lo que permitirá a la Sala establecer la magnitud del error, que debe ser ostensible y trascendente, so pena de no lograr el objetivo de destruir la presunción de acierto y legalidad que ampara a la resolución que es objeto del recurso de casación.

Consiguientemente, el error de hecho, requiere ser ostensible y manifiesto lo que en palabras del autor Rene Parra significa “sea evidente, patente, claro, sin que para apreciarlo se puedan efectuar elucubraciones o raciocinios complejos”.

En ese razonamiento en el caso que se analiza, el recurrente confundió su agravio al señalar que el tribunal de alzada incurrió error de hecho y de derecho, además de citar el inc. 1) del art. 253 del CPC, cuando del contenido del recurso se advierte más el error de hecho, por lo que se ingresa a resolver en ese sentido:

En cuanto al error de hecho respecto a las literales de fs. 7 y 8 sobre el inicio de la relación laboral; cabe señalar del examen de las mismas, estas no cumplen con los requisitos y formalidades de una planilla de sueldos y salarios, conforme lo dispuesto por el art. 1 del Decreto Ley Nº 13592, que dispone que el empleador sea del sector público o privado está obligado a presentar cada tres meses un ejemplar de sus planillas de pago mensual de sueldos y salarios de sus trabajadores sean permanentes o eventuales al Ministerio de Trabajo y en las Jefaturas Regionales, según el art. 1.2 de la Resolución Ministerial Nº 448/08, cuyo incumplimiento conlleva el pago de multas, las pruebas que pretende hacer valer, no llevan el sello correspondiente y finalmente presentan garabatos, borrones y sobre escrituras. Por su parte, sobre el mismo punto el testigo de descargo Guillermo Valencia Medinaceli, refirió que no conocía la forma y fecha del contrato o el ingreso del actor, de estos elementos se establece que no es evidente que el tribunal ad quem haya incurrido en error de hecho, al asignarle a las pruebas señaladas una apreciación falsa, como erróneamente aduce el recurrente, por el contrario los de grado en mérito al Acta de Denuncia formulada por el actor ante la Jefatura Departamental del Trabajo de fs. 1, así como del contenido de la demanda y de la Confesión provocada del actor de fs. 28, que tiene el valor legal que le asigna el art. 167 del CPT, concluyeron acertadamente que el inicio de la relación laboral se dio el 23 de marzo del 2009.

Con relación a los Autos Supremos señalados por el recurrente, sobre este punto, los mismos no son aplicables al presente, toda vez que por el principio de inversión de la prueba, corresponde al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, lo que no impide que el trabajador pueda aportar prueba, más no es una obligación, sino para el empleador, por la desigualdad existente entre este y el trabajador.

Con relación al supuesto despido justificado del actor, por incurrir en la causal del inc. e) incumplimiento de convenio, previsto en el art. 16 de la LGT, sin derecho al pago de desahucio, vacación y aguinaldo, según el art. 51 del DR Nº 224 de 23 de agosto de 1943; a este efecto, por los datos del proceso se tiene, específicamente por la atestación del testigo de descargo de fs. 28 y lo manifestado por el actor en su confesión provocada de fs. 30, que hubo un altercado entre el demandado y él, que casi llegan a agredirse físicamente, debido a la falla de la máquina GTO que utilizaba el actor, situación que retrasaba el cumplimiento de contratos asumidos por el empleador, haciendo reaccionar de manera agresiva, ofendiendo al actor con una serie acusaciones de supuestos hechos cometidos anteriormente, sin embargo, estos no fueron demostrados durante el proceso, no existe amonestación o sanción alguna, como una llamada de atención formalmente a través memorándums, con la advertencia que en caso de reincidencia se aplicaría una sanción más drástica, que ni aún ante esa situación se pierden los derechos sociales, por su naturaleza y finalidad, ante lo cual la decisión del empleador es unilateral, arbitraria y vulnera el principio de la estabilidad laboral, al que tiene derecho todo trabajador, de conservar su empleo durante su vida laboral, percibiendo un salario para la satisfacción de sus necesidades familiares, al mismo tiempo beneficiando a la parte empleadora, según el art. 48.II de la CPE, que establece: “Las normas laborales se interpretaran y aplicaran bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”. Prevista por la norma especial en el art. 3.g) del CPT, concordante con el art. 4, 11.I del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, refieren que rige el principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa, así como los principios de estabilidad y continuidad de la relación laboral, de primacía de la realidad y de no discriminación en favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral. Normas que alcanzaron plena vigencia a partir del DS Nº 495 de 1 de mayo de 2010, estableciendo en el art. 10.I “Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación”. Consecuentemente, habiendo el demandado solicitado el pago de beneficios sociales, corresponde el reconocimiento de los mismos, conforme determinaron los de grado, de acuerdo a las normas descritas, no siendo por tanto evidente que el tribunal de alzada hubiese incurrido en interpretación errónea de las normas acusadas por el recurrente, máxime cuando los supuestos hechos sostenidos por el demandado no fueron demostrados de manera idónea durante el proceso.

Con relación a los Autos Supremos citados por el recurrente no son aplicables al caso de autos, precisamente por el principio de verdad material y porque sustentan que la valoración y juzgamiento del hecho, es una atribución de los jueces, aspecto que fue observado y cumplido en el caso de autos.

Por lo expuesto, al no ser evidente lo acusado por el recurrente en el recurso de casación en el fondo, corresponde resolver el recurso de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 62 a 66. Con costas.

Se regula honorario profesional de abogado, en la suma de Bs.500.-, que mandará a pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.