SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 209/2015.

Sucre, 23 de julio de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-TJA.22/2015.

Distrito: Tarija.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 130 a 132, interpuesto por Sergio Fernández Espíndola, en representación legal de Ricardo Isidoro Sánchez, contra el Auto de Vista Nº 278/2014 de 11 de diciembre, cursante de fs.123 a 127, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Tarija, dentro del proceso laboral seguido por el recurrente, contra Industrias Agrícolas Bermejo (I.A.B.), dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, la respuesta de fs. 135 a 136, el auto de fs. 136 vta. que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Tarija, emitió la Sentencia de 13 de diciembre de 2013 (fs. 101 a 104), declarando improbada la demanda y probada la excepción perentoria de prescripción, sin costas.

En grado de apelación formulada por el representante legal del demandante (fs. 106 a 108), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista Nº 278/2014 de 11 de diciembre, (fs. 123 a 127), confirmando totalmente la sentencia de fs. 101 a 104, sin costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 130 a 132, interpuesto por Sergio Fernández Espíndola en representación legal del actor Ricardo Isidoro Sánchez, manifestando que el auto de vista recurrido es atentatorio, violatorio, quebranta, infringe, conculca y cercena los derechos laborales fundamentales del actor, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, de carácter retroactivo en materia laboral de acuerdo a los arts. 48 y 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), toda vez que el tribunal de apelación al señalar que la justicia es única, sustentada en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos, demostró ser enemigos de la clase trabajadora del Departamento de Tarija particularmente de los ex trabajadores de la Empresa Industrias Agrícolas Bermejo y estar a favor de la entidad demandada, desconociendo y quebrantando los arts. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), 3.g) del Código Procesal del Trabajo (CPT), 46 y 48 de la CPE, citando lo previsto en los arts. 123, referente a la retroactividad de la ley, y 48.IV) sobre la inembargabilidad e imprescriptibilidad de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores, ambos de la CPE, argumentando que esta es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición, conforme lo prevé su art. 410.II, dejando inaplicable el art. 120 de la LGT, en relación a la prescripción de los beneficios sociales, pues, por su jerarquía normativa está por encima de cualquier ley y es protectora de las trabajadoras y trabajadores.

En este entendido señaló, que está claramente demostrada la injusticia de los derechos laborales del demandante efectuada por los juzgadores de instancia, quienes con una miopía total, se prestaron a distorsionar las leyes laborales vigentes, con el propósito de favorecer a la entidad demandada, violando, transgrediendo, quebrantando y cercenando los arts. 46 y 48 de la CPE, señalando como uno de los principios fundamentales de los derechos del trabajador el “in dubio pro operario”, y el de la regla más favorable, de tal manera nos da a entender que si en un caso particular existen dos normas, se debe aplicar la que más favorezca al trabajador, violando este principio así como el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Concluyó manifestando la existencia de error de interpretación en la valoración de la prueba y de la norma legal citada, motivo por el que solicitó se case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada la demanda e improbada la excepción de prescripción, con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, previo análisis de los antecedentes, se establece lo siguiente:

En el caso presente, la parte recurrente cuestiona el auto de vista emitido por el tribunal ad quem, por haber confirmado la sentencia de primera instancia emitida por la juez a quo de 13 de diciembre de 2013 cursante de fs. 101 a 104, en la que la que se declaró improbada la demanda y probada la excepción perentoria de prescripción opuesta por la entidad demandada, manifestando su desacuerdo con la decisión asumida por los juzgadores de instancia, denunciado la violación de los arts. 4 de la LGT, 3.g) del CPT, 46, 48 y 123 de la CPE, y 397 del CPC, con el argumento que de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado, los derechos laborales y beneficios sociales son imprescriptibles.

Al respecto, revisados los antecedentes procesales y las pruebas aportadas durante la tramitación de la causa, se tiene que el actor, ingresó a trabajar en Industrias Agrícolas Bermejo, dependiente de la ex Prefectura de Tarija, ahora Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija, a partir del 17 de enero de 1975 hasta el 31 de enero de 1992 en periodos de Pre Zabra y Zafra con contrato Transitorio, y desde el 01 de febrero de 1992 hasta el 31 de agosto de 1998 con contrato permanente, ocupando el último cargo de Encargado de Turno en el departamento de destilería dependiente de la Gerencia Técnica, fecha en que fue despedido de manera intempestiva, razón por la cual decidió iniciar la presente acción, demandando el pago de sus derechos y beneficios sociales, amparado en los arts. 46 y 48 de la CPE, 4 de la LGT y por el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

En este contexto, a efectos de realizar el cómputo de la prescripción, se debe tomar en cuenta a partir de la fecha de la desvinculación laboral del trabajador con la institución demandada acontecida el 31 de agosto de 1998, conforme consta de los certificados cursante de fs.1 a 44 de obrados, en tanto que la demanda laboral reclamando el pago de sus beneficios sociales, fue interpuesta recién el 25 de octubre de 2011, afirmación extraída de la literal de fs. 48, es decir, después de aproximadamente 11 años de producirse la desvinculación laboral, no habiendo el demandante desde esa fecha, hasta el momento de la presentación de su demanda, realizado reclamo alguno sobre el pago de sus beneficios sociales que permitan vislumbrar la interrupción de la prescripción, conforme determina el art. 126 del CPT, pues los documentos presentados por el representante legal del demandante, son actuaciones que no interrumpen la prescripción alegada; pues si se considera el tiempo transcurrido entre la ruptura de la relación laboral y la presentación de su demanda, han transcurrido más de los dos años previstos por ley para realizar el reclamo de sus derechos y beneficios sociales, es decir, fuera del termino previsto en el art. 120 de la LGT que establece: “Las acciones y derechos provenientes de esta Ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido de ellas”, concordante con el art. 163 de su Decreto Reglamentario (DR-LGT); de donde resulta que, al no haber realizado los reclamos correspondientes de manera oportuna, se ha operado la prescripción en virtud de la normativa citada precedentemente, por lo tanto, no corresponde reconocer el pago de los beneficios sociales demandados por encontrarse prescritos, tal como acertadamente determinó la juez a quo en la sentencia de primera instancia, al declarar improbada la demanda y probada la excepción perentoria de prescripción, acto procesal que fue confirmado por el tribunal ad quem, quienes para arribar a la decisión asumida, realizaron una correcta, adecuada y razonable valoración de la prueba, conforme le facultan los arts. 3.j) y 158 del CPT, desvirtuando lo aseverado por el recurrente, que si bien, denuncia la existencia de error en la valoración de la prueba, lo hace de manera general, es decir, sin especificar si ese error es de hecho o de derecho ni precisar de manera concreta que prueba no habría sido valorada o apreciada o se le hubiera dado un valor e interpretación errónea, no siendo suficiente la simple enunciación de dicho error por parte de los juzgadores de instancia, de donde se deduce que no es evidente tal acusación.

Por otra parte, respecto a la aplicación de la normativa prevista en los arts. 46, 48 y 123 de la CPE de 7 de febrero de 2009, sobre los cuales el recurrente pretende justificar la imprescriptibilidad de sus derechos y beneficios sociales demandados, estas disposiciones constitucionales no son aplicables al caso presente, por ser posterior a los hechos que se juzga; por lo que debe aclararse que, si bien el art. 48.IV del citado ut supra establece: “Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”, dicha normativa no hace alusión a su aplicación retroactiva, teniendo efectos a partir de su publicación, es decir desde el 7 de febrero de 2009.

A ello, corresponde puntualizar que, si bien existe contradicción en cuanto a la prescripción de los derechos laborales, ya que por una parte los arts. 120 de la LGT y 163 de su DR-LGT prevé un plazo de prescripción de 2 años para que el trabajador interponga una acción para reclamar sus derechos vulnerados, por otra parte se tiene a la CPE que en su art. 48.IV establece la imprescriptibilidad de los derechos labores; corresponde precisar que sólo en el caso de que el cómputo de los dos años se haya producido antes de la vigencia de la CPE de 7 de febrero de 2009, debe aplicarse la prescripción señalada en la LGT y su DR-LGT, guardando relación con lo señalado por el art. 123 de la CPE en cuanto a la retroactividad de la ley, hecho que no aconteció en el caso presente, ya que la desvinculación de la relación laboral se produjo el 31 de agosto de 1998, teniendo el demandante el plazo de dos años a partir de esa fecha para interponer la demanda y evitar la prescripción de sus derechos, es decir, hasta el 31 de agosto de 2000, hecho que no aconteció en el caso que se analiza, toda vez que la demanda laboral fue interpuesta recién el 25 de octubre de 2011, cuando ya había prescrito su derecho para hacerlo.

A mayor abundamiento, respecto a la interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, en el que se alega la aplicación retroactiva de la norma laboral, el principio in dubio pro operario y la aplicación de la norma más favorable, al presente corresponde puntualizar que no se puede aplicar al caso presente lo previsto en la CPE de 7 de febrero de 2009, como se señaló precedentemente, porque los hechos objeto de juzgamiento se regían por la CPE de 1967, y aplicar en sentido contrario implicaría vulnerar la seguridad jurídica de los litigantes en primer lugar, y en segundo, porque a la conclusión de la relación laboral que es el sustento de los derechos del demandante, no existía la CPE de 2009; encontrándose la norma más favorable en ese entonces en el art. 162 de la CPE de 1967, que no determinaba de ninguna manera la imprescriptibilidad de los derechos laborales de los trabajadores; por lo que se advierte que los de instancia realizaron una interpretación adecuada de la norma a tiempo de emitir sus resoluciones; además de que este razonamiento ha sido adoptado por este Tribunal Supremo en casos similares donde se resolvieron de la misma manera, entre las cuales se tienen los AASS Nos 535 de 10 de diciembre de 2010, 224 de 3 de julio de 2012 y 007/2013 de 1 de febrero de 2013, entre otros.

Consiguientemente, al haberse advertido que el tribunal de alzada, no incurrió en interpretaciones erróneas y violaciones denunciadas en el recurso, corresponde resolver conforme facultan los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 130 a 132. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.