SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 208/2015.

Sucre, 23 de julio de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.21/2015.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 604 a 608, interpuesto por la Empresa Constructora Delgado, representada por Edwin Delgado Rivas contra el Auto de Vista Nº 586/2014 de 29 de octubre de 2014 de fs. 592 a 594 y su Auto Complementario de 07 de noviembre de 2014 de fs. 598 de obrados, pronunciados por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso laboral que sigue Jorge Enrique Téllez Pino contra la Empresa Constructora recurrente, el auto de fs. 624 vta., que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso sobre pago de beneficios sociales, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Sucre, pronunció la Sentencia Nº 30/2014 de 27 de junio, de fs. 548 a 551 de obrados, declarando probada en parte la demanda social de fs. 186 a 187 de obrados, sin costas. Disponiendo que el representante de la empresa demandada cancele al demandante la suma de $us.48.375,00.- (cuarenta y ocho mil, trescientos setenta y cinco 00/100 dólares americanos) por Indemnización, Desahucio, Salarios devengados y Vacación.

En grado de apelación formulada por el representante legal de la Empresa Constructora Delgado, por memorial de fs. 555 a 560, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista Nº 586/2014 de 29 de octubre de 2014, confirmó totalmente la Sentencia Nº 30/2014 de 27 de junio de fs. 548 a 551 con costas y por auto complementario de fs. 598 de obrados, declaró no ha lugar a la enmienda, porque el impetrante demandado pretende que se cambie aspectos de fondo.

Los referidos fallos motivaron el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 604 a 608, interpuesto por el representante de la Empresa Constructora Delgado, acusando:

En la forma, que la Sala Social y Administrativa de manera sesgada y equivocada entendió que la juzgadora de primera instancia dicto la sentencia de marras con competencia, cuando su competencia ya había cesado, toda vez que por el decreto de fs. 359 vta., manifestó a la solicitud de la parte demandante “…Estese al desistimiento de la acción y derecho planteado a fs. 349 de obrados”, cuya trascendencia en la apelación debió ser entendida como cosa juzgada. El decreto de fs. 359 no fue objeto de recurso alguno, como tampoco lo fue el de fs. 364 vta., aspecto que no se observó de manera correcta, sino sesgada, al señalar que la juzgadora al dictar el Auto Nº 152/2013 de 24 de julio de 2013, dejó sin efecto el decreto de fs. 359 vta., en flagrante violación al art. 8.4) del Código de Procedimiento Civil (CPC), cuando al no haber recurrido oportunamente el mencionado decreto, su oportunidad ya había precluido.

En el fondo, acusó que tanto el auto de vista como la sentencia han desconocido totalmente la calidad de socio del demandante dentro de la acción que vincula a la misma sociedad de la que ha formado parte y le reconocen derechos laborales, haciéndolo aparecer como acreedor sin tomar en cuenta que tiene en su esencia la solidaridad ilimitada, resultando incongruente la interpretación sistemática que vulnera a lo previsto por el art. 365 y sgts. del Código de Comercio (Ccom), como el art. 367 que establece, si bien los asociados encargados de las operaciones, actúan en su propio nombre, los terceros adquieren derechos y asumen obligaciones con respecto de dichos asociados por la responsabilidad que es solidaria e ilimitada, no pudiendo resolverse solamente cuestiones de derecho laboral. En el hipotético caso que así fuera, corresponde hacerlo sólo en el 50% de la totalidad de los beneficios indebidamente asignados, porque él es parte de la asociación accidental, haciendo una interpretación sistemática de normas y respetando congruencia lógica que debe sustentar toda resolución.

Asimismo señaló que el tribunal de alzada incurrió en error de hecho y derecho, previsto en el art. 253.3) del CPC, al hacer una valoración restrictiva de la prueba, la juez no tomó en cuenta el acta cursante de fs. 198 vta., cuyo texto refiere que el señor Jorge Enrique Téllez Pino, para no atender el proyecto como superintendente y que lo hará como socio en virtud a que tiene tareas pendientes de su empresa particular, acreditada por la pieza de fs. 197 vta., que señala que asumió la decisión para realizar tareas en el proyecto, no como empleado, sino como socio. Decisión que contradice a la Sentencia Constitucional (SC) Nº 410/2013 y al principio de verdad material, previsto en el parágrafo I del art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), dando lugar a una decisión injusta que no responde a los principios y valores éticos consagrados en la Ley Fundamental de nuestro país, por tanto es moralmente inaceptable pretender cobrar beneficios sociales de un proceso judicial que voluntariamente fue desistido y al mismo tiempo desligarse de una responsabilidad de poco más o menos de Bs.1.500.000,00.- liberados por el desistimiento de la acción y derecho en el proceso judicial, a lo cual solicitó complementación, pero el tribunal lejos de deferir su solicitud, con criterio sesgado, señaló que el desistimiento que el actor realizó fue al recurso de casación y no así a la acción de la demanda.

Concluyó solicitando a éste Tribunal Supremo de Justicia case totalmente la resolución recurrida, por ser infractora de las normas jurídicas acusadas en este recurso, debiendo en efecto liberarle del pago de beneficios sociales injustamente demandados.

CONSIDERANDO II: Que del examen del recurso de casación interpuesto en la forma y fondo, el auto de vista recurrido y de los antecedentes del proceso, por los efectos que conlleva el recurso de casación en la forma y en el fondo, se ingresa a resolver primeramente en la forma, para en su caso ingresar a considerar en el fondo, de donde se tiene lo siguiente:

En la forma, en cuanto a la denuncia que el tribunal de alzada no observó y entendió correctamente la falta de competencia de la juez a quo a tiempo de dictar la sentencia apelada, en franca vulneración del art. 8.4) del CPC, toda vez que la parte demandante no apeló los decretos de fs. 359 vta. y 364 vta., que en criterio del recurrente acarrea la nulidad de obrados; al efecto corresponde remitirnos a los datos que informan al proceso, de donde se advierte que en el desarrollo del proceso, se emitió el Auto Supremo Nº 148 de fecha 8 de abril de 2011, cuyo efecto fue la ejecutoria del Auto de Vista Nº 029/2009 de 29 de enero de fs. 331, emitido por los Vocales de la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Distrito de Chuquisaca, que anuló la sentencia apelada, disponiendo que previamente a la emisión de una nueva, resuelva las excepciones previas interpuestas. Sin embargo, ante la presentación del memorial de solicitud de desarchivo del proceso el 2 de abril de 2013, por la parte demandante cursante a fs. 357 de obrados, la juez a quo por la naturaleza del hecho y la materia, dispuso como se solicitó, prosiguiendo el demandante solicitó se dicte sentencia, pretensión que mereció el decreto de fs. 359 vta., como el de fs. 364 vta., y de fs. 374 que refiere: “Estese al decreto de fs. 359 vuelta”. Sin embargo, impugnado el mismo por recurso de reposición con alternativa de apelación por memorial de fs. 377, la juez a quo, por Auto Nº 152/2013 de 11 de octubre, cursante a fs. 379 y vta., dejó sin efecto el decreto de fs. 374. En consecuencia habiéndose reconducido la demanda, procedió a dar cumplimiento a lo determinado en el Auto de Vista Nº 029/2009 de 29 de enero, imprimiendo el trámite correspondiente como es resolver las excepciones previas y demás actuados, para luego emitir sentencia con todas las facultades de ley, observando y cumpliendo los plazos procesales previstos en las normas laborales que rigen la materia, aspecto que fue acertadamente ratificado por el tribunal de alzada, de lo que se colige que no es evidente los argumentos del recurrente, en sentido que la juez habría obrado sin competencia, por tanto tampoco no amerita la nulidad de actuados, como erradamente pretende el demandado, porque según la basta jurisprudencia sentada por este Tribunal, no procede la nulidad por simple nulidad, sino que la misma debe estar prevista en la ley, además deben concurrir ciertos principios, como el de trascendencia y perjuicio, aspectos que no se dieron en el caso de autos, análisis que nos lleva a concluir que este punto del recurso deviene en infundado, toda vez que carece de sustento legal.

En el fondo, en cuanto a la denuncia que el tribunal de alzada incurrió en contracciones al confirmar la sentencia, toda vez que el actor es socio de la empresa y no trabajador, que sus actos están regidos por el art. 365 y sgts. del Ccom, en su caso de corresponderle los beneficios pretendidos, solamente sería en el 50% de lo calculado; al respecto, es preciso remitirnos a los datos que sustentan el proceso, de donde se advierte que por Escritura Pública Nº 62/2005 de 17 de enero de fs. 2 a 3, se acredita la Constitución de una Asociación Accidental suscrito entre Edwin Delgado Rivas y Jorge Enrique Téllez Pino, propietarios de la Empresa Constructora DELGADO y el último como propietario de la Empresa Constructora TELLEZ, cuya razón social sería DELGADO Y ASOCIADOS , con una participación del 50% del capital cada uno, definiendo la administración a cargo de Edwin Delgado, con el uso de la firma social, con el objeto exclusivo de participar en la Licitación Pública Nacional Nº 06/2004, Primera Convocatoria, Rehabilitación Sistema de Aducción Cajamarca, Tramo I, Toma-Silvico, efectuada por el Ministerio de Servicios y Obras Públicas, Viceministerio de Servicios Básicos.

De estos antecedentes se tiene por el Acta de 10 de junio de 2005, cursante de fs. 196 vuelta y 197, la designación al demandante en el cargo de Superintendente, cuya orden refería: “…que ya nomás debe tener comunicación escrita con los personeros de ELAPAS…”, instrucción cumplida por Jorge Enrique Téllez Pino, como se tiene a fs. 25 de obrados, que consigna fecha de recepción “6 de julio de 2005”, denotándose que a partir de fecha 4 de julio de 2005, realizó solicitud a ELAPAS como Superintendente de Obra, del Proyecto: Rehabilitación Sistema de Aducción Cajamarca Tramo I, Toma-Silvico, función que se corrobora por las literales de fs. 26, 27, 28, 62, 120, 158 de obrados, que demuestran que el demandante además de socio de la Sociedad Accidental DELGADO ASOCIADOS, trabajó en el proyecto referido como Superintendente de Obra desde el 4 de julio de 2005 hasta el 4 de septiembre de 2006, fecha en que solicitó licencia por 15 días a los Socios del Consorcio Delgado y Asociados, con un salario mensual de $us.2.580,00.-, por el lapso de un año y dos meses, hechos que acreditan que el actor, ejerció las funciones de Superintendente de Obra y demuestran la existencia de una relación laboral, conforme al art. 6 de la Ley General del Trabajo (LGT).

Respecto a la denuncia de valoración de la prueba de manera restrictiva por el tribunal de alzada, citando el art. 253.3) del CPC, en sentido que habrían incurrido en error de hecho y en error de derecho, por no tomar en cuenta las literales de fs. 197 y 198 de obrados; al efecto es preciso aclarar que cuando el recurrente pretende el análisis y control del elenco probatorio por este tribunal de casación, debe precisar el error de hecho o el error de derecho en la apreciación de las pruebas por parte del tribunal ad quem, conforme a la línea adoptada por este Tribunal en sus numerosos fallos, por citar así el Auto Supremo Nº 14 de 16 de febrero de 2012, que determinó: “ (…) por mandato del inc. 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, se dispone en el caso de que en el recurso de casación en el fondo, se formulen denuncias relacionadas con la valoración de la prueba, es obligación del recurrente precisar si los juzgadores de instancia incurrieron en errores de hecho o en errores de derecho, única situación en la que se abre la competencia de este tribunal para verificar el análisis efectuado tanto por el juez a quo como por el tribunal ad quem en relación al elenco probatorio y las decisiones asumidas…”, aspecto que no se dio en el caso de autos, toda vez que el recurrente se circunscribió a señalar que el tribunal de alzada incurrió en error de hecho y de derecho haciendo una valoración restrictiva de la prueba, cuando debió precisar si los de grado incurrieron en error de hecho o de derecho, separando cada uno y no de manera genérica, toda vez que cada uno presenta su particularidad para su análisis, omisión de falta de precisión y fundamentación de este punto del recurso, impide a este tribunal ingresar al fondo, máxime cuando la valoración de la prueba en el proceso, corresponde al juez a quo, por tanto incensurable en casación, que tiene por finalidad realizar el control y aplicación correcta de las normas sustantivas y adjetivas por los de grado, abriendo únicamente su competencia para realizar el control de la valoración probatoria, cuando el recurrente acomoda su agravio o motivo a las formalidades señaladas y con relación al art. 258.2) del CPC, al no haberse advertido estos extremos, como se dijo, no es posible la consideración de este punto del recurso.

Con relación al desistimiento de la acción y derecho formulado por el actor y los efectos que ello implica en criterio del recurrente; como es la calidad de cosa juzgada y que el reconocimiento de los derechos al actor, vulneraría el principio de verdad material, previsto en el art. 180.I de la CPE y a la SC Nº 410/2013.

Al respecto, de acuerdo a la materia y a los derechos que se encuentran regulados por la misma, se tiene que el trabajo es un hecho social, por tanto goza de la protección del Estado, por lo que para el cumplimiento de esta obligación, establece los siguientes principios, como el de irrenunciabilidad de los derechos laborales, que significa que toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos, no surten efecto y menos causan estado.

En ese razonamiento, en materia laboral, el trabajador puede desistir del procedimiento, que es uno de los medios de auto composición procesal, previstos en la norma adjetiva, que ponen fin al juicio. A ese efecto, el doctor Arístides Rangel Romberg, en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil” define esta figura Jurídica como: “La declaración unilateral de voluntad del actor por la cual este renuncia o abandona la pretensión que ha hecho valer en la Demanda”. Por su parte, el art. 70 del Código Procesal del Trabajo (CPT), refiere que: “…El desistimiento y la transacción no causan estado… en virtud de la irrenunciabilidad de los derechos sociales del trabajador”, de esto se colige, que el desistimiento, como acto de auto composición procesal en la materia que se examina, si bien nada prohíbe para que el trabajador pueda desistir en un proceso laboral, siempre y cuando tal acto revista todos los requisitos necesarios para tenerse como válidos y además no implique una renuncia a la acción que ostenta el trabajador como actor, de ser así, esto implicaría que este último no pueda eventualmente reclamar sus derechos laborales a posteriori, lo que indudablemente sí atenta al principio de irrenunciabilidad de derechos laborales que benefician y protegen a todo trabajador. En ese sentido, si bien el trabajador desiste del proceso mediante el cual reclama derechos que este pretende, pero lo que ciertamente resulta inadmisible es que el trabajador desista de su acción, y al mismo tiempo de su pretensión pues ello se constituye en una renuncia evidente a sus derechos, y por tanto equivale a ignorar la protección especialísima que se comenta, la cual se destina a resguardar los derechos del trabajador, frente a los actos del patrono.

De admitirse lo anterior, sería desmejorar al trabajador en cuanto a sus derechos adquiridos se refiere, lo cual no es el espíritu y la razón que sobre esta materia tuvo el legislador, concluyéndose así que el desistimiento del proceso, no prohíbe el inicio y seguimiento del derecho laboral, aspecto que sucedió en el caso de autos, que por mandato de la Constitución Política del Estado, que consagra el derecho al trabajo y al empleo, en su Título II, Capítulo V, Sección III, estableciendo como una obligación del Estado la protección del ejercicio del trabajo en cualquiera de sus formas, prohibiendo los despidos y toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución, normando el art. 48, que: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, lo que guarda plena concordancia con lo dispuesto por el art. 4 de la LGT y el art. 3.g) del CPT, que reconocen la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, normas que constituyen la base del orden social y económico del Estado Plurinacional, conforme acertadamente resolvieron los de grado, al reconocer la pretensión del actor, en observancia y aplicación correctas de las mismas, quedando por tanto desvirtuado la posición del recurrente en sentido que el presente carecía de sustento de acción y derecho en virtud del desistimiento formulado por el actor.

Consiguientemente, al no ser evidentes los reclamos efectuados en el recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde resolver conforme a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y fondo de fs. 604 a 608, interpuesto por Edwin Delgado Rivas. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.