SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 207/2015.

Sucre, 23 de julio de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.20/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 1105 a 1108, interpuesto por Mario Edgar Salinas Gamarra, en representación de Manufactura Boliviana S.A. (MANACO), contra el Auto de Vista de 3 de octubre de 2014 (fs. 1097 a 1101), pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social seguido por Carmen Inés Barrientos Ameller de Burgoa, contra MANACO S.A., la respuesta de fs. 1112 a 1113, el auto de fs. 1115 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia de 20 de octubre de 2009 (fs. 810 a 813), declarando probada en parte la demanda de fs. 4 a 8 y probada en parte la excepción perentoria de pago e improbada la excepción perentoria de prescripción, disponiendo que la empresa demandada, pague a favor de la demandante Bs.607.938,60.-, por concepto de indemnización, aguinaldo, primas, vacaciones, monto que en ejecución de sentencia será objeto de aplicación del art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

En grado de apelación, interpuesta por el representante de Manaco S.A. (fs. 825 a 827), en cumplimiento del Auto Supremo Anulatorio Nº 87 de 13 de marzo de 2013 (fs. 1052 a 1056), la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 3 de octubre de 2014 cursante de fs. 1097 a 1101, confirmó la sentencia apelada de 20 de octubre de 2009, con costas.

Que, contra el referido auto de vista, Mario Edgar Salinas Gamarra, en representación de la empresa demandada, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo (fs. 1105 a 1108), manifestando:

En la forma, que en el auto de vista emitido por el tribunal ad quem, se incurrió en grave omisión, porque no se consideró que hasta el año 2005 concurrieron dos relaciones laborales que concluyeron por efectos de renuncia de la demandante, quedando extinguida la relación laboral, cancelándole sus beneficios sociales, omitiendo dicho tribunal pronunciarse sobre este aspecto circunstancial que puso fin a la relación obrero patronal, incurriendo en evidente incongruencia entre lo que es la expresión de agravios expuestos en apelación y lo resuelto; a lo expresado se suma otro elemento adicional, toda vez que en apelación se dejó establecido la concurrencia de las relaciones laborales hasta el 2005 y su extinción y se esgrimió que cualquier aspecto relativo a reclamos inherentes a tales gestiones y extinción laboral, se encuentran prescritas conforme al art. 120 de la Ley General del Trabajo (LGT), extremo que no fue objeto de pronunciamiento por parte del tribunal ad quem.

En el fondo, denunció aplicación indebida de la ley, en razón de que, si la primera relación laboral 1975 a 1979, se extinguió por decisión de la trabajadora, en consecuencia, aplicar las disposiciones legales de 1993 y 2009, resulta impropio, pues en primer término no cabe la retroactividad de la ley y menos vulneración de derechos sociales, cuando estamos frente a una relación laboral extinguida por renuncia, donde se pagaron todos los beneficios sociales; que las disposiciones del art. 48 de la Constitución Política del Estado de 2009 (CPE) y el DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, serían aplicables a las relaciones jurídicas que concurrieron en los años 1979 a 2005, comporta aplicación indebida de la ley, considerando que, si las relaciones jurídicas de 1979 se interrumpieron hasta el 2002, determinar la existencia de una relación laboral en ese periodo sin que haya concurrido contrato y aplicar retroactivamente normas del año 2009, es inadecuado e ilegal, pues no cabe la retroactividad de la ley, menos pretender relación laboral cuando no existió.

Lo propio ocurrió en la relación jurídica laboral establecida en el año 2005, no es posible aplicar retroactivamente las disposiciones invocadas por los juzgadores; si la última relación laboral feneció el 2005 y se pagaron sus beneficios sociales de la actora en aquella fecha, cualquier reclamo sobre tales relaciones jurídicas, es decir, las que existieron hasta el 2005, en el periodo comprendido entre el año 2005 y 2009, se encuentran prescritas, por lo que aplicar retroactivamente la imprescriptibilidad a esas relaciones jurídicas, cuando la misma se dispuso recién el año 2009 con la actual CPE, quebranta el principio de irretroactividad previsto en el art. 123 de la CPE.

Asimismo, al efectuar la aplicación de las disposiciones de los DDSS Nos. 23570 o 28699 a una relación de dos comerciantes, es un acto indebido, porque no se contrató a una persona individual, sino a una empresa unipersonal que emitió facturas por su trabajo, donde jamás existió remuneración, porque no existió relación de dependencia ni subordinación, no siendo posible señalar que existió relación laboral, pues el contrato suscrito es netamente de carácter comercial, donde no concurre una figura laboral de subordinación y dependencia, como mal describieron los vocales.

Por otra parte, al reconocer la antigüedad de 34 años, 2 meses y 25 días, vulnera la verdad material y viola la ley, pues las relaciones laborales se extinguieron y liquidaron en 1979, no existiendo vinculación entre el año 1979 y 2002, el año 2005 se volvió a pagar beneficios sociales, consecuentemente, las relaciones laborales concluyeron definitivamente no existiendo continuidad de servicios, además de existir extinción de los mismos, por lo que reconocer dicha antigüedad, quebranta los efectos de pago de indemnización realizados y viola el art. 2 del DS Nº 07850.

En el supuesto de que fuera viable la conversión de las relaciones comerciales, sólo implicaría considerar los años 2006 al 2009, mas nunca por 34 años, diferencia que el tribunal ad quem no ha sabido explicar; por otra parte, el citado tribunal, consideró que con los contratos comerciales se evaden los derechos sociales y a su vez concurren los elementos del contrato de trabajo, siendo esta la base esencial del fallo, sin embargo, no se menciona o especifica el fundamento o la motivación de tales afirmaciones, vulnerando el art. 202.c) del Código Procesal del Trabajo (CPT) y violando los arts. 1290, 6, 9 y 448 del Código de Comercio.

Continuó manifestando que, los contratos comerciales de consignación, están admitidos y establecidos por el Código de Comercio, siendo viable suscribir tales contratos, regulados en los arts. 1290, 6 y 9 citados, los que establecen la concurrencia de remuneración por vía de comisión, de plazo, de sujeción a reglas de los comisionistas que, de ningún modo puede ignorarse la existencia de este tipo de contrato de índole comercial, por lo que, cuando se suscribió los contratos con la empresa unipersonal de la actora y MANACO S.A., se lo hizo entre dos empresas mercantiles.

Que según la explicación que contiene el auto de vista, los vocales señalaron que, de acuerdo a la labor interpretativa de la juzgadora, la valoración de los hechos, la sana crítica y la prueba, se habría llegado a la conclusión de que la actora, habría desarrollado una actividad con MANACO S.A., bajo las características de dependencia, subordinación y percepción de remuneración, afirmación alejada de la realidad, incurriendo en una valoración equivoca de la prueba, quebrantando el principio de la primacía de la realidad, toda vez que se demostró que las relaciones laborales que se tenía con la actora han quedado extinguidas y pagadas, para que de manera posterior migrar a contratos comerciales, distinto a un contrato laboral, donde el cobro de sus servicios fue por comisiones, en el que no existen nominas ni planillas de pago, sino facturas, en el que la actora tenía sus propios dependientes y sus propios trabajadores, por lo que no tiene derecho a ninguna indemnización y menos pago de beneficios sociales, por lo que no resulta viable ignorar relaciones comerciales válidas protegidas por el ordenamiento jurídico e invalidarlas tácitamente.

Aduciendo además que, la nulidad de los actos jurídicos previstos por el art. 162 de la CPE anterior y la previsión del art. 48.II de la actual, así como el art. 4 de la LGT, no constituye una nulidad de pleno derecho que opere ipso facto, sino está sujeta al trámite de una invalidez por vía judicial, lo que en ningún momento se demandó para que la juzgadora y los vocales no consideren o dejen de lado los contratos comerciales.

Lo expresado demuestra que a título de la primacía de la realidad, se está otorgando un beneficio indebido, cuando en el proceso se estableció de manera incuestionable, la multiplicidad de relaciones jurídicas de naturaleza laboral y otras comerciales, habiéndose extinguido las laborales con el pago de beneficios sociales; la existencia de comisión que no es equivalente al salario, la emisión de facturas, comportando la existencia de actos de comercio y no de relaciones laborales, la interrelación y los actos de fiscalización de un contrato de consignación o de comisión que no pueden ser considerados como mecanismo de subordinación, cuyo tenor establecen de manera expresa que no existe relación laboral o de dependencia, más aun cuando concurrieron relaciones laborales MANACO S.A., cumplió con las cargas sociales, resultando intolerante que a título de supuesta protección se ignore la ley, se vulneren derechos y se quebrante el ordenamiento jurídico y concebir que todo contrato comercial se convierta en laboral, comporta afectar la autonomía de la voluntad.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo, anule el auto de vista recurrido o en su defecto case el mismo y deliberando en el fondo, declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, corresponde su análisis, de donde se establece lo siguiente:

Resolviendo el recurso en la forma, en el que la parte recurrente adujo que el tribunal ad quem, a tiempo de emitir el auto de vista recurrido, omitió pronunciarse sobre la relación laboral acontecida el año 2005, la cual concluyó por efecto de renuncia de la actora, no es evidente, toda vez que el tribunal de segunda instancia, en el Considerando V del auto de vista, realizo un análisis y pronunciamiento sobre este punto, es decir, circunscribiendo su resolución de acuerdo a lo previsto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), extremo que desvirtúa lo expuesto por el recurrente sobre este punto, motivo por el cual no procede la nulidad solicitada.

En cuanto al recurso de casación en el fondo, referente que en el caso que se analiza no se debió aplicar de forma retroactiva la normativa contenida en el DS Nº 23570 de 23 de julio de 1993, art. 48 de la CPE actual y DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, a relaciones jurídicas que concurrieron en los años 1975, 1979 y 2005, con el fundamento de que las mismas habrían prescrito, no es evidente, pues de antecedentes procesales se advierte que la actora trabajó de manera indefinida y continua a partir del 6 de enero de 1974 hasta el 22 de marzo de 2009, fecha en que se produjo su retiro voluntario, conforme afirma en su demanda, extremo corroborado en la sentencia de primer grado y confirmado por el auto de vista recurrido.

Ahora bien, con relación a que no correspondería aplicar el DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, se debe aclarar que, los juzgadores de instancia, al haber determinado que entre la actora y la empresa demandada MANANCO S.A., existió relación laboral de dependencia y subordinación conforme las características esenciales previstas en el art. 1 del DS Nº 23570 y art. 2 del DS Nº 28699 citados, aplicaron de manera correcta la normativa descrita precedentemente.

En cuanto a que no se debería aplicar el art. 48 de la CPE vigente, afirmación por parte de la empresa recurrente no es evidente, porque la desvinculación laboral se produjo en fecha 22 de marzo de 2009, cuando ya se encontraba en plena vigencia la Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, por lo tanto, los preceptos contenidos en ella, como es el caso de la imprescriptibilidad de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores se aplican en el caso presente, toda vez que, por mandato de la Ley Suprema, la cual goza de primacía frente a cualquier otra disposición legal, conforme a lo determinado en su art. 410, es correcta la aplicación por los juzgadores de instancia, de los mandatos contenidos en la actual CPE.

Sobre la no aplicación del DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, que en su art. 1.- (Objeto) señala: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto garantizar al pago de indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fuera objeto o presentada su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicios constituye un derecho adquirido”. Si bien es evidente que esta normativa es de data posterior a la desvinculación laboral; sin embargo, el art. 1 del DS Nº 11478 de 16 de mayo de 1974 prescribe: Se modifica el art. 2º de la Ley de 21 de diciembre de 1948, que dirá: “Si el trabajador tuviera cinco o más años continuo de servicios cumplidos recibirá la indicada indemnización aunque se retire voluntariamente. Cualquier contratación posterior de los trabajadores que se acojan a este beneficio sólo procederá previo acuerdo de ambas partes”. En este sentido, al haber trabajado la actora desde 1976 hasta marzo de 2009, es decir, por un tiempo aproximado de 34 años, le corresponde el pago de los beneficios sociales así haya renunciado de manera voluntaria, no teniendo relevancia la aplicación del DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009.

Con relación a que no correspondería el pago de beneficios sociales a favor de la actora por una antigüedad de 34 años, 2 meses y 25 días, se debe aclarar que este extremo fue debidamente fundamentado tanto en la sentencia de primera instancia como en el auto de vista recurrido, donde se procedió al descuento de la liquidación por los periodos comprendidos entre el 15 de septiembre de 1976 al 23 de enero de 1979, es decir, por el tiempo de 2 años, 4 meses y 7 días, pagándole también por concepto de indemnización por el espacio de 6 meses y 12 días según literales de fs. 80 a 90 de obrados, quedando una antigüedad de 31 años, 4 meses y 4 días, conforme se evidencia en la parte resolutiva de la Sentencia de 20 de octubre de 2009, hechos que fueron confirmados por el tribunal ad quem en el auto de vista recurrido, quienes para llegar a esta conclusión, valoraron de manera correcta la prueba adjuntada durante la tramitación de la causa, conforme le facultan los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, no siendo por tanto evidente la proferida acusación.

Con respecto a los contratos suscritos entre las partes en conflicto, en base al cual la Empresa Demandada MANACO S.A. afirma que fueron suscritos dentro de la esfera del ámbito comercial, los cuales estarían admitidos y establecidos en el Código de Comercio, se puede establecer que en ningún momento se ha puesto en tela de juicio la posibilidad de suscribirlos, pues el Código de Comercio permite suscribir contratos mercantiles de consignación entre otros, no estando permitido celebrar contratos dentro del ámbito laboral, con la pretensión de simular contratos civiles o comerciales conforme determina el art. 5 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, con el pretexto de no cumplir con los derechos y beneficios de las trabajadores y los trabajadores como sucedió en el caso presente, los cuales son irrenunciables de acuerdo a lo previsto en los arts. 48.III de la CPE y 4 de la LGT, toda vez que en el caso que se analiza se demostró de manera fehaciente que en los contratos suscritos entre las partes en conflicto existieron las características esenciales de una relación netamente laboral previstas en los arts. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, como acertadamente concluyeron los juzgadores de instancia en sus fallos emitidos a su turno, quienes para arribar a dicha determinación analizaron y valoraron de manera correcta la prueba aportada durante la tramitación del proceso conforme le facultan los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, no siendo por tanto evidente la infracción acusada por el recurrente.

Por último, en cuanto a la emisión de factura por parte de la trabajadora, deviene precisamente de la firma de los contratos de trabajo, la que se constituye en una obligación tributaria que nace como consecuencia de la relación laboral que, en ningún caso puede utilizarse como un elemento que desnaturalice los requisitos previstos en los arts. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, es decir las características esenciales de una relación laboral como son: La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador, la prestación de trabajo por cuenta ajena y la percepción de remuneración o salario en cualquier de sus formas.

A mayor abundamiento, lo esgrimido por el demandante en sentido de que la emisión de factura constituye un acto de la vía civil es equívoco, pues no toma en cuenta que es el art. 70.4) del Código Tributario Ley Nº 1340, que impone como una obligación del sujeto pasivo, entre otras, las de respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas o notas fiscales; disposición que guarda absoluta relación con el art. 4.b) de la Ley Nº 843, referente al funcionamiento del hecho imponible y arts. 1 y 2 del DS Nº 28247 de 14 de julio de 2005, referidas al control de la obligación de emitir facturas una vez perfeccionado el hecho imponible, debiendo puntualizar que las facturas adjuntas por el empleador en calidad de prueba, denotan más el concepto de salario o remuneración regular mensual contra factura y no un precio global, dado que esta última característica corresponde a un contrato de servicios civiles, hecho que no aconteció en el caso presente.

Bajo estas premisas, se concluye que el auto de vista objeto del recurso de casación, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación a norma legal alguna, correspondiendo resolver el mismo de acuerdo a los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 1105 a 1108, con costas.

Se regula honorario profesional de Abogado, en Bs.500.-, que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.