SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 205/2015.

Sucre, 23 de julio de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.18/2015.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 409 a 415, interpuesto por Roberto Quinteros Barrera, representado legalmente por Serafín Barrón Romero, contra el Auto de Vista Nº 627/2014 de 13 de noviembre de 2014 cursante de fs. 401 a 405, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso social de reincorporación seguido por Roberto Quinteros Barrera contra YPFB, la respuesta al recurso de casación de fs. 419 a 421; el auto de fs. 422 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral de reincorporación, el Juez de Partido 2do. del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo y Coactivo de la ciudad de Sucre, pronunció Sentencia en fecha 10 de abril de 2014 (fs. 337 a 340), declarando improbada la demanda, sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

En grado de apelación deducida por el apoderado del demandante (fs. 345 a 352), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció el Auto de Vista Nº 627/2014 de 13 de noviembre de 2014 (fs. 401 a 405), confirmando totalmente la sentencia impugnada.

Contra dicho fallo, el demandante a través de su representante legal, planteó recurso de casación en el fondo y en la forma, manifestando en síntesis lo siguiente:

Recurso de casación o nulidad en el fondo: 1) Que tiene la percepción de que la resolución de alzada ha utilizado los máximos esfuerzos para justificar lo injustificable y han terminado protegiendo a la empresa demandada, sin comprender el tremendo sufrimiento que embarga a la parte que constituye la más débil en el proceso, lo cual significa que no se ha brindado la tutela y protección correcta al trabajador, es así que se le ha privado de la seguridad jurídica, justicia imparcial y el debido proceso reconocido como garantía constitucional; que de manera violenta se ha infringido los arts. 178 de la Constitución Política del Estado (CPE), 3.g) del Código Procesal del Trabajo (CPT) y 4 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. 2) Que el tribunal de alzada, lejos de revisar correcta e imparcialmente el recurso de apelación, se ha esforzado en validar lo injustamente obrado por el inferior, dejando el 100% de los puntos recurridos sin resolverlos, lo cual habría omitido cumplir su función de administrar justicia laboral. 3) Se ha decidido la causa en contra del trabajador en base a la declaración de una sola persona, con la agravante de que era ex funcionaria y que por supuesto y por razones obvias, ha declarado a favor del empleador, declaración que resulta ser ineficaz para causar convicción y dilucidar una demanda social, infringiéndose de manera flagrante el art. 169 del CPT, cuya norma establece que en materia laboral, hacen fé probatoria 2 o más testigos que concuerden en personas, cosas, hechos, tiempos y lugares; sin considerar además, que este único testigo oficioso, fue convocado por el juez de instancia y fuera del plazo probatorio, al margen de que no existe otra prueba de descargo de la empresa demandada que sustente el fallo recurrido, consiguientemente era lógico que para tutelar correcta e imparcialmente también los derechos del trabajador, con el mismo tratamiento, el juez debió hacer uso de sus facultades legales para procurar prueba de cargo a favor del mismo, por todo aquello el juez de instancia y el tribunal de alzada al avalar la sentencia recurrida, ha infringido el art. 169 del CPT. 4) Que el auto de vista recurrido avala la sentencia que no guarda ninguna relación con la prueba de cargo, teniendo en cuenta que no se ha realizado ninguna valoración correcta de la prueba de cargo, existiendo una total incongruencia entre la sentencia y la prueba de cargo aportada por el trabajador, infringiéndose de esta manera lo establecido por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), toda vez que el tribunal de alzada, no obstante que se han formulado las observaciones en la vía de alzada, no ha ingresado a valorar plenamente la prueba de cargo, limitándose a justificar un fallo errático del juez de instancia. 5) Que el tribunal de alzada no revisó, analizó ni valoró la prueba documental de cargo aportada por el trabajador, en donde se acreditó que el trabajador retorno a su fuente laboral y le permitieron trabajar 3 meses para después prohibirle el ingreso a la empresa y posteriormente inventarse que hubo abandono de trabajo, y en el supuesto caso que sea así, debieron iniciar el proceso administrativo interno en resguardo de sus garantías constitucionales y presentarlo como prueba en la demanda, siendo lo más indignante que el inventado abandono, trataron de probar con pruebas auto fabricadas otorgadas por la misma empresa, los cuales no cumplían con el requisito de inmediación previsto por los arts. 3.b) y 158 del CPT, por lo que solicita que el Tribunal Supremo de Justicia realice un examen riguroso, documento por documento de toda la prueba de descargo presentada por la empresa YPFB y evidenciar que no cumplen con el principio de inmediación y por ende carecen de valor probatorio y de eficacia jurídica. 6) No se tuteló al trabajador discapacitado conforme a lo establecido en la Ley Nº 223 de 2 de marzo de 2012, a través del cual debió otorgarse doble protección por parte de la ley y de las autoridades judiciales, porque su vida, salud y sustento se hallan en peligro, sin embargo, después de escuchar la lectura del fallo, produjo un sufrimiento y desesperación al privarle de su fuente de trabajo y de su único medio de sustento, es así que conforme al Carnet de Discapacitado que adjuntó, acredita su condición física y de salud del trabajador que ratifica que el trabajador tiene discapacidad desde su nacimiento y no como erróneamente lo ha establecido el tribunal de alzada en su fundamentación; más aún si de la prueba testifical se demostró que el trabajador discapacitado posteriormente a su accidente, fue real y efectivamente reincorporado, aspecto que es confirmado por el informe de la Asesora de YPFB (fs. 325 a 332) que ratifica que estuvo trabajando desde julio hasta septiembre de 2011, y al no haber determinado el pago de esa salario se estaría obligando a trabajar en condiciones de servidumbre, por consiguiente la sentencia al no haber analizado ni motivado en cuanto a las circunstancias de un trabajador discapacitado, no se han cumplido con las formalidades que debe contener una sentencia establecidas en los arts. 192.2 del CPC y 202.a) del CPT, además de vulnerarse los arts. 5.5), 13 y 34.II de la Ley Nº 223 de 2 de marzo de 2012.

Recurso de casación en la forma: Que la sentencia de primera instancia no cumple con las formalidades establecidas por el art. 192 del CPC y 202 del CPT, aspecto que no fue valorado ni analizado por el tribunal de alzada que incurrió y avaló los mismos errores y cuestionamientos efectuados al juez de instancia, es así que en el Considerando III de la sentencia, donde el juez expuso sus razones y fundamentos legales de su resolución, no existe absolutamente ningún análisis de la prueba de descargo, consiguientemente no se advierte de dónde sacó las conclusiones e inferencias el juzgador para dictar sentencia y nada menos para declarar improbada la demanda, es por ello que a partir del incumplimiento de esta formalidad legal, se ha perjudicado al trabajador porque no ha existido el debido proceso; por otra parte, tampoco se ha cumplido con lo previsto por el art. 192.1 del CPC, toda vez que en la sentencia cuestionada, no existe el encabezamiento, las generales de ley de las partes, ni tampoco el objeto del litigio, lo cual demuestra una vez más que las normas de orden público no se cumplieron, infringiendo el principio de legalidad, en el cual el juez debe observar y cumplir el mandato de la ley.

Finaliza solicitando que se case el auto de vista impugnado, en todo lo que ha sido materia de recurso, y deliberando en el fondo se disponga la reincorporación laboral del trabajador discapacitado, más el reconocimiento de sus sueldos devengados y demás derechos correspondientes.

CONSIDERANDO II: Que, del análisis y compulsa de los antecedentes del proceso, corresponde considerar el recurso interpuesto por el demandante; de donde se concluye lo siguiente:

En principio, la finalidad del recurso extraordinario de Casación es la de efectuar el control a las resoluciones que pueden contener vulneraciones a los derechos de los litigantes, estando normado en nuestro ordenamiento jurídico en el art. 250 y sgts. del CPC, que establece que la casación puede ser en el fondo, en la forma o en ambos.

La diferenciación existente entre ambos, es el siguiente: el recurso de casación en el fondo constituye el medio de impugnación contra las resoluciones del inferior que contuvieren violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, cuando contuviera disposiciones contradictorias y cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de hecho o derecho, como establece el art. 253 del CPC; en cambio, con relación al recurso de casación en la forma, éste se funda en errores en el procedimiento, referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas de manera concreta por el art. 254 del CPC.

En consideración a lo anterior, son diferentes las características que hacen a uno y a otro recurso, como los efectos de las resoluciones que emiten, también adoptan una forma concreta y diferenciada; de ahí que, cuando se plantea recurso de casación en el fondo, lo que se pretende es que el Tribunal case el auto de vista impugnado y resuelva el fondo del conflicto; mientras que cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados. En razón a lo anterior, al margen de exponer motivos en que se fundare el recurso de casación en la forma como en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión recursiva en forma congruente con el recurso que deduce.

Por consiguiente, se pasa a resolver primeramente las cuestiones de forma a fin de verificar si realmente existen errores en el procedimiento que hubieren vulnerado derechos y garantías constitucionales y que merezcan en su caso la nulidad de obrados, porque en caso de ser ciertas las afirmaciones sobre la nulidad del proceso, ya no sería necesario ingresar a analizar la casación en el fondo; de donde se establecen los siguientes hechos:

1). En cuando a la casación en la Forma, se concluye lo siguiente:

1.1.- Con referencia a la vulneración del art. 192 del CPC en relación al art. 202 del CPT, por cuanto no existiría en el Considerando III de la sentencia, ningún análisis y valoración de la prueba de descargo; al respecto el art. 192.2) del CPC establece: “La sentencia se dará por fallo y contendrá: 2) La parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, análisis y evaluación fundamentada de la prueba, y cita de las leyes en que se funda”, en el caso de autos, se evidencia que el Juez de Partido 2do. del Trabajo y Seguridad Social-Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Sucre, en su Considerando III de la Sentencia de 10 de abril de 2014 (fs. 337 a 340), realiza una evaluación fundamentada de toda la prueba cursante en obrados, ahora bien con respecto a que no se habría realizado un análisis y valoración de la prueba de descargo, aquello no resulta evidente, toda vez que el Juez de instancia sí realizó la valoración de la prueba ofrecida por la empresa demandada, pero de manera errónea lo sub-titula como “Prueba de Cargo” (fs. 339) cuando en los hechos corresponden a la prueba de descargo, como ser la prueba documental emitida por la Unidad Administrativa del Distrito Comercial de YPFB y la prueba testifical, incluso ésta última prueba no fue considerada por cuanto los testigos se encontraban dentro de la prohibición señalada por el art. 446.2) del CPC al constituir funcionarios dependientes de YPFB; en consecuencia, no es evidente la omisión del art. 192.2) del CPC en cuanto a la falta de valoración de la prueba de descargo.

1.2.- Con referencia al incumplimiento de la formalidad prevista por el art. 192.1) CPC, toda vez que en la sentencia cuestionada no existiría el encabezamiento, tampoco las generales de las partes, ni la descripción de los mandatos ni poderes notariales, mucho menos el objeto del litigio, que en este caso es la reincorporación; sobre esta acusación, se verifica que la sentencia cuestionada emitió pronunciamiento con respecto a las previsiones normativas extrañadas en casación, debido a que en su contenido se expresa con claridad la determinación del proceso, el nombre de las partes intervinientes y el objeto del litigio, cuando textualmente anota en el encabezamiento: “Emitida en el Juzgado (…), dentro de la demanda social seguido por el Sr. ROBERTO QUINTEROS BARRERA contra el Sr. RENZO JOSE MANUEL JAUREGUI LOPEZ, representante legal de YPFB, mayores de edad, vecinos de esta y hábil por derecho”, de cuya transcripción, se observa el cumplimiento de la previsión contenida en el art. 192.1) del CPC, y el hecho de que el juez de instancia no haya establecido de forma más detallada el tipo de proceso o las generales de ley de las partes, no puede conllevar la nulidad del fallo de instancia, en aplicación al “principio de trascendencia o relevancia” que guía, entre otros, "las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los métodos de debate cada vez que esta desviación suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes…", como señala Eduardo Juan Couture Etcheverry (Fundamentos del derecho procesal civil. 4ª edición, Montevideo, 2002), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; condiciones que evidentemente en el caso de análisis, no se dan ni se exponen por el recurrente para así disponer la nulidad pretendida. Por lo anotado, éste Tribunal Supremo no encuentra fundamento legal suficiente para disponer la nulidad de obrados pretendida en este punto y por los fundamentos anotados ut supra, no se encuentra como evidente la vulneración de los arts. 192 del CPC y 202 del CPT, así como tampoco la vulneración del Debido Proceso y del Principio de Legalidad como alega el recurrente.

En consecuencia, no existiendo ninguna causal que amerite declarar la nulidad de obrados, se ingresa a resolver los extremos planteados en la casación en el fondo, conforme al análisis siguiente:

2). En cuando a la casación en el Fondo, se concluye lo siguiente:

2.1.- Conforme se explicó precedentemente, el recurso de casación en el fondo previsto en el art. 253 del CPC, constituye un medio de impugnación contra las resoluciones del inferior que contuvieren violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, o contuviera disposiciones contradictorias y en su caso cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de hecho o derecho, debiendo en este caso cumplir con los requisitos establecidos en el art. 258.2) del citado Código Procedimental; en el caso de autos, de la revisión de los argumentos expuestos en los numerales 1), 2), 4) y 5) correspondientes al recurso de casación en el fondo, este Tribunal advierte que el mismo incumple con la técnica recursiva inherente al referido recurso extraordinario, toda vez que el recurrente, se limita a señalar que no se le habría brindado la tutela y protección correcta de los derechos del trabajador, que el tribunal de alzada ha soslayado aplicar correctamente las normas sustantivas y adjetivas de protección laboral, así como también ha dejado latente el 100% de los puntos recurridos sin resolverlos conforme a las normas de orden público, que no habría ingresado a la valoración plena de la prueba de cargo, solicitando además que el Tribunal Supremo de Justicia, realice un examen riguroso, documento por documento de toda la prueba de descargo presentada por la empresa YPFB para constatar que no cumplen con el Principio de Inmediación; de lo expuesto, se evidencia que el recurrente no llega a comprender con cabalidad la importancia del cumplimiento de las exigencias contenidas en el citado art. 258.2 del CPC, quien de acuerdo a esta disposición, tiene la obligación de señalar en forma clara y precisa qué disposiciones legales se han infringido en la tramitación de la causa y cuáles son las causales de nulidad que se invocan dentro de las permisiones legales que el ordenamiento procesal señala; asimismo, debe indicarse en forma puntual qué disposiciones legales se han violado, aplicado indebidamente o interpretado en forma errónea en la resolución de fondo, es más, cuando de prueba se trata, el recurrente debe identificar con toda precisión la misma e indicar cómo debía apreciarse o valorarse con arreglo a la ley. Por consiguiente, estas omisiones, imprecisiones e impericias no pueden ser subsanadas de oficio, lo cual amerita a que este Tribunal se encuentre impedido de poder analizar y emitir un pronunciamiento expreso al respecto.

2.2.- Con respecto a que se habría infringido de manera flagrante el art. 169 del CPT por cuanto el juez de primera instancia habría sustentado su fallo en la declaración de un “único testigo”; sobre el particular, corresponde señalar que éste reclamo no ha sido interpuesto por el demandante dentro del recurso de apelación; en consecuencia éste Tribunal de casación no puede emitir ningún pronunciamiento, toda vez que dicho reclamo no ha sido objeto de análisis ni valoración por parte del tribunal ad quem, en consecuencia corresponde rechazar su reclamo.

       2.3.- Con referencia a que se habría vulnerado el art. 5.5), 13 y 34.II) de la Ley Nº 223 de 2 de marzo de 2012 por cuanto no se tutelo al trabajador de acuerdo a las “capacidades especiales” que tiene desde su nacimiento, además de que no se le reconoció sus salarios por el trabajo desarrollado entre julio y septiembre de 2011; con respecto a éste reclamo, cabe señalar que la Ley Nº 223 de 2 de marzo de 2012, ha sido promulgado con el objeto de “garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral”, es por ello que a través del art. 34.II de la citada ley, como una forma de garantizar el derecho al empleo, trabajo digno y permanente de las personas discapacitadas, se consignó que el Estado Plurinacional de Bolivia “garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido”, de la normativa legal citada, se colige que las personas con discapacidad, se encuentran plenamente amparados en el ejercicio pleno de sus derechos, quienes además gozarán de un trato preferente dentro de un sistema de protección integral, estando inserto dentro de este sistema, el ámbito laboral a través del cual garantiza la inamovilidad laboral de las personas discapacitadas, sin embargo esta prerrogativa no resulta ser absoluta, toda vez que el citado art. 34.II, garantiza la inamovilidad laboral “siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido”; en el caso de autos, se observa que cursa un Carnet de Discapacidad del recurrente (fs. 50-b) en cual se consigna una deficiencia Intelectual con un porcentaje del 52%, cuya vigencia data del 11.09.2012 hasta el 11.09.2016, en este sentido y conforme valoró correctamente el tribunal de alzada, no existe en obrados prueba que demuestre que el recurrente tenga discapacidad desde su nacimiento, existiendo solamente un carnet de discapacidad que consigna su vigencia recién desde el 11.09.2012, además de ello, en caso de que su discapacidad fuere desde su nacimiento, el recurrente desde el momento en que inició su actividad laboral e incluso hasta antes de gozar de su baja médica, debió poner en conocimiento del empleador su condición de discapacitado y con ello gozar de la protección integral de la Ley Nº 223 de 2 de marzo de 2012, situación que no ocurrió; sin perjuicio de aquello, corresponde verificar si el recurrente goza de la inamovilidad laboral conforme a lo dispuesto por el art. 34.II de la citada ley, sobre el particular, conforme ya se explicó precedentemente, esta inamovilidad laboral tiene como excepción, que los trabajadores discapacitados cumplan con las normas vigentes y que no incurran en causales que justifiquen su despido, en el caso de autos, se observa que el recurrente después de que sufrió el accidente politraumatismo de su vertebra dorsal (fs. 25 y 26), cuyo accidente se produjo fuera de la actividad laboral, obtuvo la respectiva baja médica de 10 días, pero transcurridos estos días, el trabajador sin justificación alguna no asistió a su fuente laboral desde el 22 de diciembre de 2010 (fs. 216), lo cual constituye abandono de funciones y causal de despido justificado al amparo de lo previsto por el art. 7 del DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949; consiguientemente, no corresponde reconocer al recurrente el derecho de inamovilidad laboral previsto en el art. 34.II de la Ley Nº 223 de 2 de marzo de 2012, por cuanto éste incurrió en causales de despido justificativo debidamente comprobados, aspecto éste que fue correctamente analizada y valorada por los tribunales de instancia.

       Con respecto que no se le reconoció sus salarios por el trabajo desarrollado entre los meses de julio a septiembre de 2011, lo cual significaría que habría estado en condición de servidumbre; al respecto cabe precisar que, dentro de los principios que rigen los procedimientos y trámites en materia laboral, el CPT establece el principio de “Inversión de la prueba” (art. 3.h) a través del cual la carga de la prueba corresponde al empleador, en el caso de autos, se evidencia que la empresa demandada YPFB, adjuntó pruebas que demuestran que el trabajador no asistió a su fuente laboral desde el 22 de diciembre de 2010 y que mucho menos se haya dispuesto la reincorporación del trabajador (fs. 212 a 220) aspecto que fue confirmado por la declaración testifical de la Encargada de RRHH de la empresa demandada durante la gestión 2010 a 2011 (fs. 316 vta.), donde se extrae que hasta la fecha en que ejerció el cargo (agosto 2011), el trabajador no fue reincorporado a su fuente laboral. En contrapartida, conforme prevé el art. 66 del CPT, el trabajador durante el proceso, puede ofrecer las pruebas que estime conveniente, en el caso sub-lite el recurrente a través de la prueba documental y testifical producidas durante el proceso, no demostró fehacientemente que fue reincorporado a su fuente laboral entre los meses Julio a septiembre de 2011, inclusive el cuestionado Informe Legal AL-DCS-051/2001 de 29 de noviembre de 2011 que cursa de fs. 326 a 332, no establece de forma expresa la fecha y el periodo de la reincorporación del trabajador, asimismo no existe alguna nota de reincorporación o registros de marcación de asistencia al trabajo, lo cual conlleva a la conclusión de que no existió ninguna reincorporación del trabajador a su fuente laboral y por ende no amerita ningún reconocimiento de salarios pendientes; consecuentemente, no resulta válido el reclamo planteado por el recurrente, al contrario se advierte que los tribunales de instancia efectuaron correcto análisis y valoración de la prueba producida en el proceso.

En este marco legal, se concluye que el auto de vista recurrido se ajusta a las normas legales en vigencia, donde no se observa violación de norma legal alguna; además realizó correcta valoración y apreciación de la prueba adjuntada al proceso, como adecuada interpretación y aplicación de las normas legales citadas.

Por consiguiente, habiendo el tribunal ad quem, obrado sin incurrir en las violaciones acusadas en el recurso, corresponde resolver conforme previenen los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicable con la permisión contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y la forma de fs. 409 a 415 planteado por el demandante Roberto Quinteros Barrera. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.