SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 200/2015.

Sucre, 09 de julio de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.13/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 133 a 135, interpuesto por la Caja Nacional de Salud, Regional Santa Cruz, representada por Cesar Figueroa contra el Auto de Vista Nº 180 de 12 de junio de 2014 de fs. 126 a 127, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral de reliquidación de beneficios sociales seguido por Dolly Tapia Arteaga contra la Institución recurrente, la respuesta de fs. 141 a 143, el auto de fs. 140 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, el Juez de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 660 de 24 de octubre de 2013 de fs. 83 a 85 declarando parcialmente probada la demanda de reintegro de beneficios sociales y probadas en parte las excepciones perentorias de prescripción y de pago documentado, sin costas al ser la institución demandada parte del Estado, disponiendo que la Caja Nacional de Seguridad Social a través de su Administrador Regional cancele por reintegro de beneficios sociales a la demandante Dolly Tapia Arteaga la suma de Bs.23.270,83.- (veintitrés mil doscientos setenta 83/100 bolivianos), por recalculo de indemnización, aguinaldo, vacación y reintegro de incrementos, menos el finiquito recibido de fs. 34.

Notificados con la sentencia, en grado de apelación formulada por la institución demandada, representada por José Jorge Bozo Quisbert, por memorial de fs. 112 a 114 de obrados, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de la ciudad de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 180 de 12 de junio de 2014 de fs. 126 a 127, confirmó en todas sus partes la Sentencia Nº 660 de 24 de octubre de 2013 cursante de fs. 83 a 85 de obrados, sin costas.

El referido fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 133 a 135, interpuesto por la Caja Nacional de Salud, representada por Cesar Figueroa, con base en los siguientes argumentos:

Que, el auto de vista al confirmar la sentencia incurrió en interpretación errónea y aplicación indebida del art. 60 del Decreto Supremo (DS) Nº 21060, art. 3 del DS Nº 21637 y del art. 19 de la Ley General del Trabajo (LGT), al calcular el bono de antigüedad en una suma que no corresponde en derecho, habida cuenta que el salario mínimo para la gestión 2011 era de Bs.815,40.-, según el art. 8vo del DS Nº 809 de 2 de marzo de 2011, aplicado a la antigüedad de la trabajadora de 13 años, dos meses y 14 días, correspondería calcular un salario mínimo nacional por el 26%, según la norma señalada, considerando que la CNS, es una institución pública, correspondería el siguiente cálculo, 815,40 x 26%= Bs.212,00.- y no como erradamente se calculó a fs. 85 la suma de Bs.635,70.-, vulnerando el derecho a la defensa, debido proceso, previsto en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), al haber utilizado como promedio salarial un dato falso, sesgado para calcular la reliquidación de los beneficios sociales, causando un grave daño económico a la institución del Estado.

Denunció también que de fs. 87 a 99 de obrados, cursan los formularios de solicitud de vacación anual, firmadas por la demandante que tienen todo el valor legal del art. 159 del Código Procesal del Trabajo (CPT), que demuestran que la actora hizo uso de todas las vacaciones pendiente hasta el 2011, literales que no fueron valoradas por el tribunal ad quem, omisión que provoca daño civil a la entidad, por lo que solicita se case el auto de vista de fs. 126 a 127 de obrados.

Concluyó solicitando a éste Tribunal Supremo de Justicia, dicte auto supremo casando el Auto de Vista Nº 180 de 12 de junio de 2014 y deliberando en el fondo, declare improbada en todas sus partes la demanda, de conformidad a los arts. 271.4 y 274 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, con relación a los datos del auto de vista, corresponde su análisis y consideración, de donde se tiene lo siguiente:

Previamente a resolver los agravios traídos en casación, cabe indicar que el art. 48.II de la CPE, establece el “principio de la relación laboral”, señalando al efecto: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”, estableciéndose que la importancia que reviste este principio es de una enorme trascendencia social y jurídica, pues se constituye este en uno de los pilares fundamentales del derecho al trabajo, que tiene por finalidad hacer prevalecer la realidad de los hechos antes que las formalidades que hubiesen acordado el empleador y el trabajador, en el entendimiento que desde el surgimiento de la relación laboral encontramos que en el Derecho Laboral, el trabajador es la parte débil de la relación, ante la existencia de una desigualdad en la realidad contractual del trabajo, por lo que el principio en cuestión busca amparar a una de las partes para lograr una justicia social en condiciones humanas con el empleador. En ese sentido, el principio protector consiste en darle mayor defensa al trabajador frente al poder del empleador, principio protector reconocido también en el art. 3.g) del CPT.

En ese contexto, en cuanto al error de cálculo del bono de antigüedad, en que incurrieron los de grado, es conveniente puntualizar que la antigüedad laboral está definida como el conjunto de derechos y beneficios que la trabajadora tiene en la medida de la prestación continuada de sus servicios en relación con determinado empleador, cuya permanencia y continuidad se determina a partir del instante en que comienza a prestar de manera efectiva el servicio en la institución empleadora, de donde surge el derecho al bono de antigüedad, que constituye un derecho adquirido para el trabajador por la permanencia y continuidad en su fuente laboral, establecido por el art. 60 del DS Nº 21060 de 29 de agosto de 1985, que dispone en sustitución de toda otra forma porcentual de aplicación del bono de antigüedad, se otorga una nueva escala única aplicable a todos los sectores laborales, aclarando así el DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, que la base para el cálculo del bono de antigüedad debe ser sobre el salario mínimo nacional mensual, disposición concordante con el art. 3 del DS Nº 26450 de 18 de diciembre de 2001; en ese contexto, al ser el bono de antigüedad un derecho adquirido, que no fue tomado en cuenta en el cálculo del sueldo promedio indemnizable, según se tiene del finiquito de fs. 34 de obrados, se consignó en la reliquidación de beneficios sociales en favor de la actora, en el sueldo promedio indemnizable de los tres últimos salarios, conforme establece el art. 19 de la LGT, que dispone: “El cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses”.

En ese sentido, en el caso de análisis, demostrada como se tiene la relación laboral, la actora tiene derecho al pago de sus beneficios sociales, debiendo considerarse a este efecto el sueldo básico percibido más el bono de antigüedad, tal como dispuso el juez de primera instancia, confirmado por el Tribunal de Alzada; en aplicación del DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949 que dispone: “Se entiende por sueldo o salario la remuneración total en dinero que perciben los trabajadores como retribución a su labor, encontrándose involucrados dentro de estos términos, el salario básico incluyendo porcentajes, comisiones, recargos por trabajos nocturnos, horas extraordinarias efectivamente trabajadas, recargos por feriados y domingos trabajados, bonos de antigüedad, bonos reconocidos por acuerdos bilaterales y que tengan carácter de permanencia, regularidad y continuidad”, concordante con los arts. 52 de la LGT y 39 de su Decreto Reglamentario, de donde se concluye que no es evidente que el tribunal ad quem hubiese incurrido en interpretación y aplicación indebida de las normas señaladas, como erradamente manifestó la institución recurrente, toda vez que con la facultad conferida por ley, tuteló derechos sociales señalados por la parte demandante que no fueron cumplidos por la institución ahora recurrente, conforme a las normas laborales que rigen la materia, resolviendo la controversia conforme al principio de legalidad y de verdad material, establecido en el art. 30.6 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), en tal virtud los argumentos de la institución recurrente carecen de sustento legal.

Con relación a la denuncia de que el tribunal ad quem no valoró las literales de fs. 87 a 99 de obrados, porque la demandante hizo uso de su vacación anual; vulnerando el art. 115.II de la CPE y el art. 158 del CPT; cabe señalar que según el art. 57 del CPT, el proceso laboral se desarrolla en diversas etapas y en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, por lo que los juzgadores asumen su competencia en cada fase, resolviendo la controversia, sometiendo a análisis y resolución los hechos, dentro del plazo previsto por ley, con facultad de rechazar toda petición impertinente por pérdida de oportunidad de hacer valer su derecho que les otorga la norma. Si bien la ley abre la posibilidad de producir prueba en segunda instancia, empero según el art. 152 del CPT, refiere que las mismas deben cumplir ciertos requisitos que justifique debidamente el por qué no fueron presentadas en el término probatorio, por lo que se si bien se acepta, también se condiciona que los documentos sean de fecha posterior, conforme previene el art. 331 del CPC.

Consiguientemente, de las normas glosadas, se advierte, que una vez activada la judicatura laboral, tanto el demandante como el demandado, están en la obligación de observar y cumplir las normas adjetivas que rigen el procedimiento y los plazos procesales, ante lo cual, si bien las literales de fs. 87 a 99 de obrados, fueron adjuntas al recurso de apelación, sin embargo el apelante no cumplió con las formalidades señaladas por las normas adjetivas citadas, ante lo cual en el entendido que tanto el juez a quo y el tribunal ad quem, no están sometidos a la tarifa legal de la prueba, han valorado todas las pruebas cursantes en el proceso en su conjunto, de acuerdo a lo previsto por los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, concluyendo adecuadamente los de instancia que, la parte demandada no obró correctamente a tiempo de realizar el cálculo de beneficios sociales de la actora, correspondiendo en consecuencia el pago del monto establecido en la Sentencia de fs. 83 a 85 y confirmado con acierto por el tribunal ad quem.

En merito a lo expuesto, no es evidente lo denunciado en el recurso por la institución recurrente, por lo que corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 133 a 135. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley SAFCO.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.