SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 197/2015.

Sucre, 09 de julio de 2015.    

Expediente: SC-CA.SAII-LP.10/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 101 a 102, interpuesto por la Corporación Minera de Bolivia, representada por Julio Vásquez Bracamonte, contra el Auto de Vista Nº 57/14 de 19 de mayo de 2014 de fs. 92 a 93, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social, seguido por Juan Fernando Peñaranda Andreauzzy, contra la institución que representa el recurrente, la respuesta de fs. 107 a 108, el auto de fs. 109 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social, la Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 303/2013 de 30 de octubre (fs. 71 a 74), declarando probada la demanda de fs. 12, subsanada a fs. 16 y 18, disponiendo que la Corporación Minera de Bolivia, por intermedio de su representante legal, cancele a favor del actor, la suma de Bs.14.059,35.-, por concepto multa del 30% por la demora en el pago de los beneficios sociales que deberán ser actualizados en ejecución de sentencia de conformidad al DS 28699 de 1 de mayo de 2006.

En grado de apelación formulada por la parte demandada (fs. 82 a 83), la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 57/14 de 19 de mayo de 2014 (fs. 92 a 93), confirmó la Sentencia Nº 303/2013 de 30 de octubre. Sin costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 101 a 102, interpuesto por la Corporación Minera de Bolivia, representada por Julio Vásquez Bracamonte, manifestando en síntesis:

Que, el auto de vista recurrido, omitió valorar apropiadamente los argumentos y pruebas de descargo, pues el presunto incumplimiento de la multa del 30% se hace previsible en el tenor de los cambios de ejecutivos de la Presidencia, la convulsión al interior de COMIBOL y los problemas suscitados en Colquiri, hechos que derivan en un caso fortuito, extremo que fue obviado por los juzgadores de instancia, denotando falta de seguridad jurídica e igualdad de los ciudadanos ante la ley, ya que COMIBOL está inmersa y sometida a la ley, derivando en una franca violación y apreciación del presunto incumplimiento por problemas de índole de conmoción social al interior de COMIBOL, recayendo en un caso fortuito, conllevando esta inobservancia a una segunda finalidad, de unificar y llevar adelante una adecuada interpretación común de la norma; en este sentido señaló que, no se consideró los argumentos y pruebas de descargo, máxime si la institución demandada, cumplió a cabalidad las leyes que por casos fortuitos palpables y ponderables. Justificó un presunto incumplimiento de las leyes laborales, los cuales pretenden perjudicar a COMIBOL cuyos argumentos son absolutamente válidos, comprensibles y revalorizados.

Sin embargo, a tiempo de emitir el auto de vista recurrido, el tribunal de alzada, se limitó a efectuar el cómputo de días de retraso aplicando el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, sin tomar en cuenta que COMIBOL, en ningún momento tuvo la intención de negar el pago y cumplir con el desembolso en tiempo oportuno, aduciendo también que el citado tribunal, no realizó una compulsa fundamentada y puntual del por qué en los casos de pago de beneficios sociales, no se debería tomar en cuenta el caso fortuito y fuerza mayor.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo, declare procedente el recurso en contra del auto de vista recurrido.

CONSIDERANDO II: Que, así interpuesto el recurso, de la revisión de los antecedentes procesales, se establece lo siguiente:

Analizado el contenido textual del recurso, se advierte impericia en su planteamiento, pues en su petitorio solicita se declare “procedente” el recurso en contra del auto de vista recurrido, petición que no se ajusta a los cánones establecidos en el art. 271 del Código Adjetivo Civil, que prevé: “El tribunal o juez de casación resolverá el recurso en una de las siguientes formas: 1) Declarando improcedente, 2) Declarando infundado, 3) Anulando obrados con o sin reposición y 4) Casando el auto de vista; en base a la citada normativa legal, la declaración de procedencia, no constituye una forma de resolución, como equivocadamente pretende la parte recurrente; sin embargo de esa falencia, al existir hechos controvertidos que deben ser dilucidados, este Alto Tribunal Supremo de Justicia, pasa a resolver en consideración a los siguientes hechos:

De la revisión de los antecedentes procesales, se advierte que la controversia en el caso que se analiza, radica en determinar si corresponde o no el pago de la multa del 30%, concepto que fue reconocido en sentencia y confirmado por el tribunal ad quem, con el argumento de que los beneficios sociales concedidos a favor del actor fueron cancelados fuera del plazo legal previsto en el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, conclusión con la que la parte demandada no está de acuerdo, fundamentando para tal efecto, que no se canceló los beneficios sociales a favor del actor en el plazo previsto por ley, debido a un caso fortuito o de fuerza mayor.

Al respecto, el citado Decreto Supremo en su art. 9 referente a los despidos establece: I. “En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFV´s, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. Mientras que el parágrafo II prevé: “En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento e valor” (sic).

En base a la norma descrita precedentemente, se concluye que la procedencia del pago de la multa del 30% prevista en la ley, es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales adquiridos que se reconozcan a favor de un trabajador o trabajadora a la conclusión de la relación laboral por retiro directo, indirecto o voluntario, es decir, cualquiera haya sido la forma de desvinculación laboral.

En este sentido al haberse materializado la desvinculación laboral el 10 de septiembre de 2012, como consta a fs. 2 de obrados, por lo cual, la institución demandada tenía la ineludible obligación de cancelar el monto de los conceptos liquidados en el comprobante de fs. 3, en el plazo de los quince días previstos por el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, es decir, hasta el 25 de septiembre de 2012, constando que recién lo hizo el 15 de octubre de 2012, como se evidencia en el Comprobante de Egreso de fs. 3 de obrados; es decir, en forma extemporánea y fuera del plazo previsto por ley, situación que motivó al actor a iniciar la presente acción solicitando el pago de la multa del 30% por el retraso en el pago de sus beneficios sociales.

Por todo lo analizado ut supra, se establece que en el presente caso es procedente la aplicación de la multa del 30% demandada por el actor, como acertadamente determinaron en sus fallos los de instancia, quienes para llegar a la determinación asumida, valoraron de manera acertada la prueba aportada durante la tramitación del proceso conforme prevén los arts. 3.j) y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), ya que la única razón para que la parte demandante quede liberada de la sanción de la multa del 30% , es que haya pagado los derechos y beneficios sociales dentro de los 15 días señalados en la norma, porque el argumento de la parte recurrente, en sentido de que no se le canceló los beneficios sociales dentro del plazo por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, no es un impedimento legal o un justificativo que exima a la parte demandada de dicha sanción, puesto que el fundamento con el que la parte demandada pretende liberarse del pago de la multa del 30%, no está previsto en la ley, careciendo tal afirmación de todo sustento fáctico y jurídico.

Que en ese marco legal, se concluye, que el auto de vista impugnado, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación de norma legal alguna, por consiguiente, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 101 a 102, interpuesto por la Corporación Minera de Bolivia.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.