SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 196/2015.

Sucre, 9 de julio de 2015. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.09/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en fondo de fs. 143 a 146, interpuesto por Walter Exalto Velasco Mamani contra el Auto de Vista Nº 155/2014 de 25 de agosto, cursante a fs. 139, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral que sigue el recurrente contra la empresa PIL ANDINA S.A., la respuesta de fs. 149 a 151, el auto de fs. 152 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso sobre reincorporación laboral, la Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de El Alto de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 048/2014 de 2 de abril de 2014 de fs. 121 a 123 declarando improbada la demanda de reincorporación de fs. 6 a 7, sin costas, disponiendo que en ejecución de sentencia se proceda al archivo de obrados.

En grado de apelación formulado por el demandante, por memorial de fs. 125 a 127 de obrados, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 155/2014 de 25 de agosto, cursante a fs. 139, confirmó la Sentencia Nº 048/2014 de 2 de abril de 2014 de fs. 121 a 123 de obrados.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 143 a 146, por parte del trabajador Walter Exalto Velasco Mamani, acusando lo siguiente:

Que, la juez a quo como el tribunal de alzada no realizaron un completo análisis de los datos y antecedentes acumulados en obrados, como las declaraciones testificales de cargo, que demuestran que las renuncias de varios trabajadores se produjeron el 12 de diciembre de 2012, las cuales no fueron voluntarias, por el simple hecho que cuando un trabajador decide retirarse, no requiere que el empleador le redacte la carta, además la supuesta renuncia voluntaria de varios trabajadores, no resulta lógico, ni real. Al contrario, denota la malicia del empleador, que lo hace para desligarse del pago de obligaciones sociales, retirando a sus trabajadores haciendo firmar bajo amenaza y presión cartas de renuncia, este aspecto demuestra que no hubo una desvinculación laboral voluntaria, sino injustificada, por la prepotencia y abuso del empleador, por lo que los de grado han vulnerado lo previsto por los arts. 169 y 3.g) del Código Procesal del Trabajo (CPT) y el principio de inversión de la prueba, incurso en el art. 66 y 158 del CPT.

Prosiguió señalando, que el tribunal de alzada no puede fundar su decisión en el fallo del Ministerio del Trabajo, aduciendo que no habría encontrado indicios para disponer la reincorporación, cuando ésta instancia solamente es una de conciliación y que su declinatoria o sus informes de ningún modo constituyen prueba en perjuicio a la pretensión del trabajador, peor aun cuando el Informe refiere que el caso al ser controvertido debe ser resuelto en la vía jurisdiccional, por lo que se violentó hasta los cimientos los imperativos constitucionales referidos a la estabilidad laboral e irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, previstos en el art. 48.II,III y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE), que refiere que las normas laborales serán interpretadas bajo los principios de protección de las trabajadoras y trabajadores, como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajadora, derechos que no son renunciables y por tanto nulas las convenciones contrarias o aquellas que tiendan a burlar sus efectos.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo, case el auto de vista recurrido y disponga su reincorporación con el consiguiente reconocimiento de salarios y derechos devengados.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso de casación en el fondo, ingresando a su análisis con relación al auto de vista recurrido y los antecedentes del proceso, se establece lo siguiente:

Del contenido del recurso, se advierte que la controversia principal en el presente proceso, versa en determinar si los de grado al declarar improbada la demanda de reincorporación a su fuente laboral del demandante, incurrieron o no en transgresión de los arts. 169 y 3.g) del CPT, del principio de inversión de la prueba, previsto en el art. 66 y art.158 del adjetivo del trabajo y de los arts. 48.II, III y 49.III de la CPE.

A ese efecto, previamente es preciso remitirnos a los antecedentes del proceso, de donde se advierte que el ahora recurrente Walter Exalto Velasco Mamani, formuló demanda cursante de fs. 6 a 7 de obrados, sustentando que el 03 de mayo de 1988, ingresó a trabajar en la empresa PIL-CORDEPAZ, empresa que en la gestión 1996 fue adquirida por el grupo Empresarial Gloria del Perú, denominándose PIL-ANDINA S.A., donde trabajó en forma ininterrumpida, siendo el último el cargo “Encargado de Sistemas” hasta el 12 de diciembre de 2012, fecha en la que de manera insólita se presentaron en su oficina personeros de la empresa, Lic. Daniel Aguilar Cabrera con un Asesor, quienes cerrando la puerta le dijeron que debía firmar su carta de renuncia a su cargo, sorprendido por la decisión, les preguntó el por qué, recibiendo como respuesta que necesitaban renovar personal, ante su negativa permanecieron por casi tres horas, no le permitieron usar el teléfono para llamar a su esposa, no comprendía la decisión, porque nunca recibió una llamada de atención, más bien recibió un reconocimiento de la Gerencia General, pero ellos le dijeron que si no firmaba la nota “vaciarían todo el código penal”, para perjudicarle y no pagarle sus beneficios sociales, en esa circunstancia al final tuvo que firmar la nota, pero después acudió al Ministerio de Trabajo y presentó una denuncia escrita, que se derivó al Inspector de El Alto, quien emitió las citaciones para el 27 de diciembre de 2013, compareciendo el Gerente de Recursos Humanos Lic. Antonio Sarda Bueno, quien a tiempo de reconocer que no fue correcto lo que hicieron con su persona, le pidió que comprendiera que necesitaban renovar gente y le propuso su reincorporación por 5 meses y que no había más posibilidades, que lo piense, porque ellos tenían contactos en el Ministerio del Trabajo para diluir su caso, respondiendo, dijo, que esperaría los resultados de la audiencia, que debía efectuarse esa misma tarde, pero el Inspector de Trabajo, ya no quería atender la denuncia, haciéndose evidente la amenaza vertida, por lo que, al amparo de los arts. 46.I.2, 48.I,II,III de la CPE, 4 y 12 de la Ley General del Trabajo (LGT), 10.I y III, 11.I del Decreto Supremo (DS)  Nº 28699, solicita que en sentencia se declare probada su demanda y se ordene su reincorporación con el reconocimiento de sus salarios devengados y demás derechos colaterales, más costas.

Admitida la demanda en toda forma de derecho mediante providencia de fs. 9, se corrió traslado a PIL ANDINA S.A. para que a través de su representante legal y en el plazo previsto por el art. 124 del CPT, responda la acción observando lo dispuesto por los arts. 136 y 137 del adjetivo laboral.

La empresa demandada acreditando su personería por el Testimonio de Poder Notarial Nº 162/2013, adjuntando las literales de fs. 17 a 46, por escrito de fs. 47 a 48, formuló excepción previa de imprecisión en la demanda y respondió en forma negativa la acción, señalando que la relación laboral concluyó por renuncia voluntaria del actor el 12 de diciembre de 2012, aceptada por la empresa, se convocó al actor para el pago de sus beneficios sociales, sin embargo se vieron sorprendidos con la presentación de una citación por reincorporación a través de la Jefatura Departamental del Trabajo de la ciudad de El Alto, que concluyó con el Informe del Inspector que declaró improcedente el supuesto despido injustificado, solicitando se declare improbada la demanda.

Acto seguido, se tramitó la excepción previa propuesta, declarada improbada por Resolución Nº 014/2013 de fs. 55, notificada a las partes, no fue objeto de impugnación dentro del plazo previsto por ley, declarándose ejecutoriada por Auto de fs. 60 de obrados.

Los antecedentes expuestos, nos permiten vislumbrar que la presente causa se sustenta en dilucidar si la desvinculación laboral del demandante fue por renuncia voluntaria o por despido injustificado, para lo cual es de vital importancia señalar que, el derecho al trabajo se encuentra protegido por los principios y normas jurídicas que tienen por objeto la tutela del trabajo humano, así la Constitución Política del Estado, como norma jurídica fundamental, consagra el derecho al trabajo y al empleo, en su Título II, Capítulo V, Sección III, estableciendo como una obligación del Estado la protección del ejercicio del trabajo en cualquiera de sus formas, prohibiendo los despidos y toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución, normando el art. 48, que: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, lo que guarda plena concordancia con lo dispuesto por el art. 4 de la LGT y el art. 3.g) del CPT, que reconocen la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, por constituir estos la base del orden social y económico del Estado Plurinacional.

El art. 49.III, determina: “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinara las sanciones correspondientes”. De esto se colige que la estabilidad laboral denota, solidez, firmeza, consistencia y continuidad, por tanto es la base de la vida económica del trabajador y su familia.

Respecto al proteccionismo estatal, Guillermo Cabanellas de Torres, sostiene: “Se delinea el derecho al trabajo como el que tiene todo individuo, en relación al Estado, para que éste le facilite o provea, en caso de crisis o falta de actividad laboral productiva (…). Así el derecho al trabajo no sólo se correlaciona con el deber y la función social del trabajo, sino que deriva de otros derechos, como el de la propia subsistencia y el del mantenimiento familiar”.

En ese mismo sentido, el Convenio C-158 de la Organización Internacional del Trabajo “Sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador”, en su art. 4, establece que: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”. Por otra parte, este Convenio en su art. 8, establece el derecho del trabajador a recurrir ante la autoridad competente cuando considere que la terminación de su relación de trabajo es injustificada.

En el marco de lo expuesto, con relación al derecho al trabajo, estable, continuo y en caso de producirse un despido injustificado, el art. 10.I del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, prevé que cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación. El parágrafo III de la misma norma, señala que en caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social impondrá multa por infracción a leyes sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio antes referido.

El art. 11.I del mismo Decreto Supremo, establece que se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias.

El DS Nº 495 de 1 de mayo de 2010, en su art. único, parágrafo II señala:

II.        Se incluyen los Parágrafos IV y V en el Artículo 10 del Decreto Supremo 28699, de 1 de mayo de 2006, con los siguientes textos:

“IV.        La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución.”

“V.        Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”.

Consiguientemente, expuestos los hechos y el marco normativo que protege el derecho al trabajo, la estabilidad laboral y la reincorporación del mismo, en el caso de autos se establece que el demandante ingresó a trabajar a PIL CORDEPAZ, el 3 de mayo de 1988 y a partir de febrero de 1997 pasó a trabajar en PIL ANDINA hasta el 12 de diciembre de 2012, según fs. 87, acumulando una antigüedad de 15 años, 10 meses y 10 días, continuidad y estabilidad laboral que fue interrumpida el 12 de diciembre de 2012 por la empresa empleadora, toda vez que lo ocurrido esa fecha no condice con las características de una decisión voluntaria de hacer dejación del cargo por renuncia voluntaria y queda sin efecto porque vulnera los principios señalados precedentemente, pues desde el principio se advierte la resistencia del trabajador para firmar la renuncia elaborada por el empleador, situación que es corroborada por las declaraciones testificales de cargo Aurelio Adolfo Espinoza López y Ricardo Ictiandro Villarroel Roca, el primero señaló que el 12 de diciembre de 2012, el ahora demandante salió de la empresa a las tres de la tarde y le dijo a su esposa que fue obligado a firmar su renuncia, bajo amenaza de hacerle proceso y el segundo en lo más sobresaliente refirió que en fecha 12 de diciembre de 2012 de manera imprevista la empresa sacó varias cartas de renuncia para que sean firmadas por trabajadores de distintas áreas, siendo por lo menos retirados esa fecha 14 personas. Aseveración que guarda relación y coherencia con los finiquitos de fs. 93 a 109, que registran la causal de la conclusión laboral de 9 personas, el 12 de diciembre de 2012, por “renuncia voluntaria”, elementos de prueba de cargo y descargo, que tienen todo el valor legal, pero que no fueron valorados correctamente por los de grado en su conjunto, conforme art. 158 y 3.j) y al art. 169 del CPT, que señala que en materia laboral el juez no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la prueba y por tanto formará libremente su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informa la crítica de la prueba, atendiendo las circunstancias que resaltan por su relevancia dentro del proceso así como la conducta procesal observada por las partes. Además de ello, no fueron desvirtuados por la parte empleadora lo sostenido por el demandante, conforme al principio de inversión de la prueba previsto en el art. 66 y 150 del CPT, por el contrario en un acto de arbitrariedad se consolidaron las amenazas vertidas en el primer momento en la oficina del Trabajo de El Alto, el Jefe de Recursos Humanos Carlos Mauricio Morales, negando su actuar del 12 de diciembre, refirió que iniciará proceso penal contra el trabajador. Por su parte Richard Nelson Villca en representación de PIL ANDINA S.A., que ante la existencia de la carta de denuncia para solicitar la reincorporación, dijo que perdieron la confianza y no lo reincorporará, conforme sale del Informe de fs. 91. Estas expresiones son totalmente vulneradoras del derecho del trabajador, provocada e iniciada por la arbitrariedad, arrogancia y en total desconocimiento de las normas constitucionales y laborales que son de cumplimiento obligatorio por toda autoridad de todas las instituciones públicas y privadas.

Bajo estos fundamentos, se concluye que tanto la juez a quo como el tribunal ad quem al denegar la reincorporación demandada, infringieron las normas que rigen la materia y no valoraron correctamente las pruebas de cargo y descargo aportadas al proceso, conforme acusa el recurrente, vulnerando los principios de estabilidad, continuidad y primacía de la realidad, el trabajador nunca tuvo una llamada de atención, trabajó más de 15 años, fue reconocido por realizar su trabajo con profesionalismo, responsabilidad y compromiso con la empresa, tampoco tomaron en cuenta que el despido del trabajador, no solo afecta al involucrado, no solo se vulnera el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y la vida misma de la persona, ya que a través de esa decisión unilateral y arbitraria, se afecta también al grupo familiar que depende del trabajador o trabajadora e implícitamente se atenta contra la subsistencia de los hijos o dependientes, de ahí que el derecho al trabajo constituye un valor humano, una necesidad social y un medio de auto realización y desarrollo de la personalidad humana, constituyéndose en uno de los principales derechos humanos de toda persona, en tal virtud comprobado el despido injustificado, corresponde la reincorporación del demandante al mismo puesto que desempeñaba, con el consiguiente pago de todos los salarios devengados y de todos los demás derechos que le fue privado durante el tiempo de su alejamiento del cargo, hasta el día de su efectiva reincorporación, se insta además a la empresa sujetar su decisiones a las normas constitucionales, laborales y así evitar ser pasible a responsabilidad que emergen precisamente de sus erróneas determinaciones.

Consiguientemente, corresponde resolver el presente caso, conforme disponen los arts. 271.4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso presente por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad conferida por el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), CASA el Auto de Vista recurrido Nº 155/2014 de fs. 139 y deliberando en el fondo, declara probada la demanda de fs. 6 a 7, con el consiguiente reconocimiento del pago de sueldos devengados en favor del actor Walter Exalto Velasco Mamani y el pago de los derechos que por ley le pudieran corresponder desde el momento de su despido hasta la fecha en que se produzca su efectiva reincorporación, con la condición de que se efectué previo juramento de ley en el Juzgado de Primera Instancia por parte del actor, de no haber percibido remuneración alguna por otro trabajo prestado en ninguna entidad Estatal, desde el momento de su destitución; bajo su responsabilidad para el caso de demostrarse lo contrario.

En cumplimiento del art. 41 de la LOJ de 24 de junio de 2010, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 2537/2012 de 14 de diciembre de 2012, no se convoca a un tercer Magistrado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.