SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 190/2015.

Sucre, 01 de julio de 2015.    

Expediente: SSA.II-LP.03/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 430 a 436, interpuesto por José Luis Campero Villalba, en representación legal del Sindicato de Trabajadores de Caminos Vecinales, contra el Auto de Vista Nº 85/14 de 18 de agosto de 2014, cursante de fs. 427 a 428, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso social de demanda de pago de beneficios sociales, seguido por Heriberto Huanca Mamani y otros contra Proyecto de Caminos Vecinales representado legalmente por Víctor Hugo Torrez Fernández, el auto de fs. 439 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, José        Luis Campero Villalba, como apoderado legal del Sindicato de Trabajadores de Caminos Vecinales, demandó pago de beneficios sociales, contra del Proyecto de Caminos Vecinales de fs. 63 a 76, subsanada a fs. 78, tramitado el proceso laboral, el Juez Cuarto de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 57/11 de 17 de junio de 2011 cursante de fs. 176 a 177, declarando improbada la demanda principal y sin lugar a las pretensiones contenidas en la misma.

Que, en grado de apelación promovida por José Luis Campero Villalba, en representación del Sindicato de Trabajadores de Caminos Vecinales (fs. 180 a 182), la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en cumplimiento al Auto Supremo Nº 526 de 29 de agosto de 2013 (fs. 418 a 420,) emitió el Auto de Vista Nº 85/14 de 18 de agosto de 2014 de fs. 427 a 428, confirmando la Sentencia Nº 57/2011 de 17 de junio de fs. 176 a 177 de obrados. Sin costas.

Dicho fallo motivó interponer recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 430 a 436, por el Sindicato de Trabajadores de Caminos Vecinales en base a los fundamentos que se sintetiza a continuación:

En el recurso de casación en la forma, denunció:

El recurrente indica que se vulnero el debido proceso como mecanismo de protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales dentro de un proceso administrativa y judicial, en su elemento de la motivación de las resoluciones, lo que significa que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, a fin que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales; así lo ha entendido en varios fallos el Tribunal Constitucional en las Sentencias SC Nº 1728/2010-R de 25 de octubre, ratificando el entendimiento asumido en la SC Nº 0752/2002-R de 25 de junio entre otras.

En el recurso de casación en el fondo, denunció:

1.- La legalidad de la organización sindical de los trabajadores del proyecto de caminos vecinales.- De los antecedentes se tiene que en ninguna de la etapas procesales y menos en el periodo de prueba, la entidad demandada no presento impugnación en la vía administrativa o judicial contra la Resolución Suprema Nº 226718, que reconoce la personería jurídica de la organización sindical de los actores; como tampoco, ha ofrecido y/o producido en calidad de prueba documental alguna impugnación en la vía administrativa contra la Resolución Ministerial que reconoce la Directiva Sindical, respecto a la legalidad del Sindicato de Trabajadores de Caminos Vecinales, en franca inobservancia de lo determinado por el parágrafo III del art. 48 y 51 parágrafos del I al VI de la Constitución Política del Estado (CPE).

2.- En cuanto al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. Manifestó que, el auto de vista no hace referencia a la Ley Nº 3613, que incorpora a los trabajadores de los Servicios Prefecturales de Caminos a la Ley General del Trabajo, que en base al principio constitucional de igual salario a igual trabajo, y el de prohibición a la discriminación, se tiene una limitación perjudicial, al demostrarse con prueba que se efectuó en las provincias yungueñas, trabajo análogo efectuado por el SEDCAM, al extremo de utilizar los mismos campamentos.

3.- Equivocada consideración de declaración testifical como prueba de cargo.- Señala que, en el núm. 1.2 del punto I referido a las pruebas de cargo, hace alusión a una supuesta prueba testifical de Juana Larcón de Quenta, que revisado el memorial de ofrecimiento de prueba, en ningún momento se ha solicitado la declaración de dicho testigo, por lo cual no debe considerarse como tal, más aun cuando se hace referencia a un acta de fs. 83, donde corre la caratula del anexo 1.

4.- Correspondencia del incremento salarial.- Denunció que el tribunal ad quem, en el auto de vista fundamentó que los actores por su calidad de funcionarios públicos, no les correspondería los incrementos salariales de las gestiones 2007, 2008 y 2009, extremo que no fue probado por la parte demandada, ya que los salarios que perciben los trabajadores de caminos vecinales, está determinado por las papeletas de pago mensuales, que no son provenientes del Tesoro General de la Nación.

5.- Corresponde bono de antigüedad.- Finalmente denuncia la carencia de fundamento legal conforme lo determina el inc. a) del art. 202 del Código Procesal del Trabajo (CPT), por el hecho de ser supuestamente funcionario público, no tuvieran derecho al bono de antigüedad, sin considerar que este derecho está reconocido para todo funcionario del sector público o privado.

Concluye solicitando se conceda el recurso de casación en la forma y en el fondo, a fin de que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista Nº 85/14 de 18 de agosto de 2014, deliberando en el fondo declare probada la demandada en todos sus términos.

CONSIDERANDO II:

I.- Resolviendo el recurso de casación en la forma, de la lectura del auto de vista, se evidencia que la entidad recurrente, según el contenido del recurso de casación en la forma, se basó en la vulneración del debido proceso en su elemento de motivación al emitir el auto de vista.

En la especie, de los datos del proceso se evidencia que no es cierto la vulneración denunciada, toda vez que, de la lectura al Considerando II del auto de vista recurrido, se puede advertir que se dio respuesta a todos y cada uno de los puntos reclamados en apelación, en base a los fundamentos de agravios sobre el fondo de la causa interpuesto por el representante legal del Sindicato de Trabajadores de Caminos Vecinales; al contrario, el reclamo en casación carece de veracidad y legalidad, invocando argumentos que no tienen ningún asidero legal ni decantan en la vulneración de derecho o garantía constitucional alguna; porque el auto de vista hoy recurrido de casación en la forma, sí cumplió con el debido proceso en su elemento de motivación fundamentación y congruencia, en estricta aplicación de justicia, al haber cumplido los requisitos establecidos en las disposiciones legales en vigencia, toda vez que la resolución recayó sobre todos los extremos litigados debidamente fundamentados en la parte considerativa y resolutiva, que tiene su respaldo en los motivos y fundamentos por los cuales arribó a dicha determinación, resolviendo todos los puntos reclamados en apelación, lo que demuestra que es falsa la vulneración al debido proceso en su elemento de motivación.

De todo lo expuesto, con relación a las afirmaciones realizadas en el recurso de casación en la forma, éstas carecen de sustento legal; sujetándose el auto de vista a las normas en vigencia, no observándose vulneración de norma legal alguna que sean objeto de nulidad, al contrario existió correcta valoración, interpretación y aplicación de la ley; por lo que se pasa a resolver el recurso de casación en el fondo.

II.- Resolviendo el recurso de casación en el fondo.

1.- El recurrente señala como primer punto controversial la legalidad de la Organización Sindical de los trabajadores del Proyecto Caminos Vecinales, personería jurídica reconocida mediante Resolución Suprema Nº 226718; sobre este el reclamo el art. 104 de la Ley General del Trabajo (LGT) señala: “no podrán organizarse sindicalmente los funcionarios públicos, cualquier sea su categoría y condición”.

En ese sentido, el Decreto Supremo (DS) Nº 08270 de fecha 21 de febrero de 1968, estableció el convenio internacional financiado por USAID entre el Estado de Bolivia y los Estados Unidos de Norteamérica, actualmente transferidos al Viceministerio de desarrollo alternativo, hoy Viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral, en el cual se brindaba asistencia técnica y económica al Proyecto Caminos Vecinales para la realización de obras, con contratos de prestación de servicios cursantes de fs. 262 a 346 del anexo 2, regulado por la Ley Nº 2027 (Estatuto del Funcionario Público) y la Ley Nº 1178 (Ley de Control y Fiscalización Gubernamental), por las características antes descrita los actores tienen el estatus de funcionario público y no están regido por la ley General del Trabajo, reconocerle algún tipo de organización sindical en favor de los demandantes vulneraria el art. 410 de la CPE.

2.- En el segundo agravio los recurrentes manifestaron que, el auto de vista no hace referencia a la Ley Nº 3613, que incorpora a los trabajadores de los Servicios Prefecturales de Caminos a la Ley General del Trabajo; al respecto, la presente ley incorpora a la Ley General del Trabajo a los trabajadores de los Servicios Departamental de Caminos dependiente de las Prefecturas de Departamentos hoy Gobernaciones, sin embargo esta disposición legal no comprende al Proyecto Caminos Vecinales, por ser una entidad de derecho público y no están sujeta a la Ley General del Trabajo; en merito a ello de fs. 158 a 162 cursa el Auto Supremo Nº 161 de 30 de julio 2009.

3.- Respecto a la equivocada consideración de declaración testifical como prueba de cargo; de la revisión del expediente se colige que, no es evidente lo denunciado, toda vez que el tribunal de segundo grado, al constituir órgano judicial de conocimiento y no así de puro derecho como es el tribunal de casación, tiene la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada durante la tramitación del proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa, si en el texto del memorial de la apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna; en caso de autos, el tribunal de segunda instancia ya resolvió el agravio traído a casación en el punto 4) del auto de vista, porque el juez no está sometido a una tarifa legal de la prueba, sino que formó su convencimiento en función a los arts. 3.j) y 158 del CPT.

4.- Con referencia al incremento salarial de las gestiones 2007, 2008 y 2009, al respecto los DS Nº 29109, 29458 y 0013, establecen incrementos salariales del sector público; sin embargo, tales incrementos son dispuestos para los Servicios Departamentales de Educación y de Salud y otros sectores como el Personal Docente y Administrativo del Magisterio, Fuerzas Armadas del Estado y Policía Boliviana; sectores en los que no se encuentran enmarcados el Proyecto de Caminos Vecinales, por su naturaleza de contratación de prestación de servicios en favor del Estado, remitiéndose a las reglas y condiciones establecidas en el contrato mismo.

5.- Finalmente denunció carencia de fundamento legal para negar el bono de antigüedad conforme lo determina el inc. a) del art. 202 del CPT; En el caso de análisis se establece que, el art. 58 del DS Nº 21060, reconocen los bonos de producción, antigüedad y el de subsidio de frontera, concordante con el art. 9 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985; en cuanto al bono de antigüedad si bien es cierto es un derecho consolidado en favor del trabajador, de igual manera no corresponde el pago del mismo, por la naturaleza del contrato de prestación de servicio suscrito entre los actores y el Proyecto de Caminos Vecinales, por su característica eventual, sujeto a las condiciones establecido en las cláusulas del contrato; conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establecen como un principio procesal a dicha verdad material, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

En conclusión, de los datos del recurso de casación se colige que, cuando en el recurso de casación se exponen denuncias relacionadas con la apreciación de la prueba, es obligación del recurrente precisar si los tribunales de instancia incurrieron en errores de hecho o de derecho en el ejercicio de su atribución valorativa, sólo en esta circunstancia se abre la competencia de este Tribunal para realizar nueva compulsa de la misma, lo que no ocurre en el caso de autos.

En virtud a lo expresado se concluye que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en la forma y en el fondo, por lo que corresponde dar aplicación a la disposición contenida en el art. 271.2) con relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil, en cumplimiento de la norma remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional Boliviano, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y el fondo de fs. 430 a 436. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.