SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 188/2015.

Sucre, 01 de julio de 2015.    

Expediente: SC-CA.SAII-OR.01/2015.

Distrito: Oruro.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 161 a 164, interpuesto por la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representado legalmente por Verónica J. Sandy Tapia contra el Auto de Vista Nº 96/2014 de 17 de octubre de fs. 154 a 158 de obrados, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justica de Oruro, dentro del proceso Contencioso Tributario seguido por Hilda Carvajal Rueda contra la Institución recurrente, la respuesta de fs. 167 a 169, el auto de fs. 170 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso contencioso tributario, el Juez de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Oruro, pronunció la Sentencia Nº 010/2014 de 2 de junio de 2014 de fs. 118 a 126, declarando probada la demanda Contenciosa Tributaria interpuesta por Hilda Carvajal Rueda contra la Gerencia Distrital de Oruro, del Servicio de Impuestos Nacionales, disponiendo la nulidad sin reposición de la Resolución Determinativa Nº 17-00471-12 de 31 de octubre de 2012, determinando la validez de las seis facturas observadas, con los números 1157, 550, 1171, 1175, 71402, 100801 y la suma total que corresponde a cada una de ellas, insertas a fs. 46, 47, 48, 50, 52 y 54 de obrados, otorgando el respectivo crédito fiscal a favor de la contribuyente Hilda Carvajal Rueda, sea dentro los periodos fiscales determinados de julio, agosto y septiembre de 2010. Asimismo, dejó sin efecto la sanción de UFVs.1.500.-, impuesto por el incumplimiento de deberes formales por entrega parcial de la información y documentación requerida por la fiscalización del SIN, prevista en el subnumeral 4.1 del Anexo Consolidado A de la RND Nº 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, toda vez que no corresponde exigir otros medios de pago por compras menores a UFVs.50.000.-, conforme previene el art. 37 del Decreto Supremo (DS) Nº 27310.

En grado de apelación, formulado por la Gerente Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales Oruro, Verónica Jeannine Sandy Tapia de fs. 129 a 133, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Oruro, por Auto de Vista Nº 96/2014 de 17 de octubre de 2014, confirmó totalmente la Sentencia Nº 010/2014 de 2 de junio de 2014.

El referido fallo, motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 161 a 164, interpuesto por la Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representado por Verónica J. Sandy Tapia, con base en los siguientes agravios.

Que el auto de vista al confirmar la sentencia incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas e infringió el art. 11 y el num. 4.1 de la RND Nº 10-0037-07, los arts. 162 y 169.I del Código Tributario (CTB) (Ley Nº 2492) impidiendo el cobro de las sanciones establecidas por la Administración Tributaria, por falta de dosificación de las facturas y por incumplimiento de los deberes formales por la contribuyente Hilda Carvajal Rueda, establecida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos (no entregó los medios de pago de las facturas observadas de los periodos julio, agosto y septiembre de 2010), contraviniendo el art. 70.6 y 8 de la Ley Nº 2492 y el art. 8 de la Ley Nº 843, art. 8 del DS Nº 21530, numeral 2), parágrafo 1) del art. 41 de la RND Nº 10-0016-07, sancionado tal incumplimiento con UFVs.1.500.- (mil quinientas unidades de fomento a la vivienda), depuración realizada sobre base cierta de acuerdo a lo establecido en el parágrafo I del art. 43 de la Ley Nº 2492, en base a la información extraída del SIRAT y a las declaraciones presentadas por la contribuyente, estableciendo la base imponible de Bs.53.222,00.- generando un Tributo Omitido de Bs.6.919,00.- por los periodos señalados, denominándose comúnmente las facturas como falsas o chutas, por carecer de legalidad.

Concluyó solicitando a este Tribunal Supremo de Justicia, case el auto impugnado y revoque la Sentencia Nº 010/2014 de 02 junio de 2014, por ende declare firme y subsistente la Resolución Determinativa 17-00471-12 de 31 de octubre de 2012.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, con relación a los datos del auto de vista recurrido, de los antecedentes del proceso, se establece lo siguiente:

Con relación a la depuración de las 6 facturas por falta de dosificación, corresponde señalar que el sistema de dosificación de facturas, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0016.07 en su art. 15 establece que la dosificación es “el procedimiento de carácter obligatorio a ser aplicado en cualquier modalidad de facturación, a través de la cual la Administración Tributaria que autoriza al sujeto pasivo o tercero responsable, por tiempo o por cantidad para su posterior emisión”.

Por su parte, el numeral 2, parágrafo I, art. 41 de la RND Nº 10-0016-07, señala que la validez de las facturas o notas fiscales deben haber sido debidamente dosificadas por la Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de autorización (las negrillas son nuestras).

En ese sentido, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que normativamente se disponga en las leyes y Resoluciones Administrativas referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, que sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según corresponda, y además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción.

En el marco normativo descrito, del análisis de los antecedentes del proceso, se advierte que la Administración Tributaria dentro de los actos de verificación interna, del análisis y valoración de los documentos contables presentados por la contribuyente Hilda Carvajal Rueda y los obtenidos del SIRAT-2, mediante informe CITE: IN/GDO/DF/VI/INF/271/2012 de 3 de agosto de 2012, sobre base cierta, estableció que las facturas registradas, presentadas y declaradas por la contribuyente Hilda Carvajal Rueda, correspondiente a los periodos de julio, agosto y septiembre de 2010, no cumplían con el art. 41.II.2) de la RND Nº 10.0016.07; vale decir, que no se encontraban debidamente dosificadas por la Administración Tributaria, dando lugar a la depuración e inválidas para beneficiarse del crédito fiscal-IVA por los periodos determinados, estableciendo el monto de la base imponible por impuesto omitido de Bs.6.919,00.

Posteriormente el departamento de fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales, Oruro, emitió la Vista de Cargo de fecha 3 de agosto de 2012, sobre base cierta, declarando la depuración de las facturas observadas y su invalidez para crédito fiscal IVA de los periodos determinados, estableciendo la base imponible de Bs.53.222,00.- por impuesto omitido.

Asimismo, determinó una sanción por incumplimiento a deberes formales por falta de presentación de información y documentación de UFVs.11.227,00.- por sanción de contravención tributaria, tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago.

Finalmente vencido el plazo establecido en la Vista de Cargo, pronunció la Resolución Determinativa Nº 17-00471-12 de 31 de octubre de 2012, ratificando las sanciones impuestas por incumplimiento de deberes formales, ilícito tributario de omisión de pago, intereses y multa del 100% sobre el tributo omitido, reflejando por estas conductas una deuda tributaria de Bs.20.534.-, por concepto de tributo omitido, intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y multa del 100% por omisión de pago.

De lo anterior, se tiente que la Resolución Determinativa Nº 17-00471-12 de 31 de octubre de 2012, se sustenta en la depuración de las facturas Nos. 1167, 550, 1171, 1175, 71402 y 100801, correspondiente a los periodos julio, agosto y septiembre de 2010, cursantes de fs. 46, 47, 48, 50, 52 y 54 por falta de dosificación y por tanto no cumplían con los requisitos de validez, por tanto no sujetas al derecho de crédito fiscal para la contribuyente, contraviniendo lo dispuesto por el art. 8 de la Ley Nº 843, art. 8 del DS Nº 21530 y el art. 41.2) de la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10.0016.07.

A ese efecto, corresponde señalar que para la dosificación de facturas, el contribuyente debe seguir el procedimiento ante la Administración Tributaria, obteniendo la autorización para la elaboración de las facturas del sujeto pasivo, para que la imprenta autorizada proceda a la impresión de las mismas, tomando en cuenta la dosificación y el rango señalado.

De este trámite, se colige que en el proceso de obtención de los talonarios de facturas, no intervino la compradora, que posteriormente realizó la transacción comercial, consecuentemente si las facturas no cumplían con los requisitos formales de validez legal por falta de dosificación, no es atribuible a la contribuyente que presentó la factura, por disposición del art. 41.V de la RND Nº 10.0016.07, que señala que la factura que no cuente con los datos establecidos por la propia norma, no pierden la validez del crédito fiscal, manteniendo su valor y por tanto, en consecuencia tampoco surge la existencia de incumplimiento de deberes formales como alega la entidad recurrente, correspondiendo en consecuencia investigar a los sujetos que intervinieron en proceso de dosificación y no empezar de manera directa con la contribuyente que realizó una transacción en el marco del principio de buena fe, que presupone la existencia de relaciones recíprocas con transcendencia jurídica, por el que los particulares y las autoridades públicas deben ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían operarse de una “persona correcta”, otorgando la confianza, seguridad y credibilidad a la palabra dada, con la seguridad que cualquier transacción que se realiza el comprador, cree que el vendedor emite una factura que consigna datos correctos válidos y legales, de donde resulta ilógico y por tanto carente de todo fundamento legal la decisión de la Administración Tributaria de atribuir la falta de dosificación de las facturas a la contribuyente Hilda Carvajal Rueda, privándole del derecho de descargar el Impuesto al Valor Agregado, sin tomar en cuenta que la ahora demandante al realizar la transacción contenida en las facturas originales fue destinataria del documento y no emisora, menos la encargada de controlar si la factura era legal y válida, por lo que mal podría imputársele el ilícito tributario, decisión que vulnera la norma señalada supra y lo dispuesto por el art. 15 y siguientes del Capítulo III del procedimiento de facturación, de la RND Nº 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, que dispone la autorización de dosificación al sujeto pasivo titular del talonario y no a quien las va a recibir, describiendo el procedimiento de dosificación que debe seguir el sujeto pasivo o tercero responsable o un apoderado que este registrado en el Padrón Nacional de Contribuyente, sin participar en ningún momento el contribuyente receptor que puede estar o no registrado en el padrón mencionado. Por su parte, a ese mismo efecto el art. 39 de la RND Nº 10.0016.07 señala que se debe establecer responsabilidades de la ilegal dosificación, a la imprenta y al emisor de las facturas, toda vez que una vez autorizado la dosificación de facturas por la administración Tributaria, quienes deben observar las formalidades y cerciorarse que las mismas sean impresas correctamente y en ningún caso cargar al futuro comprador o receptor de la factura o nota fiscal respectiva.

De estos fundamentos, se concluye que la Administración Tributaria no realizó una correcta interpretación de las normas citadas y descritas precedentemente, pues toda factura contiene el número de autorización que otorga la Administración Tributaria, el número de factura y el NIT del emisor de la factura, presumiéndose por el comprador que esos datos son válidos, no todo comprador conoce los detalles tributarios, para verificar datos técnicos como es la falta de dosificación o si la factura esta fuera de rango, lo que deviene en una exigencia arbitraria y extrema para el comprador, fuera de todo marco legal, peor todavía cuando no se demostró que las facturas observadas fueron clonadas o falsas a través de un fallo judicial, conclusión de la Administración Tributaria, carente de todo fundamento legal, debiendo por tanto probarse ante la instancia judicial y autoridad competente, por el principio de inocencia y porque la responsabilidad penal es intuito personae, “personalísima”, por tanto no se puede actuar a la ligereza, estableciendo adeudos tributarios a la receptora pasiva de las facturas, que en su caso también será tomada en cuenta en la investigación.

De los fundamentos expuestos, se concluye que el tribunal ad quem al confirmar la sentencia, realizó un correcto análisis de los antecedentes del proceso, en observancia y cumplimiento de las normas legales que regulan la materia, disponiendo que no corresponde la deuda tributaria, como tampoco la sanción por incumplimiento de deberes formales, bajo el fundamento y análisis de que el argumento de falta de dosificación de la factura, base para la depuración ocurrió con anterioridad a la transacción realizada por la contribuyente, careciendo por tanto de sustento legal los argumentos de la institución recurrente expuestos en el recurso de casación.

Por lo expuesto, corresponde resolver el presente caso de acuerdo a lo previsto a lo dispuesto por los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 214 y 297.II de la Ley Nº 1340 y 74.2 del CTB.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 161 a 164. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1170.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.