SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 182/2015.

Sucre, 18 de junio de 2015.    

Expediente: SSA.II-TJA.568/2014.

Distrito: Tarija.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 151 a 152, interpuesto por Alejandro Gallardo Baldiviezo, en representación de la empresa Tarijeña de Gas (EMTAGAS) contra el Auto de Vista Nº 233/2014 de 27 de octubre, cursante de fs. 145 a 149, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso laboral, seguido por Arminda Mirtha Rocha Dolz de Nallar contra la empresa recurrente, la respuesta de fs. 155 a 156, el auto de fs. 157 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Bermejo, pronunció Sentencia el 29 de agosto de 2011, cursante de fs. 111 a 113 donde:

1.- Declara probada en parte la demanda de derechos laborales y beneficios sociales, sin costas (art. 39 Ley Safco), debiendo cancelar la parte demandada a la actora la suma de Bs.26.346.-; sin costas.

2.- Haber lugar a la multa del 30% a determinarse en ejecución de sentencia.

3.- Declara improbada la excepción de prescripción por interrupción.

Que, en grado de apelación de fs. 117 a 118 promovida por la empresa demandada EMTAGAS, representando legalmente por Carlos Eduardo Villena Tezanos Pinto, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, con la concurrencia del Dr. Adolfo Nilo Velasco Albornoz- Vocal de la Sala Mixta “Primera” en lo Civil, Comercial- en suplencia legal, por excusa legal de la Vocal titular de esta Sala Dra. Heidy Haydee Calderón Pérez, emitió el Auto de Vista Nº 233/2014 de 27 de octubre de fs. 145 a 149, donde resuelve:

1.- Confirma parcialmente, la sentencia apelada que cursa de fs. 111 a 113, con las siguientes modificaciones, debiendo cancelar la suma de Bs.20.740,95.

2.- Con imposición de la multa del 30% art. 9.II del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, hasta el monto impago de los beneficios sociales y derechos laborales conforme se destroza en la presente resolución.

3.- Sin constas, conforme prevé el Par. 2) del art. 237 del CPC, y en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 151 a 153, interpuesto por la empresa recurrente, en base a los fundamentos que se sintetizan a continuación:

1.- La empresa demandada refiere que el tribunal ad quem, al confirmar parcialmente la Sentencia de 29 de agosto de 2011, incurrió en inobservancia de las disposiciones contenidas en el art. 3 del Decreto Supremo Nº 20060 de 20 de febrero de 1984 y en la Resolución Ministerial Nº 632 del Ministerio de Hacienda de 07 de diciembre de 2007, puesto que su fundamento inmerso en el considerando IV.2, bono de antigüedad en favor de la actora, al haber presentado supuestamente a EMTAGAS el 6 de octubre de 2006, el Certificado de Calificación de Años de Servicios, el cual se encuentra a fs. 18, no conteniendo ningún cargo de recepción por ningún funcionario de EMTAGAS, que pueda argumentar su presentación, siendo el certificado de calificación de años de servicios el único documento oficial y valido a nivel nacional, que acredita el tiempo de servicios prestados por los servidores públicos de conformidad al art. 3 de la Resolución Ministerial Nº 632 del Ministerio de Hacienda de fecha 07 de diciembre de 2007.

2.- también denunció que en cuanto a la excepción de prescripción se determinó que el tiempo que transcurrió desde que ceso la relación laboral a la interposición de la demanda es de tres años; es decir desde el 28 de febrero de 2008 hasta el 28 de marzo de 2011, según el art. 120 de la Ley General del Trabajo, las acciones y derechos proveniente de esta Ley, se extinguirán en un término de dos años de haber nacido de ellas. Los argumentos expuestos en el Auto de Vista objeto de casación hace referencia al art. 126 del Código Procesal del Trabajo, haciendo relación a una nota enviada por la actora reclamando sus derechos, pero en este punto existe una mala interpretación de la Ley, ya que el articulo antes mencionado nos relaciona a que se debe presentar una demanda, es decir, no una simple nota o carta es una demanda, que tiene que cumplir requisitos formales, según determina el art. 117 del CPT, todo ello concordante con el art. 327 del CPC.

Concluyó solicitando se conceda el recurso de casación en el fondo, a fin de que el Tribunal Supremo de Justicia, case en parte el Auto de Vista recurrido conforme lo dispone el inciso 4) del art. 271 del CPC.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, analizando su contenido en base a los antecedentes del proceso, se tiene lo siguiente: que la controversia versa sobre el reconocimiento del bono de antigüedad en favor de la actora; y la excepción de prescripción, señalando que la presente casusa se encuentra prescrita ya que la demanda fue presentada después de tres años de la desvinculación laboral, de conformidad a los arts. 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Reglamento.

1.- De la revisión de antecedentes se tiene que dicha acusación no es evidente, toda vez que a fs. 18, repetida en original a fs. 109, se adjunta el certificado de años de servicios de fecha 15 de septiembre de 2003, expedido por el señor Carlos Vilar Laguna, representante de Relaciones Industriales y Administrativo de Personal de Recurso Humanos ENTEL S.A., de fecha 30/07/2003, con 11 años y 8 meses de antigüedad, la misma que fuera presentada a la empresa de Gas EMTAGAS en fecha 06 de octubre de 2006, según confesión ampliatoria de la actora cursantes a fs. 110, habiendo solicitado al Administrador Luis Vilca que se tome en cuenta para el pago de su antigüedad quien le manifestó que no le correspondía porque era contratada, por lo que finalmente no se tomó en cuenta la calificación de los años de servicios presentada oportunamente a EMTAGAS.

Bajo estos antecedentes, se advierte que en cuanto al pago del bono de antigüedad, se establece que este pago es viable debido a que la empresa de Gas EMTAGAS, al establecer el promedio indemnizable de Bs.1.800.-, según consta en el finiquito cursante en obrados de fs. 56 a 57, pago efectuado en favor de la actora, donde se colige que el haber básico no se incluyó el bono de antigüedad, en los comprobantes de contabilidad cursantes de fs. 58 a 59, refrendados por el finiquito; de las pruebas antes referidas se tiene que el bono de antigüedad no ha sido cancelado por la empresa demandada, siendo correcta la determinación asumida por el tribunal ad quem, al reconocer este derecho a la actora, no siendo evidente lo manifestado por el recurrente, por lo tanto deviene de infundado.

2.- Que el art. 164.II de la Constitución Política del Estado, señala que: “La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia”; asimismo, el art. 123 dispone: La Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores…”

En ese sentido, se advierte que la aplicabilidad de la Ley opera a partir de su publicación; sin embargo, en la materia que hace al presente caso, es susceptible de su retroactividad ante la determinación expresa de la norma.

A ello, si bien lo determinado por el art. 48.IV de la Constitución Política del Estado dispone que: “Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”; debe tomarse en cuenta que dicha normativa no hace alusión a su aplicación retroactiva, teniendo efectos a partir de su publicación; es decir, desde el 7 de febrero de 2009.

En la especie, se observa por el propio memorial de demanda de fs. 20 a 22, la actora reclamó haber trabajado desde el 19 de mayo de 2006 hasta el 29 de febrero de 2008, es decir 1 años 9 meses y 9 días, habiendo presentando dicha demanda reclamando el pago de beneficios sociales el 28 de marzo de 2011; de tal forma, conforme al art. 120 de la Ley General del Trabajo, que dispone: “las acciones y derechos provenientes de esta Ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido de ellas”; en relación con el art. 163 de su Reglamento; plazo de la prescripción que fuera interrumpidos, por la presentación de reclamos verbales y escrito realizados por la actora quien manifestó en su confesión ampliatoria de fs. 110, que presento dos reclamos a la empresa demandada para el pago de sus beneficios sociales, aclarando que primero se realizó un finiquito por Bs.5.000.-, luego de pasar mucho tiempo le practicaron un segundo finiquito de fecha 23/03/2010 de fs. 63 a 64 por Bs.6.025,44.- los cuales si bien fueron pagados por la empresa empleadora, más no se realizó conforme a las normas laborales que rigen la materia según la liquidación del Auto de Vista traído a casación.

En este marco, de los datos del proceso se colige que, el cómputo de los dos años establecidos en los arts. 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Reglamento, fueron interrumpidos por la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, así como ante beneficios sociales y derechos laborales posteriores a dicha fecha, es aplicable la imprescriptibilidad determinada    en    el    art.    48.IV   de   la   Constitución    Política   del   Estado,


entendimiento asumido en la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo de Justicia en los Autos Supremos Nos. 85 y 224 de 10 de abril y 3 de julio de 2012 respectivamente, entre otros.

En virtud a lo expresado, se concluye que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, por lo que corresponde dar aplicación a la disposición contenida en los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la permisión de la norma remisiva del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional Boliviano, con la facultad conferida por los artículos 184. I de la Constitución Política del Estado y 42. I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 151 a 153.

Sin costas, de conformidad al art. 39 Ley Nº 1178 (SAFCO) de 20 de julio de 1990 y 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de junio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.