SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 180/2015.

Sucre, 18 de junio de 2015.    

Expediente: SSA.II-SCZ.566/2014.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 621 a 629, interpuesto por la Sociedad Comercial KIMBERLY Bolivia S.A., representada por David Añez Ali, contra el Auto de Vista Nº 141 de 21 de mayo de 2013 cursante de fs. 518 a 520, y Auto Complementario Nº 77 de 28 de marzo de 2014 de fs. 601 de negativa de aclaración, emitidos por la Sala Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral seguido por Viviana María Porras Suarez, contra la empresa recurrente, la respuesta de fs. 756 a 773, los autos de fs. 727 y 784 que conceden el recurso; los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 29/2010 el 07 de octubre de 2010 de fs. 425 a 429, declarando probada la demanda, con costas, mas no en la cuantía demandada, conforme a los datos del proceso, por haberse demostrado que la trabajadora fue despedida de su fuente laboral cuando se encontraba en estado de gestación, gozando de inamovilidad funcionaria otorgada por la protección que brinda la Ley Nº 975 de 02 de marzo de 1988, y el Convenio Nº 103 de la O.I.T., sobre protección de la maternidad correspondiéndole el pago de los beneficios sociales demandados, en base a los puntos de hechos probados, la suma de Bs.78.480,00.- con actualización de UFV y multa del 30% sobre el total liquidado a calcular en ejecución de sentencia, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 28699 del 1 de mayo de 2006.

En grado de apelación deducida por Rodrigo Giovanny Rojo Jiménez representante de la Empresa demandada (fs. 436 a 443), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en cumplimiento al Auto Supremo Nº 125 de 26 de 2013 (fs. 510 a 513) pronuncio el Auto de Vista Nº 141 de 21 de mayo de 2013 de fs. 518 a 520, confirmando en todas sus partes la Sentencia Nº 29/2010 cursante a fs. 425 a 429. Con costas. Luego a solicitud de la Sociedad Comercial demandada por memorial de fs. 600, la misma Sala pronuncia el Auto Complementario Nº 77 de 28 de marzo de 2014 (fs. 601), declarando no haber lugar a la aclaración solicitada.

Dichos fallos motivaron el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por David Añez Ali, en representación de la Empresa Comercial KIMBERLY Bolivia S.A., que tramitado en cumplimiento del Auto Supremo Nº 10/2014 de 1 de octubre (fs. 720 a 721), expresa los fundamentos expuestos en el memorial de fs. 621 a 629, en el que acusó lo siguiente:

I.- En el recurso de casación en la forma, se denuncia que en el segundo considerando del auto de vista recurrido, se mencionaron los agravios expuestos y fundamentados, empero en el tercer considerando de dicho fallo el tribunal de alzada no se pronunció sobre los mismos en forma concreta y específica, especialmente el hecho que, el tribunal ad quem usurpó funciones de la Jefatura de Trabajo dependiente del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, para realizar las inspecciones en las empresas y verificar las condiciones de trabajo, al declarar ilegalmente la transformación de un contrato a plazo fijo en un contrato a plazo indefinido y sobre el pago de sueldos a la demandante sin que la misma hubiera trabajado. Esta omisión fue reclamada mediante memorial de fs. 600, la misma que fue negada bajo el fundamento de la vigencia anticipada de los art. 89 y 95 del Código Procesal Civil, que no contemplan el recurso de aclaración complementación y enmienda, y que el plazo según el art. 239 del Código de Procedimiento Civil, corre a momento a momento, declarando la solicitud de complementación fuera del plazo señalado por ley.

II.- En el recurso de casación en el fondo, expresa los siguientes reclamos:

1.- Denuncia la Violación del art. 24 de la Constitución Política del Estado, de los arts. 90 y 236 del Código de Procedimiento Civil y art. 252 del Código Procesal del Trabajo, en el entendido que, en el tercer considerando el tribunal de alzada omite pronunciarse sobre los agravios expuesto en el recurso de apelación de fs. 436 a 443, especialmente en cuanto a la usurpación de las funciones de las Jefaturas de Trabajo dependiente del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social para declarar la transformación de un contrato a plazo fijo en un contrato a plazo indefinido y al pago de sueldos a la demandante sin que la misma hubiese trabajado.

2.- Indebida aplicación y violación del inciso d) del art. 3 de la Ley de 18 de marzo de 1926, en el art. 1 de la Ley de 12 de febrero de 1927, de los arts. 2 y 5 del Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979 y de los arts. 3.j), 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo.- En los apartados segundo, tercero, cuarto y quinto del tercer considerando, el tribunal de apelación declara que el contrato de trabajo de fs. 1 a 3 tiene carácter indefinido, lo que es ilegal, falso y extemporáneo, porque el juez a quo ni el tribunal de ad quem, no citaron las disposiciones legales que les faculte a declarar el carácter indefinido de un contrato a plazo fijo.

3.- Indebida aplicación de la Ley 975 de 2 de mayo de 1988.- Expresa que dicha disposición no señala que la mujer embarazada que ya no trabaja para su ex trabajador, por haber concluido su contrato de trabajo a plazo fijo, goce de inamovilidad y menos deba percibir el pago de remuneración o salario y subsidio sin trabajar, ya que la Ley 975 de 2 de mayo de 1988, no es aplicable a los contratos a plazo fijo, conforme estableció la uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al efecto cita las Sentencias Constitucionales 0522/2006-R de 1 de junio de 2006, 0947/2006-R de 26 de septiembre de 2006, 0494/2007-R de 13 de junio de 2007, y la Sentencia Constitucional 0771/2010-R de 2 de agosto de 2010.

4.- Violación del art. 203 de la Constitución Política del Estado, de los arts. 4 y 44 de la Ley del Tribunal Constitucional, del art. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, y del parágrafo II del art. 15 del Código Procesal Constitucional.- El hecho que, tribunal de apelación debió aplicar la Sentencia Constitucional 0771/2010 de 2 de agosto de 2010, según la Ley Nº 975 no es aplicable al contrato a plazo fijo, que por mandato de los arts. 4 y 44 de la Ley Nº 1836 de 1 de abril de 1998, las Sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y obligatorias para los poderes públicos, entre ellos el Poder Judicial.

5.- Violación del inc. 1 del parágrafo I del art. 46 de la Constitución Política del Estado y el art. 52 de la Ley General del Trabajo.- Por haber confirmado la sentencias el tribunal de alzada, al ordenar el pago de salarios devengados sin que la ex trabajadora preste sus servicios personales, al estar extinguido el contrato de trabajo a plazo fijo.

6.- Acusó indebida aplicación de los parágrafos I y IV del art. 48 de la Constitución Política del Estado y el convenio 103 de la O.I.T., y de los arts. 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo.- porque ninguna de las normas aludidas, establecen el pago de sueldos, ni subsidio de lactancia a favor de la trabajadora en periodos de gestación, sin que esta preste servicios en favor de su empleador, cuando ya concluyo el contrato pactado a plazo fijo.

7.- Vulneración del art. 12 de la Ley General del Trabajo y aplicación indebida de los arts. 19 y 29 de la misma ley.- Al haberse extinguido la relación laboral con la actora por el cumplimiento de su contrato a plazo fijo, es totalmente indebido aplicación de los arts. 19 y 20 de la Ley General del Trabajo, que regulan el pago del desahucio e indemnización cuando existe despido intempestivo, el mismo que no existió en el caso de autos.

8.- Finalmente denunció error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas.- Señalando que el tribunal ad quem, no ha considerado que la actividad de la Sociedad es industrial y no la contabilidad, y que el cargo de analista contable no forma parte de las labores propias de la empresa, conforme establece la cláusula segunda de la Escritura de Constitución cursante de fs. 68 a 69, documento público que hace plena prueba conforme a lo establecido por el art. 159 del Código Procesal del Trabajo; tampoco el tribunal de apelación consideró la confesión judicial espontanea de la demandante, que reconoció haber sido contratada a plazo fijo, prueba que hace plena fe en su contra por mandato de los arts. 403, 404.II, y 409 del Código de Procedimiento Civil con relación al art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

Concluye solicitando se conceda el recurso de casación en la forma y en el fondo, a fin de que el Tribunal Supremo de Justicia, anule los autos recurridos hasta el vicio más antiguo, o en su defecto en caso de no anular, case el auto de vista recurrido, declarando improbada la demanda en cuanto a los beneficios sociales, declarando probada la excepciones.

CONSIDERANDO II: Resolviendo el recurso de casación en la forma, que, se sustenta, en el entendido que el tribunal ad quem, no concedió la solicitud de aclaraciones de fs. 600, por haber sido interpuesto fuera del plazo, de conformidad al art. 239 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el término establecido para la interposición de este recurso corre de momento a momento, y el mismo fue presentado de forma extemporánea.

En la especie, el tribunal ad quem, al emitir el Auto de Vista Nº 77 de 28 de marzo de 2014, negando la solicitud de aclaraciones solicitada por la empresa demandada KIMBERLY Bolivia S.A., porque fue interpuesto fuera del plazo fatal e improrrogable de 24 horas previsto por el art. 239 del Código de Procedimiento Civil; en efecto, la empresa recurrente fue notificada con el Auto de Vista Nº 141 de 21 mayo de 2013 de fs. 518 a 520, y auto de 16 de diciembre de 2013 a fs. 554, el 26 de marzo de 2014 a horas 11:40 según notificación que corre a fs. 599; formulando la solicitud de aclaración el 27 de marzo de 2014 a horas 18:21, según demuestra el timbre electrónico de presentación de fs. 600.

En ese marco normativo la aplicación de la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, Vigencia Anticipada del Código Procesal Civil, sobre la aclaración y complementación señalada en el art. 239 del Código Adjetivo Civil, no están regulados por esta normativa ya que no es un recurso ordinario señalado en el art. 214 del Código de Procedimiento Civil, y su computo de plazo es por hora y corre de momento a momento; ahora bien en el entendido del art. 239 del Código de Procedimiento Civil, sobre el computo de momento a momento, la empresa recurrente debió plantear la solicitud de aclaración hasta el 27 de marzo de 2014 a horas 11:40, es decir, tiempo en el que se cumplía el plazo fatal e improrrogable de 24 horas, y no de forma extemporánea como se planteó en este proceso.

De todo lo expuesto, con relación a las afirmaciones realizadas en el recurso de casación en la forma, éstas carecen de sustento legal; al contrario el auto de vista está sujeto a las normas en vigencia, no observándose vulneración de norma legal alguna que sean objeto de nulidad, por cuanto existió correcta valoración, interpretación y aplicación de la ley; en todo caso para la procedencia de la nulidad deben concurrir algunos principios que rigen y deben ser observados entre estos los principios de especificidad, trascendencia, protección y de convalidación; los que no concurren en el caso presente; por consiguiente, al no estar justificada ninguna causal de nulidad, se pasa a considerar la casación en el fondo.

2.- En cuanto al recurso de casación en el fondo, se establece lo siguiente:

En cuanto a los puntos denunciado por la empresa demandante, de que el tribunal ad quem no consideró las pruebas de descargo que demostraron que la demandante no fue dependiente regular o permanente de la empresa Kimberly Bolivia S.A., por lo que no es aplicable el art. 12 de la Ley General del Trabajo, como tampoco el principio de primacía de realidad, dado que el carácter y naturaleza de la prestación de servicios era de carácter definido y no contrato indefinido; al respecto cabe señalar que, de la revisión de antecedentes procesales, se evidencia que el punto central de la controversia de la presente litis, es determinar si existió o no relación laboral de carácter indefinido y el derecho de inamovilidad laboral por estar la actora en periodo de gestación.

Que, para resolver las acusaciones vertidas por la empresa recurrente es necesario previamente utilizar uno de los principios más relevantes del Derecho del Trabajo, cual es el de “primacía de la realidad”; toda vez que conforme tiene establecido este Tribunal Supremo, no es suficiente la existencia de un contrato, sino las consideraciones sobre la efectiva prestación del servicio, por lo que el juzgador en la formación racional de sus convicciones, además de ponderar la verdad formal de las probanzas, debe escudriñar en todos los aspectos circunscritos a esa verdad formal, para encontrar, en definitiva, la verdad material de los hechos, sobre la que aplicará el derecho; es decir que, debe primar el principio de la primacía de la realidad, por cuanto, en lo que concierne al tema materia de análisis, no toda prestación de un servicio personal traduce siempre una relación de dependencia laboral o por cuenta ajena, sometida a la regulación especial de la Ley General del Trabajo y, viceversa, no todo lo que se identifica formalmente como relación definida, en los hechos, se presenta de ese modo.

Que, el principio de la primacía de la realidad importa que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos suscritos entre las partes, debe otorgarse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Así, en virtud de este principio laboral, aun cuando exista un contrato-formalizado por escrito a plazo fijo, lo que determina la naturaleza de una relación contractual entre las partes es la forma como en la práctica se ejecuta dicho contrato, preeminencia de la realidad sobre lo estipulado en el contrato.

Para estos efectos, es preciso señalar que los contratos a plazo fijo, se realizan en forma transitoria, sujeto al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato pero sin llegar a una situación de dependencia jurídica frente a quien lo contrata, que entre otras características de la prestación de servicios no subordinada, el contratado no está sujeto a horario alguno y realiza sus labores a su real saber y entender, es decir, sin seguir normas o directrices emanadas de su comitente, mucho menos puede ser pasible de sanciones disciplinarias por parte del empleador, debiendo considerar también que un aspecto típico de estos contratos es la prestación ejecutada de forma eventual y no exclusiva, es decir, los contratos a plazo fijo son temporales en tanto permiten cubrir necesidades eventuales o accidentales, o dicho de otro modo, son de suma utilidad en tanto permiten atender requerimientos coyunturales del contratante.

Ahora bien con relación al contrato de trabajo, el art. 1 del Decreto Supremo Nº 23570, establece tres elementos esenciales de la relación laboral: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador; b) la prestación de trabajo por cuenta ajena y c) la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación.

En este contexto, si bien en los hechos se estipuló un contrato a plazo fijo entre la actora y la empresa recurrente, haciendo constar expresamente en el contrato de fs. 1 a 3; sin embargo, analizando las condiciones y características del trabajo realizado por la demandante, como fue de Analista Contable, aplicando el principio de primacía de la realidad anteriormente glosado, se advierte de manera irrefutable la existencia de elementos propios de una relación laboral, descritos en la cláusula segunda del referido contrato, desempeñando sus funciones conforme las obligaciones inherente al cargo designado, las instrucciones que reciba de sus superiores y conforme al Manual y Reglamento de la empresa, percibiendo pago mensual establecido en la cláusula quinta por la contraprestación del trabajo de Bs.4.770.-. Al respecto, el Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, dispone en su artículo segundo que no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo. Tampoco está permitido contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa, en caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato por tiempo indefinido.

En ese marco normativo, de los antecedentes descritos precedentemente, se advierte que la actora si bien suscribió un contrato a plazo, empero en los hechos cumplió funciones propias al giro de la empresa como Analista Contable, de donde se tiene que el contrato se tornó en indefinido en observancia y cumplimiento a las disposiciones citadas supra. Además de ello, se tiene en cuenta que la actora al cumplimiento de la cesación de sus funciones, se encontraba en estado de gestación, consecuentemente gozaba de inamovilidad laboral, conforme lo determina el art. 48.VI de la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 975 del 2 de marzo de 1988, y el art. 2 del Decreto Supremo Nº 0012/2009 de 19 de febrero de 2009, al concluir la relación laboral por cumplimiento del contrato a plazo fijo se estaría disponiendo un despido intempestivo, pasible al reconocimiento de benéficos sociales y colaterales desde el primer día de la relación laboral.

En la especie, al haberse celebrado este tipo de contrato para trabajos propios y permanentes de la empresa, siendo que el mismo está sujeta a prohibición expresa establecida por ley e implica tacita reconducción, también es aplicable la estabilidad laboral; empero a este efecto es el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la Dirección General del Trabajo, Jefaturas Departamentales y Regionales, competentes para la verificación del tipo de contrato antes del visado correspondiente en cumplimiento a la RA Nº 650/007 de 27 de abril de 2007, advirtiéndose de la compulsa de antecedentes elementos característicos de laboralidad, es decir, como fue manifestado en el auto de vista, al principio con el giro propio de la empresa demandada como reiteradamente hace mención, sin embargo dicha actividad no fue temporal al convertirse en actividad propia y permanente de la empresa demandada, indicando la existencia de servicios que constituyen las necesidades permanentes de la empresa y por lo tanto de la existencia de una relación de trabajo, resultando evidente que la empresa demandada, ha intentado a través de la suscripción de contratos a plazo fijo, ocultar el verdadero contrato de trabajo, por evitar el pago de beneficios sociales, en franca violación a lo impuesto por los arts. 162 de la Constitución Política del Estado (1967) y 4 de la Ley General del Trabajo, que de manera clara y precisa prescriben: "los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos", y art. 48.I y II de la Constitución Política del Estado en actual vigencia (2009) que dispone: "...Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio... Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral…. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias que tiendan a burlar sus efectos. Así como lo dispuesto por el art. 5 del Decreto Supremo Nº 28699 que establece: “Cualquier forma de contrato civil o comercial que tienda a encubrir la relación laboral, como acontece en este caso, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente", por lo que el auto de vista al confirmar la resolución de primera instancia no incurrió en vulneración alguna, correspondiendo que la empresa demandante pague los beneficios sociales en favor de la demandante, y otros derechos al momento de su retiro.

Sobre el agravio traído a casación sobre error de hecho y de derecho en la apreciación, de la revisión del expediente se colige que, no es evidente lo denunciado, toda vez que, los tribunales de apelación, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todo los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada durante la tramitación del proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa, si en el texto del memorial de la apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna; en caso de autos, el tribunal de segunda instancia ya resolvió el agravio traído a casación en el auto de vista recurrido.

Al respecto, debe tenerse presente que, los derechos sociales reconocidos a los trabajadores son irrenunciables, siendo deber del Estado a través de la jurisdicción laboral, brindarles la tutela efectiva conforme a los principios proteccionistas que rigen y sustentan la legislación laboral, más aún al tratarse de beneficios sociales, no pudiendo demorar su pago fuera de los plazos establecidos por ley. Por lo expuesto precedentemente, corresponde el pago de los derechos reclamados a favor de la demandante, conforme y acertadamente determinaron los de instancia en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, de acuerdo a lo previsto en los arts. 3.j) y 158 del Código Procesal del Trabajo.

A ello se añade que el objeto del proceso laboral es la protección de los derechos del trabajador cuya irrenunciabilidad consagra el art. 48.I y II de la actual Constitución Política del Estado, en ese entendido, el auto de vista recurrido se pronunció sobre los aspectos reclamados de manera acertada; por una parte y, por otra, en base a la prueba idónea cursante en obrados, donde se acreditó la relación de la demandante con la empresa recurrente; en consecuencia el tribunal ad quem, emitió su resolución a la apelación, conforme dispone el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, resolviendo el fondo de la causa en estricta sujeción a las disposiciones laborales en vigencia.

En virtud a lo expresado se concluye que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso casación en la forma y en el fondo, por lo que corresponde dar aplicación a la disposición contenida en el art. 271.2) con relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil, en cumplimiento de la norma remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional Boliviano, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 621 a 629. Con costas.

Se regula los honorarios profesionales del abogado en la suma de Bs.500.- que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.