SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 165/2015.

Sucre, 18 de junio de 2015.    

Expediente: SSA.II-LP.551/2014.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación o nulidad de fs. 161 a 162, interpuesto por Román Justo Guaqui Condori a través de su representante Santos F. Limachi Flores contra el Auto de Vista Nº 111/2014 de 17 de junio, cursante de fs. 155 a 157, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior de Justicia de La Paz, en el proceso laboral seguido por el recurrente contra el Servicio Departamental de Caminos de La Paz “SEDCAM”, la respuesta de fs. 164, el auto de fs. 166 que concedió el recurso, los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la causa, la Juez de Partido Sexto de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia Nº 278/2011 de 1 de noviembre, cursante de fs. 102 a 107, declarando probada en parte la demanda; disponiendo que la entidad demandada cancele la suma de Bs.7.099,82.- a favor del actor Román Justo Guaqui Condori, por concepto de vacación, aguinaldo, multa del 30%, más actualización conforme a ley.

Que, en grado de apelación interpuesto por el SEDCAM La Paz a través de su representante Jorge Oblitas Ortiz, cursante de fs. 122 a 123; así como la apelación interpuesta por Román Justo Guaqui Condori, cursante de fs. 126 a 127, la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 111/2014 de 17 de junio, cursante de fs. 155 a 157, resolvió confirmar en parte la sentencia apelada, con la modificación conforme a la liquidación inserta en dicha resolución.

Contra la resolución de segunda instancia, Román Justo Guaqui Condori a través de su representante Santos Fermin Limachi Flores, por memorial de fs. 161 a 162 planteó recurso de casación o nulidad expresando en síntesis lo siguiente:

1.- Que el tribunal de alzada, al pronunciar el auto de vista recurrido, en lo referente a las vacaciones, sostuvo que el cálculo efectuado no corresponde al otorgado en sentencia, ya que solo reconoce al actor de la vacación de la gestión 2009, el monto de Bs.1.967,5.- y de la gestión 2010 la suma de Bs.1.109,45.- totalizando Bs.3.076,95.-, a tenor de lo dispuesto por el art. 44 de la Ley General del Trabajo (LGT).

2.- Asimismo el auto de vista, haciendo mención a la apelación formulada por la actora, infiriéndose que se refiere al actor, señaló que, las literales que cursan de fs. 56 a 60, presentadas por la parte demandada en calidad de prueba de descargo, acreditan que el actor habría incumplido con las labores encomendadas que corresponden al ejercicio de su cargo como Profesional II-Abogado, al no haber proporcionado servicios con exclusividad a la entidad demandada.

3.- De otro lado, refiriendo a la valoración de la prueba de descargo que cursan de fs. 56 a 60, señaló que, si bien no cumple lo dispuesto por el art. 1311 del Código Civil (CC), sin embargo al haber sido ofrecidas por la parte demandada en vigencia del término probatorio, fueron admitidas y valorados en sentencia, siendo que por imperio del citado artículo, la reproducción mecánica o fotográfica para merecer fe y tener el valor legal deben estar autenticadas por el funcionario tenedor del original y otorgada por orden judicial o autoridad competente, por lo que dichas fotocopias, no reúnen con los requisitos extrañados.

4.- Asimismo, con el fundamento del anterior punto, acusa que, el tribunal de alzada ha incurrido en la violación del art. 1311.I del CC.

5.- Que el auto de vista ha vulnerado el art. 13 de la LGT, al permitir que la sentencia de primer grado sustente su decisión sólo en fotocopias simples que cursan de fs. 56 a 60, sobre los que basó su decisión el tribunal de alzada para negar el pago de desahucio e indemnización reclamado.

6.- Así también ha infringido el art. 48.III de la Constitución Política del Estado (CPE), en relación al art. 4 de la LGT, referido a que los derechos y beneficios reconocidos en favor las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.

7.- Por otra parte sostuvo que, la Sentencia Nº 278/2011, determinó que el SEDCAM proceda a cancelar el monto de Bs.7.099,82.-, por concepto de vacación, aguinaldo y la multa de 30%, sin embargo el tribunal ad quem, al emitir el auto de vista modificó el monto por dichos conceptos reduciendo a la suma de Bs.6.271,26.-; en ese sentido, vulneró al principio reformatio in peius.

Concluyó solicitando, al Tribunal Supremo de Justicia casar el auto de vista y deliberando en el fondo se declare probada la demanda, con el reconocimiento de los derechos de indemnización por tiempo de servicios y desahucio.

A su vez, SEDCAM La Paz, a través de su representante, responde en base a los fundamentos expresados en el memorial de fs. 164, solicitando se tome en cuenta lo expresado en dicho memorial.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, se pasa a considerar el mismo, de donde se establece lo siguiente:

En cuanto a que el tribunal de alzada rebajó el monto asignado en sentencia por concepto de vacación y la vulneración del principio reformatio in peius denunciado en los puntos uno y siete, al guardar conexitud entre ambos, se resuelve de manera conjunta.

En esencia, el recurrente se limita a describir el fundamento del segundo considerando del auto de vista, sin especificar de qué manera el tribunal hubiere realizado un cálculo incorrecto al efectuar deducciones en la liquidación referente a las vacaciones, que permitan una debida fundamentación.

Sin embargo de aquello, es menester señalar que, el tribunal de alzada pronunció el auto de vista, confirmando en parte la sentencia, con la modificación de la liquidación referida a las vacaciones, en la que estableció que el cálculo efectuado no corresponde al otorgado en sentencia, reduciendo de Bs.3.714,3.- fijado por la juez a quo, a Bs.3.076,95.-, en cuya liquidación reconoce al actor la vacación de la gestión 2009 y duodécimas de la gestión 2010, y aplicando la operación SPI/30 x días, estableció que le corresponde por la gestión 2009 el monto de Bs.1.967,5.- y por la gestión 2010 la suma de Bs.1.109,45.-, totalizando el monto de Bs.3076,95.- por concepto de vacación al tenor de lo previsto por el art. 44 de la LGT.

En la especie, se advierte que el tribunal ad quem efectuó correctamente el cálculo del concepto por vacación adeudados al actor, no evidenciándose ninguna deducción o cálculo incorrecto que hubiese generado una confusión innecesaria, como acuso sin ningún sustento válido la parte recurrente; mucho más, cuando de su parte en la demanda de fs. 7, presenta liquidación donde consta que, por concepto de vacaciones de la gestión 2009-15 días, le corresponde la suma de Bs.1.967,49.- y por la gestión 2010- duodécimas-8 días, la suma de Bs.1.049,33.-totalizando el monto de Bs.3.016,82.-, que es un monto incluso menor al fijado en el auto de vista, de lo que resulta una deslealtad procesal al afirmar que el tribunal ad quem hubiere realizado un cálculo incorrecto al efectuar deducciones en la liquidación referente a las vacaciones.

Asimismo, es menester señalar que, si bien existe la prohibición de la reformatio in peius, como garantía procesal para el apelante, cuando, tras un recurso de apelación o de casación, el tribunal encargado de dictar una nueva sentencia resuelve la causa empeorando los términos en que fue dictada la primera sentencia para el recurrente; sin embargo, suele ser muy habitual que sean ambas partes las que pueden recurrir al tribunal, en cuyo caso el tribunal podrá mejorar o empeorar la resolución, sujetándose a las peticiones de las partes.

En ese contexto, los antecedentes del proceso, demuestran que el tribunal de alzada pronunció el auto de vista, confirmando en parte la sentencia, con la modificación de la liquidación; arribando a esa determinación en base a los fundamentos expuestos en el único considerando donde, entre otros, se refiere a las vacaciones, al aguinaldo y a la multa del 30%, que fueron invocados por la parte demandada en el memorial de apelación de fs. 122 a 123; es decir, circunscribió la resolución precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación, conforme a la expresión de agravios que imponen los arts. 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, dando cuenta de las razones que justifican dicho entendimiento; estos hechos permiten comprender razonablemente que, no es evidente que la resolución recurrida hubiera vulnerado el principio reformatio in peius, por cuanto la contraparte, en este caso, la entidad demandada impugnó también la resolución de primera instancia, consiguientemente, la modificación de la liquidación cuestionada, es precisamente como efecto de los agravios que han sido resueltos.

Sobre las denuncias en los puntos dos, tres, cuatro y cinco, al estar relacionados respecto a la cuestión de fondo que fue reclamada, referida a que el auto de vista, estaría validando aspectos contra lo establecido por el art. 1311.I del CC, permitiendo así que la sentencia de primer grado sustente su decisión sólo en fotocopias simples que cursan de fs. 56 a 60, sobre los que basó su decisión el tribunal de alzada para negar el pago de desahucio e indemnización reclamado, violando el art. 13 de la LGT, ya que según afirma el demandante, habría sido despedido de manera intempestiva, aspecto que motivó al actor a iniciar la acción.

En esencia, es menester señalar que, el trabajador tiene el derecho de conservar su empleo durante su vida laboral, esta protección encuentra su fundamento en que la estabilidad de la relación laboral, da seguridad y confianza al trabajador al permitirle continuar con su trabajo que le genera un salario para la satisfacción de sus necesidades familiares, al mismo tiempo beneficia a la parte empleadora porque contribuye al mayor rendimiento del trabajador como resultado de su experiencia laboral; finalmente beneficia a la sociedad mejorando el bienestar social, ya que la inestabilidad en el trabajo crea problemas sociales colaterales como la desocupación, pobreza, delincuencia y otros.

Este principio, de estabilidad laboral, expresa la necesidad social de atribuirle una larga duración a las relaciones de trabajo y de proteger al trabajador contra el despido arbitrario e injustificado por parte del empleador, resguardando uno de los derechos fundamentales del trabajador cual es el derecho al trabajo. Sin embargo, existen causas legales que justifican su despido, en nuestra legislación incluso causales que justifican el despido sin derecho a desahucio o indemnización como las establecidas en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario.

En el caso de autos, del examen de los antecedentes que informan al proceso, se observa que los juzgadores de instancia, con la facultad privativa de la libre valoración de la prueba aportada al proceso, que es incensurable en casación, sobre todo en base a la literal de fs. 56 a 60 presentada por el empleador conforme al principio de "inversión de la prueba" establecido por los arts. 3.h, 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), corroborado por la confesión presunta del demandante, que pese a su notificación legal, no concurrió a la audiencia fijada mediante proveído de fs. 63, según se evidencia del acta de suspensión de fs. 65, con el efecto que le atribuye el art. 166 segunda parte del CPT dándose por averiguados los puntos propuestos en el interrogatorio de fs. 101, establecieron que, el demandante incumplió las obligaciones que le encomendaron, como fue la elaboración de memoriales, informes, realizar seguimiento y revisión de procesos laborales, penales, civiles y otros, asistencia a audiencias y toda actividad judicial por instrucción del asesor legal, entre otras, en las cuales, el SEDCAM es sujeto procesal, conforme era su obligación establecida en la cláusula octava del contrato de trabajo suscrito entre Román Justo Guaqui Condori y los representantes del SEDCAM La Paz, utilizando al contrario, el horario de trabajo para efectuar patrocinio de casusas ajenas a la institución, que no guardan relación con los encomendados por la institución, prueba que no fue desvirtuada de su parte, no habiendo inclusive asistido el actor al acto de confesión provocada, en desmedro de su derecho a probar lo aseverado en su demanda, razones que resultan suficientes para que los juzgadores de instancia, resuelvan conforme lo hicieron, no siendo argumento válido el hecho que la sentencia se hubiera basado simplemente en las fotocopias simples de fs. 56 a 60, y que las mismas no tendrían el valor legal suficiente de acuerdo al art. 1311 del CC, cuando tal afirmación tampoco resulta evidente, por cuanto este artículo en su párrafo I, si bien exige que las fotocopias de documentos estén debidamente legalizadas para tener validez, sin embargo en su parte in fine dispone la alternativa de que, a falta de dicha acreditación también hará fe "si la parte a quien se oponga no las desconoce expresamente".

Por lo expuesto se colige que, el demandante a momento de ser notificado con el proveído de fs. 63, mediante el cual se pone en su conocimiento la prueba ofrecida por la parte demandada, no observó ni objetó, tampoco se pronunció respecto a la falta de validez de la referida prueba dentro de los tres días siguientes de la notificación, conforme prevé el art. 382 del CPC, aplicable por mandato del art. 252 del CPT; por consiguiente, el juez de primera instancia, conforme a la facultad conferida por el art. 158 de la citada norma adjetiva laboral, no ha tenido menos que otorgarle la validez que reconoce el citado art. 1311.I, porque con su silencio el demandante ha validado y otorgado eficacia jurídica; además que, no existe error de hecho respecto de su apreciación, por lo que no puede el demandante impugnar su validez ahora para fundamentar un recurso de casación y pretender se case el auto de vista por algo que oportunamente admitió tácitamente.

En consecuencia, se llega a la conclusión que, al actor no le corresponde el pago de los derechos reclamados en su recurso, porque según determina el art. 13 de la LGT, concordante con el art. 8 de su Reglamento, el pago de la indemnización sólo procede cuando el empleado u obrero fue retirado por causal ajena a su voluntad, situación que no se dio en el caso de análisis, conforme acertadamente determinaron los juzgadores de instancia, en base a correcta y adecuada valoración de la prueba, acorde a lo previsto en los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT.

Finalmente, con relación al punto sexto reclamado en el recurso de casación, si bien los derechos de los trabajadores son irrenunciables al tenor de lo previsto por los arts. 48.III y 49. III de la CPE, concordante con el art. 4 de la LGT, no es menos cierto, que estos derechos sólo son reconocidos cuando el trabajador ha sido retirado de manera intempestiva o injustificada, además es necesario aclarar, que así como el Estado protege al trabajador, de igual forma, tutela los derechos de los empleadores, que conforme establecen los arts. 46.2 y 47.1 de la CPE, se encuentran también protegidos por las normas constitucionales, garantizando el ejercicio de su actividad empresarial, industrial y económica.

En ese marco legal, se concluye que el auto de vista se ajusta a las normas legales en vigencia, sin haber incurrido en violación de norma legal alguna, ni en error de hecho, al contrario se advierte que hizo una correcta valoración y apreciación de la prueba que se adjuntó al proceso y una cabal interpretación y aplicación de las normas citadas, correspondiendo en consecuencia resolver el recurso de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación o nulidad de fs. 161 a 162.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.