SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 159/2015.

Sucre, 22 de mayo de 2015.    

Expediente: SSA.II-LP.544/2014.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de nulidad de fs. 71 a 74, interpuesto por la Caja Nacional de Salud, representada por Kelly Diony Quisbert Callisaya, contra el Auto de Vista Nº 142/13 de 23 de diciembre de 2013, cursante a fs. 67, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justica de La Paz, dentro de la solicitud de devolución de gastos efectuados por atención médica, seguido por Gualberta Nina Calizaya, contra la Caja Nacional de Salud, el auto de fs. 81, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite administrativo de devolución de gastos por atención médica, seguido por Gualberta Nina Calizaya de Choque, el Directorio de la Caja Nacional de Salud, emitió la Resolución de Directorio Nº 068/2013, de 18 de abril de 2013 (fs. 53 a 55), en la que resolvió:

Ratificar la Resolución Nº 0255 de 7 de febrero de 2013 cursante a fs. 42 a 44, que declaró improcedente la solicitud de la asegurada Sra. Gualberta Nina Calizaya, sobre reembolso de gastos por atención médica particular otorgada a favor de su hija Jhenny Daniela Choque Nina, en virtud a que no se dio cumplimiento a los arts. 42, 43 y 48 del Reglamento de las Comisiones de Prestaciones de la C.N.S. y Punto 6, inc. d) del Anexo 1 Normas y Procedimiento para Proceder a Reembolsos del Reglamento de las Comisiones de Prestaciones de la C.N.S.

Contra esta determinación, la solicitante interpuso recurso de apelación (fs. 58 a 59), que fue resuelto mediante Auto de Vista Nº 142/13 de 23 de diciembre de 2013, anulando la Resolución Nº 068/2013 de 18 de abril de 2013 cursante a fs. 53 a 55 de antecedentes.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo interpuesto Kelly Diony Quisbert Callisaya, con los fundamentos expuestos en el memorial de fs. 71 a 74 de obrados.

CONSIDERANDO II: Que, con carácter previo y antes de considerar los fundamentos del recurso planteado, cabe señalar que en cumplimiento a lo establecido en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), este Tribunal tiene la facultad de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiese, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, se impone la nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

A su vez el art. 190 del CPC, dispone que: "La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso...", esta norma, de aplicación general, impone además a los tribunales de alzada el deber de observar estos preceptos, ajustando su resolución de segunda instancia y decidiendo la controversia en aplicación del art. 236 del CPC, con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del adjetivo civil

En este contexto, es menester señalar que conforme la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, el recurso de apelación o de alzada, constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal por el que se pretende que un tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba; ello supone una doble instancia donde el tribunal o juez debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada sobre la base del material reunido en primera instancia, puesto que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando en su conjunto la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa si en el texto del memorial de apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna, otorgando a las partes una respuesta razonada y efectiva dentro de los límites que establece el art. 236 del CPC, pues de no ser así, se vulnera la norma de orden público y de cumplimiento obligatorio que tiene como consecuencia la nulidad de obrados, aspecto que impide abrir la competencia de este tribunal, para conocer y resolver el fondo de la causa.

Ahora bien, haciendo el análisis minucioso del auto de vista recurrido, se evidencia que el tribunal ad quem anuló la Resolución Nº 068/2013 de 18 de abril cursante de fs. 53 a 55, limitándose a disponer que se emita una nueva donde se establezca con precisión los argumentos que determinan su fallo, sin emitir un pronunciamiento en términos precisos y positivos, otorgando o negando las pretensiones de la recurrente, planteadas en el recurso de apelación de fs. 58 a 59 de obrados, es decir, si corresponde o no la devolución de los gastos efectuados por la solicitante en la atención de su hija, asegurada en la Caja Nacional de Salud, la cual fue atendida en una institución particular, aspectos que demuestran la omisión del cumplimiento de las normas citadas precedentemente, impidiendo a este tribunal abrir su competencia para analizar el fondo el recurso de casación formulado.

En tal sentido, debe recordarse que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho, tienen la facultad y la obligación de analizar y resolver los fundamentos expuestos en el recurso de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada durante la tramitación del proceso, no pudiendo eludir la resolución de la causa, si en el texto de los memoriales de apelación constan fundamentos y agravios que deben ser dilucidados, resueltos y considerados sin restricción alguna.

En este entendido, correspondía al tribunal de apelación, ingresar a analizar los aspectos de fondo, resolviendo el recurso de apelación planteado, otorgando al recurrente una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el art. 236 del CPC y al no haberlo hecho ha vulnerado una norma de orden público y cumplimiento obligatorio que acarrea la nulidad de obrados, al provocar que se impida abrir la competencia de este Tribunal para emitir pronunciamiento en el fondo, toda vez que no existe aún ninguna resolución sobre los aspectos alegados en el recurso de alzada.

En conclusión, se advierte que el tribunal de segundo grado, no cumplió con las previsiones contenidas en los arts. 190, 192 y 236 del CPC, normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio, conforme instituye el art. 90 del adjetivo civil, cuya inobservancia acarrea la nulidad de oficio.

Por lo expuesto, corresponde aplicar los arts. 252, 271.3) del CPC y 17 de la LOJ, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 66 vta., inclusive, disponiendo que el tribunal ad quem, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, proceda al sorteo de la causa y emita nueva resolución con la pertinencia de los arts. 192 y 236 del CPC.

Sin multa por ser excusable.

Póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del art. 17.IV de la LOJ.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.