SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 146/2015.

Sucre, 12 de mayo de 2015.    

Expediente: SSA.II-CHUQ.531/2014.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs.139 a 141, interpuesto por Efraín Hernando Osorio López, contra el Auto de Vista Nº 611/2014 de 5 de noviembre de 2014, cursante de fs. 134 a 136, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso social por cobro de reliquidación y reintegro de beneficios sociales, seguido por el recurrente contra el Servicio Departamental de Caminos de Chuquisaca (SEDCAM) representado legalmente por José Antonio Lambertin Ruiz, la contestación de fs. 143 a 144, el auto de fs. 145 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de Chuquisaca, pronunció la Sentencia Nº 52/14 de 17 de julio de 2014, cursante de fs. 112 a 115, declarando probada la demanda de reliquidación y reintegro de beneficios sociales, derechos colaterales cursantes de fs. 28 a 31 de obrados; e improbada la excepción perentoria de pago de fs. 51 a 53 vta., sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178. En su mérito, deberá cancelarse a favor del actor la suma de Bs.70.540,15.- menos importe de liquidación pagada de Bs.48.378,21.- haciendo un total a cancelar de Bs.22.161,94, más la multa del 30% que establece el Decreto Supremo Nº 28699 del 1 de mayo de 2006, con relación al monto establecido de Bs.22.161,94.- Que, en grado de apelación de fs. 120 a 122, promovida por la Institución demandada, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista Nº 611/2014 de 05 de noviembre, cursante de fs. 134 a 136, revocó parcialmente la Sentencia Nº 52/14 de 17 de julio de 2014, de fs. 112 a 115, emitida por el Señor Juez Segundo de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la Capital; disponiendo que se debe suprimir el beneficio del desahucio, por no corresponder el pago del mismo a favor del actor, conforme a lo considerado en la presente Resolución; manteniéndose incólume todo lo demás de la sentencia en análisis, sumatoria Bs.51.110,15, menos lo cancelado de Bs.48.378,94.- total a cancelar Bs.2.731,94. Mas la multa delo 30% que establece el art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 del 1 de mayo de 2006, con relación al monto establecido de Bs.2.731,94.

Contra este fallo el actor Efraín Hernando Osorio López, interpone recurso de casación en el fondo de fs. 139 a 141 en base a los fundamentos que se sintetizan a continuación:

1.- Denunció interpretación errónea de los arts. 12 y 13 de la Ley General del Trabajo.-

Sostiene que corresponde el pago del desahucio, en merito; al existir noventa días entre la entrega del memorándum de preaviso y el día en que se consolido la ruptura del vínculo laboral; obviaron considerar que el computo de los 90 días de preaviso fue interrumpida y suspendido productos del memorando de preaviso DIR Nº 03/2013 de 06/03/2013, cursantes de fs. 4 y 5 de obrados, donde se instruye el uso de la vacación del actor, durante la vigencia del preaviso, aspecto este que genero la interrupción y suspensión del cómputo de días de preaviso durante el uso y goce de un derecho adquirido como es el de la vacación, lo que provocó que la desvinculación laboral se haya efectuado y consolidado sin haberse cumplido los 90 días de preaviso que regula el art. 12 y 13 de la Ley General del Trabajo, lo que conlleva a que se deba cancelar el derecho de desahucio, por considerarse que el despido fue intempestivo.

2.- Denuncia Transgresión al parágrafo I del art. 180 de la Constitución Política del Estado e inc.11) del art. 30 de la Ley Orgánica Judicial.-

Con los mismos argumentos hace referencia al memorándum DIR. Nº 03/2013 de 06/03/2013, señalando que de manera arbitraria y unilateral durante el periodo de preaviso se otorgó vacaciones anuales desde el 20 de marzo de 2013, toda vez, que a partir del 6 de febrero de 2013, hasta el 04 de junio de 2013, se prescindiría de sus servicios y por ende se extinguiría la relación laboral, por lo que no se puede conceder preaviso y vacación de manera simultánea mediante un memorando por ser incompatible entre si y mucho menos efectuar el computo del plazo de preaviso cuando el vínculo laboral se encuentra suspendido emergente del uso de vacaciones anuales.

3.- Finalmente denunció transgresión al párrafo II Y III del art. 48 de la Constitución Política del Estado, art. 4 de la Ley General del Trabajo e Inc. g) del art. 3 del Código Procesal del Trabajo.

Finalmente denuncio que el tribunal ad quem, no dio cabal cumplimiento a lo previsto en el párrafo II y III del art. 48 de la Constitución Política del Estado, con relación al art. 4 de la Ley General del trabajo y art. 3 del Código Procesal del Trabajo, ya en el entendimiento del numeral 1 del segundo considerando del auto de vista traído a casación fue emitido transgrediendo el principios protectores del derecho laboral, como el principio in dubio pro operario y principio de irrenunciabilidad; como así la Sentencia Constitucional Nº 0479/2006-R de 19 de mayo de 2006, y Auto Supremo Nº 199 de 26/04/2013 y Auto Supremo Nº 245 de 19/08/2011 emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; sin considerar que el memorando DIR Nº 03/2013 contiene decisiones arbitrarias, unilaterales, incompatible que atentan contra derechos laborales, al pretender que de manera simultánea se efectué el computo de preaviso y uso de vacación.

Concluye solicitando, que se conceda el recurso casación en el fondo, a fin de que el Tribunal Supremo de Justicia, case parcialmente el Auto de Vista Nº 611/2014 de 05 de noviembre, y deliberando en el fondo se sirva disponer el pago del desahucio por haber procedido a un despido intempestivo.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, analizando su contenido en base a los antecedentes del proceso, se tiene lo siguiente:

El recurrente señaló que no se efectuó una correcta interpretación de la norma laboral y Constitucional, en base a los acontecimientos que motivaron el pre-aviso, para la conclusión de la relación laboral, que la misma debió considerarse como despido intempestivo, correspondiendo el reconocimiento y pago del derecho al desahucio.

1.- Al respecto de los datos del proceso se evidencia, que dicha acusación no es evidente, toda vez que de fs. 4 a 5 cursa el Memorando DIR. Nº 03/2013 de fecha 6 de marzo de 2013, sobre el preaviso de ley, donde se comunica al trabajador Efraín Osorio López, que debido a las reiteradas llamadas de atención desde el 15 de febrero de 2007, por incumplimiento a sus funciones, además a la fecha sigue incumpliendo las funciones señaladas en el M.O.F., referente a la aplicación de las normas de control interno. En cuanto a la vacaciones solicitadas por el actor correspondientes a las gestiones 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, efectivizado el pago, quedó un saldo de 29 días, más 8 días que le corresponden por duodécima por las gestión 2013, hace un total de 37 días, conforme consta en el finiquito de fs. 6. A fs. 10 corre la solicitud de vacación por el trabajador, a partir del 20 de marzo de 2013 hasta el 4 de junio de 2013, fecha en la que se cumplió los 90 días de preaviso para la desvinculación del actor con la Institución demandada y no como erradamente manifestó el actor que él no solicitó vacación y que le fueron impuestas por la entidad demandada dentro del periodo del preaviso, de donde se colige que los argumentos del recurrente no tienen sustento legal, toda vez que la institución demandada ha observado y dado cumplimiento a los arts. 12 y 13 de la Ley General del Trabajo.

Sobre el particular, el DS Nº 6813 de 03 de julio de 1964, en su Artículo Único dispone: A partir de la fecha, el preaviso de retiro para obreros será de 90 días, después de 3 meses de trabajo ininterrumpido, al igual que para los empleados”, conforme a lo anterior, el preaviso de ley con 90 días de anticipación se aplica tanto para obreros como para empleados, manteniéndose el plazo del preaviso por parte del trabajador en 30 días, ante cuyo incumplimiento, la parte que omitiere el pre aviso se encontrará en la obligación de abonar una suma equivalente a esos periodos.

2.- Con referencia a la segunda denuncia, en el hecho de que el tribunal ad quem, habría vulnerado el principios de verdad material establecido en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y art. 30.11) de la Ley Orgánica Judicial, de la revisión de obrados se tiene que dicha acusación no es evidente, toda vez que cursa el preaviso de fs. 4 y 5 donde se le hace conocer al trabajador que se prescindirá de sus servicios por incumplimiento en sus funciones; a fs. 6 corre el finiquito donde se le canceló al trabajador la suma de Bs.48.378,21.- por conceptos de benéficos sociales en favor de Efraín Hernando Osorio López, de donde se concluye que el tribunal ad quem, no vulnero el principio de verdad material, sino más bien dio estricto cumplimiento a las normas sociales y constitucionales.

En el caso que nos ocupa, se cumplió con el requisito de preaviso por parte del empleador. Por esta razón no puede haber retiro intempestivo puesto que justamente para eso se otorgó el preaviso de retiro, más aun cuando el mismo cumplió con el plazo de 90 días, no como erradamente manifestó el recurrente que no cumplió con el plazo de los tres meses, por motivo que la Institución demandante emitió el memorando 03/2013 de 06/03/2013, que ordena al actor el uso de las vacaciones durante la vigencia del preaviso, es decir que el trabajador en ningún momento quedo desprotegido o sin el pago de sus beneficios sociales, circunstancia que amerita afirmar que no corresponde el pago del derecho de desahucio, conforme determinó correctamente el tribunal de segunda instancia.

3.- Finalmente con relación a la denuncia de que el tribunal ad quem, habría vulnerado los principios protectores del derechos: principios in dubio pro operario y de irrenunciabilidad, al disponer el no pago del derecho al desahucio por no tratarse de un despido intempestivo, sino que su desvinculación de la Institución demandada se habría realizado mediante el trámite del preaviso dentro del plazo de los 90 días en cumplimiento del art. 12 de la Ley General del Trabajo; en cuanto al incumplimiento del plazo del preaviso por interrupción por el uso de vacaciones, es preciso señalar que este hecho no es evidente, toda vez que como se manifestó anteriormente fue el propio actor que solicitó el uso de vacaciones, y no como erradamente denuncio el demandante, aspecto que ya fueron desvirtuados. De lo que, se concluye que este agravio deviene de infundado.

En todo caso, debe tenerse presente que, los derechos sociales reconocidos a los trabajadores son irrenunciables, siendo deber del Estado a través de la jurisdicción laboral, brindarles la tutela efectiva conforme a los principios proteccionistas que rigen y sustentan la legislación laboral, más aún al tratarse de beneficios sociales, no pudiendo demorar su pago fuera de los plazos establecidos por ley. Por lo expuesto precedentemente, conforme determinó con acierto en el auto de vista, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, de acuerdo a lo previsto en los arts. 3.j) y 158 del Código Procesal del Trabajo.

A ello se añade que el objeto del proceso laboral es la protección de los derechos del trabajador cuya irrenunciabilidad consagra el art. 48.I y II de la actual Constitución Política del Estado, en ese entendido, el auto de vista recurrido se pronunció sobre los aspectos reclamados de manera acertada; por una parte y, por otra, en base a la prueba idónea cursante en obrados, donde se acreditó la relación del actor con la Institución demandada; en consecuencia el tribunal ad quem, emitió su resolución a la apelación, conforme dispone el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, resolviendo el fondo de la causa en estricta sujeción a las disposiciones laborales en vigencia.

En virtud a lo expresado se concluye que, no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso casación en el fondo, por lo que corresponde resolver conforme dispone los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, por permisión de la norma remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional Boliviano, con la facultad conferida por los arts. 184.I de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 139 a 141; con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.