SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 144/2015.

Sucre, 12 de mayo de 2015.    

Expediente: SSA.II-SCZ.529/2014.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 261 a 264, interpuesto por la Caja Nacional de Salud, Regional Santa Cruz, representada por René Teodoro Ardaya Gutiérrez contra el Auto de Vista Nº 202 de 17 de junio de 2014 de fs. 253 a 255, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral seguido por Donald Olmos Becerra contra la Institución recurrente, la respuesta de fs. 267 a 270, el auto de fs. 271 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, sobre reliquidación de beneficios sociales, la Juez de Partido Cuarto del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 108 de 10 de octubre de 2012 de fs. 169 a 172 declarando probada la demanda interpuesta por Donald Olmos Becerra, sin costas, disponiendo que la Caja Nacional de Salud a través de su representante legal, a tercer día pague al actor la suma de Bs.223.246,14.- (doscientos veintitrés mil, doscientos cuarenta y seis 14/100 bolivianos), (deducido el pago a cuenta del finiquito de fs. 8), por concepto de reliquidación de desahucio, indemnización, vacación y multa del 30%.

En grado de apelación formulada por el representante de la institución demandada y por el demandante, por memorial de fs. 192 a 195 y de fs. 203 a 204 respectivamente; la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de la ciudad de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 202 de 17 de junio de fs. 253 a 255, confirmó lo determinado en la Sentencia Nº 108 de fecha 10 de octubre de 2012 cursante de fs. 169 a 172, pronunciada por la Juez Cuarto de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la Capital, sin costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 261 a 264, interpuesto por la Caja Nacional de Salud, Regional Santa Cruz, representada por René Teodoro Ardaya Gutiérrez, con base en los siguientes argumentos:

Que el tribunal de alzada en forma completamente ilegal confirmó el reconocimiento de bono de transporte y refrigerio de Bs.680.- mensual, en el sueldo promedio indemnizable, incurriendo en violación e interpretación errónea y aplicación indebida del art. 1 de la Ley de 9 de noviembre de 1940, art. 11.II del DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949 y art. 58 del Decreto Supremo Nº 21060 de 29 de agosto de 1985, contradiciendo el AS Nº 380 de 1 de octubre de 2012, al constituirse en gastos directamente motivados por la ejecución del trabajo.

Señaló también que el tribunal de apelación al confirmar el pago de desahucio en favor del actor, incurrió en violación del art. 66 de la Ley General del Trabajo, que establece para los trabajadores del sector público y privado, la terminación de la relación laboral a los 65 años de edad, por no corresponder el pago de desahucio, cuando debió declarar improbada la demanda, porque el actor superó abundantemente la edad a la fecha de retiro, siendo por tanto el fallo contrario a los Autos Supremos Nº 375 de 10 de julio de 2006, 35 de 9 de febrero de 2009.

Prosiguió alegando que el tribunal de alzada, incurrió en error de hecho al no valorar las pruebas de fs. 11 a 13 de obrados, conforme establece el art. 159 del Código Procesal del Trabajo, que acreditan que la CNS pagó los beneficios sociales al actor correspondiente al tiempo comprendido del 16 de julio de 1990 al 15 de enero de 1993, por el laspo de 2 años, 5 meses y 29 días. Por otra parte, se pagó conforme al finiquito y cheque de fs. 8 y 9, que comprenden el total de la indemnización por los servicios prestados en la C.N.S., por lo que debió ser revocada la ilegal sentencia en todas sus partes, al tornarse en atentatoria a los intereses de la Caja Nacional de Salud.

Asimismo, denunció que el tribunal de alzada incurrió en violación del art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo del 2006, porque al no corresponder el pago de reintegro de beneficios sociales, tampoco procede el pago de la multa del 30% confirmada injustamente por el tribunal ad quem.

Concluyó solicitando que este Tribunal Supremo de Justicia dicte auto supremo casando totalmente el Auto de Vista Nº 202 de 17 de junio de 2014, cursante de fs. 253 a 255 y deliberando en el fondo, declare improbada la demanda en todas sus partes.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, corresponde su análisis con relación al auto de vista recurrido y a los antecedentes del proceso, de donde se tiene lo siguiente:

En cuanto a la denuncia del primer agravio del recurso, que en criterio del recurrente no corresponde el pago de los bonos de refrigerio y transporte al actor en el sueldo promedio indemnizable; corresponde señalar que de los datos que informan al proceso, se establece que existió relación laboral entre el demandante Donald Olmos Becerra y la Caja Nacional de Salud, desde el 1 de noviembre de 1989, hasta el 15 de diciembre de 2009, por un periodo de 20 años, 1 mes y 15 días, ejerciendo el cargo de Médico ginecólogo del Hospital Obrero de la Caja Nacional de Montero; percibiendo un salario mensual de Bs.14.430.-, más Bs.680.- mensual por concepto de bono de refrigerio y transporte; aspectos que fueron demostrados por los Certificados de Trabajo de fs. 3 a 5, que avalan las características esenciales de la relación laboral del actor con la institución demandada, consecuentemente, sumados el sueldo mensual y lo percibido por concepto de bono de refrigerio y transporte, el salario mensual indemnizable es de Bs.15.110.-, en cumplimiento y aplicación del art. 19 de la Ley General del Trabajo que dispone, el cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses, concordante con lo establecido en la Ley de 9 de noviembre de 1940 y Decreto Supremo Nº 1592 de 19 de abril de 1949, que refieren los pagos a ser considerados como "sueldo indemnizable". En ese marco el finiquito de fs. 8 no refleja la realidad de los hechos, con relación al sueldo promedio indemnizable y al tiempo de servicios del actor, máxime cuando el actor prestó sus servicios desde el inicio en tareas propias de la institución, como es el cargo de ginecólogo, los supuestos contratos de trabajo se tornan en indefinidos, por tanto los servicios en permanentes y continuos, razonamiento asumido acertadamente por la juez a quo como por el tribunal ad quem al reconocer los beneficios sociales en base al sueldo promedio indemnizable de Bs.15.110.- en mérito a una correcta valoración y apreciación de la prueba adjuntada en la tramitación del proceso y ponderada, conforme a los arts. 158 y 3.j) del Código Procesal del Trabajo, toda vez que la parte demandada no desvirtuó lo alegado por el actor, en cumplimiento al principio de inversión de la prueba, prevista por los arts. 3.h), 66 y 150 del adjetivo laboral, limitándose a presentar literales con datos contradictorios, como el número de Ítem, el monto que percibido por el actor por concepto de refrigerio y bono de transporte, que carecen de fuerza probatoria, según el art. 1287 y 1289 del Código Civil, de donde se colige que lo afirmado por la institución recurrente no es cierto, por el contrario el tribunal de alzada precisamente ha aplicado correctamente las normas citadas por el recurrente, reflejando la verdad de los hechos ocurridos, es decir, la inobjetable evidencia de que la institución demandada no realizó un correcto cálculo de los beneficios sociales que por ley le correspondían al actor y deben ser cumplidos en aplicación precisamente de las normas que regulan los mismos.

Respecto a la denuncia de que no corresponde el pago de desahucio al actor, en cumplimiento del art. 66 de la Ley General del Trabajo, que establece la terminación de la relación laboral a los 65 años de edad; corresponde señalar que por mandato del art. 48.II de la Constitución Política del Estado, las normas laborales deberán ser interpretadas y aplicadas bajo los principios protectivos, de primacía de la realidad, de continuidad y estabilidad laboral entre otros; en ese sentido, nuestra legislación contempla al preaviso, por el cual las partes contratantes en una relación laboral, manifiestan mediante una comunicación previa, su intención de romper dicho vínculo; comunicación que contempla un periodo de tiempo razonable para el empleador como para el trabajador, para que pueda efectuar una nueva contratación para dar continuidad al trabajo, máxime cuando se trata de contar con servicios que hacen a las tareas propias de la institución y evitar cualquier perjuicio en su contra; es así, que ante el despido intempestivo del trabajador, el empleador se obliga a efectuar el pago del desahucio, consistente en 3 meses del salario que percibía, y ante la desvinculación por parte del trabajador sin el debido preaviso también deberá abonar a favor de la institución empleadora, a los fines que ninguna de las partes se vean perjudicadas.

En ese sentido, los actos con relación a la desvinculación laboral, se encuentran regulados por el art. 12 de la Ley General del Trabajo que establece: “El contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio. En el primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo sin previo aviso a la otra, conforme a las siguientes reglas: 1). Tratándose de contratos con obreros con una semana de anticipación, después de un mes de trabajo ininterrumpido; con 15 días, después de 6 meses y con 30 después de un año; 2). Tratándose de contratos con empleados, con 30 días de anticipación por el empleado y con 90 por el patrón, después de 3 meses de trabajo ininterrumpido. La parte que omitiere el aviso abonará una suma equivalente al sueldo o salario de los períodos establecidos”. (El resaltado nos corresponde), de donde se colige que para la desvinculación obrero-patronal, necesariamente debe existir un preaviso que ponga en manifiesto la voluntad de una de las partes intervinientes en la relación laboral de romper dicho vínculo; comunicación que para la parte empleadora es de 90 días y ante su incumplimiento deberá efectuarse el pago por igual periodo al trabajador conforme al salario percibido en los periodos correspondientes a dicha desvinculación, consecuentemente en el caso de autos al tratarse de un funcionario con 20 años de servicios, correspondía a la institución empleadora cursar la nota de preaviso al amparo del art. 66 de la Ley General del Trabajo, observando el plazo establecido por la referida norma, toda vez que no existía una voluntad manifiesta por el actor de acogerse a la jubilación. Sin embargo, al cursar el memorándum de fecha 3 de diciembre de 2009 de agradecimiento de servicios por jubilación de fs. 6, efectivo a partir del 15 de diciembre de 2009, la desvinculación laboral fue unilateral, tornándose en un despido intempestivo, ante lo cual corresponde el pago de desahucio y demás derechos según los arts. 12 y 13 de la Ley General del Trabajo y art. 8 de su Decreto Reglamentario, no siendo por tanto evidente lo denunciado por la institución recurrente, por el contrario con acertado criterio los de grado, confirmaron la sentencia por corresponder en derecho la pretensión demandada por el actor, deviniendo por tanto este punto del recurso en infundado.

Con relación a la denuncia que incurrió en error de hecho al no valorar las pruebas de fs. 11 a 13 de obrados, conforme establece el art. 159 del Código Procesal del Trabajo, que acreditarían que la CNS pagó los beneficios sociales al actor correspondiente al tiempo comprendido del 16 de julio de 1990 al 15 de enero de 1993 y según el finiquito y cheque de fs. 8 y 9 estaría cancelado en su totalidad; al respecto cabe señalar que según el art. 135 del Código Procesal del Trabajo, la institución recurrente debe acreditar el pago documentado a través de medios idóneos de prueba, como ser recibos, cheques en los que conste el nombre y firma del actor de que recibió el pago, en el caso de autos, si bien presentó las literales de fs. 11 a 13 de obrados, las mismas son simples copias en las que no consta el nombre y firma del actor y con relación a las literales de fs. 8 y 9, durante el trámite del proceso se demostró que las mismas no responden a la realidad de los hechos, siendo por tanto insuficiente para desvirtuar lo manifestado por el recurrente, conforme al principio de inversión de la prueba, al art. 66, 150, 3.h) del Código Procesal del Trabajo, por lo que bajo el principio de protector y de irrenunciabilidad de los derechos laborales, los de grado han valorado correctamente las literales cuestionadas, sin incurrir en error de hecho, como erradamente aduce la parte recurrente.

En cuanto a la denuncia que el tribunal de alzada incurrió en violación del art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo del 2006, al respecto la referida norma establece: “…En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito…”, disponiendo en su parágrafo II, ante el incumplimiento de lo preceptuado: “…En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor…” (El remarcado es nuestro), de tal manera, se advierte que dicha normativa sanciona el incumplimiento del pago oportuno tanto de los beneficios sociales, como de los derechos laborales reconocidos, en consecuencia al haberse establecido que los beneficios sociales no se pagaron dentro del plazo establecido por ley, corresponde en la especie, la aplicación de la multa del 30%, conforme se determinó de forma correcta por los de instancia.

A los fundamentos expuestos, es preciso señalar que los beneficios sociales consisten en derechos laborales adquiridos por los trabajadores por el tiempo de servicios prestados, como resarcimiento y reconocimiento al desgaste físico y mental efectuado durante el tiempo de trabajo, por lo que gozan del reconocimiento y cumplimiento obligatorio por la parte empleadora, por mandato del art. 48 de la Constitución Política del Estado, que establece: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”; concordante con el art. 4 de la Ley General del Trabajo.

Consiguientemente, en merito a lo expuesto, conforme a los datos del proceso, no son evidentes los extremos denunciados en el recurso de casación por la institución recurrente, correspondiendo resolver de acuerdo a los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.I de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 261 a 264. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley SAFCO.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.