SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 139/2015.

Sucre, 12 de mayo de 2015.    

Expediente: SSA.II-CHUQ.524/2014.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 1196 a 1204, interpuesto por la José Mirko Vásquez Barrón, contra el Auto de Vista Nº 592/2014 de 29 de octubre (fs. 1183 a 1192), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso social seguido por el recurrente, contra la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre COTES LTDA., la respuesta de fs. 1225 a 1230, el auto de fs. 1231 vta., que concedió el recurso, los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Sucre, emitió la Sentencia Nº 028/2014 de 13 de junio, de fs. 1131 a 1135, declarando probada en parte la demanda de fs. 4 a 7, sin costas, disponiendo la reincorporación a su fuente laboral de José Mirko Vásquez Barrón, manteniendo sus derechos sociales adquiridos, con el pago de sus salarios devengados desde el momento de su destitución ilegal hasta su reincorporación, previo juramento de ley en ejecución de fallos. Si en caso hubiese recibido de alguna institución, se procederá a su descuento correspondiente, ordenándose la restitución en la suma de “Bs.877,47/100” del salario descontado en forma ilegal por parte de la institución demandada, luego mediante Auto de 24 de junio de 2014 cursante a fs. 1139 de obrados, se rechazó la enmienda y complementación solicitada a fs. 1137.

En grado de apelación deducida por el representante legal de la parte demandada de fs. 1150 a 1164, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista Nº 592/2014 de 29 de octubre, cursante de fs. 1183 a 1192, revocando la Sentencia Nº 028/2014 de 13 de junio de fs. 1131 a 1135 y declaró improbada la demanda de fs. 4 a 7, con costas.

Esta resolución originó el recurso de casación en el fondo de fs. 1196 a 1204, interpuesto por José Mirko Vásquez Barrón, quien detallando los aspectos del proceso administrativo interno seguido en su contra presentado como prueba por COTES LTDA., manifestó que el tribunal ad quem no tomó en cuenta las ilegalidades y vulneraciones con que fue llevado a cabo el proceso administrativo interno instaurado en su contra, las cuales se encuentran detalladas en el memorial del recurso de casación, para continuar señalando que el tribunal de segunda instancia con total parcialidad, erróneamente analizan los falsos argumentos emitidos por COTES LTDA., como los testigos propuestos por esa institución, dentro del proceso administrativo interno, quienes señalaron que el encargado del internet era el demandante y que las claves estaban pegadas en el escritorio, hecho que es totalmente falso, tratando de hacerlo culpable de un supuesto hecho de mostrar las contraseñas en un papel, lo más relevante, es que el Vocal de la Sala aclara a fojas 1190 punto II. sobre incorrecta valoración de la prueba producida en el proceso social, primer agravio, que la existencia del papel con las llaves fue ratificado por la declaración del Sr. Miguel Pareja de fs. 1088, cuando el citado señor en su declaración de fs. 1088 a 1089, jamás hizo referencia a dicho papel, hecho que muestra la parcialidad y mala valoración de la prueba hecha por el vocal de sala, señalando que también se debió valorar la prueba testifical presentada por el actor de fs. 1002 a 1003 prestada por Nelson Mendoza Medrano y Franz Villarroel Cárdenas, donde indican que no conocían las contraseñas y que el actor jamás se las proporcionó.

Que no existe prueba pericial, completa o contundente que indique cambios de configuración en el ancho de banda se hayan realizado en la gestión 2010, que lamentablemente el Vocal de Sala, erróneamente aprueba las declaraciones de los testigos de COTES que solo verbalmente indican que así hubiera acontecido, sin siquiera haber propiciado la investigación informática como miembros del tribunal, pues no puede existir un diagnóstico verbal sin haberse revisado o haber realizado un peritaje del historial de configuración de todos esos equipos, en este caso, el Vocal de Sala, erróneamente dio credibilidad a las suposiciones hechas por los testigos, que de acuerdo a uno de los principios fundamentales establecido en el art. 3.h) del Código Procesal del Trabajo (CPT), ratificado en el art. 48.III de la CPE, señala que la carga de la prueba es del empleador y que pese a ello, el demandante coadyuvó y presentó toda la prueba que fue valorada en su integridad por la juez a quo.

Que, la presentación de la prueba por parte de COTES referente al informe de revisión de velocidades de fs. 2017, lo que sí es evidente, pues fue el propio actor junto a una comisión quien realizó el informe, después de identificar los errores en la asignación de ancho de banda, pero que la responsabilidad de dichos errores recaía sobre el encargado de internet, pero lamentablemente el Vocal de Sala no ha valorado con criterio imparcial dicha acta de verificación de velocidades, solo refiere su criterio a los errores encontrados con anchos de bandas superiores y no valoró que la comisión que verificó estos errores, también detectó errores con anchos de banda menores como se evidencia en la declaración testifical de fs. 1057.

Que el Vocal señaló que se presentaron como prueba los contratos de fs. 1030 a 1031 y resumen de fs. 1061 a 1062, donde aparece el nombre del demandante, pero que esa es solo la referencia de la fecha de firma de contrato realizada por el abonado, no así la certificación de la configuración de los equipos, ni siquiera es la referencia de la orden de trabajo de la institución realizada por el técnico que asistió al domicilio del abonado a instalar el servicio de internet, orden de trabajo que firma el abonado como constancia de la configuración de la velocidad correcta instalada, para afirmar el señor Vocal y dar credibilidad a las tablas presentadas, debió valorar primero la firma de la persona quien elaboró los cuadros de fs. 1061 y 1062.

Sostuvo que no han valorado la prueba presentada por el demandante, puesto que no hacen mención a los testigos de cargo, ni toman en cuenta las declaraciones de los testigos de descargo, que en la demanda no se señalaron aspectos como la limitación del derecho a la defensa, argumento totalmente equivocado, pues este punto fue observado precisamente en la presente demanda, también el tribunal ad quem, señaló que si estos aspectos fueron vulnerados, el actor debió plantear acción de amparo constitucional, y que al no haberlo hecho consintió dicho proceso administrativo, valoración que el recurrente considera errada, pues para plantear un amparo constitucional se deben agotar las instancias en la via administrativa y ordinaria, señalando lo previsto en los arts. 1, 9 y 43 del CPT, referente a la competencia del juez laboral, concordantes con el art. 73 de la Ley Nº 025, no siendo posible en la judicatura laboral revisar el trámite ni los fallos emanados en procesos administrativos internos, motivo por el que denunció la vulneración de la normativa citada precedentemente.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido, disponiendo su reincorporación y el pago de sueldos devengados.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de nulidad y casación en el fondo, corresponde resolverlo en base al análisis y consideración de acuerdo a los hechos denunciados y la normativa invocada estableciendo lo siguiente:

En el caso que se analiza, de la revisión de los fallos emitidos por los juzgadores de instancia, se evidencia que la juez a quo en la Sentencia Nº 028/2014 de 13 de junio, cursante de fs. 1131 a 1136, declaró probada la demanda y dispuso la reincorporación del actor a su fuente de trabajo y el pago de sueldos devengados, resolución que fue revocada por el tribunal de segunda instancia mediante Auto de Vista Nº 592/2014 de 29 de octubre cursante de fs. 1183 a 1192 que declaró improbada la demanda de fs. 4 a 7, hecho que motivó al demandante plantear el recurso de casación, manifestando que no se habría valorado de manera correcta la prueba de cargo y de descargo adjuntada por ambas partes y que el proceso administrativo interno instaurado en su contra por COTES LTDA., en el que se determinó su destitución, fue llevado con una serie de ilegalidades y vulneraciones, como el derecho a la defensa, ilegitimidad en la designación del tribunal entre otras.

De lo manifestado precedentemente, se advierte que la parte recurrente, pretende se efectué una nueva valoración de la prueba acumulada durante la tramitación de la causa, sin percatarse que esta situación ya fue dilucidada por la juez a quo como por el tribunal de apelación, siendo preciso aclarar que, la valoración y compulsa de las pruebas, es una atribución privativa de los juzgadores de instancia e incensurable en casación, a menos que demuestre con precisión y de manera fehaciente la existencia de error de hecho, que se da cuando se considera que no hay prueba suficiente sobre un hecho determinado, o que se hubiere cometido error de derecho, que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le hubieran dado un valor distinto, aspectos que en la especie no concurrieron, ya que no se denuncia la existencia de error de hecho y error de derecho en la valoración de la prueba, no siendo suficiente la simple cita de las literales que no hubiesen sido valoradas o mal apreciadas por parte de los juzgadores de instancia, de donde se deduce que no es evidente tal acusación; al advertirse que el tribunal de alzada, al haber declarado improbada la demandada y dispuesto que no corresponde la reincorporación, así como tampoco el pago de sueldos devengados en favor del actor, valoró correctamente las pruebas aportadas por las partes, conforme determinan los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, en virtud al cual, no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto puede formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, apreciando los indicios en conjunto, teniendo en cuenta la gravedad, concordancia y convergencia, y las demás pruebas que obran en el proceso, aspecto que fue cumplido por el tribunal de segunda instancia a tiempo de emitir el auto de vista recurrido traído en casación ante este Tribunal Supremo.

Por otra parte y a manera de aclaración, se puede advertir que la desvinculación entre el actor José Mirko Vásquez Barrón y la institución demandada Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre COTES LTDA., fue como consecuencia del proceso administrativo interno instaurado contra el ahora demandante en su condición de Técnico II Internet, por incumplimiento de funciones previsto en el inciso e) y q) del Manual de Funciones, art. 16.e) de la Ley General del Trabajo (LGT), art. 9.e) de su Reglamento a la Ley General del Trabajo, entregar información de la Cooperativa a personas extrañas sin autorización (Num. 9.1.12 Reglamento de Personal), no guardar el debido secreto laboral-profesional en relación a los asuntos internos de la Cooperativa 9.1.15 (Reglamento de Personal), causar perjuicio con intención en los productos de la institución (art. 16.a de la Ley General del Trabajo y 9.a) de Decreto Reglamentario), abuso de confianza por el trabajador (art. 16.g) de la LGT y 9.g) de su Decreto Reglamentario) y revelación de secretos industriales (art. 16.b) de la Ley General del Trabajo y 9.b) de su Decreto Reglamentario), imponiéndolo en consecuencia la sanción de despido sin lugar a desahucio ni indemnización, conforme a la normativa citada precedentemente, proceso administrativo interno que, en cumplimiento del art. 9 del Reglamento de Procesos Administrativos de COTES LTDA., fue llevado en todas sus instancias, por el Tribunal del Proceso Administrativo conformado por el Asesor Legal, como Juez presidente, un Gerente Técnico a.i. como Vocal Secretario, un Representante Laboral como Vocal y el Jefe de División Administrativo y Recursos Humanos en su calidad de Fiscal Promotor, habiendo llegado a emitir el Auto en Conclusiones de Primera Instancia Nº 02/2013 de 30 de abril, por el que se resolvió declarar probada la denuncia interpuesta en contra de José Mirko Vásquez Barrón, por las causales señaladas ut supra, auto que apelado por el demandante mediante memorial de fs. 937 a 948, fue resuelto a través de la Resolución Nº 045/2013 de 11 de junio cursante a fs. 977 a 988, que confirmó en todas sus partes el auto en conclusiones de primera instancia en lo concerniente al co-procesado José Mirko Vásquez Barrón, donde se resolvió declarar la ejecutoria del Auto en Conclusiones de Primera Instancia Nº 02/2013 de 30 de abril, en merito a la resolución Nº 45/2013 de 11 de junio, no existiendo recurso ulterior de acuerdo al Reglamento de Procesos Administrativos de la Cooperativa COTES LTDA.

Ahora bien, si el demandante consideró que el proceso administrativo instaurado en su contra por la institución demandada, fue llevado a cabo de manera ilegal, por lo tanto la desvinculación de su fuente de trabajo fue injustificada, ciertamente a fin de hacer valer sus derechos debió acudir a la acción de amparo constitucional, prevista en el art. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Que en ese marco legal, se concluye, que el auto de vista impugnado, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación de norma legal alguna, por consiguiente, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los arts. 184.I de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 1196 a 1204, interpuesto la parte demandante, con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.