SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 132/2015.

Sucre, 12 de mayo de 2015.    

Expediente: SSA.II-BNI.517/2014.

Distrito: Beni.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de nulidad de fs. 172 a 174, interpuesto por Guillermo Urresti Morales y Cleitón Urresti Pinto contra el Auto de Vista Nº 56/2014 de 16 de junio de 2014 de fs. 166 a 169, pronunciado por la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro del proceso social seguido por Nadek Paola Bohórquez Morossi en representación de Marcelino Bohórquez Miranda contra los recurrentes, el auto de fs. 193 vta., que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, la Juez de Trabajo y Seguridad Social de Riberalta Beni, pronunció la Sentencia Nº 11/2014 de 21 de febrero de 2014 de fs. 114 a 124, declarando probada en parte la demanda, con costas, disponiendo que los ciudadanos Guillermo Urresti Morales y Cleiton Urresti Pinto, cancelen en favor de Marcelino Bohórquez Miranda, la suma de Bs.758.293,45.- (setecientos cincuenta y ocho mil, doscientos noventa y tres 45/100 bolivianos), por desahucio, indemnización, aguinaldo, vacaciones, bono de antigüedad, más multa del 30% e indemnización por accidente de trabajo.

En grado de apelación formulada por la parte demandada mediante memorial de fs. 139 a 143, la Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, por Auto de Vista Nº 56/2014 de 16 de junio de 2014 de fs. 166 a 169 de obrados, confirmó parcialmente la Sentencia Nº 11/2014 de 21 de febrero, con la modificación del monto total de Bs.758.293,45.- a Bs.589.476,08.- (quinientos ochenta y nueve mil, cuatrocientos setenta y seis 08/100 bolivianos), por desahucio, indemnización, aguinaldo, vacaciones, bono de antigüedad, indemnización por accidente de trabajo y la multa del 30%. Sin costas por ser excusable.

El referido fallo motivó el recurso de nulidad de fs. 172 a 174, interpuesto por Guillermo Urresti Morales y Cleiton Urresti Morales, conforme a los argumentos expuestos en el mismo.

CONSIDERANDO II: Con carácter previo y antes de considerar los fundamentos del recurso planteado, el tribunal de casación tiene la obligación de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, conforme establece el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiere, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil.

En ese marco, los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho, como es el Tribunal de Casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, no pudiendo sustraerse de esa responsabilidad, debiendo resolver la controversia en función del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta los principios de congruencia, pertinencia, previsibilidad, razonabilidad y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 y dilucidando el proceso conforme establece el art. 397, ambos del Código de Procedimiento Civil.

En ese sentido, toda sentencia o resolución, debe cumplir con el principio de congruencia, es decir, que debe ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso, no pudiendo contener más de lo pedido (ultra petita), tampoco debe dejar de analizar y resolver ninguna pretensión sostenida por las partes (citra petita).

A ese efecto, siguiendo con el principio de congruencia, en cuanto a las apelaciones se refiere el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, establece que el auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubiesen sido objeto de apelación y debida fundamentación; auto de vista que podrá ser confirmatorio o revocatorio, total o parcial, en cada caso, o anulatorio o repositorio, de acuerdo con los previsto por el art. 237 del citado código, decisión sostenida también por el Tribunal Constitucional a través la SC Nº 0863/2003-R de 25 de junio, que estableció…”El juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a los derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley…”. Además de tener en cuenta este principio, el tribunal de alzada debe tener presente que la motivación de las resoluciones judiciales se constituye en un deber jurídico que hace al debido proceso, implicando que todo administrador de justicia al resolver una causa, debe inexcusablemente exponer los hechos, efectuar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Estas connotaciones encuentran también respaldo en la jurisprudencia contenida en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0092/2012 de 19 de abril de 2012, cuyo Fundamento Jurídico en el acápite III.2 establece que: “La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que:…las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores…”.

Ahora bien, expuestos los alcances, delimitaciones y fundamentos en los que debe sustentarse el auto de vista, de la revisión y análisis del Auto de Vista Nº 56/2014 de 16 de junio de 2014, se advierte que los demandados, notificados con la sentencia, formularon el recurso de apelación de fs. 139 a 143 de obrados, corrido en traslado, el demandante por memorial de fs. 146 a 152 respondió al mismo, seguidamente el tribunal de alzada a tiempo de resolver, expuso la relación fáctica del recurso de apelación en el Considerando I. Sin embargo, en el Considerando III, no obstante de invocar los arts. 236 y 227 del Código de Procedimiento Civil, referidos al principio de congruencia, el tribunal de alzada ingresa a resolver los agravios del recurso de apelación que fundó la resolución, empero, pese a considerar los puntos contestados por la apoderada del demandante, modifica la liquidación realizada en la sentencia, sin precisar los motivos en la relación relatada en el Considerando I, (recurso apelación), careciendo de fundamentación y motivación, toda vez que el auto de vista concluyó en el Considerando VI, señalando: “ …que la juez a quo al emitir la sentencia de primera instancia declarando probada en parte la demanda de pago de Beneficios Sociales de fs. 13 a 17 obró de conformidad a la norma laboral vigente, sin quebrantar disposición o norma legal y ha evaluado de manera correcta los datos del proceso”, de donde se colige que el tribunal de alzada debió confirmar la sentencia, aspecto que no sucedió, al contrario, de manera inentendible, poco razonable, procedió a “CONFIRMAR PARCIALMENTE LA SENTENCIA Nº 11/2014”, realizando nuevo cálculo de los beneficios sociales liquidado en la sentencia, modificando sustancialmente el monto consignado en la misma, con relación al bono de antigüedad, sin que este aspecto hubiese sido motivo del recurso de apelación, incurriendo por tanto en contradicción con lo dispuesto en la parte resolutiva, tornándose el fallo en ultra petita y sin la debida motivación y fundamentación, por tanto resulta atentatorio de derechos y garantías constitucionales del trabajador, como el debido proceso y a la seguridad jurídica, conforme estableció la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo de Justicia, que “cuando el juzgador omite la motivación y fundamentación en su Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo”.

En ese sentido, los fundamentos, tienen sustento en la tutela constitucional del debido proceso, que conlleva a que todo proceso debe tramitarse observando las formas esenciales que rigen al mismo, emitiéndose las actuaciones procesales, -decretos, autos, sentencia, auto de vista, entre otros-, con la formalidad que impone el procedimiento, toda vez que la inobservancia de las formas de garantía del debido proceso pone en riesgo la eficacia de la actuación procesal porque la hace susceptible de su invalidación. De esto, se tiene que la irregularidad por si sola determina la posibilidad de nulidad de la actuación, por lo que resulta imperioso aniquilar la actuación defectuosa con la finalidad de lograr la sanidad procesal, porque convalidar la misma sería ingresar en desconocimiento de las normas procesales que rigen cada acto del proceso en aras de impartir justicia a las partes involucradas en la controversia, vulnerando el debido proceso reconocido por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado, catalogado también como un derecho humano por el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entendido como: “el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar”, es decir que comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos a los trabajadores por la constitución y los instrumentos internacionales señalados, aspecto que en el caso de autos, no fue observado por el tribunal de alzada, al incurrir en vulneración del principio de congruencia, con el añadido de falta de motivación y fundamentación sobre aspectos que modifican la sentencia y por tanto violan los arts. 190, 192, 236 del Código de Procedimiento Civil, normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio, conforme instituye el art. 90 del Código de Procedimiento Civil.

Consiguientemente, por los fundamentos expuestos al no observar las normas procesales que regulan y sustentan las resoluciones de segunda instancia, corresponde aplicar lo previsto en los arts. 254.7), 271.3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 184.I de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 165 vta., inclusive, disponiendo que el tribunal de apelación, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, proceda al sorteo de la causa y emita nuevo Auto de Vista con la pertinencia de los arts. 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil. Sin multa por ser excusable.

Por Secretaría de Sala, cúmplase con lo previsto en el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.