SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 123/2015.

Sucre, 22 de abril de 2015.   

Expediente: SSA.II-LP.509/2014.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en fondo y forma de fs. 120 a 122, interpuesto por la Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL, representada por el Cnl. DAEN José Iván Fernando García contra el Auto de Vista Nº 5/14 de 27 de enero de 2014 de fs. 106, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral que sigue Gonzalo Palomeque Rau contra la institución recurrente, la respuesta de fs. 127 a 130, el auto de fs. 132, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso sobre reincorporación laboral, la Juez Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 081/2013 de 30 de abril de 2013 de fs. 81 a 85 declarando probada la demanda principal, en consecuencia ordenó la reincorporación del demandante Gonzalo Palomeque Rau al puesto que ocupaba en COSSMIL a momento de su despido, más el pago de sus haberes devengados hasta el momento de su reincorporación y su correspondiente aguinaldo.

En grado de apelación formulada por COSSMIL, representada por el Cnl. DAEN José Luis Arreaño Gómez, por memorial de fs. 91, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 5/14 de 27 de enero de 2014 (fs. 106), confirmó la Sentencia Nº 081/2013 de fecha 30 de abril de 2013 de fs. 81 a 85, con costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo y forma de fs. 120 a 122, interpuesto por COSMIL, representada por Cnl. DAEN José Iván Fernando García, acusando en síntesis:

En el fondo, que según el art. 123 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, referido a la organización y administración de la seguridad Social militar de COSSMIL, así como los arts. 1 y 6 del Decreto Ley Nº 11901 de 21 de octubre de 1974, referidos a la creación y administración como institución pública descentralizada, está sujeta a la Ley 2027, por lo que no opera la figura de la reincorporación, los funcionarios están regidos por la Ley 2027, por lo que el Informe Nº 16/12 de fs. 7 a 11 que dispuso la reincorporación, por Resolución Ministerial 489/12 de 19 de julio de 2012 fue revocado, ya que se prescindió del procedimiento legalmente establecido, por la Resolución Ministerial 868/10 y pasa a trascribir el art. 5, “ En caso de despido de trabajadores y trabajadoras que hubieren prestado servicio en entidades y empresas públicas (…) sujetas a la aplicación de la Ley General del Trabajo, deberán hacer uso previamente de los recursos que prevén las normas de responsabilidad pública (…)”, (pero no refiere de que norma); extremos que no se habrían tomado en cuenta en el proceso.

En la forma, acusó que la Sala Social y Administrativa Tercera, emitió el auto de vista fuera del plazo establecido por ley, un año después de haber dictado autos, por lo que han perdido competencia, debiendo pasar el proceso a quien siga por orden, en aplicación del art. 209 del Código Procesal del Trabajo concordante con el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

Prosiguió señalando que se notificó al Cnl. José Luis Arreaño Gómez, en calidad de Gerente General a.i. de la Corporación de Seguro Social Militar COSSMIL, cuando el Gerente General a.i. a esa fecha era el Cnl. DAEN José Iván Fernando García, por lo que se no habría llevado un correcto procedimiento en la presente causa.

Concluyó solicitando, se case la Sentencia Nº 081/2013 y el Auto de Vista Nº 5/14 por infringir la ley, a su vez disponga la anulación de obrados hasta fs. 80, por corresponder en derecho al amparo de los arts. 250, 251, 252 y 253.1) (sin especificar a qué norma corresponde).

CONSIDERANDO II: Que del examen del recurso de casación en la forma y fondo, el auto de vista recurrido y de los antecedentes del proceso, por los efectos que conlleva el recurso de casación en la forma y en el fondo, se ingresa a resolver primeramente en la forma, para en su caso ingresar a considerar en el fondo.

En la forma, en cuanto a la supuesta pérdida de competencia del tribunal de alzada, por haber dictado el auto de vista fuera del plazo establecido por ley; cabe señalar que según los datos del proceso, se advierte que a fs. 105 vta. de obrados, consta que el sorteo de la causa se efectuó en fecha 23 de enero de 2014, por lo que el tribunal ad quem, debió pronunciarse con respecto al recurso de apelación planteado de fs. 91 hasta el 6 de febrero de 2014, situación que se hizo efectiva mediante Auto de Vista Nº 5/14 el 27 de enero de 2014 cursante a fs. 106; es decir, a los 4 días del sorteo referido; por lo tanto, la resolución recurrida en casación fue emitida dentro el plazo establecido por el art. 209 del Código Procesal del Trabajo, con plena facultad y competencia del tribunal de alzada, consecuentemente, no es evidente lo denunciado por el recurrente, toda vez que el plazo para la emisión del auto de vista, no se computa desde el “Decreto de Autos”, sino desde la fecha del sorteo de la causa, en consecuencia, este punto del recurso deviene en infundado, porque no amerita la nulidad, como erróneamente pretende el recurrente.

Con relación al supuesto error en la notificación con el auto de vista, es preciso señalar, que toda institución cuenta con autoridades que pueden ser removidas en cualquier momento, en ese sentido, en el caso de análisis, antes de la emisión del auto de vista, fungía como Gerente General a.i. de COSSMIL el Cnl. José Luís Arreaño, ante lo cual acertadamente el Oficial de Diligencias procedió a notificar a dicha autoridad como representante legal, máxime cuando el ahora recurrente por la institución demandada, se apersonó en esa calidad ante el tribunal de alzada, es decir, cuando la causa se tramitaba ante el tribunal de apelación, cumpliendo por tanto la notificación su finalidad, como es la de poner en conocimiento de lo actuado a la parte interesada, en este caso al representante legal de la institución demandada, de donde se colige que no se causó vulneración de ningún derecho fundamental y menos del debido proceso, toda vez que el actual representante legal Cnl. DAEN José Iván Fernando García, Gerente General a.i. de la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”, dándose por notificado, formuló el recurso de casación en el fondo y en la forma, de donde se colige que lo denunciado no es evidente, contrariamente la notificación con el auto de vista, fue realizado correctamente a quien cumplía en ese entonces las funciones de representante de la institución demandada.

En consecuencia, los argumentos de la casación en la forma, no ameritan disponer la nulidad de obrados, por consiguiente se pasa a resolver los reclamos expresados en la casación en el fondo.

En el fondo, en cuanto a la denuncia de que la institución recurrente es una institución pública, que no procede la reincorporación y que el tribunal de alzada no hubiese aplicado correctamente la Resolución Ministerial Nº 868/10, corresponde resolver si lo denunciado es o no evidente.

Al efecto, es imperioso puntualizar previamente para resolver el punto en cuestión, que por la naturaleza y características propias del derecho laboral, los derechos de los trabajadores, se encuentran protegidos mediante el reconocimiento de principios y normas jurídicas que tienen por objeto la tutela del trabajo humano, en ese sentido, la Constitución Política del Estado, como norma jurídica fundamental, consagra el derecho al trabajo y al empleo, en su Título II, Capítulo V, Sección III, estableciendo como una obligación del Estado la protección del ejercicio del trabajo en cualquiera de sus formas, prohibiendo los despidos y toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución, normando el art. 48, que: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, lo que guarda plena concordancia con lo dispuesto por el art. 4 de la Ley General del Trabajo y el art. 3.g) del Código Procesal del Trabajo, que reconocen la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, normas protectivas de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores sin discriminación alguna, por constituir estos la base del orden social y económico del Estado Plurinacional.

Bajo dichas consideraciones, podemos afirmar que el derecho laboral es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones laborales, encargándose de normar la actividad humana lícita y prestada por un trabajador en relación de dependencia a un empleador a cambio de una contraprestación, contando con un sistema normativo autónomo que regula determinados tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales. De esta manera, el legislador instituyó el Código Procesal del Trabajo, con el fin de regular los modos y las formas de tramitación y resolución de todos los asuntos relativos a las cuestiones laborales, dando a dicho Código autonomía a los procedimientos del trabajo, eliminando todo uso y remisión a las normas adjetivas de otros campos jurídicos, al no compartir los mismos principios.

En ese marco, con relación a la supuesta violación de la Resolución Ministerial Nº 868/ 2010 de 26 de octubre, cabe señalar, que esta norma tiene por objeto reglamentar el procedimiento para la aplicación del Decreto Supremo Nº 0495 de 1 de mayo de 2010, referente al procedimiento para la procedencia de la reincorporación de las trabajadoras y los trabajadores que hayan sido retirados de su fuente laboral por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo y art. 9 de su Decreto Reglamentario, tal como prevén los arts. 1 referido al objeto y 2 sobre el procedimiento de reincorporación de la citada Resolución Ministerial, aspectos que fueron debidamente valorados por el tribunal ad quem, donde no se advierte la vulneración denunciada por el recurrente.

En efecto, el art.10.III del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado mediante el Decreto Supremo Nº 0495 de 1 de mayo de 2010, aplicable al caso presente, prescribe: "En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que corresponda a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo" (sic). En este caso la norma es clara cuando dice: "En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social donde una vez constatado el despido injustificado...", trámite que como se describió en el parágrafo supra fue cumplido por parte del trabajador, por lo que de manera acertada tanto la juez a quo, como el tribunal ad quem, han emitido un fallo, en aplicación de las normas constitucionales y laborales que rigen la materia.

Sobre la acusación que el demandante estuviera inmerso en la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999 (Estatuto del Funcionario Público), de la revisión de obrados se evidencia que dichos extremos no fueron demostrados o probados dentro el término probatorio del proceso, que determine la calidad del servidor público de acuerdo al art. 5 de la norma antes citada, al contrario, el art. 6 del Decreto Ley Nº 11901 de 21 de octubre de 1974, señala expresamente: Crease la Corporación del Seguro Militar COSSMIL, como institución pública descentralizada con personería jurídica autónoma técnica, administrativa y patrimonio propio e independiente, extremo desvirtuado por su propia norma interna, además la institución demandada presentó copia del cálculo de pago de beneficios sociales en favor del actor, según sale a fs. 70 de obrados, reconociendo que los trabajadores están amparados por la Ley General del Trabajo, lo que implica también como en el caso de análisis, procede la reincorporación, como acertadamente dispusieron los tribunales de instancia.

Consiguientemente, por todo lo expuesto, se concluye que no son evidentes los reclamos efectuados en el recurso de casación en la forma y fondo, correspondiendo resolver el mismo conforme a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y fondo de fs. 120 a 122, interpuesto por la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”, representada por el Cnl. DAEN José Iván Fernando García. Sin costas.

Se regula honorario del profesional abogado en Bs.500.- (quinientos 00/100 bolivianos), que mandará a pagar el tribunal de alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.