SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 121/2015.

Sucre, 22 de abril de 2015.   

Expediente: SSA.II-CBBA.507/2014.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 146 a 148, interpuesto por Ibón Martha Morales de Ortega, en representación de Bernardo Rolando Claure Vallejo, propietario de la Clínica Unidad de Atención al Enfermo Renal contra el Auto de Vista Nº 113/2014 de 13 de mayo de 2014 de fs. 138 a 142, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso social que sigue Carolina Román Tórrez contra el recurrente, la respuesta de fs. 151 a 153, el auto de fs. 155 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, pronunció Sentencia el 17 de junio de 2010 de fs. 80 a 83 de obrados, declarando probada en parte la demanda de fs. 9 a 10 con las modificaciones consiguientes establecidos en los puntos precedentes; por lo que, se ordena a Bernardo Rolando Claure Vallejo propietario y Director de la Clínica Unidad de Atención al Enfermo Renal (U.N.A.E.R.) para que dentro del tercer día de ejecutoriada la sentencia y bajo alternativa de ley, pague a la actora la suma de Bs.73.491,99.- (setenta y tres mil, cuatrocientos noventa y uno con 99/100 bolivianos) por Indemnización, Aguinaldos y Vacaciones.

Interpuesto el recurso de apelación por el demandado a través de su apoderada mediante memorial de fs. 89 a 94, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 030/2013 de fecha 6 de febrero de fs. 107 a 109, confirmó en parte la sentencia apelada, modificando la liquidación, dispuso que el demandado, pague a la actora la suma de Bs.62.277,76.- (sesenta y dos mil doscientos sesenta y siete con 76/100 bolivianos) por Indemnización, Vacación, Aguinaldo, menos la multa de falta de preaviso, según el art. 12 de la Ley General del Trabajo, más la actualización y multa dispuesta por el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006. Sin Costas por la modificación.

Interpuesto el recurso de casación en el fondo por la parte demandada, por memorial de fs. 113 a 116, la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, por Auto Supremo Nº 014 de 02 de abril de 2014, anuló obrados hasta el sorteo, disponiendo que sin espera de turno y mayor dilación, bajo responsabilidad administrativa de no hacerlo, pronuncie nuevo auto de vista incluyendo en dicha resolución todos los agravios expresados en el recurso de apelación de fs. 89 a 94, con la debida fundamentación y motivación.

En cumplimiento al referido auto supremo, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 113/2014 de 13 de mayo, cursante de fs. 138 a 142 de obrados, confirmó en parte la Sentencia de 17 de junio de 2010, modificando, dispuso se pague a la actora la suma de Bs.66.737.38.- (sesenta y seis mil setecientos treinta y siete con 38/100 bolivianos) por Indemnización, Aguinaldos, Vacación, Menos el sueldo por falta de preaviso. Sin costas por la confirmación parcial.

La referida resolución motivó que el demandado a través de su apoderada, formule recurso de casación en el fondo, con base en los siguientes argumentos:

Que el tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista Nº 113/2014 y establecer la relación laboral y el tiempo de servicios, incurrió en error de hecho y derecho, no tomó en cuenta la confesión provocada de la actora de fs. 71 de obrados, porque de 1998 a 2003 prestó servicios en el Hospital San Vicente de Paul, en el cargo de supervisora de piso y en la gestión 2002, Docente Instructor de la UMSS y de julio del 2003 a enero del 2008 trabajó en UNAER, datos que no responden a la literal de fs. 1, que fue emitida para un trámite bancario, debiendo haber tomado en cuenta la literal de fs. 57, obtenida por orden judicial, que evidencia la situación de la actora, al no hacerlo vulneró el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y 167 del Código Procesal del Trabajo.

Asimismo, alegó que el tribunal de segunda instancia, al determinar el sueldo promedio indemnizable en la suma de Bs.4.750.-, aplicó indebidamente el art. 19 de la Ley General del Trabajo, art. 11 del DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949, no tomó en cuenta la confesión de la actora que recibía Bs.50.- por paciente, que atendía 20 a 25 pacientes por mes, ascendiendo a la suma de Bs.1.250.- al mes y no Bs.4.750.-, pero en forma contradictoria y sin fundamentación alguna, vulneró el art. 167 del Código Procesal del Trabajo.

De igual manera acusó que el tribunal de alzada con relación a prescripción de los aguinaldos y vacaciones de la actora de la gestión 2007, infringió los arts. 1497 del Código Civil y 120 de la Ley General del Trabajo, que -en criterio de la recurrente- se puede plantear en cualquier momento, vulnerando el derecho a la defensa establecidos en los arts. 115.II y 119.II de la CPE.

Prosiguió señalando que el tribunal de alzada no tomó en cuenta que la actora se retiró sin dar el pre aviso de retiro de conformidad al art. 12 de la Ley General del Trabajo, por tanto no corresponde el pago de la multa del 30% que establece el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, porque no fue despedida.

Concluyó solicitando se case el auto de vista de fs. 138 a 142 y deliberando en el fondo declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso de casación, los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene lo siguiente:

En cuanto a la denuncia que no se habría probado la relación laboral y vulneración del art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y menos el tiempo de servicios de la actora; corresponde señalar que para establecer si una relación de trabajo tiene las características esenciales laborales, se entiende que todo trabajo es una prestación a favor de otro, por lo que siempre existe la realización de un acto, un servicio o ejecución de obra; sin embargo, la distinción radica en el modo de la relación existente entre quienes lo brindan y la reciben, a tal fin corresponde observar lo realizado por cada una de las partes, que ante las exigencias de las reglas impuestas por el empleador, es posible que se oculte la realidad bajo apariencias de una relación no laboral o viceversa, a este fin la doctrina del derecho laboral destaca entre los varios componentes de la relación laboral, el elemento de la dependencia, subordinación y exclusividad, según el cual, quien recibe el trabajo tiene la facultad de dirigirlo e imponer sus reglas, recibiendo los frutos de ese trabajo, por lo que para determinar la relación se debe recurrir al principio de primacía de la realidad que privilegia los hechos frente a las formalidades y apariencias impuestas por el empleador.

En tal sentido, si bien la doctrina laboral ha entendido que en el derecho laboral, por su naturaleza protectiva a favor del trabajador, debe aplicarse el criterio de la igualdad entre partes, que permita un razonable equilibrio notoriamente desigual, dada por la diferencia económica y social existente entre el empleador y el trabajador, principio protectivo plasmado en los arts. 46 y 48.III de la Constitución Política del Estado, 4 de la Ley General del Trabajo, 3.g) y 59 del Código Procesal del Trabajo.

En ese marco, tampoco debe perderse de vista que la aplicación de dicho principio debe ser relativo y racional, evitando un absolutismo que pueda dar lugar a la vulneración de los derechos procesales y sustantivos del empleador y menos de soslayar la adecuada apreciación de las pruebas aportadas por las partes.

En ese contexto, en el caso de análisis se establece que la actora Carolina Román Tórrez prestó servicios en la Clínica Unidad de Atención al Enfermo Renal (U.N.A.E.R.) de propiedad del demandado a partir del 1 de noviembre de 1999 hasta el 31 de marzo de 2009, si bien la Clínica del demandado empezó a funcionar desde septiembre de 2003, empero no es menos evidente que la actora ya prestaba servicios para el demandado en el Hospital San Vicente de Paul, aspecto que fue corroborado por la declaración testifical de fs. 65 de obrados, que señaló: “anteriormente UNAER funcionaba en el hospital San Vicente, tenía una unidad ahí”, además de la Confesión de la actora de fs. 71, por la Certificación de fs. 1, nota de reconocimiento al servicio de la actora de fs. 2 y otros, de donde se colige que la actora, prestó servicios bajo las características de subordinación, dependencia, por cuenta ajena, percibiendo un salario y sujeta a horario, aspectos que fueron compulsados y valorados correctamente por el tribunal de alzada, conforme a las facultades otorgadas por los arts. 158 y 3.j) del Código Procesal del Trabajo, conclusión que tiene su fundamento en el art. 48.II de la Constitución Política del Estado, que establece el “principio de la relación laboral” como un principio protector de los trabajadores, señalando al efecto: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”, reconociendo la relación laboral y el tiempo de servicios de la actora, toda vez que el demandado durante la sustanciación del proceso no desvirtuó a través de medios idóneos los hechos denunciados, conforme manda el art. 150, 66 y art.3.h) del Código Procesal del Trabajo.

Con relación al sueldo promedio indemnizable, la actora habría señalado que percibía un pago de Bs.50.-, por paciente, que atendía entre 20 a 25 pacientes por mes, por tanto le correspondería 1.250 y no 4.750 como erradamente determinó el tribunal de alzada; al respecto de la revisión de los datos que informan al proceso, se establece que si bien la actora refirió en su confesión que atendía entre 20 a 25 pacientes a razón de Bs.50.-, sin embargo, el recurrente no demostró a través de prueba idónea ( planillas de pago o recibos, que desvirtúen lo aseverado, es decir el número de pacientes que atendía por mes la actora y que por ello recibía la suma de Bs.50.- por paciente, menos que el sueldo era Bs.1.250.-, conforme mandan los art. 150, 66 y 3.h) del Código Procesal del Trabajo, ante lo cual los de grado han compulsado correctamente al establecer que el sueldo promedio de la actora es de Bs.4.750.- en estricto apego a la normativa laboral, no siendo por tanto evidente la transgresión del art. 19 de la Ley General del Trabajo y de los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, como indebidamente acusó el recurrente, toda vez que la decisión de los juzgadores obedece a los datos del proceso.

En cuanto a que habría prescrito el pago de la vacación y aguinaldo de las gestión 2007; corresponde señalar previamente referirnos a la prescripción y su efecto en el desarrollo del proceso, así la prescripción, es entendida por Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (Tomo VI pag. 374), como la “… consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo (…) ya perpetuado una renuncia, abandono, desidia, inactividad...”, refiriendo además que la prescripción de acción debe ser entendida como la: “…caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia procesal, por haber dejado transcurrir determinado tiempo sin ejercerlos o demandarlos…”. En ese sentido, queda claro que la inactividad del ejercicio de un derecho o beneficio por el periodo de un tiempo, que está regulado por ley, conduce a su pérdida del derecho.

En ese sentido, el derecho procesal laboral contempla la posibilidad de oponer excepciones, evitando las consecuencias de un proceso indebido, por existir ciertas circunstancias que impiden la constitución de la relación procesal, por razones de economía, estabilidad y regularidad procesal.

De tal manera, que el legislador en resguardo de dichos derechos y precautelando además los que le asisten al empleador, precisa en la normativa especial aplicable, la interposición de las excepciones, diferenciándolas de previas y perentorias, disponiendo y delimitando el periodo en el cual deberán ser interpuestas, conforme se tiene previsto en los arts. 127 al 135 del Código Procesal del Trabajo, señalando de manera expresa que en el procedimiento sólo se admiten, para el caso concreto: inc. b)“…Perentorias: de pago, prescripción y cosa juzgada…”, y 133: “…Las excepciones perentorias serán resueltas juntamente con la causa principal. En ejecución de sentencia sólo podrán oponerse las excepciones perentorias sobrevinientes y fundadas en documentos preconstituidos…”; todo ello, en concordancia con los art. 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Decreto Reglamentario; infiriéndose de tal forma que dicha excepción debe ser resuelta con la causa principal; es decir, en sentencia, y de manera extraordinaria las sobrevinientes y fundadas en documentación preconstituida en ejecución de sentencia; infiriendo de tal forma, que bajo los elementos protectivos prevalentes que rigen en materia laboral reconocidos constitucionalmente como Principios, la normativa especial, delimita que el periodo de tiempo transcurrido para la pérdida de los derechos y beneficios que asisten al trabajador y operarse la prescripción, sea reclamado en sede jurisdiccional, ante su real existencia y de pleno conocimiento del empleador hasta la Resolución de primera Instancia; siendo solamente ante el conocimiento sobreviniente del empleador, pueda ser reclamado en ejecución de sentencia.

Bajo dicho contexto, de la exhaustiva revisión de los antecedentes de la presente causa, se advierte en la especie, que la parte patronal a tiempo de responder negativamente la demanda, solamente interpuso excepción previa de incompetencia, imprecisión y contradicción y no así la excepción perentoria de prescripción, que fue declarada improbada por auto de fs. 31 de obrados, consecuentemente, no habiéndose interpuesto dicha excepción en el plazo y momento procesal que señala la ley; el demandado ahora recurrente, ha dejado precluir su derecho, conforme establece el art. 57 concordante con el art. 3.e) del Código Procesal del Trabajo, en el entendido que el proceso se desarrolla en diversas fases sucesivas, mediante la clausura definitiva de cada uno de los momentos procesales, no pudiendo por tanto pretender el recurrente validar la interposición de la excepción de prescripción en casación, pretendiendo desconocer derechos adquiridos irrenunciables de la actora, conforme regulaba el art. 162.II de la Constitución Política del Estado abrogada, reconocidos en el art. 48.III de la Constitución Política del Estado y art. 4 de la Ley General del Trabajo, de donde se concluye que no es evidente lo denunciado por el recurrente, por el contrario con acertado criterio el tribunal de alzada resolvió este punto del recurso de apelación en estricto apego a las normas legales y constitucionales que rigen para la materia.

En cuanto a la denuncia que no corresponde el pago de la multa del 30%, toda vez que la actora no fue despida, sino que renunció a su fuente laboral; es preciso remitirnos al art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, dispone: “I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda-UFVs desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. II. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor”; de la citada norma se entiende, para la procedencia del pago de la multa del 30% el empleador tiene el plazo de 15 días para el pago de los beneficios sociales y derechos laborales adquiridos. Sin embargo, el Decreto Supremo Nº 110 de 1 de mayo de 2009 emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, complementando la norma señalada, ha reglamentando el retiro voluntario, que en su art. 1: “I. Se considera retiro voluntario la manifestación escrita o verbal de trabajador o trabajadora de concluir la relación laboral sin importar el motivo de la misma. II. En caso de producirse el retiro voluntario, luego de haber cumplido más de 90 días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por el tiempo de servicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de 15 días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral. III. En caso de incumplimiento, deberá pagar la indemnización en el plazo establecido incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizados en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda-UFVs, más la multa del 30% del monto total a cancelar en favor del trabajador”, de donde se colige que no es relevante la conclusión de la relación laboral, sino que una vez producida la desvinculación laboral, el empleador tiene el plazo de 15 días para cancelar al trabajador o trabajadora los beneficios sociales y derechos colaterales, en ese sentido la conclusión arribada por el tribunal de alzada es correcta, toda vez que el derecho al trabajo tiene como finalidad el sustento de la trabajadora y de su familia, por constituir un derecho fundamental, que debe ser honrado a la brevedad posible por el obligado, en cumplimiento al art. 48.I, II, III y IV de la Constitución Política del Estado, que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, son irrenunciables, inembargables e imprescriptibles, concordante con el art. 4 de la Ley General del Trabajo, en ese sentido, al no haberse procedido al pago de los beneficios sociales a la actora dentro del plazo regulado por la ley, procede el pago de la multa del 30% a efectivizarse en ejecución de fallo.

Por los fundamentos expuestos, corresponde dar aplicación a los arts. 271.2) y 273 del Código Procedimiento Civil, por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 146 a 148 de obrados. Con costas.

        Regístrese, notifíquese y devuélvase.