SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 120/2015.

Sucre, 22 de abril de 2015.

Expediente: SSA.II-PTS.506/2014.

Distrito: Potosí.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: Los recursos de casación de fs. 1108 y 1112 a 1117 interpuestos, el primero por Leonardo Mamani Orcko en representación legal de la Compañía Metalúrgica “Vera Cruz” Ltda. y, el segundo por María del Rosario Ruiz Pérez, ambos recursos contra el Auto de Vista Nº 97/2014 de 24 de septiembre de 2014, cursante de fs. 1103 a 1106, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso laboral sobre beneficios sociales, seguido por María del Rosario Ruíz Pérez contra la Compañía Metalúrgica “Vera Cruz” Ltda.; el auto de fs. 1126 vta. que concedió el recurso de casación; los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, la Juez de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Potosí, emitió la Sentencia Nº 273/2014 de 21 de julio de 2014 (fs. 1040 a 1046), declarando probada en parte la demanda; ordenando a la empresa demandada que a través de su representante legal cancele a favor de la actora la suma de Bs.13.243,2.- por conceptos de desahucio, indemnización, vacación, bono de antigüedad y multa del 30% monto que además debe aplicarse el mantenimiento de la variación de la UFVs de acuerdo a lo previsto por el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, sin costas; al mismo tiempo declara improbada la demanda respecto a las horas extraordinarias y respecto a las primas se lo difiere a ejecución de sentencia; por último declara probada la excepción perentoria de prescripción.

Interpuestos los recursos de apelación por la parte demandada y la parte actora a fs. 1049 a 1050 y 1554 a 1058 respectivamente, mediante Auto de Vista Nº 97/2014 de fecha 24 de septiembre de 2014 (fs. 1103 a 1106), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, confirmó la Sentencia Nº 273/2014 de 21 de julio de 2014, cursante de fs. 1040 a 1046 de obrados, sin costas.

Contra dicha Resolución tanto la parte demandada a fs. 1108 como la parte actora de fs. 1112 a 1117, formularon recurso de casación en el fondo respectivamente, señalando:

En el recurso de casación de fondo interpuesto por la empresa demandada cursante a fs. 1108.- Alega que no comparte la imposición del pago de multa del 30% a favor de la demandante porque supuestamente el depósito de los beneficios sociales se habría realizado fuera de los 15 días que establece el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, sin embargo no se consideró que la demandante después de extinguida la relación laboral, no retorno más a la empresa, ni siquiera para cobrar el sueldo de noviembre ni el aguinaldo de navidad, autorizando que se efectivice esos pagos a su hermana, y justamente para evitar el pago de la multa del 30% es que se le comunicó que el monto total de su liquidación se le cancelaría conforme a ley, de tal modo la demandante debió apersonarse a la empresa para hacer efectivos sus derechos laborales, empero actuando de manera negligente o tal vez con la finalidad de beneficiarse con la multa, no volvió por la empresa, y para evitar que venza el plazo de los 15 días, se le buscó en su domicilio real conjuntamente con un Notario de fe Pública y un testigo de actuación, justamente esta prueba no fue valorada conforme a lo previsto por el art. 159 del CPT, de tal modo constituye causal de casación conforme previsión del art. 253.3 del CPC, por existir error de derecho en la valoración de la mencionada prueba.

El recurso de casación de fondo interpuesto por la parte demandante que cursa de fs. 1112 a 1117.- Con relación al pago de horas extraordinarias que no se ha tomado en cuenta el memorial de contestación a la demanda ni tampoco la confesión judicial provocada (fs. 974 a 975) respecto al reconocimiento de que fue contratada en fecha 16 de abril de 2005 como contadora y que posteriormente en la gestión 2009 asumió las funciones de administradora, no siendo evidente que haya trabajado durante todo el tiempo en la empresa como administradora, en dicha circunstancia ha existido error de derecho en la valoración de la prueba, infringiendo lo dispuesto por los arts. 159, 167 y 202.a) del Código Procesal del Trabajo (CPT), lo que constituye causal de casación en el fondo por ajustarse a lo previsto por el num. 3 del art. 253 del Código de Procedimiento Civil (CPC); por otra parte, respecto a lo manifestado en el auto de vista impugnado, referido a que en el cuaderno procesal existen pruebas que acrediten que no existió trabajo en horas extraordinarios, como las planillas de sueldos de las gestiones 2005 a 2010, al respecto señala que dichas autoridades no consideraron lo prescrito por el art. 182.i) del CPT, referente a la presunción de la existencia de horas extraordinarias debido a la falta de presentación del correspondiente libro, en ese sentido se ha actuado en contra de la ley que establece la presunción legal, vulnerando de esta forma lo previsto por los arts. 179 y 182.i) del CPT, lo que constituye causal de casación en el fondo por acomodarse a lo previsto por el art. 253.1 del CPC; asimismo señala que ha existido una valoración errónea de la prueba testifical, más propiamente de la declaración testifical de Rufo Wilfredo Mamani Mamani quien declaró que conjuntamente con la demandante se quedaban a trabajar horas extras durante la semana e inclusive sábados y feriados, de esta manera al no valorarse esta prueba que se relaciona con otros medios de prueba, se ha infringido lo dispuesto por el art. 178 del CPT.

Con respecto al pago de las primas anuales, señala que los estados financieros que constituyen requisito primordial para este beneficio, no están con la aprobación legal para su consideración ni pueden estarlo, ya que el Servicio de Impuesto Nacionales al momento de su presentación dentro del término legal, no aprueban ni desaprueban el resultado obtenido por la empresa, en dicha circunstancia no tengo conocimiento que se haya efectuado una fiscalización para la aprobación de los resultados obtenidos desde la gestión 2005 a 2012; por su parte aclara que en el documento privado de compromiso de pago referente al pago de quinquenio, se demuestra que no se ha pagado las primas que se le adeudan; por otra parte, resulta insólito de que los balances de la empresa no estén auditados ni aprobados por el Servicio de Impuestos Nacionales durante tantas gestiones; asimismo refiere que no se ha valorado las pruebas como ser las liquidaciones por la venta de concentrados de minerales que demuestran las utilidades que ha obtenido la empresa, asimismo no se ha valorado la certificación emitida por SEPSA y por la Asociación de Ingenios de Potosí que demuestran la falsedad de datos en los estados financieros de la empresa demandada, y justamente este antecedente es que no se ha tomado en cuenta lo dispuesto por el art. 181 del CPT que establece que la falta de presentación del balance legal por parte del empleador, hará presumir que ha obtenido utilidades; tampoco se tomó en cuenta y valoró la audiencia de inspección de visu a las oficinas de la empresa demandada, en la cual no se ha exhibido la documentación que se le ha solicitado; en conclusión la documentación señalada y que cursa en obrados tiene todo el valor legal establecido por el art. 159 del CPT, existiendo de esta forma error de hecho en la valoración de la prueba, constituyendo causal de casación en el fondo según previene el num. 3 del art. 253 del CPC.

Con referencia al Bono de Producción, el auto de vista impugnado refiere que la actora al no haber demandado el pago de bono de producción y que tampoco habría sido objeto de prueba, no puede ser considerada en esta instancia; al respecto señala que cursa en obrados la nota CITE.:CMVC-ADM-103/2011 de 28 de diciembre de 2011 por el cual demuestra que a partir de enero de 2012 debiera cancelarse el beneficio del Bono de producción de Bs.1.500.- en forma mensual, aspecto que no fue considerada y que le ocasiona perjuicio económico, habida cuenta los derechos laborales son imprescriptibles por mandato constitucional, y que al no ser valorada esta prueba se ha infringido lo dispuesto por el art. 159 del CPT, existiendo por tanto error de derecho en la valoración de la indicada prueba, que se encuentra inmerso dentro de lo establecido por el num. 3 del art. 253 del CPC.

Por último con respecto a la excepción perentoria de prescripción, señala que el auto de vista impugnado resulta ser contradictoria por cuanto establece que el pago de las primas anuales deben ser correspondientes a las gestiones 2009, 2010, 2011 y duodécimas del 2012 y al confirmar la excepción perentoria de prescripción estarían confirmando el pago solamente de las gestiones 2010 y 2011, en franca contradicción a lo resuelto en la impugnación del punto de las primas anuales, por tanto existen disposiciones contradictorias que hacen inviable ejecutar la sentencia, aspecto éste que se acomoda al num. 2 del art. 253 del CPC.

Concluyó solicitando que este tribunal case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada la demanda en todas sus partes y se cancele todos los beneficios sociales demandados.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado los recursos, ingresando a su análisis por separado en relación a los datos del proceso, se tiene lo siguiente:

1.- Resolviendo el recurso de casación de fondo de la empresa demandada, con referencia al pago de la multa del 30% impuesto en su contra; al respecto cabe señalar que, el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, establece: “I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda-UFV´s, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. II. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor”; de la revisión de los antecedentes procesales se advierte que la demandante María del Rosario Ruíz Pérez fue despedida el 1 de diciembre de 2012, conforme consta de la prueba cursante a fs. 3, en tanto que el pago de sus beneficios sociales se realizó el 21 de enero de 2013, conforme se evidencia de la documentación que cursa a fs. 53 de obrados, es decir, vencido el plazo de los 15 días previsto en el citado art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, razón por la cual corresponde se abone el pago por este concepto, por haber cancelado los beneficios sociales fuera del plazo previsto en la citada norma; por otra parte, en cuanto a lo denunciado de que la actora no se habría aproximado a la empresa para hacer efectivo sus derechos laborales, y justamente para evitar que venza el plazo de los 15 días, es que la buscaron en su domicilio real en fecha 13 de diciembre de 2013, conjuntamente con un Notario de Fe Publica y testigo de actuación, aspecto éste que no habría sido valorado conforme a lo previsto por el art. 159 del CPT; sobre esta cuestión, corresponde señalar que éstos argumentos no constituyen fundamentos valederos para la no cancelación de la multa del 30% concedida por los jueces de instancia, es por ello que el empleador en cumplimiento a lo que ordena la ley, debió tomar los recaudos necesarios para efectivizar el pago de los beneficios sociales y derechos laborales adeudados, más allá de ser un retiro forzoso, indirecto o voluntario, en resguardo del derecho que asiste a la trabajadora de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo, garantizando de tal manera su subsistencia y la de su familia; de tal forma, queda facultado para efectuar dicho pago en calidad de depósito y/o fondos en custodia ante el Ministerio de Trabajo, con la debida comunicación a dicha instancia de las observaciones que considere necesarias, salvaguardando además con ello, posibles acciones dilatorias que tiendan a la obtención de un beneficio indebido, como la multa del 30% por parte del trabajador; resguardando de tal forma, el equilibrio necesario entre empleador y trabajador; por lo tanto, corresponde se haga efectivo su pago, como determinó la sentencia de primera instancia, aspecto que fue confirmado por el Auto de Vista recurrido, en base a una correcta y acertada valoración de la prueba cuestionada, conforme prevén los arts. 3.j) y 158 del CPT. 

2.- Resolviendo el recurso de casación de fondo de la demandante, con referencia a la denegación del pago de horas extraordinarias, la Ley General del Trabajo regula la jornada laboral en su art. 46 dispone, al disponer que será de 8 horas por día y de 48 horas por semana; sin embargo, el segundo párrafo de la citada disposición refiere que: "Se exceptúan a los empleados u obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza, o que trabajen discontinuamente, o que realicen labores que por su naturaleza no puedan someterse a jornadas de trabajo…."; al respecto, conviene destacar que la diferencia que se realiza sobre el personal de dirección por un lado y sobre el personal de confianza por otro, la misma que obedece al hecho de que no siempre el personal de confianza ejerce un cargo de dirección y, por el contrario éste último, por el hecho de ejercer un cargo de dirección se constituirá definitivamente en personal de confianza, esto en razón a que, por su naturaleza, tienen, a diferencia de los demás trabajadores, un grado mayor de responsabilidad a consecuencia de que el empleador les ha delegado la atención de labores propias de él, otorgándoles una suerte de representación general, lo que se traduce en alta confianza.

En el caso de autos, se evidencia que la demandante desde el año 2009 desempeñaba las funciones de Administradora de la empresa, es decir ejercía un puesto de dirección y confianza dentro de la organización de la empresa con un nivel de especial responsabilidad o mando que involucran actividades revestidas de determinadas libertades y prerrogativas para ejercerlas a nombre del empleador o para sustituir al empleador en sus facultades de mando dentro de la organización, en dicha perspectiva, al tratarse de un cargo de tipo gerencial y cumplir con funciones de alta responsabilidad y confianza, la demandante no podía gozar de aquel beneficio de horas extraordinarias, aspecto éste que fue correctamente valorado por los jueces de instancia.

Por otra parte, con respecto a que no se habría considerado el hecho de que la demandante antes de desempeñar las funciones de administradora, ejerció las funciones de contadora durante las gestiones 2005 a 2009, conforme se tiene de su declaración confesoria que cursa a fs. 1003 a 1004, sobre esta cuestión corresponde señalar que si bien este aspecto no fue analizada por los jueces de instancia, corresponde afirmar que dichos reclamos se encuentran insertos dentro del ámbito previsto por el art. 120 de la Ley General del Trabajo, que prevé: “Las acciones y derechos provenientes de esta Ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido de ellas”, ante esta circunstancia no es evidente que existió ningún error de derecho en la valoración de la prueba, como aduce la demandante.

Con respecto, a que se habría vulnerado el art. 182.i) del CPT, se debe colegir que, el juzgador ante la falta de presentación del libro con el registro especial del cómputo de horas extraordinarias por parte del empleador, podrá presumir la existencia de las mismas; sin embargo, al tratarse de una presunción, dicho extremo debe ser cotejado con la valoración conjunta de otros elementos probatorios, conforme a la interpretación de la sana crítica, en estricta relación con lo estipulado por los arts. 3.j), 150 y 200 del CPT; todo ello conforme a la línea jurisprudencial que este Tribunal ha sentado mediante los Autos Supremos 259/2013 de 15 de mayo de 2013 y 193/2013 de 24 de abril de 2013. Es así que en la especie, se advierte que los juzgadores de instancia valorando las declaraciones testificales de la propia actora conjuntamente con los demás elementos de prueba, determinaron que no corresponde el pago de horas extraordinarias, por esta razón tampoco existe ninguna vulneración del art. 182.i) del CPT.

Con referencia a que no se habría valorado correctamente la prueba testifical de cargo consistente en la declaración del testigo Rufo Wilfredo Mamami Mamani, sobre esta cuestión no corresponde realizar ningún análisis, toda vez que al haberse determinado que la demandante ejercía un cargo de dirección y confianza dentro de la empresa, al amparo de lo previsto por el art. 46 de la LGA no le corresponde gozar de este beneficio laboral.

Sobre el reclamo del pago de las primas anuales que no le fueron concedidas, la norma sustantiva laboral en el art. 57 señala: “El pago de prima, distinto del aguinaldo, se sujetará a las normas establecidas por los arts. 48, 49 y 50 del D.S. de 23 de agosto de 1943”. Por su parte, el art. 48 del DS Nº 244 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DRLGT), con relación a las primas anuales establece: ”Las empresas que hubiesen obtenido utilidades al finalizar el año, otorgarán a sus empleados y obreros, una prima anual no inferior a un mes de sueldo o salario”. Así mismo, el art. 50 del DRLGT, dispone que: “Para los efectos de este capítulo servirá de documento fehaciente el balance general de ganancias y pérdidas aprobado por la Comisión Fiscal Permanente”; en dicho contexto se establece que para la acreditación de la existencia de utilidades, el documento que sirve como prueba fehaciente es el balance general de ganancias y pérdidas que se encuentre debidamente aprobado; en el caso de autos se evidencia que el Juez ad quo y el Tribunal ad quem han realizado una correcta interpretación de las normas citadas precedentemente, toda vez que, para la procedencia de las primas anuales, es imprescindible que los balances generales se encuentren debidamente aprobados, requisito éste que no se encuentra cumplido, en consecuencia resulta correcto que se haya diferido a ejecución de sentencia hasta tanto la misma se encuentre debidamente aprobada.

Por otra parte, con respecto a que no se habría considerado las primas anuales de las gestiones 2005 a 2009, corresponde precisar que los beneficios sociales al amparo de lo dispuesto por el art. 120 de la LGT, prescriben a los 2 años de haber nacido aquellas; en ese sentido no corresponde conceder dicho beneficio por dichas gestiones; por cuanto, el hecho de haberse establecido dentro de la relación laboral, como punto de hecho a probar, para que la demandante demuestre las utilidades obtenidas por la empresa demandada durante las gestiones 2005 a 2012, no significa que el Juez deba conceder su pretensión de forma directa, sino que la misma está sujeto a un análisis pormenorizado de las pretensiones de las partes, una correcta valoración de las pruebas y un cotejo adecuado a la normativa legal y constitucional, acorde a los principios y valores establecidos en la Constitución Política del Estado, en dicha circunstancia no existe ningún error de hecho en la valoración de la prueba, como reclama la demandante.

Con referencia a la denegación del pago del beneficio de bono de producción, corresponde señalar que esta petición al no haber sido analizada ni resuelta por los Jueces de instancia, - por cuanto la misma no habría sido solicitado en la demanda principal ni tampoco ha sido objeto de prueba -, éste Tribunal de casación no puede emitir ningún pronunciamiento, toda vez que dicha pretensión no ha sido objeto de examen ni valoración, en consecuencia corresponde rechazar su pretensión.

Por último, con relación a que el auto de vista impugnado habría pronunciado una resolución contradictoria con referencia a la excepción perentoria de prescripción, al respecto resulta pertinente aclarar que no existe ninguna contradicción, al contrario el Tribunal ad quem, realizó correcto análisis de los preceptos que trae consigo la nueva Constitución Política del Estado promulgada el año 2009, citando al efecto el art. 48.IV al señalar que: “...los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles.”, aspecto éste que también fue desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1922/2012 de 12 de octubre al señalar: “…los preceptos de una Constitución al entrar en vigencia, deben ser aplicados de forma inmediata, aún en casos pendientes de resolución iniciados con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política que se está aplicando, pues los derechos fundamentales, garantías constitucionales y los principios contenidos en la Constitución Política, adquieren plena e inmediata eficacia al entrar ésta en vigencia…”, en ese sentido, la interpretación realizado por el Tribunal ad quem resulta correcta y válida a los efectos de la jurisprudencia constitucional, es así que de manera acertada aclara que la procedencia del pago de las primas anuales, deben ser consignadas solamente por las gestiones 2009 al 2012; por consiguiente no existe ninguna contradicción como alude la demandante.

Por lo referido, se concluye que al no estar justificadas, las infracciones acusadas en ambos recursos, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 1108, interpuesto la el representante legal de la empresa demandada, del mismo modo el recurso de casación en el fondo de fs. 1112 a 1117 interpuesto por la demandante.

Sin costas, por ser recurrentes ambas partes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.