SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 116/2015.

Sucre, 22 de abril de 2015.   

Expediente: SSA.II-LP.502/2014.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 294 a 295, interpuesto por la Caja Nacional de Salud, representada por Matías Lucio Chacón Coronado, impugnando el Auto de Vista Nº 127/2014-SSA-I de 20 de junio de 2014de fs. 178 a 1802, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, dentro del proceso social de reincorporación instaurado por Cristina Gladys Flores Villca contra la institución recurrente, la respuesta al recurso de fs. 298 a 299, el auto que concedió el recurso de fs. 300, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social de reincorporación, la Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de ciudad de La Paz, pronunció Sentencia Nº 297/2013 el 18 de octubre de fs. 192 a 195, declarando probada la demanda de fs. 7 a 13, disponiendo la reincorporación de Cristina Gladys Flores Villca, a su fuente de trabajo, en las funciones que desempeñaba, con los sueldos y beneficios que percibía a momento de su retiro.

Contra la sentencia, la institución demandada formuló recurso de apelación de fs. 273 a 276, que fue resuelto por Auto de Vista Nº 127/2014-SSA-I de 20 de junio, de fs. 176 180, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que confirmó en todas sus partes la sentencia apelada.

El auto de vista referido, motivó el recurso de casación de fs. 294 a 295, interpuesto por la Caja Nacional de Salud, expresando en síntesis los siguientes argumentos:

  1. Alega que la demandante acudió a las instancias legales en forma errónea, toda vez que no agotó las vías administrativas previstas por la Ley Nº 1178 y DS Nº 23318-A, que establecen la tramitación del proceso administrativo, mediante la interposición de los recursos de impugnación, de revocatoria y jerárquico, que no fueron empleados por la demandante, lo que provocó la ejecutoria de la Resolución Nº 24/2012, y que agotada la vía administrativa, correspondía acudir a la vía contenciosa administrativa, argumento que respalda citando la SC Nº 090/2006 de 17.11.06; sin embargo, señala, que tanto el juez a quo como el tribunal de alzada, incurrieron en incompetencia al analizar el fondo de las actuaciones de la autoridad sumariante y la valoración de la pruebas producidas en el sumario interno, aplicando normas de orden jurisdiccional como el Código de Procedimiento Civil, y desconociendo que la Caja Nacional de Salud, cuenta con un Reglamento de Procesos Internos, cuyo art. 3, respecto al ordenamiento jurídico establece. “...la CNS en cumplimiento de la Ley 1178, el DS 23318-A del 03.11.92 y DS 26237 de 29.06.01 que aprueba el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, tiene la obligación de instaurar procesos internos cuando el trabajador dependiente de la CNS incurra en acción u omisión que contravenga el ordenamiento jurídico administrativo”, de lo que concluye que, la jurisdicción ordinaria, desconociendo el reglamento interno de procesos de la CNS, no puede asumir la aplicación de norma procesales, fuera del rango y límites a los que se sometió la Autoridad Sumariante.
  2. Respecto a la notificación en el domicilio procesal señalado por la sumariada, manifiesta que el auto de vista concluyó que no se observó el cumplimiento de las normas básicas procesales a tiempo de la notificación a la trabajadora con la resolución de primera instancia; sin tomar en cuenta que fue la misma trabajadora quien se puso en indefensión al haber señalado como domicilio procesal la actuaría del juzgado; al respecto, cita las Sentencias Constitucionales Nº 0974/2004-R de 22 de junio y 0287/2003-R; por lo que concluye señalando que la trabajadora, fue debidamente notificada con el auto inicial de proceso administrativo, y ese mismo domicilio, se considera válido para todos los efectos legales, mientras no haya designado otro.
  3. Sobre el pago de sueldos devengados, señala que a fs. 178 a 190 de obrados, constan los aportes realizados por Cristina Gladys Flores Villca al Fondo de Ahorro Previsional de Futuro Bolivia, donde se detallan los aportes en el Seguro Universitario y la Caja Cordes durante el tiempo de duración de la demanda; sin embargo, señala, que ni la sentencia ni el auto de vista impugnado, consideraron la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, que sobre la asignación de sueldos devengados estableció que únicamente es procedente la otorgación de los mismos, en fuero sindical, embarazo y por paternidad; y que por otro lado, se estaría incurriendo en la otorgación de doble percepción pues tanto el Seguro Universitario como la Caja Cordes, tienen recursos que dependen del TGN, percepción que a su criterio, está prohibida por la Ley Financial de la gestión 2010, ratificada para las gestiones 2012 - 2014.

En mérito a lo expuesto, solicita se admita el recurso de casación, revoque el auto de vista impugnado y declare improbada la demanda principal y la improcedencia de la reincorporación.

A su vez, la demandante Cristina Gladys Flores Villca, respondió al recurso formulado por la Caja Nacional de Salud, en base a los argumentos expuestos por memorial de fs. 298 a 299, señalando que el recurso de casación interpuesto, no cumple con los requisitos establecidos en el numeral 3) del art. 258 del CPC.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, analizado el contenido del mismo se establece lo siguiente:

1. Respecto al reclamo de la falta de agotamiento de la vía administrativa por parte de la demandante, al haber recurrido directamente a la jurisdicción laboral, sin haber hecho uso antes, del recurso de revocatoria y jerárquico en la instancia administrativa, y la falta de competencia de la juez laboral para conocer la demanda de reincorporación solicitada, se tiene lo siguiente:

De la revisión de obrados, se evidencia que la Autoridad Sumariante de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz, mediante la Resolución Nº 24/2012 de 31 de julio, cursante a fs. 1 a 4, reiterada de fs. 21 a 24, dispuso la destitución de la actora, del cargo que desempeñaba como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital Obrero Nº 1 dependiente de la Administración Regional de La Paz de la C.N.S., determinación que fue ejecutoriada, en virtud a que la demandante no observó los plazos para plantear el recurso de Revocatoria contra la resolución antes referida, conforme dispone el Procedimiento Administrativo en general y el Reglamento de Procesos Internos de la Caja Nacional de Salud en su art. 16, infiriéndose que la ahora recurrente, no efectivizó los recursos posteriores que la ley le facultaba para presentar en su defensa, y que sin embargo acudió directamente a la judicatura laboral, demandando la reincorporación a su fuente laboral, alegando que la destitución sin goce de beneficios sociales a la que fue sancionada, fue resultado de un obscuro proceso administrativo interno.

Para establecer y precisar la competencia de los Tribunales en materia laboral, en principio debe hacerse referencia al Convenio C-158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que “Sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador”, en su art. 8, establece el derecho que tiene el trabajador que considere injustificada la terminación de su relación de trabajo a recurrir contra la misma ante un organismo neutral, como un tribunal del trabajo competente cuando considere que la terminación de su relación de trabajo es injustificada.

En esa línea el art. 8 del Código Procesal del Trabajo (CPT) dispone que la Judicatura del Trabajo y Seguridad Social, forma parte del Poder Judicial con la competencia que le atribuye esta ley y la Constitución Política del Estado. El art. 9 señala que la Judicatura del Trabajo tiene competencia para decidir las controversias emergentes de los contratos individuales y colectivos de trabajo, de la aplicación de las leyes de seguridad social, vivienda de interés social, denuncia por infracción de leyes sociales y de higiene y seguridad ocupacional, la recuperación del patrimonio de las organizaciones sindicales, del desafuero sindical y otras materias y procedimientos señalados por la ley. Finalmente el art. 73.8) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, dispone que los Juzgados Públicos en Materia de Trabajo y Seguridad Social son competentes para conocer, entre otras, las demandas de reincorporación; en este contexto normativo corresponde precisar que los Juzgados del Trabajo y Seguridad Social, constituyen la instancia facultada por ley para conocer y resolver las demandas de reincorporación de aquellos trabajadores que consideren haber sido despedidos sin causa justificada, y en general de los conflictos que se susciten como emergencia de la aplicación de las leyes sociales, conforme a lo previsto por los arts. 1, 9 y 43 del Código Procesal del Trabajo, habiendo establecido al respecto la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0177/2012 de 14 de mayo de 2012, que: “…En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS Nº 495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral…”, clarificando la posibilidad que se pueda verificar si las pruebas fueron valoradas adecuadamente, así como otros aspectos relativos a la aplicación de normas laborales sustantivas.

Estando establecida la competencia del Juzgado de Trabajo y Seguridad Social, para conocer y resolver las demandadas de reincorporación, es necesario precisar que, la solicitud de reincorporación puede ser también planteada en la vía administrativa conforme establece el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 y el DS Nº 495 de 1 de mayo de 2010. En ese contexto el art. 10.I del DS Nº 28699, prevé que cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación. El parágrafo III de la misma norma, prevé que en caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago; que en caso de negativa del empleador a cumplir con la determinación de restitución, el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social le impondrá multa por infracción a leyes sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio antes referido. Por su parte el artículo único, párrafo II del DS Nº 405, incluye los parágrafos IV y V en el art. 10 del Decreto Supremo Nº 28699, con los siguientes textos: “IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución.” y “V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”.

De las disposiciones aludidas precedentemente se concluye que, las mismas tienen la finalidad de proteger la estabilidad laboral como un derecho fundamental, otorgando a la trabajadora o trabajador la posibilidad de demandar la reincorporación a su fuente de trabajo ante un despido sin causa legal justificada, facultativamente ante la Judicatura Laboral o la Jefatura Departamental de Trabajo. La incorporación de la vía administrativa para conocer la reincorporación, se pretende proveer al trabajador de un mecanismo ágil para la protección de su derecho a la estabilidad laboral; sin embargo, debe aclararse que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS Nº 0495, no causan estado, es decir, no constituye una resolución definitiva respecto de la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnarla ante la Jurisdicción Laboral.

Por lo expuesto corresponde precisar que, nuestra legislación prevé dos vías para precautelar la estabilidad laboral de las trabajadoras y trabajadores, la judicatura laboral (Jueces del Trabajo y Seguridad Social y la Sala Social y Administrativa de los Tribunales Departamentales) y el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de las Inspectorías del Trabajo en la vía administrativa, no siendo excluyentes; por lo que el trabajador a efectos de su reincorporación no está obligado previamente a recurrir ante la vía administrativa, pues puede directamente acudir ante la Judicatura laboral. En autos, si bien la actora fue destituida del cargo, previo un proceso administrativo interno, tramitado de acuerdo al Reglamento Interno de la Caja Nacional de Salud, bajo el argumento de haber contravenido el mismo, e incurrido en la comisión del ilícito contemplado en el art. 16.g) de la Ley General del Trabajo y art. 9 de su Decreto Reglamentario y que a razón de ello, fue destituida de sus funciones, sin goce de beneficios sociales, afirmando la entidad demandada, que concurrió causal justificada para tal determinación, emergente de un debido proceso interno; sin embargo, el análisis realizado tanto por la juez a quo como por el tribunal de alzada, demostraron las irregularidades en que incurrió la autoridad sumariante en el desarrollo del proceso administrativo interno, concluyendo que la notificación con la resolución emitida por la autoridad sumariante, no fue realizada en cumplimiento de las normas básicas procesales que establecen que la notificación con toda determinación judicial o administrativa, debe ser realizada en forma personal, tal como previene el art. 137 del Código de Procedimiento Civil, y no como se realizó en el caso presente, es decir, en secretaría de la autoridad sumariante, más aún en este caso en el que la resolución cuestionada, disponía la destitución de la trabajadora, sin goce de beneficios sociales, dejando transcurrir el tiempo de tal manera que la trabajadora no pueda hacer uso de los recursos de impugnación, y declarando a consecuencia de ello, la ejecutoria de dicha resolución, coartando desde todo punto de vista sus derechos y garantías constitucionales, previstos en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado.

Bajo el marco legal referido, y los antecedentes procesales mencionados, si bien la trabajadora fue destituida de sus funciones, previo proceso interno, por la causal establecida en el inc. g) del art. 16 de la Ley General del Trabajo, y más allá de las irregularidades que pudieron haberse sucedido en el desarrollo del mismo, la trabajadora, considerando injusto la disposición de la autoridad sumariante, tenía la vía expedita de acudir a la jurisdicción laboral, con el objeto de que ante la supuesta injusticia cometida, sea una autoridad neutral, en este caso el juez en materia de Trabajo y Seguridad Social, quien luego de una valoración de los hechos tal y como en realidad se suscitaron, determine si correspondía o no la destitución de la trabajadora de su fuente laboral, de ahí que, la actora al solicitar su reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, acudió ante autoridad competente observando lo dispuesto por los arts. 8 y 9 del CPT y 73.8) de la actual Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 25 de junio de 2010, concordante con los arts. 9 y 43.b) en relación con el art. 4, todos del Código Procesal del Trabajo, de donde se deduce que fue acertada la decisión del tribunal de alzada de confirmar el auto de vista impugnado que confirmó la disposición de la juez a quo de reincorporar a la actora a su fuente laboral como enfermera auxiliar en la Caja Nacional de Salud, que conforme a la normativa citada precedentemente, tiene plena competencia para conocer la presente demanda sobre reincorporación, máxime si determinando lo contrario, se estaría causando indefensión a la actora, violando la garantía del debido proceso, previsto en el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

2. Respecto a la notificación a la trabajadora con la resolución de la autoridad sumariante, la institución recurrente señala que la notificación fue realizada de manera legal, tomando en cuenta que fue ella quien señaló domicilio procesal la secretaría de la autoridad sumariante; en ese sentido cita como precedente jurisprudencial, las SSCC Nº 0974/2004-R y 0287/2003-R y resaltando lo señalado por el Tribunal Constitucional, que no puede alegarse indefensión cuando la misma ha sido provocada deliberadamente, y por otro lado, no se encuentra en situación de indefensión la persona que conociendo de la existencia del proceso, ha dejado de intervenir en él, por un acto de voluntad; sin embargo, de la lectura de las sentencias referidas, se evidencia que estas no pueden ser aplicadas al caso de autos, pues las problemáticas en ellas contenidas, tienen elementos fácticos distintos, pues el Tribunal Constitucional llega a la conclusión en ambos casos, que no existió vulneración del derecho a la defensa por cuanto los datos del proceso demostraron que los recurridos tuvieron pleno conocimiento de todos los actuados a lo largo del proceso, activando mecanismos legales, que de no haber tenido conocimiento del desarrollo del proceso, no hubieran podido ser interpuestos, lo que en absoluto puede tenerse como indefensión, que en contraste con la problemática del caso de autos, la actora, no tuvo conocimiento de la emisión de la resolución de la autoridad sumariante, que como se señaló precedentemente, al tratarse de una resolución definitiva, que contenía la disposición de destitución de la trabajadora, además sin goce de beneficios sociales, debió realizarse de forma personal, y al no tener ella conocimiento de un fallo de semejante naturaleza, se hace más que evidente la indefensión en la que se vio sumida, razones por las cuales, este Tribunal respalda la decisión asumida por los de instancia.

3. Finalmente, con referencia al pago de sueldos devengados alegados por la entidad recurrente, es preciso señalar que, conforme dispone el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, el auto de vista se circunscribe a los puntos resueltos por el inferior que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación, conforme al art. 227 del mismo cuerpo legal; en ese sentido no se advierte que los recurrentes en tiempo oportuno y conforme la ley les facultaba, hubieren reclamado dicho agravio en su recurso de apelación, impidiendo pronunciamiento alguno al respecto del Tribunal ad quem, dejando precluir su derecho y convalidando cualquier acto que pudo haber sido reclamado oportunamente.

Por todo lo expuesto, se concluye que el tribunal ad quem, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación cursante en obrados y que no transgrede ni vulnera ninguna normativa legal, que dicho sea de paso, la CNS omitió detallar con precisión y explicar el resultado dañoso que ha sido emergente de la misma, advirtiéndose que el auto de vista impugnado, se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, por lo que corresponde resolver conforme prescribe los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 294 a 295, sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 (SAFCO).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.