SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 109/2015.

Sucre, 6 de abril de 2015.   

Expediente: SSA.II-OR.494/2014.

Distrito: Oruro.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación a fs. 361, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, representado por su Alcaldesa Municipal Lic. Rossio Carolina Pimentel Flores, contra el Auto de Vista Nº AV-SSA-76/2014 de 29 de agosto de 2014 cursante de fs. 352 a 357, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso social de pago de beneficios sociales que siguen Policarpio Garnica Portillo y René Evaristo Zaconeta Barral contra la entidad municipal recurrente, la respuesta a fs. 365, el auto que concedió el recurso de fs. 367, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Oruro, emitió la Sentencia Nº 026/2014 de 03 de abril de 2014 (fs. 326 a 331), declarando probada en parte la demanda con referencia al pago de desahucio por retiro intempestivo a los dos demandantes e improbada con referencia al pago de vacaciones a Policarpio Garnica Portillo, sin costas, disponiendo que la entidad municipal demandada cancele a favor de Policarpio Garnica Portillo la suma de Bs.15.412,50.- y Bs.18.711,00.- a favor de Rene Evaristo Zaconeta Barral, ambos por conceptos de desahucio.

En grado de apelación interpuesto tanto por el demandante Policarpio Garnica Portillo (fs. 333 a 334) como por la entidad demandada a través de su alcaldesa municipal Lic. Rossio Carolina Pimentel Flores (fs. 336 a 337), la Sala Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista Nº AV-SSA-76/2014 de 29 de agosto de 2014 (fs. 352 a 357), declaró improcedente los recursos planteados por ambas partes y confirmó de manera íntegra la sentencia apelada.

Dicha resolución, motivó que la institución municipal demandada, a través de su representante legal Lic. Rossio Carolina Pimentel Flores, formule recurso de casación en el fondo (fs. 36) contra el Auto de Vista AV-SSA-76/2014 de 29 de agosto de 2014, acusando que se incurrió en contradicciones como los errores de hecho a momento de valorar las pruebas; expresando las siguientes reclamaciones:

Que tanto la sentencia como el auto de vista impugnado incurren en lo dispuesto por el art. 253.1 y 2 del Código de Procedimiento Civil, al haberse violentado la normativa legal vigente, interpretándose de forma errónea la misma con la consecuencia de una mala aplicación de la ley al pretender de que la entidad demandada, cancele a favor de los demandantes el pago por concepto de desahucio; arguye asimismo que el tribunal de alzada no valoró correctamente las pruebas aportadas así como las normas en actual vigencia en materia de seguro social de largo plazo, toda vez que la jubilación es un derecho reconocido por la CPE que le asiste a toda persona que aportó al Sistema de Pensiones y que haya cumplido con su etapa laboral activa, consistiendo la pensión de vejez en un pago de una pensión mensual de por vida que recibe el asegurado, y en el caso de los ahora demandantes cumplieron con todos los requisitos establecidos en la Ley Nº 065 como es el hecho de la edad (58 años) y los aportes mínimos requeridos (120); por otra parte, refiere que la sentencia en su punto “C” estableció que la entidad demandada debió declarar en comisión a los trabajadores que cumplieron con los requisitos de jubilación, aspecto éste que estaban imposibilitados de dar cumplimiento, toda vez que se encuentran sujetos a normas de control como es la Ley Nº 1178 y porque además la figura de “comisión” no existe dentro de la Ley Nº 065; recalcando por último que no existe interrupción laboral, siendo que el trabajador pasa de un estado laboral activo a uno pasivo, no debiendo considerarse como un retiro forzoso, y al pretender la cancelación del desahucio, se estaría vulnerando el art. 66 de la Ley General del Trabajo.

Finalmente refiere que interpone recurso de casación y solicita que se CASE el auto de vista impugnado y se deje sin efecto el pago por concepto de desahucio.

CONSIDERANDO II: Que, del análisis y compulsa del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, se advierte que su denuncia señala de que se habría interpretado la norma de forma errónea y por ende haya existido una mala aplicación de la ley, así como tampoco no se habría valorado correctamente las pruebas aportadas, al respecto cabe señalar que dichas denuncias resultan ser subjetivas y abstractas, por cuanto que no se especifica de manera concreta qué normas o disposiciones legales habrían sido erróneamente interpretadas o de qué manera habría existido una mala aplicación de la ley, tampoco refiere expresamente qué pruebas no se habrían valorado de forma correcta, lo cual imposibilita a este Tribunal realizar un análisis jurídico del recurso de casación porque no cumple a cabalidad los requisitos de técnica recursiva.

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde considerar el recurso de casación en el fondo, en aplicación de los principios del pro homine y pro actione, por lo que se pasa a resolver el mismo:

De la revisión del recurso de casación, se evidencia que la problemática suscitada refiere al hecho de establecer si el retiro forzoso de los demandantes por parte de la entidad municipal recurrente, ha sido efectuado de manera legal o ilegal y si el pago del desahucio ha sido dispuesto correctamente; al respecto, corresponde puntualizar de manera previa que el instituto jurídico del desahucio, debe ser entendido, como la sanción que se impone al empleador por el despido del trabajador sin que éste hubiese incurrido en una de las causales establecidas en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo y 8 de su Decreto Reglamentario -despido injustificado e intempestivo-, o por el incumplimiento de preavisar su retiro al trabajador según dispone el art. 12 de la citada Ley General del Trabajo, siendo su finalidad cubrir el tiempo considerado como prudencial para que el trabajador busque una nueva fuente laboral a efectos de obtener los medios económicos necesarios para su subsistencia digna y la de su familia; aspecto que es ratificado por el DS Nº 110 de 01 de mayo de 2009, que en su art. 3, establece: "Corresponde el pago del desahucio a la trabajadora o al trabajador que sea retirado intempestivamente. No corresponde el pago del desahucio a las trabajadoras o trabajadores que se retiren voluntariamente de su fuente laboral". 

Ahora bien, de la revisión del proceso, se evidencia que la finalización de la relación laboral ocurrió en virtud a los MEMORANDUM 0595-12 de 25 de septiembre de 2012 y 0809-12 de 21 de diciembre de 2012 (fs. 2 y 3), extendida por la Lic. Rossio C. Pimentel Flores - H. Alcaldesa Municipal de Oruro, en forma directa y sorpresiva, fundamentando su determinación en virtud al art. 8.b) de la Ley Nº 065 (Ley de Pensiones), por cuanto los demandantes habrían cumplido con los requisitos para acogerse a los beneficios de la jubilación, lo que resulta indebido, porque si bien los trabajadores se encontraban insertos dentro de las condiciones de acceso a la prestación de vejez establecidos en la citada Ley de Pensiones, esta disposición no resulta ser de carácter imperativa, sino por el contrario, sólo determina requisitos mínimos para todas aquellas personas que quieran solicitar la prestación de jubilación a su favor y de sus derechohabientes a los entes de seguro social de largo plazo; es decir, es un derecho del trabajador para solicitar su renta de vejez ya sea cuando este se encuentre prestando sus servicios o no; aspecto éste que resulta ser diametralmente opuesta a lo establecido por el art. 66 de la Ley General del Trabajo en el que establece de forma expresa, la obligación que tienen todos aquellos empleados fiscales, municipales, de entidades autárquicas y de empresas particulares en general, al retiro forzoso siempre y cuando hayan cumplido con la edad de 65 años.

Empero, consta de obrados, según el correcto análisis realizado por el tribunal ad quem, haber evidenciado que, en la fecha en que fueron extendidos los memorandum de retiro por motivos de “jubilación”, ninguno de los demandantes habría alcanzado la edad de 65 años para que proceda a su retiro forzoso con fines de jubilación, ante esta circunstancia la entidad municipal demandada, incurrió en vulneración de normas laborales al haber cesado en sus funciones a los demandantes cuando no existía ninguna causal que justifique aquello, toda vez que si bien, la entidad demandada justificaba que los demandantes cumplían con los requisitos para acogerse a la Jubilación conforme a las disposiciones de la Ley de Pensiones Nº 065 de 10 de diciembre de 2010 -afirmado por el municipio demandado en su recurso-, aquello no significaba que la entidad demandada se encuentre facultado para disponer el retiro forzoso de los trabajadores, peor aún sin constatar que los actores tenían o no la edad para acogerse al derecho de jubilación; porque conforme se tiene explicado precedentemente, el art. 66 de la Ley General del Trabajo, norma especial y de aplicación preferente, estableció una edad límite para el retiro forzoso por jubilación como causal de desvinculación, responde a criterios objetivos y razonables, no debiendo entenderse como cese de oportunidades, sino como mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los cargos, velando por la salud e integridad física de los trabajadores, que llegan a dicha edad, además de constituir en instrumento legal que dispone el Estado, para lograr la efectividad del mandato constitucional contenido en el art. 45.IV de la Constitución Política del Estado, según el cual el Estado debe garantizar el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.

Según lo expuesto, se establece que las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo no son ciertas, deviniendo éstas en infundadas, porque al haber dispuesto el retiro intempestivo de los actores sin previo aviso, corresponde el pago de desahucio dispuesto correctamente por los tribunales de instancia; correspondiendo en consecuencia, resolver de acuerdo a lo previsto en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 361 interpuesto por la Lic. Rossio Carolina Pimentel Flores en su calidad de Alcaldesa del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.