SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 101/2015.

Sucre, 2 de abril de 2015.   

Expediente: SSA.II-SCZ.487/2014.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 874 a 883, interpuesto por Javier Valda Ramos, en representación de la Empresa de Telecomunicaciones NUEVATEL PCS de Bolivia S.A., contra el Auto de Vista Nº 190 de 4 de octubre de 2013 cursante a fs. 825 a 833, emitido por la Sala Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral seguido por Gabriela María Decker Vargas, Karina Zabala Peña y Rafael Quinteros Montaño, contra la Empresa de Telecomunicaciones NUEVATEL PCS de Bolivia S.A., la respuesta de fs. 889 a 892, el auto de fs. 898 a 899, que concedió el recurso, los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Quinto de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, el 17 de agosto de 2012, pronunció la Sentencia Nº 555 de fs. 769 a 777, declarando probada, con costas, la demanda de fs. 28 a 34, ampliación y modificación de fs. 40, disponiendo que la Empresa de Telecomunicaciones NUEVATEL PCS de Bolivia S.A., representada por Luís Eduardo Arce Ostria, pague a Rafael Quintreros Montaño, la suma de Bs.207.476,00.-, por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, prima legal y vacación, a Gabriela María Decker Vargas la suma de Bs.479.399,88.-, por concepto de indemnización, aguinaldo, prima legal y vacación y a Karina Zabala Peña, el monto de Bs.772.013,10.-, por concepto de indemnización, aguinaldo, prima legal y vacación; más el pago de la multa del recargo del 30%, actualización, reajustes y mantenimiento de valor dispuesto en el art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, a favor de todos los actores, que serán calculados en ejecución de sentencia, rechazando mediante Auto Nº 1261 de 30 de agosto de 2012 cursante a fs. 791, la solicitud de complementación y enmienda promovida por el representante legal de la institución demandada.

En grado de apelación deducida por el representante de la Empresa de Telecomunicaciones NUEVATEL PCS de Bolivia S.A. (fs. 804 a 813), por Auto de Vista Nº 190 de 4 de octubre de 2013 de fs. 825 a 833, dictado por el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se confirmó en parte la Sentencia Nº 555 de 17 de agosto de 2012, y Auto complementario de fs. 791, manteniéndose la actualización que en ejecución de sentencia se dispondrá conforme al mandato del DS Nº 28699, con la siguiente modificación: a Rafael Quinteros Montaño la suma de Bs.207.476,00.-, por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, prima legal y vacación, más el pago de la multa del recargo del 30% prevista en el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, a favor de Gabriela María Decker Vargas el monto de Bs.479.399,88.-, por concepto de indemnización, aguinaldo, prima legal y vacación y a favor de Karina Zabala Peña, la suma de BS.772.013,10.-, por concepto de indemnización, aguinaldo, prima legal, y vacación, más el pago de la multa del recargo del 30%, actualización, reajuste y mantenimiento de valor dispuesto en el art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, a favor de todos los actores, que serán calculados en ejecución de sentencia, disponiendo mediante Auto Nº 573 de 2 de diciembre de 2013 de fs. 848, no ha lugar a la solicitud de enmienda y complementación respecto a la parte principal de las modificaciones, en cuanto al pago de costas, sin embargo, se complementa y se aplica la línea jurisprudencial del AS Nº 522 de 9 de agosto de 2013 a favor de Gabriela María Decker Vargas y Karina Zabala Peña, complementándose o aplicándose el pago del 30% sobre la multa, conforme lo previsto en el art. 9 DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, manteniéndose los efectos del Auto de 4 de octubre de 2013 de fs. 825 a 833.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 874 a 883, interpuesto por Javier Valda Ramos, en representación de la Empresa de Telecomunicaciones NUEVATEL PCS de Bolivia S.A., manifestando:

En la forma, la violación de los arts. 202 del CPT, 190 y 236 del CPC, señalando que la conclusión asumida por el tribunal ad quem, en el segundo considerando existe contradicción respecto al pago de costas, puesto que inicialmente señalan que no corresponde el pago de costas, sin embargo, más adelante sostienen que procede el pago de costas al haberse determinado que existió relación laboral, hecho que implica infracción a los principios de congruencia y especificidad y violación de las normas citadas, hecho que es pasible a la nulidad de obrados, citando al respecto jurisprudencia contenida en los Autos Supremos Nos. 48 de 22 de noviembre de 2005, 092 de 14 de febrero de 2007 y 169 de 15 de marzo de 2007.

De otro lado, denunció violación de los arts. 196.2) y 239 del CPC, por haber modificado mediante Auto de Explicación y Complementación Nº 573 de 2 de diciembre de 2013 de fs. 848, la parte resolutiva del Auto de Vista Nº 190 de 4 de octubre de 2013 de fs. 825 a 833, en cuanto a la procedencia de la multa del 30% a favor de las actoras Gabriela María Decker Vargas y Karina Zabala Peña, alteración sustancial prohibida por el art. 196.2), del CPC, aplicable en segunda instancia por mandato del art. 239 del mismo cuerpo legal, acto jurisdiccional que, además de ser ilegitimo, es ilegal por cuanto el tribunal ad quem solo tenía competencia para corregir cualquier error material o aclarar algún concepto oscuro y no así para volver a considerar los derechos pretendidos de los demandantes, puesto que después de la emisión del auto de vista, no tienen facultades para pronunciarse, menos aún cambiar un fallo judicial, nuevamente sobre el fondo de la presente acción judicial.

Por lo expuesto, al no existir justificación jurídica para la imposición de costas ni para alterar sustancialmente la resolución después de haber sido dictada, procede la nulidad de auto de vista, debiendo emitirse uno nuevo que justifique y argumente de forma correcta y completa los puntos 5, 6, 7 y 8 del recurso de apelación.

En el fondo, denunció la errónea aplicación de los arts. 48 de la CPE, 4 de la LGT, 3.g) del CPT, los Decretos Supremos Nos. 23570 de 26 de julio de 1993, 28699 de 1 de mayo de 2006, 107 de 1 de mayo de 2009 y 521 de 26 de mayo de 2010, debido a que no existió ninguna relación jurídica laboral con los demandantes.

En este sentido sostuvo que, los principios de protección a los trabajadores, de primacía de la realidad y de irrenunciabilidad de los derechos y beneficios, tutelan al trabajador, ello no implica parcialidad a su favor a momento de administrar justicia, es decir, no pueden ser utilizados como fuente de injusticia contra los empleadores, menos para fundamentar un auto de vista ilegal, aduciendo que las disposiciones citadas ut supra, han sido utilizadas de manera equivocada, por cuanto con los demandantes no existió relación jurídica laboral alguna, sino de orden civil comercial, pues no existe en dicha vinculación, las características previstas en el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, reforzado por el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, acotando que el art. 5 del DS Nº 28699, fue incorrectamente considerado como una especie de prohibición absoluta para la realización de otro tipo de contratos no laborales, puesto que de acuerdo a las pruebas de descargo presentadas, no se valoró ni analizó que en la presente acción judicial, ninguno de los actores tuvo relación jurídica laboral con la empresa demandada, ya que los actores no prestaron sus servicios como trabajadores dependientes.

Denunció violación de los arts. 6.6) y 1260 y 1271 del Código de Comercio, señalando que el fallo de vista en ningún caso permite dar a entender como un contrato de comisión y consignación celebrado conforme lo previsto en el art. 1260 y siguientes del Código de Comercio, cuya base es la venta de bienes y la prestación de servicios, puede llegar a considerarse un contrato de trabajo, normativa que concuerda con lo previsto en el art. 6.6), complementado con lo estipulado en el art. 1271, ambos del Código de Comercio, de donde se puede apreciar que el servicio acordado en este contexto, no existe remuneración o salario, sino única y exclusivamente el pago de una comisión, citando al respecto jurisprudencia contenida en los Autos Supremos Nos. 144 de 7 de abril de 2008 y 169 de 6 de junio de 2008, al margen de quienes realizan esta distribución y comercialización en el marco de lo previsto en el art. 1260 citado, desarrollan sus actividades en instalaciones que se encuentran bajo su responsabilidad, es decir, no existe un carácter de exclusividad en el servicio que puedan brindar a favor de la empresa, hecho que desvirtúa cualquier tipo de relación laboral entre partes, toda vez que los actores desarrollaron sus actividades por cuenta propia, en forma independiente, sin ningún tipo de subordinación, ni horario, menos control de asistencia, extremos que se advierten en los contratos de fs. 8 a 15 y 16 a 23, donde se establece la condición de los demandantes como comisionistas, además se indica que los agentes de comercio tienen una situación jurídica independiente.

En este sentido, no habiendo existido relación jurídica laboral con los demandantes, la presente acción judicial no puede ser dilucidada en al ámbito laboral, puesto que no se encuentra dentro de la competencia de la judicatura del trabajo.

Por otra parte denunció la violación del art. 154 del CPT, al no considerar la uniforme jurisprudencia ordinaria existente al respecto, ya que no obstante de haberse demostrado a lo largo del proceso, la naturaleza comercial de la relación jurídica que hubo con los demandantes, citando al respecto el Auto Supremo Nº 634 de 16 de noviembre de 2010, fallo que es plenamente aplicable en el presente caso, toda vez que los actores celebraron contratos de naturaleza comercial sujetos a la regulación del Código de Comercio, que entraron en vigencia con su pleno consentimiento con todo el valor que le confiere el art. 519 del CC y que no puede ser objeto de desconocimiento por el tribunal, al tener dicho contrato fuerza de ley.

También denunció la violación de la Ley de 18 de diciembre de 1944 y la aplicación incorrecta de los arts. 57 de la LGT y 33 de su Decreto Reglamentario, al haber considerado el pago de aguinaldo de navidad, concepto otorgado no obstante de la inexistencia de relación jurídica laboral con los actores, lo mismo ocurre con el pago de primas, que no corresponde aplicar en razón a que las mismas están destinadas a aquellas relaciones de orden laboral y no comercial como en el caso presente, de igual forma sucede con el pago de vacaciones, que solo procede cuando hubiera existido ruptura de la relación laboral, extremo que no sucedió en el caso presente.

Finalmente denunció errónea aplicación de los arts. 12 y 13 de la LGT, puesto que al no haber existido relación laboral, menos despido de los demandantes para que proceda el pago de desahucio, como tampoco indemnización, aplicándose de manera equivocada el párrafo II del art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, ya que no corresponde el pago de multa alguna a favor de los actores.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, anule obrados hasta el vicio más antiguo, o en su caso, casen el auto de vista recurrido y el auto de complementación y enmienda Nº 573 de 2 de diciembre de 2013 de fs. 848, declarando improbada la demanda con costas y todas las penalidades de ley.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto el recurso, corresponde su análisis y consideración, en base a los antecedentes del proceso:

Resolviendo en la forma: La parte recurrente solicita nulidad de obrados, con el argumento que existe contradicción en el auto de vista emitido por el tribunal de apelación toda vez que primero señala que la a quo, al haber modificado los montos peticionados en la demanda, se debió declarar probada la misma sin costas, sin embargo, más adelante señala que corresponde al pago de costas, por otra parte, en cuanto al auto de complementación y enmienda adujo que, el tribunal ad quem al modificar la parte resolutiva del auto de vista recurrido y conceder la multa del 30% a favor de las actoras Gabriela María Decker Vargas y Karina Zabala Peña, viola lo previsto en los arts. 196.2) y 239 del CPC.

Con relación a las costas, analizados lo fallos emitidos por los juzgadores de instancia, se evidencia que la juez a quo a momento de emitir la Sentencia Nº 555 de 17 de agosto de 2012, cursante de fs. 769 a 777, declaró probada la demanda, con costas, hecho que fue objeto de reclamo en el recurso de apelación de fs. 804 a 813, interpuesto por el representante legal de la empresa recurrente, con el argumento de que la juez a quo al haber modificado el monto original de las sumas demandadas por los actores, debió declarar probada en parte la demanda, sin el consiguiente pago de costas, extremo que si bien en la parte considerativa del fallo de vista, en un comienzo determinó que no correspondía el pago de costas y de manera posterior, al resolver el punto nueve del recurso de apelación, dispuso lo contrario, sin embargo, este extremo fue subsanado en la parte resolutiva en el auto de vista recurrido, que confirmó en parte en parte la Sentencia Nº 555, “sin costas” (el resaltado nos pertenece), motivo por el cual no tiene razón de ser el reclamo sobre este punto, toda vez que este aspecto le favorece a la parte demandada, careciendo el presente hecho de trascendencia, motivo por el cual no se ingresa en mayores consideraciones.

En cuanto a que el tribunal de apelación, mediante Auto Complementario Nº 573 de 2 de diciembre de 2013, modificó el Auto de Vista Nº 190 de 4 de octubre y dispuso la procedencia del pago de la multa del 30% a favor de las actoras Gabriela María Decker Vargas y Karina Zabala Peña, habría actuado de manera arbitraria, toda vez que el tribunal ad quem, solo tendría competencia para corregir cualquier error material y no volver a considerar los derechos pretendidos de los demandantes.

Al respecto, revisado los antecedentes procesales, se advierte que los actores a momento de interponer su demanda, entre otros conceptos, también demandaron la imposición de la multa del 30% prevista en el art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, como circunstancia de aquello, el juez a quo, a momento de emitir la Sentencia Nº 555 de 17 de agosto de 2012 cursante de fs. 769 a 777, al margen del reconocimiento de los derechos y beneficios sociales demandados, también reconoció a favor de los demandantes el pago de la multa del 30%, actualización y mantenimiento de valor dispuesto por el art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, sin embargo, el tribunal ad quem, en el Auto de Vista Nº 190 de 4 de octubre de 2013 cursante a fs. 825 a 833, llegó a la conclusión de que no correspondía el pago de la multa a favor de las actoras Karina Zabala Peña y Gabriela María Decker Vargas, con el fundamento de que la desvinculación laboral con la empresa demandada fue de forma voluntaria, ante esta circunstancia, las prenombradas actoras, mediante memorial de fs. 846 a 847, solicitaron complementación y enmienda en lo referente al pago de la multa, adjuntando como argumento para la procedencia de su pago, jurisprudencia contenida en los Autos Supremo Nos. 504, 519 y 522, de 29 de agosto de 2013, entre otros, que señalan que el pago de la multa del 30% prevista en el art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, procede también en caso de retiro voluntario, conforme lo estatuido en la Resolución Ministerial Nº 447 de 8 de julio de 2009, motivo por el cual, en base a la jurisprudencia citada, el tribunal ad quem, mediante Auto Nº 573 de 2 de diciembre de 2013 cursante a fs. 848 complementó el auto de vista recurrido y dispuso el pago de la multa del 30% dispuesta en el art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 a favor de las actoras Gabriela María Decker Vargas y Karina Zabala Peña, es decir, confirmando lo que ya estaba dispuesto en la sentencia de primera instancia, de donde no resulta evidente que el tribunal de apelación hubiera alterado sustancialmente el fallo de primera instancia, no siendo por tanto atendible la nulidad solicitada por carecer de trascendencia.

Resolviendo el recurso de casación en el fondo, donde la parte recurrente manifiesta que entre los actores y la empresa demandada, no existió relación laboral con las características previstas por ley, sino que dicha relación fue de carácter estrictamente civil-comercial.

En ese contexto, a fin de determinar si una relación de trabajo tiene las características esenciales laborales, hay que tener en cuenta que todo trabajo es una prestación a favor de otro, por lo que siempre existe la realización de un acto, un servicio o ejecución de obra; la distinción radica en el modo de la relación existente entre quienes lo brindan y lo reciben, a tal fin corresponde observar el papel realizado por cada una de las partes, que ante las exigencias de las reglas impuestas por el empleador, es posible que se pretenda ocultar o encubrir la realidad bajo apariencias de una relación no laboral, por lo que a este fin la doctrina del derecho laboral destaca entre los varios componentes de la relación laboral, el elemento de la dependencia o subordinación, según el cual, quién recibe el trabajo tiene la facultad de dirigirlo e imponer sus reglas, tomando los frutos de ese trabajo, por lo que para determinar la relación se debe recurrir al principio de primacía de la realidad que privilegia los hechos frente a las formalidades y apariencias impuestas por el empleador, principio establecido en el art. 4.d) del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

En este marco, conforme establece el art. 1 del Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993, las características esenciales de la relación laboral son: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador, b) La prestación del trabajo por cuenta ajena y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación, concordante con el art. 2 de la misma norma legal que establece que en las relaciones laborales en las que concurran aquellas características esenciales precedentemente citadas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo.

Al respecto, de la revisión de la documentación adjuntada durante la tramitación del proceso, se evidencia que entre los actores y la institución demandada, se suscribieron contratos, bajo el nomen de “Contrato de comisión”, en los cuales se establecieron una serie de condiciones, obligaciones, prohibiciones, impuestas a los trabajadores, así también consta en antecedentes que le daban instrucciones, recomendaciones y responsabilidades que debían asumir en el desempeño de sus funciones, además, había un horario de trabajo de ocho horas, hechos que demuestran categóricamente la relación de dependencia y subordinación, exclusividad, la existencia de salario o remuneración de acuerdo a lo previsto en el art. 39 del Reglamento de la Ley General del Trabajo y subordinación de los actores con la institución demandada, por cuanto dada la naturaleza del trabajo realizado, reúne todas las características exigidas por los arts. 1 del Decreto Supremo Nº 23570 y 2 del Decreto Supremo Nº 28699, razón por la que no puede considerarse como una relación de carácter civil o comercial como erradamente pretende hacer creer el representante legal de la Empresa de Telecomunicaciones NUEVATEL PCS Bolivia S.A., puesto que la prueba documental con la que la parte demandada pretende justificar que las funciones desempeñadas por los demandantes emanaron de un contrato de prestación de servicios enmarcado dentro de la esfera civil-comercial, regulada por disposiciones civiles y no laborales, motivo por el que no correspondería el pago de los beneficios sociales a los demandantes, no constituyen prueba idónea y contundente que desvirtúe tal afirmación, resultando insuficiente para desvirtuar los fundamentos expuestos por los demandantes, porque para privar a los trabajadores de los derechos y beneficios sociales que la ley le reconoce, debe existir prueba suficiente que permita al juzgador formar un claro y amplio criterio sobre las causas por las cuales no correspondería reconocer a su favor lo que en derecho reclama; extremo que no aconteció en el presente caso, debiendo tenerse presente además que, de acuerdo al art. 5 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 “cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente”, porque determinar en el caso presente que no existió relación de dependencia y subordinación, se estaría convalidando un fraude laboral porque se abriría la posibilidad de realizar contratos de carácter civil, con el objeto de encubrir una relación laboral con el fin de eludir el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, los cuales son irrenunciables de acuerdo a los arts. 48.III de la Constitución Política del Estado y 4 de la Ley General del Trabajo.

Estas guías de orientación llevan al convencimiento de que entre los actores y la empresa demandada Telecomunicaciones NUEVATEL PCS DE Bolivia S.A., existió relación de dependencia y subordinación, es decir, bajo el ámbito de la Ley General del Trabajo y no dentro de la esfera del derecho privado o civil, hecho por el cual corresponde reconocer a favor de los demandantes los derechos y beneficios sociales concedidos por los juzgadores de instancia en sus fallos, quienes para arribar a la determinación asumida, valoraron de manera correcta la prueba adjuntada al proceso, conforme la faculta los arts. 3. j), 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo.

Bajo estas premisas, se concluye que el auto de vista objeto del recurso de casación, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación a norma legal alguna, correspondiendo resolver el mismo de acuerdo a los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la permisión del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 874 a 883.

Con costas.

Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs.500.- que mandará pagar el tribunal de apelación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.