SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 100/2015.

Sucre, 2 de abril de 2015.   

Expediente: SSA.II-SCZ.486/2014.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 323 a 320 interpuesto por Erika Jasmín Aliaga Méndez y el recurso de casación en el fondo a fs. 327 interpuesto por Claudio Fernández Fawaz en representación legal de la Empresa Servicio y Operadores S.A. (SIO), contra el Auto de Vista Nº 201/2012 de 13 de abril (fs. 319 a 320), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social seguido por Erika Jasmín Aliaga Méndez contra la Empresa Servicio y Operadores S.A. (SIO) representado legalmente por Claudio Fernández Fawaz las respuestas de fs. 327 y 330, el auto de fs. 331 que concedió los recursos; los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social, de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 57 de 17 de noviembre de 2011 de fs. 301 a 304, declarando probada con costas la demanda interpuesta por Erika Jasmín Aliaga Méndez contra la Empresa Servicio y Operaciones S.A. (SIO) representado por su Gerente General Claudio Fernández Fawas, al haberse demostrado que el despido de la trabajadora no fue justificado legalmente, correspondiendo el pago de beneficios sociales demandados a excepción del bono de servicio por no encontrarse justificado legalmente, por lo que ordena que se pague a tercero día en favor de la ex trabajadora demandante, el monto de Bs.29.937,53.

En grado de apelación deducida por Claudio Fernández Fawaz, en representación legal de Empresa Servicio y Operadores S.A., (SIO), de fs. 308 a 309, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 201/2012 de 13 de abril (fs. 319 a 320), confirmando en parte la Sentencia Nº 57 de 17 de octubre de 2011 de fs. 301 a 304, dictada por la Juez segunda del Trabajo y Seguridad Social sin costas, correspondiéndole a la demandante la suma de Bs.5.554,32.

Esta resolución originó que ambos sujetos procesales, formulen recurso de casación en el fondo de fs. 323 a 324 y 327 respectivamente, en los que manifestaron:

El recurso de casación en el fondo de fs. 323 a 324, interpuesto por la actora Erika Jasmín Aliaga Méndez, en el que acusó:

Que el punto discordante es el supuesto incumplimiento al convenio establecido por la causal enumerada en el inc. e) del art. 16 de la Ley General del Trabajo, argüido injustamente por el señor Vocal relator quien ha hecho una aplicación indebida de la ley, al haber vertido graves y lesivas afirmaciones sin fundamento real ni sustento legal alguno que mellen y lesionan los derechos consagrados e irrenunciables derechos laborales al desahucio e indemnización por tiempo de servicios, haciendo el Tribunal de alzada una injusta e incorrecta valoración de la normativa legal limitándose a valorar a medias los hechos reales, rescatando exclusivamente los aspectos concerniente al interés de la demandada, desamparando al trabajador y apartándose deliberadamente de la sana crítica y los principios generales del derecho laborales contenida en la siguiente normativa: arts. 1, 4, 12, 13, 20, 44, 52 y 55 de la LGT, y arts. 33, 39 del DRLGT; I, II, III, IV, V, del art. 48; II y III del art. 49 de la Constitución Política del Estado; art. 4 y 5 del Decreto Supremo Nº 28699; aspectos que no han sido contemplados por el juzgador de segunda instancia y que compromete la imparcialidad del tribunal de alzada.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista recurrido y en definitiva se mantenga vigente la sentencia dictada por la Juez de primera instancia.

El recurso de casación en el fondo de fs. 327, interpuesto por Claudio Fernández Fawaz en representación legal de la Empresa Servicio y Operadores S.A. (SIO), en el que acusó:

El Auto de Vista Nº 201 de 13 de abril de 2012, en el cuarto considerando, determina que la trabajadora Erika Jasmín Aliaga Méndez, habría incurrido en la falta grave de incumplimiento de contrato de trabajo que tenía con la empresa (SIO), razón por la cual se aplicó la causal de despido establecido en el art. 16.e) de la Ley General del Trabajo, por lo que perdió el derecho al desahucio e indemnización por tiempo de servicio, sin embargo en la parte resolutiva confirma en parte la sentencia, concediendo el derecho de aguinaldo por 11 meses y 8 días; vacación, horas extras, devolución de gastos médicos y descuentos indebidos, tales beneficios no le corresponden a la actora porque la empresa después de extinguida la relación laboral se los canceló tal como consta en los documentos que cursan de fs. 84, 88 y 89. Entonces el tribunal ad quem, al concederles nuevamente estos beneficios a la actora, han incurrido en error de hecho, porque no tomó en cuenta, ni mucho menos valoró la pruebas antes referidas, que tienen el valor probatorio que les asigna el art. 151 del Código Tributario, y que demuestra el pago de dichos beneficios

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista Nº 201 de 13 de abril de 2012, y deliberando en el fondo declaré improbada la demanda de fs. 33 a 37.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos de los recursos de casación en el fondo, corresponde resolverlos en base a su análisis y consideración de acuerdo a los hechos denunciados y la normativa invocada estableciendo lo siguiente:

En cuanto al recurso de casación en el fondo interpuesto por la actora Erika Jasmín Aliaga Méndez, en el cual, el objeto de controversia versa sobre el incumplimiento de contrato por parte de la trabajadora, referente a la deslealtad, infidelidad, falta de exclusividad en el servicio, revelación de secreto, vulnerando el art. 16.e) de la Ley General del Trabajo y el Decreto Reglamentario

Al respecto, revisados los antecedentes que informan al proceso, cursa de fs. 179 a 181, la confesión provocada de la demandante, donde reconoce haber mantenido reuniones con la Honorable Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra, sosteniendo reuniones de trabajo intercambiando ideas técnicas y capacitándose para otro empleador; como se podrá advertir, la prueba documental adjunta a fs. 84 a 89, cumple con lo previsto en el art. 161 del Código Procesal del Trabajo, la misma constituye prueba suficiente e idónea para determinar que la desvinculación de la trabajadora con la Empresa empleadora (SIO) fue justificada y se encuentra prescrita en el art. 16.e) de la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario, conforme se llega a la conclusión que la parte demandada ha desvirtuado los extremos demandados establecidos en el art. 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, no siendo evidente la violación acusada.

Estas guías de orientación llevan al convencimiento de la existencia de la relación laboral desde el 28 de diciembre de 2005 hasta el 8 de diciembre del 2008, por el lapso de 2 años 11 meses y 10 días, percibiendo un salario de Bs.2.166,63.-, como se indicó el motivo de la extinción de la relación del trabajo fue por incumplimiento del contrato de trabajo por parte de la trabajadora cursante a fs. 2 a 4 del expediente, por lo tanto no le corresponde al desahucio si no los demás derechos laborales señalados en el auto de vista objeto de impugnación ahora traído a casación, como acertadamente determinó el Tribunal de Segunda Instancia, en base a una adecuada y correcta valoración de las pruebas aportadas durante la tramitación del proceso conforme prevén los arts. 3.j), 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo.

El parágrafo III del art. 49 de la CPE, prescribe que “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes”; en coherencia con ello el DS Nº 28699, sobre los contratos laborales, en el párrafo onceavo de su parte considerativa ilustra que “la regla son los contratos laborales indefinidos; ya que la causa de despido debe estar debidamente justificada, fundamentada y comprobada en el marco del respeto a los derechos laborales vigentes en nuestro país”.

A ese efecto el Convenio C-158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador”, en su art. 4, establece que: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio” (el resaltado es nuestro). Este Convenio en su art. 8, establece el derecho del trabajador a recurrir ante la autoridad competente cuando considere que la terminación de su relación de trabajo es injustificada.

Tal cual se dijo hasta aquí, el trabajador tiene el derecho de conservar su empleo durante su vida laboral, esta protección encuentra su fundamento en que la estabilidad de la relación laboral da seguridad y confianza al trabajador al permitirle continuar con su trabajo que le genera un salario para la satisfacción de sus necesidades familiares, al mismo tiempo beneficia a la parte empleadora porque contribuye al mayor rendimiento del trabajador como resultado de su experiencia laboral; finalmente beneficia a la sociedad mejorando el bienestar social, ya que la inestabilidad en el trabajo crea problemas sociales colaterales como la desocupación, pobreza, delincuencia y otros. Este principio expresa la necesidad social de atribuirle una larga duración a las relaciones de trabajo y de proteger al trabajador contra el despido arbitrario e injustificado por parte del empleador, protege uno de los derechos fundamentales como lo es el derecho al trabajo. Sin embargo, existen causas legales que justifican el despido, incluso, sin derecho a desahucio o indemnización como las establecidas en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 de su Decreto Reglamentario (DR).

Para que un despido pueda ser calificado como justificado dentro del espectro que la Legislación Laboral dispone, éste debe producirse por causas que dentro de un margen de razonabilidad objetiva y previa probanza, estén relacionadas a la conducta del trabajador, y que -entre otros aspectos- eventualmente conlleven la afectación grave de los medios de producción o la estructura organizativa del empleador; entonces, existe un límite claro en lo que a desvinculación laboral atribuible al empleador concierne; límite cuyo principal elemento estriba precisamente en el establecimiento veraz y objetivo de la justa causa del despido, en el caso de autos el incumplimiento de contrato de trabajo, origino el despido de la trabajadora por demostrar una conducta de deslealtad, infidelidad, falta de exclusividad en el servicio, revelación de secreto en desmedro de la empresa empleadora, vulnerando el art. 16.e) de la Ley General del Trabajo y el art. 9 del Decreto Reglamentario.

Con lo expuesto, se debe admitir que un despido justificado, no necesariamente consulta con el art. 16 de la LGT y 9 de su DR, por cuanto el despido puede originarse en una necesidad empresarial con la finalidad de prevenir una afectación de entidad tal que ponga en riesgo el funcionamiento de la empresa y sus consecuencias inmediatas respecto a todos los dependientes.

Bajo estas premisas, se concluye que el Auto de Vista objeto del recurso de casación, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación a norma legal alguna, como el error de hecho que erróneamente invocó la empresa recurrente, correspondiendo resolver el mismo de acuerdo a los arts. 271.2) y 273 del Código de Procediendo Civil, aplicables por la permisión del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

Resolviendo recurso de casación en el fondo de fs. 327, interpuesto por Claudio Fernández Fawaz en representación legal de la Empresa Servicio y Operadores S.A. (SIO), se colige que, conforme estableció la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo, el recurso de casación se asimila a una nueva demanda de puro derecho, que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 Código de Procedimiento Civil, además de fundamentar por separado de manera precisa y concreta cuáles son las causas que motivan la casación ya sea en la forma o en el fondo, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino demostrar en qué consiste la infracción que se acusa.

Que de la revisión del recurso, se colige que el representante legal de la empresa demandada, no ha cumplido los requisitos enumerados en el inciso 2) del art. 258 del Código de Procedimiento Civil, (en este caso fundamentar el recurso) toda vez que si bien citó disposiciones legales, no precisó de qué manera fueron presuntamente infringidas, mal aplicadas o erróneamente interpretadas, simplemente realiza un relato intrascendente de escaso contenido jurídico; además de no precisar en qué consiste la infracción que se acusa, limitándose a solicitar que el Tribunal Supremo case el Auto de Vista recurrido.

Sobre el particular, la doctrina y jurisprudencia, han establecido que el recurso de casación en el fondo debe fundarse en errores “in judicando” en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, debiendo identificarse las causales señaladas por el art. 253 de la citada norma, lo que no ocurre en el caso de análisis.

Que, en ese marco legal, el recurso interpuesto es insuficiente e injustificable, haciendo inviable su consideración porque impide a este tribunal abrir su competencia para analizar en el fondo, correspondiendo en consecuencia resolver en la forma prevista por los arts. 271.1) y 272.2) del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 del Código de Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa,  Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 323 a 324, interpuesto por la actora Erika Jasmín Aliaga Méndez e IMPROCEDENTE, el recurso de casación intentado por Claudio Fernández Fawaz, representante legal de la empresa demandada, cursante a fs. 327, sin costas por ser ambas partes recurrentes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.