SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 95/2015.

Sucre, 2 de abril de 2015.   

Expediente: SSA.II-OR.481/2014.

Distrito: Oruro.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 179 a 180 interpuesto por Ramiro Alcocer Nuñez y otros contra el Auto de Vista Nº 82/2014 de 12 de septiembre, cursante de fs. 174 a 177, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso laboral seguido por Ramiro Alcocer Núñez, Simón Olivera Valdez, Víctor Huanacu Cala, Hilaria Jaldin Paredes, Juan Carlos Sánchez Saavedra, Raúl Vásquez Gómez García y Edmundo Villalta Vera contra la Empresa de Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado “SeLA”, la respuesta de fs. 185 a 186, el auto de fs.187 que concedió el recurso, los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la causa, el Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de Oruro, emitió la Sentencia Nº 047/2014 de 28 de mayo, cursante de fs. 148 a 153, declarando improbada la demanda y probada la excepción perentoria de cosa juzgada y de pago, con costas

Que, en grado de apelación de fs. 157 a 158, interpuesto por Ramiro Alcocer Núñez, Simón Olivera Valdez, Víctor Huanacu Cala, Hilaria Jaldin Paredes, Juan Carlos Sánchez Saavedra, Raúl Vásquez Gómez García y Edmundo Villalta Vera, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Auto de Vista Nº 82/2014 de 12 de septiembre, cursante de fs. 174 a 177, confirmó totalmente la sentencia apelada.

Contra la resolución de segunda instancia, Ramiro Alcocer Núñez y otros, por memorial de fs. 179 a 180 plantean recurso de casación expresando en síntesis lo siguiente:

1.- Que el auto de vista, no tomó en cuenta la calificación de años de servicios por el tiempo total laboral que sus personas prestaron en la empresa SeLA-Oruro, ni el pago de bonos de antigüedad que la empresa reconoce y que pagaba en el sistema bancario hasta agosto de 1985, mediante las planillas de pago de la gestión 1985 con montos definidos según la escala salarial en el sistema bancario.

2.- Por otro lado señala, que la testifical de descargo fue restringida por el juez, así también la inspección de visu no tuvo eco para ver la realidad de las planillas de pago del bono de antigüedad antes de septiembre de 1985, como tampoco se consideró los alegatos presentados por los demandantes.

3.- Que, la Sentencia Nº 127/97 cursante a fs. 38, al declarar parcialmente probada la demanda, no tiene la exactitud que exige el art. 202 del CPT, por cuyo motivo la empresa no quiso dar cumplimiento a dicho fallo, quedando de esta manera en suspenso el pago del bono de antigüedad que se venía aplicando hasta septiembre de 1985.

Por lo que considera que el auto de vista, es contradictorio y transgrede normas procesales establecidas en el CPT, además vulnera derechos constitucionales previstos en el art. 48.I.II y III de la Constitución Política del Estado.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, si bien no aclara si la casación es en el fondo o en la forma, sin embargo por los reclamos expuestos, se colige que se trata de casación en el fondo, por lo que se pasa a considerar el mismo, de donde se establece lo siguiente:

Con relación al reclamo referido sobre la falta de valoración de la prueba en el auto de vista; sin embargo, al margen de no haber identificado con meridiana claridad si el error denunciado es de hecho o de derecho, no fundamentó de manera alguna porque razón o motivo se habría incurrido en tales errores; no obstante estas falencias, que limitan una debida fundamentación y análisis al respecto, en la especie, el tribunal de alzada al confirmar totalmente la sentencia de primera instancia, obró adecuadamente y de acuerdo a los datos del proceso, por cuanto, resolvió el fondo de la litis valorando la prueba aportada por las partes en función de los arts. 3.j) y 158 del CPT, al haber tomado en cuenta en lo principal, la valoración correspondiente y el razonamiento al que llegó la juez a quo, plasmados en los considerandos II y III este último en los incs. A y B, donde se establece la relación laboral entre partes, el tiempo de servicios y la cancelación de los bonos.

Al margen de ello, de la revisión de los antecedentes y pruebas aportadas, principalmente aquélla referida a la Sentencia Nº 127/97 que cursa a fs. 38 a 39, que resuelve la demanda de reposición de bono de antigüedad y con carácter retroactivo; resolución que se encuentra ejecutoriada, conforme se desprende de la confesión espontánea de la misma parte recurrente, cuando señala “…ninguna autoridad ejecutiva de la Empresa quisieron dar cumplimiento a la sentencia, signado con el Nº 127/97…”; así como, con respecto a la Sentencia Nº 106/2005 que resuelve similar petición (demanda de reposición de bono de antigüedad y con carácter retroactivo) que cursa de fs. 46 a 49 y reiterada de fs. 70 a 73, que elevada en grado de consulta por no haber merecido recurso alguno, fue aprobado mediante Auto de Vista Nº 130/2006 de fs. 50; que al presente la pretensión versa en lo principal sobre reposición de bono de antigüedad y pago retroactivo, el mismo que ya fue juzgado y resuelto la decisión con los elementos que configuran la cosa juzgada señalados en los arts. 1319 del Código Civil y 336.6) de su Procedimiento, aplicables en el caso de autos por expresa determinación del art. 252 del CPT, lo que no permite ser repetido en este proceso; porque volver a juzgar lo juzgado sería atentar el principio "Non bis in ídem", pretensión argumentada por la entidad demandada mediante la excepción de cosa juzgada, entre otras, que correctamente fue declarada probada por el juez a quo, al evidenciar la existencia de procesos previos al presente, con sentencias firmes y definitivas; es decir, ejecutoriada y además con identidad de causa, objeto y sujetos; es más, si se toma en cuenta que dicha resolución, que declara probada la referida excepción, al no haber merecido recurso alguno, importa aceptación tácita de su parte y un reconocimiento implícito del fallo al respecto, provocando de esta manera el recurrente la preclusión de ese derecho procesal.

En cuanto a la denuncia respecto al ejercicio del derecho cuando una parte considera que se ve coartado, el mismo debe ser ejercido en la forma y en el momento procesal pertinente, por el principio de preclusión, en cuyo mérito no es posible retrotraer el procedimiento a etapas procesales ya concluidas. En efecto, si el recurrente consideraba que la testifical de descargo fue restringida por el juez, así como que la inspección de visu a la entidad demandada no tuvo eco para ver la realidad de las planillas de pago del bono de antigüedad que se pagaba hasta antes de septiembre de 1985; correspondía hacer uso de los recursos procesales que la ley franquea para impugnar, (reposición, apelación, y otros previstos por ley en defensa de sus derechos), y al no haber recurrido contra la Sentencia Nº 106/2005 que declaró improbada la demanda y probada la excepción perentoria de prescripción, ha consentido dichos actuados; por consiguiente, en mérito al principio de convalidación, ya no podía cuestionar este aspecto en apelación ni mucho menos en casación.

Por otra parte, si el recurrente suponía que la sentencia no consideró los alegatos de su parte, al margen que no es elemento de convicción; correspondía a la parte, de acuerdo a lo establecido por el art. 196.2) del CPC, solicitar la complementación del referido fallo, sobre cuya base, podía recurrir de apelación y posterior casación, al no haber ejercido este derecho dejaron precluir por propia omisión.

Con relación al reclamo sobre ambigüedad de la Sentencia Nº 127/97 cursante a fs. 38 como sostiene el recurrente tanto en apelación como en casación; al respecto, podía haber utilizado, a la notificación con la referida sentencia y dentro del término legal previsto por el art. 196.2) del CPC, el recurso que le franquea la ley, como es el recurso ordinario de explicación y complementación, que es el remedio para obtener que el mismo órgano judicial que dictó una resolución subsane las deficiencias, aclarando los conceptos oscuros, supliendo las omisiones de que adolece el pronunciamiento; de donde resulta inadmisible que ahora en la vía del recurso de casación, se pretenda regresar a momentos procesales ya extinguidos y consumados, nada menos que en otro proceso que se encuentra con autoridad de cosa juzgada; al margen que no se mencionan los agravios en que podía haberse incurrido en la Sentencia Nº 047/2014 y el Auto de Vista Nº 82/2014 pronunciados dentro de este proceso.

En mérito a dichas consideraciones, no se evidencia que el auto de vista, habría incurrido en una errada valoración de la prueba y menos conculcado disposición legal alguna; al contrario, al haber confirmado totalmente la sentencia de primera instancia que declara improbada la demanda y probada la excepción perentoria de cosa juzgada y de pago, ha obrado correctamente en base a una atinada valoración de la prueba, conforme determinan los arts. 3.j) y 158 del CPT.

Consiguientemente, corresponde resolver el recurso de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, cursante de fs. 179 a 180.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.        

Regístrese, notifíquese y devuélvase.