SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 91/2015.

Sucre, 2 de abril de 2015.   

Expediente: SSA.II-LP.477/2014.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 261 a 262 interpuesto por Richard Salcedo Andrade, contra el Auto de Vista Nº 129/2014 SSA.I de 20 de junio, (fs. 256 a 257), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social seguido por Juan Pérez Espinoza contra el recurrente, la respuesta de fs. 263, el auto que concedió el recurso de fs. 265, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso por beneficios sociales, el Juez Séptimo de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 146/2013 de 24 de mayo (fs. 218 a 225), declarando probada en parte la demanda, disponiendo que la parte demandada, pague en favor del trabajador demandante, por concepto de indemnización correspondiente a cinco meses y seis días, desahucio, incremento salarial de 8% de enero a marzo, más 13 días de abril de 2012, duodécimas de aguinaldo por tres meses y salarios devengados por 3 meses y trece días, más la multa correspondiente del 30%, la suma de Bs.31.951,4.-, de conformidad a la liquidación efectuada en la parte dispositiva.

En apelación deducida por David Mauricio Pablo Lozano Martínez en legal representación de Richard Salcedo Andrade (fs. 226 a 228), la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 129/2014 SSA.I de 20 de junio (fs. 256 a 257) confirmando la Sentencia impugnada.

La resolución de apelación motivó el recurso de casación en el fondo (fs. 261 a 262), interpuesto por Richard Salcedo Andrade, quien luego de un preámbulo respecto a la aplicación indebida de la ley, en lo fundamental sostiene:

  1. El auto de vista contiene disposiciones contradictorias referentes al vínculo laboral y a sus elementos: dependencia, subordinación y horario continuo; asimismo, se encuentra sujeto a errores de apreciación al igual que la sentencia al no valorar la prueba adjuntada oportunamente; así, el segundo considerando del auto de vista, señala que el demandante conducía un vehículo de propiedad del demandado y que son muchas las personas que prestan servicio eventual y cobran por dicho trabajo; no significando ello la existencia de una relación laboral, porque el demandante nunca fue contratado para un trabajo permanente de la distribuidora, sino para realizar algún tramo de transporte, cancelando por viaje el monto de Bs.2.500.-; monto que no guarda coherencia con lo percibido por los transportistas; aspectos que afectan la esencia de la relación laboral, toda vez que, los antecedentes demuestran que existió servicio temporal más no permanente y los recibos que adjunta el demandante por gastos de movilidad y mantenimiento no son más que proformas, que en el presente caso son pruebas que tiene valor suficiente para sentenciar hechos que nunca ocurrieron.
  2. Errónea aplicación de la ley respecto del despido indirecto, puesto que el demandante no formó parte del cuerpo de trabajadores de la distribuidora, motivo por el que nunca se le canceló sueldo alguno, ni existió despido indirecto, no correspondiendo por lo tanto, el pago de desahucio.
  3. Errónea interpretación de la relación de subordinación, toda vez que el demandante nunca se sometió a obligaciones propias de la distribuidora y que fue contratado como chofer para que realice la conducción de un vehículo para transportar determinada mercadería más no como trabajador de su empresa.
  4. Refiere que no se le adeuda al demandante sueldos devengados por ningún concepto porque nunca fue parte de la empresa.
  5. Errónea interpretación del 30% del pago de multa de conformidad al DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, obviando que el demandante no figura en las planillas de sueldos.

       Por lo expuesto, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista impugnado y deliberando en el fondo, declare improbada la demanda, con costas.

A su vez, el demandante Juan Pérez Espinoza, respondió en base a los argumentos expuestos por memorial de fs. 263, solicitando que se declare infundado el recurso de casación, con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO II: Que, del análisis y compulsa de los antecedentes del proceso, se concluye lo siguiente:

  1. En referencia a la denuncia del vínculo laboral y sus elementos, corresponde señalar que el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, establece las características esenciales de la relación laboral: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador, b) La prestación del trabajo por cuenta ajena y, c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación; complementada por el art. 2 de la misma norma que establece, la concurrencia de las características esenciales precedentemente citadas en las relaciones laborales, se enmarcan dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo y gozan de todos los derechos reconocidos en ella, sea cual fuere el rubro o actividad que se realice, así como la forma expresa del contrato; disposición normativa que indudablemente guarda concordancia con lo dispuesto por el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

A mayor abundamiento, para determinar si una relación de trabajo tiene las características esenciales laborales, se debe tomar en cuenta en principio que todo trabajo es una prestación en favor de otro, por lo cual siempre existe la realización de un acto, servicio o ejecución de obra; la distinción radica en el modo de la relación existente entre quienes brindan el servicio y quienes lo reciben; en ese sentido, es menester observar el papel realizado por cada una de las partes, que ante las exigencias de las reglas impuestas por el empleador, es posible que se pretenda ocultar o encubrir la realidad bajo apariencias de una relación no laboral, por lo que a este fin la doctrina del derecho laboral destaca entre los varios componentes de la relación laboral, el elemento de la dependencia o subordinación, según el cual, quien recibe al trabajador tiene la facultad de dirigirlo e imponer sus reglas, tomando los frutos de ese trabajo, por lo que, para determinar la relación laboral se debe recurrir al principio de primacía de la realidad que privilegia los hechos frente a las formalidades y apariencias impuestas por el empleador.

En el caso que nos ocupa, en consideración a lo expuesto se establece que la relación que existía entre el empleador y el demandante, era de índole laboral, considerando que independientemente de la denominación que se confiera a un vínculo laboral, debe tenerse en cuenta que es lo que prima en la realidad; es decir, la verdad material que refleja la relación de trabajo, que es la que concede con certeza la pauta firme de su naturaleza, al respecto el art. 4 del DS Nº 521 de 26 de mayo de 2010 refiere: “Cuando se constituya una relación que simule una modalidad no laboral pero en la misma hayan concurrido las características de una relación de trabajo, ésta se considerará como una relación laboral en todos sus efectos”, tal como concluyeron los de instancia previa valoración de las documentales cursantes a fs. 137 consistente en un recibo de sueldo, adicionalmente a ésta el recibo y comprobante de préstamo de fs. 138 a 145, mismas que tienen el valor legal previsto por el art. 159 del Código Procesal del Trabajo y que fueron considerados por el tribunal ad quem.

En el caso de autos, de acuerdo a los datos del proceso y contrastando las pruebas de cargo y descargo, los tribunales de instancia coincidentemente han establecido de manera correcta que el actor, efectivamente era trabajador de la empresa demandada, al haberse demostrado en el curso del proceso, que existió una relación laboral con finalización intempestiva, por lo tanto, que correspondía el pago de los beneficios sociales y otros derechos consolidados en favor del actor, en aplicación del principio de "primacía de la realidad", conforme al cual priman los hechos frente a las formalidades, así como el principio protectivo "in dubio pro operario".

En ese entendido, el art. 48 de la Constitución Política del Estado, establece en su parágrafo II: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”. Mandato constitucional que resguarda los derechos de los trabajadores al constituirse en la base del orden social, permitiéndoles desarrollar su trabajo de forma correcta dentro el marco de estabilidad e igualdad de condiciones entre el trabajador como dueño de la fuerza de trabajo y el empleador en su condición de propietario de los medios de producción.

Con respecto a la valoración de la prueba, es necesario hacer referencia al principio de libre apreciación de la prueba previsto por el art. 3.j) del Código Procesal del Trabajo, por el cual el Juez en materia social, está obligado a desarrollar la labor de valoración de toda la prueba producida en la causa, con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia, las máximas de la experiencia y en mérito a los principios establecidos; por ello de acuerdo a lo reconocido por el art. 158 del adjetivo laboral citado, el Juzgador en materia laboral no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las pruebas, debiendo formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios que informan la sana crítica de las mismas y atendiendo a las circunstancias relevantes del proceso y a la conducta procesal observada por las partes. Entonces será dentro de esos márgenes que el Juez cumpla la labor de valoración de toda la prueba aportada a la causa, y de dicho análisis establecerá la certeza de los hechos que han dado origen a la pretensión del demandante como del demandado y emitirá el fallo correspondiente.

En autos, el recurrente denuncia que el ad quem en su segundo considerando obvió valorar la prueba verdadera de descargo; en relación a esta denuncia es necesario remitirnos a los fundamentos del auto de vista, de ello puede advertirse que el Juez del Trabajo en el segundo considerando (fs. 256 a 257) describió de forma detallada toda la prueba de descargo; misma que fue sometida al proceso de valoración para establecer la decisión asumida conforme consta en el citado considerando, de donde se concluyó que de la revisión de pruebas adjuntas, no existen documentos que desvirtúen las afirmaciones del demandado, llegando al convencimiento de la existencia de relación laboral entre el actor y el demandado; conclusión que indujo al ad quem a establecer la existencia de vínculo laboral; determinación que no es contraria ni vulneratoria de ninguna norma laboral ni constitucional.

Como podrá advertirse, el Juzgado del Trabajo realizó la labor de valoración de la prueba respetando el principio establecido por los arts. 3.j) y 158 del Código Procesal del Trabajo; asimismo, el ad quem, ante el recurso de apelación que sólo tuvo como motivación la supuesta falta de valoración de la prueba de descargo, respondió adecuadamente a dicha observación. En ese contexto, no siendo evidente la denuncia formulada por el recurrente, la declaración de los de instancia de existencia de vínculo laboral, el reconocimiento del despido indirecto al actor y consecuentemente los beneficios sociales, fueron asumidos en estricta coherencia con lo dispuesto por los arts. 13 de la Ley General del Trabajo y 16 de su Decreto Reglamentario.

  1. En cuanto al despido indirecto, es menester señalar que el a quo estableció correctamente el pago del desahucio respectivo, por constituirse el mismo en irrenunciable e imprescriptible, en tutela de los derechos de los trabajadores y en correspondencia a la ruptura intempestiva de la relación laboral por falta de pago de sueldos por tres meses consecutivos, determinando en ese sentido que el retiro del trabajador fue indirecto y por tanto le corresponde el pago del desahucio.

Respecto al derecho de desahucio, es un concepto que emerge de toda relación laboral, al acreditarse que la relación que existió entre el actor y el demandado era incuestionablemente laboral y que la ruptura de la misma fue por despido indirecto. El desahucio se constituye en un derecho adquirido e irrenunciable, aspecto determinado por el a quo con cabal razonamiento, por imperio de la Constitución Política del Estado en su art.48.III, en concordancia con el art. 5 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, establecido como una forma de protección a los derechos del trabajador; todo en virtud al principio constitucional de estabilidad laboral definido por el art. 49.III de la citada norma suprema; toda vez que, el demandado reconoció a fs. 114 a 118  la relación que existía entre él y el demandante bajo normas de estricto contenido laboral.

En ese análisis, los juzgadores de instancia, no vulneraron norma jurídica alguna como pretende el recurrente, y que los mismos emitieron sus fallos en base a los principios normativos constitucionales, haciendo una interpretación correcta y extensiva de los antecedentes del proceso, y conforme a la tutela efectiva que se debe otorgar al trabajador en resguardo de sus derechos laborales consagrados en la Constitución Política del Estado y las normas laborales en vigencia.

  1. En referencia a la existencia de relación laboral y sus elementos el punto 1 del presente Auto Supremo, explica de manera superabundante sus extremos, no mereciendo en consecuencia reiterar su contenido.
  2. En relación a los sueldos devengados, los de instancia compulsaron correctamente los antecedentes del proceso al determinar la existencia de sueldos devengados; sustentando su decisión en el pago único efectuado en su totalidad cursante a fs. 137, que no fue desvirtuado por el demandado y que se constituye en veraz y suficiente para el establecimiento de los restantes salarios reclamados.
  3. Finalmente, con referencia a la multa del 30%, es preciso señalar que, conforme al artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, el Auto de Vista se circunscribe a los puntos resueltos por el inferior que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación, conforme al art. 227 del mismo cuerpo legal; en ese sentido no se advierte que, el recurrente en tiempo oportuno y conforme la ley les facultaba, hubiera reclamado dicho agravio en su recurso de apelación, impidiendo pronunciamiento alguno al respecto por el tribunal ad quem, dejando precluir su derecho y convalidando cualquier acto que pudo haber sido reclamado oportunamente, en este caso la imposición de la multa del 30% determinada en sentencia.

De todo lo expuesto, se concluye que las afirmaciones realizadas en el recurso de casación, carecen de sustento legal; el auto de vista recurrido se sujeta a las normas en vigencia, no observó violación de norma legal alguna, al contrario existió correcta valoración, interpretación y aplicación de la ley, por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1) de la Constitución Política del Estado y 42.I.1) de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 261 a 262 interpuesto por Richard Salcedo Andrade, en su condición de representante legal y propietario de la empresa distribuidora “MAD”. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.