SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 87/2015.

Sucre, 23 de marzo de 2015.  

Expediente: SSA.II-SCZ.469/2014.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 127 a 128, interpuesto por Margarita Beatriz Martínez Bravo, apoderada legal de Mario Cronembold Aponte, Alcalde a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, contra el Auto de Vista Nº 107 de 2 de abril de 2014 (fs. 112 a 115), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social seguido por Catalina Luzmila Limachi Duran, contra la institución que representa la demandada, la respuesta de fs. 131 a 132, el auto de fs. 133, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Materia Prov. Obispo Santisteban, emitió la Sentencia Nº 03 de 16 de abril de 2013 (fs. 93 a 96), declarando probada en parte la demanda, disponiendo que la institución demandada, a través de su representante legal, pague a favor de la actora, la suma de Bs.62.262,74.-, por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación, sueldos devengados y la multa del 30%.

En grado de apelación formulada por la parte demandada (fs. 101 a 102), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 107 de 2 de abril de 2014 (fs. 112 a 115), confirmando en todas sus partes la Sentencia Nº 03 de 16 de abril de 2013, con costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 127 a 128, interpuesto por la apoderada legal del Alcalde a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, manifestando que la a quo, pronunció una sentencia ilegal y perjudicial a los intereses de la institución demandada, violentando los principios elementales del derecho laboral, porque la demandante era servidora pública, correspondiendo su reclamo de beneficios sociales a la vía administrativa si los tuviera y no a la judicatura laboral por no corresponder en derecho, toda vez que este órgano jurisdiccional, no tiene competencia para conocer el presente proceso, por no encontrarse su derecho en el campo de aplicación de la Ley General del Trabajo, acotando que los de instancia en sus fallos, no tomaron en cuenta la normativa legal que se debe aplicar en el presente caso.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia revoque la sentencia y el auto de vista recurrido y declare improbada la demanda, con costas.

CONSIDERANDO II: Que así formulado el recurso, previo análisis del proceso, se establece lo siguiente:

En el recurso que se analiza, la parte demandada, manifiesta que la judicatura laboral no tiene competencia para conocer y tramitar la presente causa, con el fundamento de que la demandante era servidora pública y debió acudir a la vía administrativa para reclamar el pago de sus beneficios sociales correspondientes.

Al respecto, analizados los actuados procesales, se advierte que la parte demandante, en ningún momento planteó excepción previa de incompetencia, conforme la faculta el art. 127.a) del Código Procesal del Trabajo, pues si consideró que la judicatura laboral, en este caso, la Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Materia de la Provincia Santistevan del Distrito Judicial de Santa Cruz, no tenía competencia para conocer y tramitar la presente causa, debió presentar excepción previa de incompetencia, en su momento, es decir, antes de contestar a la demanda, conforme prevé el art. 128 del código adjetivo laboral y, al no haberlo hecho, ha admitido tácitamente la competencia de la juez a quo, activándose además, el principio de preclusión previsto en los arts. 3.e) y 57 del Código Procesal del Trabajo, el cual sostiene que el proceso consiste en el desarrollo de las diversas etapas en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, el juez impedirá el regreso a momentos procesales ya extinguidos o consumados, rechazando de oficio toda petición por pérdida de la oportunidad conferida por ley para la realización de un acto procesal, sin necesidad de solicitar informe previo al Secretario ni realizar otro trámite.

Al margen de lo expuesto, se debe manifestar que la actora ingresó a trabajar desde enero de 1992, es decir, bajo el amparo de la Ley General del Trabajo, extremo que no fue enervado ni desvirtuado por la parte recurrente, conforme le facultan los arts. 3.h), 66 y 150 del código adjetivo laboral, puesto que la Ley de Municipalidades de 28 de octubre de 1999, en la cual se ampara la parte recurrente para no reconocer los beneficios sociales a favor de la actora, entró en vigencia el 8 de noviembre de 1999, o sea, después de que la demandante ingreso a trabajar, no pudiendo ahora la parte recurrente, con el pretexto de que la demandante era servidora pública, no cumplir con el pago de los derechos y beneficios sociales que por ley le corresponden, los cuales son irrenunciables, conforme lo determinan los arts. 48.III de la Constitución Política del Estado y 4 de la Ley General del Trabajo, de donde se concluye que los juzgadores de instancia, al tramitar la presente causa, actuaron con debida competencia prevista en los arts. 4 y 42 del Código Procesal del Trabajo y 73.4 de la Ley del Órgano Judicial, toda vez que se trata de una demanda de pago de beneficios sociales, de una trabajadora que ingresó a su fuente laboral cuando se encontraba amparada o sujeta a las normas de la Ley General del Trabajo, conforme establece el art. 11 de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Municipalidades Nº 2028, que prevé: “Las personas que se encuentren prestando servicios a la Municipalidad, con anterioridad a la promulgación de la presente Ley, a cualquier título y bajo cualquier denominación, mantendrán sus funciones bajo las normas y condiciones de su contratación o designación original, ya sea bajo la protección de la Ley General del Trabajo o cualquier disposición legal pertinente. Los Gobiernos Municipales podrán incorporarlos paulatinamente en las categorías de empleados que establece la presente Ley”. De lo expuesto se deduce que no es evidente lo aseverado por la parte recurrente.

Que en ese marco legal, se concluye, que el auto de vista impugnado, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación de norma legal alguna, por consiguiente, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 127 a 128.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.