SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 84/2015.

Sucre, 23 de marzo de 2015.

Expediente: SSA.II-LP.470/2014.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 192 a 195, interpuesto por José Yuri Chirinos Ríos y Juan Colque Vallejos, representados por Marco Antonio Dick contra el Auto de Vista Nº 73/13 de 05 de junio de 2013 cursante de fs. 184 186, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro de la demanda reincorporación laboral seguido por los recurrentes contra la Empresa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, la respuesta de fs. 197; el auto de fs. 199 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social, la Juez Séptimo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 111/2010 de 25 de noviembre, cursante de fs. 130 a 134, declarando improbada la demanda de fs. 19 a 21 de obrados.

Interpuesto el recurso de apelación por los demandantes de fs. 141 a 143, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de La Paz, por Auto de Vista Nº 31/2012 de 15 de marzo de fs. 162 a 163 de obrados, confirmó la Sentencia Nº 111 de 25 de noviembre de 2010 de fs. 130 a 134 de obrados y auto complementario de 11 de diciembre de 2010, de fs. 137. Sin costas.

Formulado el recurso de casación en el fondo por los demandantes, por memorial de fs. 167 a 169 de obrados, la Sala Social y Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, por Auto Supremo Nº 80/2013 de 13 de marzo de 2013 de fs. 178 a 180 de obrados, anuló obrados hasta el sorteo de fs. 160, inclusive, disponiendo que el tribunal ad quem, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, proceda al sorteo de la causa y emita nuevo auto de vista con la pertinencia de los arts. 202 del Código Procesal del Trabajo, 192 y 236 del Código de Procedimiento Civil.

En cumplimiento al referido auto supremo, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 73/2013 de 5 de junio de 2013, confirmando la Sentencia Nº 111 de 25 de noviembre de 2010 de fs. 130 a 134 de obrados y Auto Complementario de 11 de diciembre de 2010 de fs. 137. Sin costas. Por Auto de 11 de junio de 2014 (fs. 189), se declaró no ha lugar a la solicitud de complementación y enmienda, planteada por el apoderado de los demandantes.

Las referidas resoluciones, motivaron el recurso de casación en el fondo de fs. 192 y 195 por los demandantes José Yuri Chirinos Ríos y Juan Colque Vallejos, representados por Marco Antonio Dick, con base en los siguientes agravios:

Que la Juez a quo al declarar improbada la demanda, confirmada por el tribunal ad quem, negando la reincorporación laboral, incurrieron en violación, interpretación errónea y aplicación indebida del art. 16 de la Ley General del Trabajo, al señalar que fueron despedidos por incumplimiento de contrato, de la Ley Nº 1178, DS Nº 23318-A, DS Nº 26237, art. 19 de la RM Nº 551/06 y del DS Nº 28699, toda vez que la empresa no presentó el Proceso Interno Administrativo, debidamente ejecutoriado con sanción de destitución, precisamente en aplicación de los arts. 16.e) LTG y 9.e) DR de la LGT y tampoco presentó la empresa el respectivo memorándum de rescisión de contrato, en el que debería estar consignado como motivo de despido, “despido por proceso administrativo”; o “destitución por proceso”, etc., ante lo cual quedó demostrado contundentemente que el despido fue ilegal, sin ser relevante, si abandonaron o no, si hurtaron o no, si incumplieron el contrato o no, etc., en franca vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al derecho a la defensa, previstos en los arts. 116 y 119 de la CPE.

Acusó también, que la juez a quo, ni el tribunal ad quem, consideraron que se demostró el incumplimiento del Proceso Interno Administrativo, previo y antes de procesar el despido, tampoco la no presentación de planillas de asistencia y otros documentos, con los cuales se podía demostrar que los actores no hicieron abandono de trabajo, violando de manera evidente el art. 3.h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, que señalan que la carga de la prueba la tiene el empleador, y según el art. 160 del CPT “Cuando el demandado se niega a presentar algún documento solicitado por la otra, el Juez lo conminará a exhibirlo, bajo la alternativa de presunción de certidumbre”, aspecto que ocurrió en los hechos, constituyéndose el despido en ilegal.

Asimismo, señaló que el tribunal ad quem no se pronunció sobre el punto 2 del recurso de apelación de fs. 142, sobre el principio Non Reformatio In Peius, principio que obliga al juzgador a no empeorar la situación de que, reclama o impugna, en el caso la Resolución Ministerial Nº 488/08, si bien revoca la orden de reincorporación, no lo hace porque YPFB haya demostrado el comportamiento ilegal de sus mandantes, sino que mantiene firme la comprobación de que el despido fue ilegal, limitándose a mencionar que no tiene facultades para declarar el contrato en indefinido, situación que no podía ser empeorada por la de grado, pero lo hizo, cuando debió quedar intangible el derecho y declarar la juez a quo la relación laboral en indefinida, determinando la reincorporación, al haber sido debidamente probado el despido injustificado; y justamente, entre otros aspectos, al no haber realizado la empresa un Proceso Interno Administrativo.

De la misma manera alegó que el tribunal de alzada, no se pronunció sobre el punto 4) del recurso de apelación, cuando argumentó que la Juez a quo en el inc. b) del primer Considerando, declaró que la relación fue indefinida; o sea, el tiempo de servicios desde el 17 de noviembre de 2003 al 25 de marzo del 2008, por lo que esa declaración, debió considerar la obligación ineludible de la empresa de realizar un proceso previo interno, pero, de forma contradictoria, determina el tiempo de servicios de forma indefinida, pero no hace mención al cumplimiento por parte de la empresa a las normas ya referidas que obligan a las empresas privadas, autónomas y descentralizadas como lo es YPFB al proceso interno previo que tienen derecho todos los trabajadores, más aún si la relación ha sido calificada como indefinida, debió considerarse el Decreto Supremo Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, en su art. 2do, que señala: “No está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la empresa”.

Finalmente acusó, que el tribunal ad quem incurrió en error de hecho, toda vez que a fs. 106 se encuentra la RM Nº 551/2006, vigente al momento del despido, la que en su art. 19, obliga a las empresas como YPFB, a seguir un proceso previo Interno, antes de procesar el despido, prueba que no fue apreciada debidamente, lo que generó una injusticia al determinar que el despido fue legal y fallar contra mi mandante, violándose la RM Nº 551/06 como el art. 116.I de la CPE, que le otorga el derecho a la presunción de inocencia, según los arts. 115 y 119 de la CPE.

Concluyó, solicitando que este Tribunal Supremo de Justicia, repare los agravios sufridos en el fondo del asunto, conforme al art. 271.4) del CPC, case el Auto de Vista Nº 73/13 de 5 de junio de 2013 en virtud al art. 274.1 del CPC, declare probada la demanda en todas sus partes, disponiendo la reincorporación de sus mandantes.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso de casación en el fondo, ingresando a su análisis con relación al auto de vista recurrido y los antecedentes del proceso, se tiene lo siguiente:

Se advierte que la controversia traída en casación versa principalmente en resolver si corresponde o no la reincorporación de los actores con el consecuente pago de sus sueldos devengados, quienes aducen que fueron despedidos en forma injustificada por reclamar sus derechos, incurriendo los de grado en violación, interpretación errónea y aplicación indebida del art. 16 de la Ley General del Trabajo, de la Ley Nº 1178, DS Nº 23318-A, DS Nº 26237, art. 19 de la RM Nº 551/06 y DS Nº 28699, porque la empresa demandada no presentó el Proceso Interno Administrativo respectivo, debidamente ejecutoriado con sanción de destitución, precisamente en aplicación de los arts. 16.e) LTG y 9.e) DR de la LGT, tampoco presentó el respectivo memorándum de rescisión de contrato, en el que debería estar consignado como motivo de despido, “despido por proceso administrativo”; o “destitución por proceso”, etc., al no hacerlo quedó demostrado contundentemente que el despido fue ilegal, sin ser relevante en este caso, si abandonaron o no, si hurtaron o no, si incumplieron el contrato o no, etc., vulnerando la presunción de inocencia y derecho a la defensa, como preceptos constitucionales previstos en los arts. 116 y 119 de la CPE. Tampoco se tomó en cuenta que la juez reconoció la relación laboral como indefinida de los actores, pero que no hizo mención a normas laborales como el Decreto Supremo Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, que en su art. 2do., dispone la prohibición de más de dos contratos sucesivos a plazo fijo y tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la empresa.

Al respecto es pertinente referirnos en principio sobre el derecho al trabajo, la estabilidad laboral y a la reincorporación en caso de despido injustificado, así el derecho al trabajo y los derechos en el trabajo constituyen un núcleo, no sólo de los derechos socioeconómicos, sino también de los derechos humanos fundamentales. Un denominador central de derechos relacionados con el trabajo, en términos de su objeto o contenido, parece ser una labor (trabajo). En su tradicional y estrecho sentido, el trabajo ha sido percibido como un medio de ganarse la vida. A principios del siglo XX, otra perspectiva más importante y global empezó a ser discutida: la interdependencia entre las condiciones laborales, la justicia social y la paz universal. Adicionalmente las percepciones modernas han intensificado positivamente el concepto del trabajo como un valor humano, una necesidad social y un medio de auto-realización y desarrollo de la personalidad humana.

Este derecho fundamental, se encuentra previsto en el art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo que le asegure a ella como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana”.

Por su parte el Estado, garantiza el derecho al trabajo, la continuidad y estabilidad laboral, contribuyendo a incrementar los niveles productivos tanto de las empresas y entidades nacionales, públicas o privadas, respetando siempre el derecho mutuo entre empleador y empleado, o de contratos a plazo fijo a aquellos que en esencia son contratos laborales indefinidos.

Este derecho se encuentra previsto en el art. 156 hasta el 162 de la Constitución Política del Estado de 1967 (vigente durante el hecho), establecen que el trabajo constituye la base del orden social y económico, que el Estado protege al trabajador, defiende el capital humano y que los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores son irrenunciables, derechos principios que fueron mantenidos a partir del art. 46 de la NCPE, que consagra:

“I. Toda persona tiene derecho:

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

I. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.

El art. 48 parágrafo II, expresa que: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y el trabajador”.

El art. 49 parágrafo III, determina: “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinara las sanciones correspondientes”.

Ahora bien, consolidado el derecho al trabajo, el vocablo estabilidad deriva del latín stabilitás, que denota la idea de estabilidad, solidez, firmeza, consistencia; es la base de la vida económica del trabajador y su familia, y,

Respecto al proteccionismo estatal, Guillermo Cabanellas de Torres, sostiene: “Se delinea el derecho al trabajo como el que tiene todo individuo, en relación al Estado, para que éste le facilite o provea, en caso de crisis o falta de actividad laboral productiva (…). El derecho al trabajo no sólo se correlaciona con el deber y la función social del trabajo, sino que deriva de otros derechos, como el de la propia subsistencia y el del mantenimiento familiar”. Por su parte, Humberto Podetti, al referirse al principio in dubio pro operario, ha señalado que éste ha pasado a ser "una especie, dentro del principio generalizado, del favor debilis”. Mozart Víctor Russomano, por su parte, señala que toda estabilidad "o es absoluta o no es estabilidad”.

El Convenio C-158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador”, en su art. 4, establece que: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”. Por otra parte, este Convenio en su art. 8, establece el derecho del trabajador a recurrir ante la autoridad competente cuando considere que la terminación de su relación de trabajo es injustificada.

El art. 10.I del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, prevé que cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación. El parágrafo III de la misma norma, señala que en caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social impondrá multa por infracción a leyes sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio antes referido.

En caso de comprobarse el despido injustificado, el art. 10 de la misma norma dispone: “Si los organismos encargados de la verificación llegan a la conclusión de que la terminación es arbitraria e intempestiva, el Convenio prevé conforme a la legislación y la práctica nacional la anulación de la terminación, o sea, la readmisión del trabajador, o el pago de una indemnización adecuada”.

El art. 11.I del mismo Decreto Supremo, establece que se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias.

La SCP 0177/2012 de 14 de mayo, manifiesta: “En base a este entendimiento, la estabilidad laboral es un derecho constitucional cuya vulneración afecta a otros derechos elementales, a este efecto consideramos que se debe abstraer el principio de subsidiariedad en aquellos casos en que una trabajadora o un trabajador demande la reincorporación a su fuente trabajo ante un despido sin causa legal justificada.

Entendimiento asumido en virtud a que en estos casos no sólo se halla involucrado el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, ya que cuando se afecta el derecho al trabajo a través de una despido injustificado, no sólo se afecta a la persona individual, sino a todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, de ahí que el derecho al trabajo constituye uno de los principales derechos humanos.

En mérito a los fundamentos expuestos, en el caso de análisis, corresponde señalar que de los elementos de prueba aportados al proceso, como de las literales de fs. 2, 3, 5, 6, 35, 37, 39 - 43, Informe Legal de fs. 44 a 45, 47, 48, 50, 60 a 64 (acta de entendimiento), se demostró la existencia de relación laboral entre los actores y la empresa demandada dentro de los alcances del art. 2 de la Ley General del Trabajo a partir del 17 de noviembre de 2003 hasta el 25 de marzo de 2008, por el lapso de 4 años, 4 meses y 3 días, percibiendo un sueldo mensual José Yuri Chirinos Ríos de Bs.2.200.- y Juan Colque Vallejos de Bs.2.200.-, conforme acertadamente valoró la juez a quo en el Considerando tercero, con la facultad conferida por el art. 158 y 3.j) del Código Procesal del Trabajo.

Sin embargo de ello, no obstante de haber establecido la relación laboral, el tiempo de servicios y el salario de los actores, con relación al hecho principal como es la desvinculación laboral, tanto la juez a quo como el tribunal de alzada, no valoraron correctamente la nota LP-DNRH-0813/2008 de 3 de marzo de 2008, cursante a fs. 5 de obrados, mediante la cual se comunicó a José Yuri Chirinos Ríos, su Contratación Temporal a partir del 03/03/2008 hasta el 31/12/2008, para cumplir funciones de OPERADOR DE GLP en la Zona Comercial Oruro, Dependiente del Distrito Comercial Occidente, asignándole el Nivel 8 de la Escala Salarial VPNO, firmada por el Director Nacional de Recursos Humanos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. La nota LP-DNRH-0809/2008 de 3 de marzo de 2008, cursante a fs. 6, por la cual se comunicó a Juan Colque Vallejos, su Contratación Temporal a partir del 03/03/2008 hasta el 31703/2008, para cumplir funciones de OPERADOR DE GLP en la Zona Comercial Oruro, dependiente del Distrito Comercial Occidente, asignándole el Nivel 8 de la Escala Salarial VPNO, firmada por el Director Nacional de Recursos Humanos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Además de las literales descritas precedentemente, hicieron abstracción del hecho que motivó la inconcurrencia a su fuente laboral.

Ante lo sucedido, los actores denunciaron el incumplimiento a convenios firmados y actas de entendimientos en franca vulneración y desconocimiento del DS Nº 28699 de 1 de mayo del 2006, toda vez que siendo trabajadores con una antigüedad mayor a cinco años, nuevamente fueron contratados a plazo fijo, conforme sale de la nota de 11 de marzo de 2008 de fs. 5 y 6, el Acta de Entendimiento de fecha 20 de marzo de 2008 de fs. 9 y de la Resolución Administrativa Nº 63/2008 de 21 de abril de 2008, de fs. 10 a 12, que al establecer que no hubo un despido justificado, instruyó la inmediata reincorporación a su fuente laboral de José Yuri Chirinos Ríos y Juan Colque Vallejos en la empresa de Yacimientos, Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Zona Comercial Oruro, al mismo puesto que ocupaban al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago, firmado por Jefe Departamental del Trabajo de Oruro, interpuesto el recurso de revocatoria, por la empresa demandada, por Resolución Administrativa Nº 71/2008 de 12 de mayo de 2008 de fs. 13 a 15, confirmó en todas sus partes.

Interpuesto el recurso jerárquico, el Ministro de Trabajo, por Resolución Ministerial Nº 488/08 de 22 de agosto de fs. 16 a 18, revocó en su integridad la Resolución Administrativa Nº 71/2008 de 12 de mayo de 2008, sin realizar un análisis y valoración de los antecedentes del proceso administrativo, de manera incongruente no obstante de señalar que no tiene facultad para disponer la conversión de los contratos a plazo fijo por contratos de tiempo indefinido y para valorar la correcta o incorrecta aplicación del art. 16 de la Ley General del Trabajo.

Las literales descritas precedentemente, demuestran fehacientemente, que los actores fueron funcionarios de la Empresa de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos, con antigüedad de más de 4 años, gozando en los hechos de inamovilidad, empero los actores fueron contratados de manera temporal, acto arbitrario que motivó que los demandantes asumieran medidas de hecho, como la huelga de hambre asumida, precisamente en defensa de sus derechos laborales como ser el derecho a la continuidad y estabilidad laboral, en esa controversia iniciada por la parte empleadora, no podía convertirse en un despido justificado que según su criterio se enmarcaría en el art. 16.e) de la LGT y 9.e) de su Decreto Reglamentario, toda vez que no se ha demostrado el mismo a través de un proceso Administrativo, que la supuesta falta se constituya en una causal justificada de incumplimiento de contrato. Además de ello, los actores al encontrarse en controversia por reclamar el respecto a sus derechos laborales con la empresa demandada, no podían ser retirados de su fuente de trabajo, conforme establece el art. 150 del DR de la LGT, de donde se colige que el retiro de los actores, fue injustificado y arbitrario, en franca vulneración y desconocimiento del derecho al trabajo y a la continuidad y estabilidad laboral.

Con relación a que el Tribunal ad quem, tampoco valoró correctamente los antecedentes, respecto a la función que cumplían los actores, corresponde señalar que las literales descritas a fs. 5 y 6 de obrados, evidentemente no fueron valoradas por los de grado, conforme faculta el art. 158, art. 3.j) del Código Procesal del Trabajo, toda vez que no tomaron en cuenta el principio de primacía de la realidad, previsto en el art. 4.I.d) del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, porque los actores cumplían la función de OPERADOR DE GLP, inadvirtiendo que esta función vulneraba las normas laborales, referidas a los contratos, como el art. 2 del DL Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, que prohíbe la suscripción de contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de las empresas, estableciendo al efecto: “No está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la empresa. En caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato por tiempo indefinido”. En el caso de autos, los actores no solo contaban con una antigüedad de más de 4 años, sino que ya eran funcionarios a tiempo indefinido, por lo que no podía la empresa contratarles de manera temporal y peor aún en tareas propias de la empresa, lo que también convierte la relación laboral en indefinida y no temporal como equivocadamente entendió la parte empleadora. Ahora si bien, los actores tomaron medidas de hecho, llegando casi a atentar contra su vida misma, fue precisamente por la vulneración de los derechos laborales de los actores y a anteriores convenios suscritos, consiguientemente no es evidente que ellos hubiesen incurrido en incumplimiento de contrato, previsto en el art. 16.e) de la LGT y del art. 9.e) del DRLGT, como erradamente ha entendido la empresa empleadora, al contrario al no dar una solución, observando las normas laborales, el despido se tornó en injustificado, conforme acertadamente concluyó la Resolución Administrativa Nº 71/2008 de 12 de mayo 2008, instruyendo la inmediata reincorporación de los actores a su fuente de trabajo, al mismo puesto que ocupaban a momento de su despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de su efectiva reincorporación.

Además de ello, cabe aclarar que con relación a los alcances de las tareas propias y permanentes, el art. 2 de la Resolución Administrativa Nº 650/07 de 27 de abril de 2007, emitida por el Ministerio de Trabajo, señaló que las “tareas propias y permanentes”, son aquellas vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica; en cambio, las “tareas propias y no permanentes”, son aquellas que siendo vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, se caracterizan por ser extraordinariamente temporales, como las tareas de suplencia por licencia, bajas médicas, descansos pre y post natales, declaratorias en comisión, las tareas por cierto tiempo por necesidades de temporada, las tareas por cierto tiempo en organizaciones o entidades, cuya fecha de cierre o conclusión de actividades se encuentre predeterminada.

En virtud a este marco normativo, de la revisión de los datos del proceso y conforme al reclamo efectuado en el recurso de casación, en la especie se colige que las funciones de “Operador de GLP en la zona Comercial Oruro, dependiente del Distrito Comercial Occidente”, para las que fueron contratados los actores, coadyuvan al logro de la finalidad principal que tiene la Empresa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, constituyéndose por ello en tareas propias y permanentes relacionadas con la actividad principal, por lo que la empresa demandada al contratar a los actores de manera eventual y a plazo fijo para la realización de tareas propias y permanentes de su giro, vulneró lo previsto en el citado art. 2 del Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, convirtiéndose ante dicha vulneración la relación laboral que existía, en una por tiempo indefinido y en ilegal el despido de los actores, por lo que corresponde la reincorporación a su mismo cargo, además del reconocimiento de todos los derechos que por ley les corresponda.

En tal razón, siendo evidente la concurrencia de un despido injustificado de los actores, toda vez que por los fundamentos expuestos, los mismos gozaban de una relación laboral por tiempo indefinido, cumpliendo tareas propias de la institución, no podían ser contratados de manera temporal como arbitrariamente procedió la institución empleadora, pero al hacerlo este acto también convirtió la contratación personal en indefinida, porque se realizó con absoluto desconocimiento de los derechos laborales de los que gozaban los actores, causando un daño irreparable a los actores, al suscribir contratos en franca vulneración de los derechos laborales de los demandantes.

Consiguientemente, los aspectos señalados no fueron correctamente analizados por la Juez a quo, como por el tribunal de alzada, por lo que corresponde la reincorporación laboral demandada por los actores con el consecuente pago de sus sueldos devengados, conforme prevé el art. 10.III del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el parágrafo I del artículo único del Decreto Supremo Nº 0495 de 1 de mayo de 2010

No obstante que la norma establece el pago de los sueldos devengados y demás derechos que por ley les pudiera corresponder, este pago se encuentra supeditado al hecho que desde que fueron despedidos injustificadamente hasta el momento de su reincorporación, no hubiesen percibido remuneración por otro trabajo desempeñado, porque caso contrario, resultaría indebido e ilegal que se beneficie con el pago de dos salarios a la vez, aspecto que corresponde ser regulado en la parte dispositiva del presente auto supremo, todo esto en relación con el art. 9 del Decreto Supremo Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, que dispone: “(Anualización y supresión de pagos adicionales). Los funcionarios y trabajadores de los sectores público y privado solamente percibirán, como retribución anual, doce salarios o sueldos mensuales…bajo responsabilidad personal, ninguna autoridad podrá reponer o crear nuevos bonos y remuneraciones adicionales…ni autorizar su pago”.

Finalmente, respecto, al principio de Non reformatio in Peius, recurrido en apelación, corresponde señalar que evidentemente el recurrente incurrió en error, al señalar que la sentencia, no podía agravar la situación de los demandantes, sin tomar en cuenta que la resolución de la juez a quo, tiene como finalidad reconocer o negar derechos en la instancia jurisdiccional y en la vía ordinaria, es decir que no es un medio para impugnar la Resolución Ministerial Nº 488/2008, como erradamente entendió el demandante, por lo que en este punto del recurso no corresponde realizar mayores consideraciones de orden legal.

Por lo expuesto, siendo evidente las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271.4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista Nº 73/2013 de fs. 184 a 186 y deliberando en el fondo declara probada la demanda de reincorporación laboral, en consecuencia, dispone que la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a través de su representante legal, proceda a reincorporar a los actores José Yuri Chirinos Ríos y Juan Colque Vallejos a su fuente de trabajo, sea en las mismas funciones que ejercían hasta antes de su despido injustificado, más el pago de sus sueldos devengados desde el momento de la desvinculación laboral hasta su reincorporación efectiva, pago que debe efectuarse previo juramento de ley en el juzgado de primera instancia, por parte de los actores y bajo su responsabilidad para el caso de demostrarse lo contrario, de no haber percibido remuneración alguna por otro trabajo prestado durante el tiempo de su suspensión.

No siendo excusable el error, se impone multa de Bs.200.- para la juez a quo como para cada uno de los Vocales que suscribieron el auto de vista de fs. 184 a 186 de obrados.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.