SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 78/2015.

Sucre, 27 de febrero de 2015.

Expediente: SSA.II-LP.456/2014.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 210 a 217, interpuesto por Hotelera Nacional S.A., representada por Juan Carlos Baya Camargo contra el Auto de Vista Nº 95/2014-SSA-I de 12 mayo de 2014 de fs. 203 a 204 y su Complementario de fs. 207, pronunciados por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral que sigue Bruno Franklin Castellón Cuenca contra Hotelera Nacional S.A., la respuesta de fs. 218, el auto de fs. 219 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Quinto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 229/2012 de 19 de septiembre de 2012 de fs. 136 a 140 declarando probada en parte la demanda de fs. 13, subsanada de fs. 16 a 20 y ampliada a fs. 26 de obrados, y, probada en parte la excepción Perentoria de Pago opuesta a fs. 81 a 83 de obrados, debiendo la parte demandada Hotelera Nacional (RADISSON PLAZA HOTEL) a través de su representante legal, cancelar al actor la suma de Bs.15.153,55.- (quince mil ciento cincuenta y tres 55/100 bolivianos), por concepto de indemnización, desahucio, bono de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, duodécimas, más multa del 30%, conforme al art. 9 del DS Nº 28699.

En grado de apelación formulada por Hotelera Nacional S.A., representada por Juan Carlos Baya Camargo, mediante memorial de fs. 151 a 155 de obrados, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en cumplimiento al AS Nº 020 de 4 de abril de 2014 (fs. 197 a 199), pronunció el Auto de Vista Nº 95/2014-SSA-I de 12 de mayo de 2014 de fs. 203 a 204 confirmando la Sentencia Nº 229/2012 de 19 de septiembre de 2012 de fs. 136 a 140, con la única modificación del tiempo de servicios prestados a 5 años, 2 meses y 4 días, debiendo pagarse al actor la suma de Bs.14.589,54.- (catorce mil quinientos ochenta y nueve 54/100 bolivianos), por concepto de indemnización, desahucio, vacaciones, aguinaldo, bono de antigüedad, más multa del 30%. Asimismo, por Auto Nº 346 de 14 de agosto de 2014 de fs. 207, declaró no ha lugar a la solicitud de enmienda y complementación solicitada por el representante de la parte demandada, mediante memorial de fs. 206 de obrados.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma y fondo de fs. 210 a 217, interpuesto por Hotelera Nacional S.A. (RADISSON PLAZA HOTEL), representada por Juan Carlos Baya Camargo, acusando:

En la forma, que el tribunal de alzada incumplió con lo ordenado por el AS Nº 020/2014 de 4 de abril de 2014, que anuló obrados hasta que el tribunal ad quem, pronuncie nuevo auto de vista dando cumplimiento a las previsiones legales contenidas en los arts. 190, 192.2) y 3) y 236 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, no se pronunciaron con la debida fundamentación y motivación sobre los puntos recurridos de la sentencia en apelación, como la valoración de la prueba documental cursante de fs. 23, 72, 74, 75, 76, 77 y 145 a 150, exponiendo los motivos jurídicos por la cual determinaría la irrelevancia de la prueba, extremo que no fue resuelto de manera fundamentada y motivada por el tribunal ad quem, con relación a la absoluta falta de fundamentación y motivación de la sentencia, vulnerando el derecho al debido proceso, en su elemento motivación y fundamentación, según la SC-Nº 788/2006-R de 15 de agosto, no siendo suficiente señalar simplemente que el empleador no demostró documentalmente que hubiere cubierto el pago de bono de antigüedad, cuando por la prueba documental se refuta aquel extremo, pronunciando por tanto una resolución infra petita.

Acusó también que el tribunal de alzada, no se refirió al reclamo del pago de bono de antigüedad de manera fundamentada y motivada, puesto que denunció que el juez a quo en el considerando g) de la sentencia, reconoció el bono de antigüedad de las dos últimas gestiones, conforme al Decreto Supremo Nº 21060, RM Nº 115/2009 y Decreto Supremo Nº 0498, cuyo cálculo se establece en Bs.2.386.-, sin tomar en cuenta la prueba de fs. 23, 145, 146, 147, 148, 149 y 150 y en el finiquito Nº 88462 de fs. 72, que demuestran el pago de ese derecho, por lo que desconoció el principio de verdad material, porque el propio actor habría reconocido por memorial de fs. 24, razón por la cual debió rechazarse el pago del bono de antigüedad, puesto que se cumplió con las normas sociales cancelando en forma oportuna y conforme a ley.

En el fondo, acusó que el tribunal de alzada incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba de fs. 72 (finiquito) y recibos de pago de fs. 23, 72, 74,75, 76, 77, 145, 146, 147, 148, 149,150 que acreditan el pago de salarios al actor, suscritos por este, que reconocen el bono de antigüedad, entonces el juez a quo en el último considerando g) señaló que corresponde reconocer el bono de antigüedad de las dos últimas gestiones, conforme al DS Nº 21060, RM Nº 115/09 y Decreto Supremo Nº 0498, cuyo cálculo estableció en Bs.2.386.-, aspecto que no correspondía, puesto este derecho fue cubierto, conforme al principio de verdad material, previsto en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, no siendo fundamento suficiente señalar que no se encontrarían suscritos por el actor, lo cual denota malicia por parte del tribunal de alzada y contraviene la SC Nº 1414/2013 de 16 de agosto de 2013.

Acusó también que el tribunal de alzada incurrió en errónea y aplicación indebida del art. 9.II del DS Nº 28699 y art. 11 del DS Nº 1592 del 19 de abril de 1949, al señalar en el tercer punto de la resolución recurrida, referente a la multa del 30% del monto total a cancelarse, cuando no corresponde sobre el aguinaldo y vacaciones, por lo que corresponde su modificación.

Concluyó solicitando, admitir el mismo y conceder el recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que fallando en la forma, anule obrados hasta el auto de vista, conminando al cumplimiento exacto de lo dispuesto en el Auto Supremo y solo en el caso de considerarse que no existen vicios sancionados con nulidad por la ley, se pase a considerar el recurso en el fondo y deliberando se case en Auto de Vista Nº 95/2014-SSA-I de 12 de mayo de 2014 y pronunciándose sobre el fondo del recurso, declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que del examen del recurso de casación en la forma y fondo, el auto de vista recurrido y de los antecedentes del proceso, se establece lo siguiente:

En la forma, en cuanto a la denuncia que el tribunal de alzada incumplió con lo dispuesto por el AS Nº 020/2014 de 4 de abril de 2014, toda vez que no se pronunció con la debida motivación y fundamentación sobre los puntos recurridos de la sentencia en apelación, vulnerando el debido proceso; corresponde señalar que no es evidente lo denunciado por el recurrente, toda vez que de la revisión del contenido de la sentencia de fs. 136 a 140, se advierte que dicho fallo contiene una parte considerativa en el que indica el nombre de las partes, exponiendo además los hechos comprobados y alegados oportunamente con la debida motivación y fundamentación, con relación a la valoración de las pruebas aportadas durante la sustanciación del proceso, así como una parte resolutiva con decisiones claras, precisas y concretas sobre la cuantía de las obligaciones, que a criterio del juez a quo debió pagar la parte demandada, es decir, cumple con las exigencias de forma reguladas por el art. 202 del Código Procesal del Trabajo en relación con los arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil.

En ese sentido, el tribunal ad quem considerando esta debida fundamentación y lo dispuesto por el auto supremo señalado, con la única modificación del tiempo de servicios, valorando las pruebas aportadas en su conjunto, conforme lo previsto por los arts. 3.j) y 158 del Código Procesal del Trabajo, confirmó acertadamente la resolución de primera instancia, manteniendo firme y subsistente los demás derechos reconocidos en la sentencia, conforme a ley, de donde se colige que no existió la vulneración al principio de congruencia, respecto a lo pedido por el apelante y lo resuelto por el tribunal de ad quem, al contrario, la resolución recurrida en casación fue pronunciada con la pertinencia dispuesta en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y con la debida motivación y fundamentación exigida por ley, considerando y resolviendo los cuatro puntos del recurso de apelación de fs. 151 a 155, previo análisis y valoración de las pruebas aportadas por las partes, realizando en cada uno de los puntos un razonamiento claro y preciso, denotando claridad de las razones y fundamentos legales que llevaron a concluir en la inexistencia de los supuestos agravios, de donde se colige que los argumentos expuestos por el recurrente carecen de sustento legal, no siendo evidente la supuesta vulneración del debido proceso y menos incumplido con lo dispuesto con el auto supremo señalado, como erróneamente se alegó en el recurso, deviniendo en consecuencia este supuesto agravio en infundado.

En el fondo, en cuanto al supuesto error de hecho, en que hubiese incurrido el tribunal ad quem, en la apreciación de la prueba de fs. 72 (finiquito) y comprobantes de pago de fs. 23, 72, 74, 75, 76, 77, 145, 146, 147, 148, 149,150, que acreditan el pago de salarios al actor, que se encuentran suscritos por este, que reconocen el derecho al bono de antigüedad, que no corresponde reconocer otra vez, según el DS Nº 21060, RM Nº 115/09 y Decreto Supremo Nº 0498, desconociendo el principio de verdad material, previsto en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, no siendo suficiente fundamento señalar que no se encontrarían suscritos por el actor, lo cual denota malicia por parte del tribunal de alzada y contraviene la SC-1414/2013 de 16 de agosto de 2013; al respecto, cabe señalar, que dicha aseveración no resulta evidente, toda vez que las literales de fs. 23, 72, 74,75, 76, 77, 145, 146, 147, 148, 149,150 fueron valoradas juntamente con las demás pruebas aportadas al proceso, determinando el juzgador que corresponde al actor el pago del bono de antigüedad, conforme al DS Nº 21060, RM Nº 115/09 y DS Nº 0498, pues si bien se consignó este derecho en los recibos de pago, empero no fueron los únicos medios probatorios valorados para el reconocimiento del mismo, sino toda la prueba aparejada al proceso en su conjunto, así como el finiquito de fs. 72, que si bien consignan este derecho, empero tomando en cuenta el tiempo de servicios y otros elementos no fue calculado conforme a ley, máxime cuando las literales señaladas muestran diferentes datos a los consignados en el finiquito, aspecto que fue valorado por el tribunal ad quem, al confirmar este derecho adquirido en favor del trabajador, por corresponder en derecho, debiendo tener en cuenta la recurrente que la valoración por parte del juez del elenco probatorio, así como de los indicios, se efectúa de manera conjunta conforme al art. 200 del adjetivo laboral, no sujetando su accionar a la tarifa legal de la prueba, conforme prevé al art. 158, concordante con el art. 3.j) del mismo cuerpo legal, referente al principio de la libre apreciación de la prueba, que dispone que el juez valorará las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica y los dictados de su conciencia, normativa que fue observada y cumplida por el tribunal de segunda instancia en su fallo de vista recurrido traído en casación, al confirmar que corresponde el pago del bono de antigüedad en favor del trabajador, que precisamente obedeció ampararse en la judicatura laboral, porque si bien se reconoció su derecho, no se lo realizó de acuerdo a la norma prevista, no siendo por tanto evidente lo manifestado por la parte recurrente al señalar que no corresponde el pago de este derecho, desconociendo que los derechos sociales y laborales son irrenunciables.

Respecto a la denuncia, de que el tribunal de alzada incurrió en errónea y aplicación indebida del art. 9.II del DS Nº 28699 y art. 11 del DS Nº 1592 del 19 de abril de 1949, al disponer en el tercer punto de la resolución recurrida, el pago de la multa del 30% del monto total a cancelarse, cuando no corresponde su pago sobre el aguinaldo y vacaciones, por lo que correspondería su modificación; es preciso referirnos a lo dispuesto por el art. 9.I del DS Nº 28699 que establece: “…En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito…”, disponiendo en su parágrafo II, ante el incumplimiento de lo preceptuado: “…En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor…” (El remarcado es nuestro), de cuyo contenido se advierte que dicha normativa sanciona el incumplimiento del pago oportuno tanto de los beneficios sociales y derechos colaterales reconocidos por ley en favor del trabajador, toda vez que son derechos consolidados (aguinaldo y vacación), en consecuencia, ante la evidencia del no pago dentro del plazo establecido, corresponde la aplicación de la multa del 30% sobre el monto dispuesto en el auto de vista, conforme acertadamente determinó el tribunal de alzada, no siendo por tanto correcta la interpretación vertida por la recurrente al tratar de desconocer el derecho regulado en favor del trabajador, que surgió precisamente por incumplimiento de su parte, la norma señalada.

Ante todo lo señalado, corresponde puntualizar que dada la naturaleza y características propias del derecho laboral, los derechos de los trabajadores, se encuentran protegidos mediante el reconocimiento de principios y normas jurídicas que tienen por objeto la tutela del trabajo humano, en ese sentido, la Constitución Política del Estado, como norma jurídica fundamental, consagra el derecho al trabajo y al empleo, en su Título II, Capítulo V, Sección III, estableciendo como una obligación del Estado la protección del ejercicio del trabajo en cualquiera de sus formas, prohibiendo toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución, normando el art. 48, que: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, lo que guarda plena concordancia con lo dispuesto por el art. 4 de la Ley General del Trabajo, que reconoce la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, normas protectivas a los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores sin discriminación alguna, por constituir estos la base del orden social y económico del Estado Plurinacional.

Consiguientemente, por todo lo expuesto, al no ser evidentes los reclamos efectuados en el recurso de casación en la forma y fondo, corresponde resolver el mismo conforme a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y fondo de fs. 210 a 217, interpuesto por Juan Carlos Baya Camargo en representación de Hotelera Nacional S.A. Con costas.

Se regula honorario del profesional abogado en Bs.500.- (quinientos 00/100 bolivianos), que mandará a pagar el Tribunal de Alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.