SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 75/2015.

Sucre, 27 de febrero de 2015.

Expediente: SSA.II-LP.459/2014.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 390 a 391, interpuesto por Florencio Moreno Gamón, contra el Auto de Vista Nº 103/2014-SSA-I de 19 de mayo, cursante de fs. 383 a 384, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justica de La Paz, dentro del proceso laboral seguido por Florencio Moreno Gamón, contra el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, el auto de fs. 393 que concedió el recurso, la respuesta de fs. 394 a 396, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, la Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de El Alto del departamento de La Paz, emitió la Sentencia Nº 231/2013 de 24 de diciembre de 2013 (fs. 365 a 369), declarando improbada la demanda de fs. 7 a 9, sin costas, por lo que en ejecución de sentencia, deberá procederse al archivo de obrados.

En grado de apelación formulada por el demandante (fs. 371 a 372), la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 103/2014-SSA-I de 19 de mayo, (fs. 383 a 384), confirmando la Sentencia Nº 231/2013, de fs. 365 a 369.

Dicho fallo motivó el recurso de casación de fs. 390 a 391, interpuesto por el actor Florencio Moreno Gamón, señalando en síntesis lo siguiente:

1.- Que su relación laboral se inició el 1 de noviembre de 2000 hasta el 22 de febrero de 2012 como trabajador regular y permanente de la entidad municipal demandada, por lo señalado, resalta que su relación laboral se regula por la Ley General del Trabajo, en virtud a que el Estatuto del Funcionario Público entró en vigencia el 19 de julio el 2001, fecha en que tomó posesión del cargo el Superintendente del Servicio Civil, conforme lo establecido por Ley Nº 2104 de 21 de junio de 2000 que modifica la Ley Nº 2027 en su art. 5, que entraba en plena vigencia 90 días después de la posesión del Superintendente del Servicio Civil, misma que se produce el año 2001, es decir, posterior a la fecha en que ingresó a prestar servicios.

2.- Que, en el auto de vista objeto de casación, se mencionó que lo expuesto en sentencia es correcto, más aún si se considera que el art. 59 de la Ley de Municipalidades Nº 2028, establece que a partir de su promulgación considera categorías establecidas para los funcionarios que presten servicios a los Gobiernos Municipales, es decir, una vez promulgada la Ley Nº 2028, todos los trabajadores estarán bajo los efectos de dicha norma y que, en su caso específico bajo esta aseveración se encontraría sujeta a la norma 2028 de 28 de octubre de 1999, que debe ser aplicada independientemente de la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999, por tanto su relación laboral no se encontraría dentro del ámbito de la ley sustantiva laboral; sin embargo, el ad quem no tomó en cuenta a momento de dictar el correspondiente auto de vista, lo dispuesto por la CPE que a través de su art. 48 establece que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio.

3.- El auto de vista reitera señalando que el actor fue contratado el 1 de noviembre de 2000, es decir, dentro de la vigencia de la Ley Nº 2028 de Municipalidades de 28 de octubre de 1999, por tanto su relación laboral no se encontraría catalogada en el ámbito de la ley sustantiva laboral, desconociendo de esta manera sus derechos protegidos por la LGT.

En este sentido, estando demostrado que existió a tiempo de dictarse el auto de vista recurrido, violación a lo establecido por la CPE y otras normas adjetivas que sustentan su demanda, especialmente cuando no se tomó en cuenta lo previsto por el art. 3 del Estatuto del Funcionario Público; siendo la Ley de Municipalidades Nº 2028 la que debe aplicarse en estricto cumplimiento a lo establecido por el citado estatuto, que entro en vigencia 90 días posterior a la fecha mencionada, es decir, tal como se demuestra por la prueba de fs. 360, donde el Director General del Servicio Civil, señaló que el art. 77 de la Ley Nº 2027 ha sido modificado por la Ley Nº 2104 de 21 de junio de 2000, que establece que la vigencia plena de la Ley Nº 2027, entró en plena vigencia el 19 de junio de 2001, por tanto siendo su ingreso a la entidad demandada el 1 de noviembre de 2000, es decir 7 meses y 19 días antes de que se ingresara en plena vigencia la Ley Nº 2027, por tanto la juzgadora de primera instancia, al no compulsar las pruebas presentadas, ni esgrimir el contenido de su demanda respecto a la fecha de ingreso, emitió una sentencia atentatoria a sus intereses y contrarios a los dispuesto por la LGT.

Concluyó solicitando se case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo, declare probada la demanda revocando la sentencia de primera instancia, con costas.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, previo análisis de los antecedentes, se establece lo siguiente:

En el caso presente, la parte recurrente cuestiona el fallo del tribunal de segunda instancia que emitió el auto de vista impugnado, por haber confirmado la sentencia de primera instancia, en la que se declaró improbada la demanda, sin costas; manifestado su desacuerdo con la decisión asumida, acusando que la controversia del proceso radica en establecer la aplicabilidad o no de las normas laborales, señalando que su relación laboral debe regularse por la Ley General del Trabajo, en virtud a que el Estatuto del Funcionario Público entró en vigencia el 19 de julio de 2001, posterior a la fecha que ingresó a prestar sus servicios; en consecuencia y evidenciándose que los tres reclamos denunciados en el recurso de casación tienen similares características, resulta pertinente resolver las mismas; de cuyo análisis se concluye:

Que, el DL Nº 07375 de 5 de noviembre de 1965, aprobó el Estatuto del Funcionario Público por el que se regulaba las relaciones entre el Estado y sus servidores, cuyo art. 2 señala: "se consideran funcionarios públicos a todas aquellas personas investidas de un cargo público creado por Ley y remunerado con fondos del Estado", excepto los expresamente excluidos por su art. 3.

Por su parte el art. 2 del DS Nº 8125 de 30 de octubre de 1967, disponía que: "Todo funcionario que reciba sus remuneraciones con fondos provenientes del Tesoro Nacional (Gobierno Central), cualquiera sea la institución en la que preste servicios será considerado para fines de derecho de orden social como funcionario público y por lo tanto sujeto al régimen establecido por el Decreto Ley Nº 07375 de 5 de noviembre de 1965.".

 En ese sentido, de acuerdo a las normas citadas precedentemente, en concordancia con el art. 28.c) de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO), todo funcionario que reciba remuneración con fondos provenientes del Tesoro General de la Nación, cualquiera sea la institución en la que presta servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, es considerado como "funcionario público", en armonía con los arts. 43 y 44 de la CPE de 1967, -vigente entonces- concordante con el art. 233 de la actual CPE.

Respecto a los funcionarios en el ámbito municipal, el art. 59 de la Ley de Municipalidades Nº 2028 de 28 de octubre de 1999, estableció la categorización de los servidores públicos, señalando lo siguiente: “A partir de la promulgación de la presente Ley, el personal que se incorpore a los Gobiernos Municipales será considerado en las siguientes categorías: 1. Los servidores públicos municipales sujetos a las previsiones de la Carrera Administrativa Municipal descrita en la presente Ley y las disposiciones que rigen para los funcionarios públicos; 2. Los funcionarios designados y de libre nombramiento que comprenden al personal compuesto por los oficiales mayores y los oficiales asesores del Gobierno Municipal. Dichas personas no se consideran funcionarios de carrera y no se encuentran sujetas a la Ley General del Trabajo ni el Estatuto del Funcionario Público de acuerdo con lo previsto por el Artículo 43 de la Constitución Política del Estado; y 3. Las personas contratadas en las empresas municipales, públicas o mixtas, establecidas para la prestación directa de servicios públicos, éstas se encuentran sujetas a la Ley General del Trabajo.” (el resaltado es nuestro).

En la especie, con posterioridad a la promulgación de la Ley de Municipalidades, el 27 de octubre de 1999 se sancionó la Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público (vigente a partir del 21 de junio de 2001 a mérito del cumplimiento del presupuesto legal exigido por la Ley 2104, de 21 de junio de 2000, modificatoria de la Ley 2027), por el que se otorga el estatus de Funcionario Público a todos aquellos que presten servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración, incluidos aquellos que presten servicios en las entidades públicas autónomas autárquicas y descentralizadas.

De la revisión de antecedentes, se evidencia que el demandante ingresó a trabajar en el Gobierno Municipal de El Alto como Chofer de la División de Activos Fijos desde el 1 de noviembre de 2000, conforme demuestra el Memorandum URH/3238/00 cursante fs. 4; prueba literal del cual se llega a advertir que en la fecha de su designación, aún no se encontraba vigente la Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027, toda vez que su aplicación habría sido suspendida hasta los 90 días después de la posesión del Superintendente de Servicio Civil (art. 5 de la Ley de modificación al Estatuto del Funcionario Público Nº 2104), por lo tanto el demandante no se encontraría dentro del ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público; sin embargo de ello, corresponde señalar que su contratación se efectivizó durante la vigencia plena de la Ley de Municipalidades Nº 2028, consiguientemente se encuentra sujeto a sus disposiciones legales, y conforme al art. 59.2) de la citada Ley, el actor se encuentra dentro de la categoría de “funcionario designado y de libre nombramiento”, y conforme a esta disposición legal, dichas personas “(…) no se consideran funcionarios de carrera y no se encuentran sujetas a la Ley General del Trabajo ni al Estatuto del Funcionario Público de acuerdo con lo previsto por el Artículo 43 de la Constitución Política del Estado”, esta situación fue ratificada por el art. 1 del DS Nº 224 de 23 de agosto de 1943 (Reglamento de la Ley General del Trabajo), que de manera expresa establece que no se encuentran sujetos a la Ley General del Trabajo, los funcionarios y empleados públicos, tal cual sucede en el presente caso con el propio demandante, que si bien no se encuentra sujeto al régimen del Estatuto del Funcionario Público, sí constituye servidor público municipal regido por las disposiciones de la Ley de Municipalidades, por consiguiente al no estar inmerso dentro de la Ley General del Trabajo, no puede gozar de los beneficios sociales emergentes de la relación laboral interrumpida.

En virtud a lo expuesto, se llega a concluir que la juez ad quo y el tribunal ad quem, han aplicado la normativa de forma correcta, y además realizaron correcta valoración de los antecedentes y de las pruebas cursantes en obrados, conforme se tiene establecido en los arts. 3.j), 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo.

En consecuencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas y al no existir mérito para disponer la casación del auto de vista recurrido, corresponde resolver conforme disponen los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 390 a 391. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.