SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 70/2015.

Sucre, 27 de febrero de 2015.

Expediente: SSA.II-SCZ.464/2014.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo cursante de fs. 100 a 102, interpuesto por Edwin Nicolás Mansilla Chuquimia, contra el Auto de Vista Nº 160 de 27 de junio de 2014, cursante de fs. 97 a 98, emitido por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral seguido por Teresa Montero Ruiz, contra el recurrente; la respuesta a fs. 104, el auto de fs. 105 que concedió el recurso; los antecedentes procesales y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 46/13 de 27 de septiembre de 2013, cursante de fs. 78 a 80, declarando probada la demanda de fs. 8 a 9, subsanada a fs. 13 de obrados, con costas, en consecuencia ordena al demandado Edwin Nicolás Mansilla Chuquimia, propietario de la empresa unipersonal “DENTAL A&L”, que a tercer día de su legal notificación, pague a la demandante beneficios sociales la suma de Bs.5.633,55.

En grado de apelación deducida por la empresa unipersonal “DENTAL A&L”, representada por Edwin Nicolás Mansilla Chuquimia de fs. 82 a 83, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió Auto de Vista Nº 160 de 27 de junio de 2014, de fs. 97 a 98, confirmando en todas sus partes la sentencia apelada de fs. 78 a 80 de obrados, con costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 100 a 102, interpuesto por empresa unipersonal “DENTAL A&L”, representada por Edwin Nicolás Mansilla Chuquimia, quien luego de realizar el detalle de los antecedentes procesales, denunció lo siguiente:

1.- Que, el tribunal de segunda instancia, fundamentó su fallo en que empleador no habría probado fehacientemente el abandono de trabajo y retiro justificado de la demandante, sin considerar que en fecha 31 de marzo de 2010, a tiempo de realizar el inventario de fin de mes se descubre a la demandante en malos manejos, a partir de esa fecha desaparece y no se presente más por la empresa a realizar ningún reclamo a sabiendas de que tiene deudas pendientes con la empresa, de haber sido despedida injustificadamente tendría que haber acudido a la autoridad del trabajo; luego de una larga búsqueda por haber cambiado de domicilio es encontrada y al ser notificada con el acta de denuncia ante la FELCC, en fecha 26 de mayo de 2011 y formalizada en fecha 01 de junio de 2011, caso FELCC-SCZ.1103674, manifiesta que no quiere problemas y acepta transar el pago de su deuda y reconoce expresamente haber incurrido en estos actos ilícitos de abuso de confianza y apropiación indebida y se compromete pagar en cuotas el monto adeudado, pidiendo que no se precisa con la vía penal, para lo cual firma un documento de reconocimiento de deuda y compromiso de pago en fecha 03 de junio de 2011, cursante de fs. 33, documento que el juez a quo, no valoró como prueba de descargo que prueba el despido justificado según lo establece el art. 16.g) de la Ley General del Trabajo.

2.- Agrega que la juez a quo, no valoró de manera correcta la contestación a la demanda de rendición de cuenta ante el juzgado 13vo, en el que nuevamente la demandante reconoce que tiene pendiente con la empresa un saldo por los cobros no ingresados y pide que se le conceda el beneficio de cancelar en cuotas de Bs.350.- mensuales; en fecha 24 de junio de 2011, la señora Teresa Montero Ruiz, acude ante la autoridad laboral, es decir un año y tres meses después de haberse retirado, para evadir su responsabilidad por el daño económico provocado a la empresa DENTAL A&L.

Concluye solicitando, se conceda el recurso de casación en el fondo, ante Tribunal Supremo de Justicia, para que case el auto de vista recurrido, deliberando en el fondo declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, analizando su contenido en base a los antecedentes del proceso, se tiene lo siguiente:

El empleador sostiene que existe causa justificada para el despido de la trabajadora, por cuanto en su calidad de visitadora medica odontológico, habría cobrado de los clientes sumas de dinero por ventas de productos de odontología, sin que los hubiera reportado a la empresa, que inició denuncia ante la FELCC por los delitos de abuso de confianza y apropiación indebida, demanda de rendición de cuentas y, finalmente la actora suscribió documento de reconocimiento de deuda y compromiso de pago, que estos hechos no fueron valorados por las autoridades de instancias.

1.- Que, revisados los antecedentes procesales, se evidencia que tal acusación no es evidente, toda vez, que las literales adjuntas de fs.19 a 23, sobre recibos, se desconoce quién los elaboró, ya que no existe dentro del expediente declaraciones testificales de los clientes que reconozcan a la demandante como cobró un monto e hizo figurar otro, la documentación de fs. 26 a 28, 31, 32, y 33, constata que las mismas se refieren a una supuesta comisión de delitos de falsificación de documento privado y apropiación indebida, prevista en el art. 200 y 345 del Código Penal respectivamente, de la revisión del expediente se colige que, el hecho denunciado no se puede tener como verdadero, hasta tanto y cuando se determine en juicio por autoridad jurisdiccional competente, sobre la inocencia o culpabilidad de la actora, mediante sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, caso contrario se estaría vulnerando el principio de presunción de inocencia plasmada en nuestra Constitución Política del Estado, en su art. 116, como en la amplia jurisprudencia constitucional, la Sentencia Constitucional Nº SC Nº 1445 de 19 de agosto de 2013, entre otras, que establece: “se presume la inocencia mientras no se demuestre la culpabilidad”, deviniendo este motivo en infundado.

2.- Asimismo sobre el proceso civil de rendición de cuentas cursante a fs. 29 a 30 y contestación de fs. 65 a 67, tampoco cuentan con sentencia ejecutoriada, que determine que la ex trabajadora hubiera incurrido en alguna ilegalidad que se ajuste a la causal de despido establecido en el art. 16 de la Ley General del Trabajo y art. 9 de su Decreto Reglamentario, según informe de fs. 3, y conciliación de fs. 4 y 5, no constituye prueba para tener como confesa de un delito a la demandante, máxime si la misma se refiere a una deuda pendiente sin determinar que la misma sea producto de alguna ilegalidad, de lo manifestado en materia laboral se debe tener presente que al ser deber primordial del Estado proteger los derechos de los trabajadores, en cumplimiento a los principios de primacía de la realidad, de proteccionismo e inversión de la prueba en materia laboral, por cuanto todo trabajador goza del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado por el art. 4 de la Ley General del Trabajo, que de manera clara y precisa prescribe: "Los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos", y art. 48.I.II y III de la Constitución Política del Estado, que dispone: "I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”.

3.- En la especie, en cuanto al reconocimiento de deuda y compromiso de pago de fecha 3 de junio de 2011, presentado como descargo en la contestación a la demanda, cursantes a fs. 33, no puede ser tomado en cuenta como causal de retiro justificado de la demandante, toda vez que el art. 70 del Código Procesal del Trabajo señala: “igualmente, el desistimiento y la transacción no causan estado, por lo tanto no pueden obligarse a las partes a su cumplimiento, por consiguiente, no existe documentación contraria que modifique la pretensión de la trabajadora. En este entendido corresponde el pago de los derechos reclamados por la demandante reconocidos por los de instancias, porque el juez no está sometido a una tarifa legal de la prueba, sino que formó su convencimiento en función a los arts. 3.j) y 158 del Código Procesal del Trabajo, por una parte y, por otra, en base a la prueba idónea cursante en obrados, donde se acreditó la relación laboral de la demandante con la Empresa Unipersonal DENTAL A&L; en consecuencia el tribunal ad quem, al emitir la resolución, en grado de apelación, conforme el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, resolvió correctamente el fondo de la causa en estricta sujeción a las disposiciones laborales en vigencia, deviniendo también este motivo en infundado.

En virtud a lo expresado, se concluye que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, por lo que corresponde dar aplicación a la disposición contenida en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la permisión de la norma remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional Boliviano, con la facultad conferida por los arts. 184.I de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 100 a 102. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs.500.- que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.