SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 67/2015.

Sucre, 27 de febrero de 2015.

Expediente: SSA.II-OR.461/2014.

Distrito: Oruro.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 219 a 222, interpuesto por Josefina Choque Salinas, contra el Auto de Vista Nº AV-SSA-79/2014 de 5 de septiembre de 2014 (fs. 215 a 217), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (fs. 215 a 217), dentro del proceso contencioso tributario que sigue la recurrente, contra el Servicio de Impuestos Nacionales Regional Oruro, la respuesta de fs. 226 a 229, el auto de fs. 230 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso contencioso tributario, el Juez de Partido, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Oruro, emitió la Sentencia Nº 004/2014 de 17 de marzo de 2014 de fs. 175 a 183, declarando probada en parte la demanda interpuesta por Josefina Choque Salinas, declarando la validez de la factura Nº 001146 emitida por MEXEL S.R.L., con el respectivo crédito fiscal a favor de la contribuyente, quedando modificada parcialmente, en relación a esta factura, la Resolución Determinativa Nº “18-00355-11” aunque lo correcto es 17-00355-11 de 25 de octubre de 2011. Asimismo ratifica la factura Nº 872281, emitida por ELECTROPAZ S.R.L., solamente con el importe para crédito fiscal de Bs.205,51.-, a favor de la contribuyente , debiendo recalcularse el tributo omitido, intereses, multas y otros cargos en relación a la mencionada factura en la fase de ejecución tributaria. Respecto al incumplimiento de deberes formales, dispuso que por error de registro en el Libro de Compras IVA, se aplique la sanción prevista en el art. 1 de Modificaciones y Adiciones del subnumeral 4.2.1 que sanciona de 1 a 20 errores con 50 UFV´s para persona natural, sanción vigente a tiempo de la emisión de la RD Nº “18-00355-11” de 25 de octubre de 2011. Finalmente, sobre el incumplimiento de deberes formales por la entrega parcial de la información y documentación requerida por la fiscalización del SIN, deja sin efecto la sanción de 1.500 UFV´s, prevista en el subumeral 4.1 del Anexo Consolidado A de la RND Nº 10.00.37.07 de 14 de diciembre de 2007, toda vez que no correspondía exigir otros medios de pago por compras en efectivo menores a 50.000 UFV´s.

En grado de apelación formulada de fs. 186 a 190 por el Servicio de Impuestos Nacionales Regional Oruro, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Oruro, pronunció el Auto de Vista Nº AV-SSA-79/2014 de 5 de septiembre de 2014, anulando la Sentencia Nº 004/2014 de 17 de marzo de 2014.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo interpuesto por Josefina Choque Salinas, con los fundamentos expuesto en el memorial de fs. 219 a 222 de obrados.

CONSIDERANDO II: Que, con carácter previo y antes de considerar los fundamentos del recurso planteado, cabe señalar que en cumplimiento a lo establecido en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, este Tribunal tiene la facultad de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiese, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, se impone la nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil.

A su vez el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, dispone que: "La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso...", esta norma, de aplicación general, impone además a los tribunales de alzada el deber de observar estos preceptos, ajustando su resolución de segunda instancia y decidiendo la controversia en aplicación del art. 236 del Código de Procedimiento civil, con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del adjetivo civil.

En este contexto, es menester señalar que conforme la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, el recurso de apelación o de alzada, constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios; es el remedio procesal por el que se pretende que un tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba; ello supone una doble instancia donde el tribunal o juez debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada sobre la base del material reunido en primera instancia, puesto que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando en su conjunto la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa si en el texto del memorial de apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna, otorgando a las partes una respuesta razonada y efectiva dentro de los límites que establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, pues de no ser así, se vulnera la norma de orden público y de cumplimiento obligatorio que tiene como consecuencia la nulidad de obrados, aspecto que impide abrir la competencia de este tribunal, para conocer y resolver el fondo de la causa.

Ahora bien, haciendo el análisis minucioso del auto de vista recurrido, se evidencia que el tribunal ad quem anuló totalmente la Sentencia Nº 004/2014 de 17 de marzo, emitida por el Juez de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de Oruro, limitándose en disponer que se emita una nueva sentencia con pronunciamiento claro y sobre el fondo de la demanda conforme a derecho, sin emitir un pronunciamiento en términos precisos y positivos, otorgando o negando las pretensiones del recurrente, aspectos que demuestran la omisión del cumplimiento de las normas citadas precedentemente, impidiendo a este tribunal abrir su competencia para analizar el fondo el recurso de casación formulado, precisamente por haber dispuesto anular la sentencia sin emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la causa.

En este entendido, correspondía al tribunal de apelación, ingresar a analizar los aspectos de fondo, resolviendo el recurso de apelación planteado, otorgando al recurrente una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, en su caso emitiendo una resolución definitiva sobre el proceso, y al no haberlo hecho ha vulnerado una norma de orden público y cumplimiento obligatorio que acarrea la nulidad de obrados.

En conclusión, se advierte que el tribunal de segundo grado, no cumplió con las previsiones contenidas en los arts. 190, 192, 236 del Código de Procedimiento Civil, normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio, conforme instituye el art. 90 del adjetivo civil, cuya inobservancia acarrea la nulidad de oficio.

Por lo expuesto, corresponde aplicar los arts. 252, 271.3) del Código de Procedimiento Civil y 17 de la Ley del Órgano Judicial, con la permisión de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 180.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 215 inclusive, disponiendo que el tribunal ad quem, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, proceda al sorteo de la causa y emita nueva resolución con la pertinencia de los arts. 192 y 236 del Código de Procedimiento Civil.

Sin multa por ser excusable.

Póngase en conocimiento del Consejo de la magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.