SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 65/2015.

Sucre, 11 de febrero de 2015.

Expediente: SSA.II-OR.433/2014.

Distrito: Oruro.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 89 a 91, interpuesto por la Empresa Minera Huanuni, representada por Nebraska Delgadillo Condori, contra el Auto de Vista AV-SSA-57/2014 de 18 de junio de 2014 de fs. 61 a 64, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso social de reincorporación, seguido por Luis Carlos Martínez Caro, contra la empresa recurrente; el Auto Nº 106/2014 de fs. 94 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Ordinario de Sentencia en lo Penal Liquidador, Trabajo y Seguridad Social, Niñez y Adolescencia de las provincias Pantaleón Dalence y Poopó con asiento en Huanuni, pronunció la Sentencia N° 07/2014 de 17 de enero de 2014 de fs. 45 a 46, declarando improbada la demanda de fs. 13, disponiendo que sin perjuicio de la apelación que pudiera interponerse, de acuerdo al art. 197 del Código de Procedimiento Civil, se eleve en consulta la sentencia ante las autoridades del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

En grado de apelación formulada por el demandante de fs. 48, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Oruro, emitió el Auto de Vista AV-SSA-57/2014 de 18 de junio de 2014 (fs. 61 a 64), anulando totalmente la Sentencia N° 07/2014 de 17 de enero de 2014 (fs. 45 a 46), debiéndose emitir en forma inmediata nueva sentencia y pronunciar sobre los puntos planteados en el fondo con todos sus alcances y conforme derecho.

Este fallo, motivó el recurso de casación en el fondo y en la forma por parte de la Empresa Minera Huanuni, representada por Nebraska Delgadillo Condori (fs. 89 a 91), acusando en síntesis lo siguiente:

En el fondo, acusó que el tribunal ad quem realizó una incorrecta aplicación e interpretación del art. 10.I.III del Decreto Supremo N° 28699 de 1 de noviembre de 2006, reformado por el Decreto Supremo N° 0495 de 1 de mayo de 2010 y reglamentado por la Resolución Ministerial N° 868/10 de 26 octubre de 2010, pues ante su destitución producto de su inasistencia injustificada por más de 6 días en aplicación del art. 16 de la Ley General del Trabajo, de la Ley de 23 de noviembre de 1944 y del Decreto Supremo N° 1592 de 19 de abril de 1949, el trabajador debió utilizar la vía administrativa para reclamar la restitución a su fuente laboral, es decir, recurrir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la instancia de la Jefatura Departamental del Trabajo para que una vez probado el despido injustificado disponga que la Empresa Minera Huanuni proceda a su inmediata reincorporación, caso contrario el trabajador tenía expedita la vía ordinaria, situación que es concordante con el art. 50 de la Constitución Política del Estado y que el trabajador no utilizó como medio idóneo, inmediato y eficaz para la protección de sus derechos laborales presuntamente lesionados.

En la forma, acusó que el recurso de apelación interpuesto por el demandante constituye una simple cronología de los hechos y de los actuados procesales y no expresa cuales son los agravios producidos por el juez a quo, cuáles son sus omisiones y deficiencias, es decir, cuales son los fundamentos y razones del recurso de apelación punto por punto, aspecto que hace inadmisible el recurso de apelación en aplicación del art. 218 del Código de Procedimiento Civil, al obrar de esta forma el tribunal ad quem incurrió en actuación ultra petita pues se pronunció sobre aspectos no reclamados en el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contrariando de esta manera lo dispuesto por el art. 17.II de la Ley N° 025.

Concluyó solicitando que una vez elevados los actuados, ante este Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Social y Administrativa, deliberando en el fondo y forma case el Auto de Vista mencionado.

CONSIDERANDO II: Que, del examen del recurso de casación en el fondo y en la forma, la contestación, el auto de vista recurrido, los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene lo siguiente:

La institución demandada, impugna el auto de vista, señalando que el tribunal de alzada al anular la sentencia totalmente, incurrió en incorrecta aplicación e interpretación del art. 10.I.III del Decreto Supremo N° 28699 de 1 de noviembre de 2006, reformado por el Decreto Supremo N° 0495 de 1 de mayo de 2010 y reglamentado por la Resolución Ministerial N° 868/10 de 26 octubre de 2010, pues ante su destitución producto de su inasistencia injustificada por más de 6 días en aplicación del art. 16 de la Ley General del Trabajo, de la Ley de 23 de noviembre de 1944 y del Decreto Supremo N° 1592 de 19 de abril de 1949, porque no acudió a la vía administrativa antes que la judicial, por lo que corresponde dilucidar si lo denunciado es o no evidente.

Al respecto, en principio es preciso señalar que si bien las referidas normas establecen el trámite a seguir por el trabajador despedido de manera injustificada a efecto de hacer prevalecer sus derechos y en este caso su reincorporación laboral, empero no es menos evidente, que los derechos laborales se encuentran consagrados en el art. 48.I.II.III y IV de la Constitución Política del Estado, señala que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, se interpretan y aplican bajo los principios de protección de los trabajadores y trabajadoras como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación, de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador, siendo así que los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y de los trabajadores no pueden renunciarse, son inembargables e imprescriptibles, siendo por tanto nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos; protección que también se encuentra prevista en el art. 4 de la Ley General del Trabajo y art. 3.g) del Código Procesal del Trabajo.

En ese mismo sentido, los derechos laborales, entre ellos el derecho a la estabilidad laboral, se encuentra protegido por los tratados internacionales de derechos humanos, como los expuestos en el Convenio C-158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que refiere: “Sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador”, en su art. 4. “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”. Asimismo, este convenio en su art. 8, establece el derecho del trabajador a recurrir ante la autoridad competente cuando considere que la terminación de su relación de trabajo es injustificada.

En ese contexto de protección de los derechos del trabajador, en los procesos laborales, todo juzgador público al dictar sus resoluciones, debe tomar en cuenta que el objeto del proceso, es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustancial, conforme instituye el art. 59 del Código Procesal del Trabajo, observando los Tratados y Convenios internacionales y la Constitución Política del Estado.

De lo manifestado precedentemente, en el caso de análisis, de los antecedentes del proceso, con carácter previo a dilucidar el fondo del derecho demandado, es preciso referirnos a la sentencia de fs. 45 a 46 de obrados, pronunciada por el Juez de Partido Ordinario de Sentencia en lo Penal Liquidador, Trabajo y Seguridad Social, Niñez y Adolescencia de las provincias Pantaleón Dalence y Poopó, que fue objeto de apelación y posteriormente el auto de vista, que es motivo del recurso de casación. En esa secuencia de actos, la sentencia de fs. 45 a 46 de obrados, no obstante de expresar los antecedentes de la demanda, la pretensión de las partes y las pruebas producidas, empero el Considerando IV, carece de total fundamentación y motivación, es decir que no contiene cuales serían los antecedentes o elementos de prueba que justifican el retiro del trabajador, que valor merecieron los mismos, hace una total abstracción de los Convenios y Tratados Internacionales, de la Constitución Política del Estado y de las normas laborales sustantivas y adjetivas que regulan los derechos laborales del trabajador, de donde se colige que, la Sentencia de 17 de febrero de 2014, no cumplió lo dispuesto en el art. 202.a) del Código Procesal del Trabajo, que prevé: “La sentencia recaerá sobre todos los puntos litigados y constará de una parte considerativa y otra resolutiva, y se dictara conforme a las reglas siguientes: a) En la aparte considerativa se indicará el nombre de las partes, la relación suscinta de la acción intentada y los puntos materia de la controversia. En párrafos expresos se hará una relación de los hechos comprobados y alegados oportunamente. Se hará referencia a las pruebas que obren en los hechos. En seguida se darán las razones y fundamentos legales que se estimen pertinentes, se citarán las normas legales y las razones doctrinales que se consideren aplicables al caso…”, norma concordante con lo previsto en el art. 192.2) del Código de Procedimiento Civil, que establece: “(FORMA DE LA SENTENCIA). La sentencia se dará por fallo y contendrá:…2) La parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, análisis y valoración fundamentada de la prueba, y cita de las leyes en que se funda…”, aspectos estos que se constituyen en un deber jurídico para todo administrador de justicia, que al resolver una causa debe inexcusablemente exponer los hechos, efectuar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, conforme dispuso la Sentencia Constitucional Plurinacional 0092/2012 de 19 de abril de 2012, cuyo Fundamento Jurídico III. 2. al establecer: “…La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que:…las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores…”.

A mayor abundamiento, cabe enfatizar que la debida y suficiente fundamentación de los fallos que supone exponer no sólo el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los conceptos demandados contrastándola con los argumentos de defensa vertidos por la parte demandada, de modo tal que permita a las partes, en caso de estar en desacuerdo, impugnar la decisión adoptada sobre esos puntos, pues privarles de ello vulnera el derecho al debido proceso y por ende, a la defensa, consagrados y protegidos por los artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado.

Por los fundamentos expuestos, este máximo Tribunal de Justicia concluye que la resolución que puso fin al conflicto en primera instancia no cumplió con las previsiones legales contenidas en el art. 202.a) del Código Procesal del Trabajo concordante con el art. 192.2) del Código de Procedimiento Civil, tal como advirtió con acierto el tribunal ad quem, al disponer se dicte una nueva sentencia sobre los puntos planteados en el fondo con todos sus alcances y conforme a derecho. No siendo por tanto evidente que el tribunal de alzada, al anular totalmente la sentencia hubiese incurrido en incorrecta aplicación e interpretación errónea de las normas citadas en el recurso de casación, al contrario emitió un fallo debidamente motivado y fundamentado, conforme a las normas constitucionales y laborales que rigen la materia.

Con relación a lo denunciado en la forma, señalando que el tribunal de alzada emitió un fallo ultra petita, toda vez que en el recurso de apelación no se realizó con precisión los agravios en los que incurrió el juez a quo al dictar la sentencia, cabe señalar que de la revisión del recurso de apelación de fs. 48 de obrados, se establece que el mismo consigna 7 puntos de agravios contra la sentencia, que fueron considerados y resueltos en el Considerando III, por el tribunal de alzada, de manera motivada y fundamentada no siendo por tanto evidente lo denunciado por la institución recurrente. Por otro lado, cabe aclarar, que el tribunal de alzada al constituirse en la instancia de segundo grado que tiene como finalidad conocer los recursos de apelación, por el que las partes exponen sus agravios en la búsqueda de que el superior en grado enmiende conforme a derecho la Resolución dictada por el juez a quo; así también se constituye en un Tribunal de conocimiento que no presenta las limitaciones legales impuestas al tribunal de Casación, por ser este último de puro derecho, de tal forma el tribunal de alzada no solo se encuentra reatado a circunscribir su resolución únicamente sobre los puntos resueltos por el inferior y que fueron motivo de la apelación, sino que también asume competencias, en tanto le es permitido reconstruir los hechos, en la medida que juzga como ex novo, resguardando de tal forma el derecho a la defensa y al debido proceso, conforme manda el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial, que está facultado para revisar las actuaciones procesales del a quo de oficio, limitándose a aquellos asuntos previstos por ley, que en el caso de autos, la falta de motivación y fundamentación de la sentencia, vulnera el debido proceso, de donde se colige que no emitió un fallo por encima de lo pedido, es decir ultra petita como aduce la institución recurrente, por el contrario tomando en cuenta los 7 puntos apelados, de manera correcta, fundamentada y motivada dispuso la nulidad de la sentencia apelada.

Consiguientemente, por los fundamentos expuestos, corresponde resolver el recurso, conforme a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 89 a 91 de obrados. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez