SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 58/2015.

Sucre, 11 de febrero de 2015.

Expediente: SSA.II-CBBA.449/2014.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: Los recursos de casación en el fondo de fs. 571 a 576, interpuesto por la Empresa de Telecomunicaciones NUEVATEL PCS BOLIVIA SA., representada por Marcelo Carlos Cadozo Gonzáles, y en la forma de fs. 579 a 583 formulado por Jorge Terrazas Chaly, impugnado el Auto de Vista Nº 176/2013 de 14 de agosto de 2013 (fs. 560 a 564), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social seguido por Jorge Terrazas Chaly contra la empresa NUEVATEL PCS BOLIVIA S.A., las respuestas de ambas partes de fs. 586 a 589 y 591 a 596, el auto de fs. 597, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, pronunció Sentencia el 16 de febrero de 2011 de fs. 508 a 512, declarando probada en parte la demanda de fs. 2 a 7, en lo que respecta al pago de beneficios sociales de desahucio, reintegro de la indemnización por tiempo de servicio, aguinaldo por el año 2010 por 3 duodécimas, vacaciones por 25 días, prima por el año 2009 y el pago de bono de logro de objetivos por el año 2009, con un sueldo promedio indemnizable de Bs.154.475,17.-; e improbada en los demás puntos demandados. Así también declaró probada en parte la excepción perentoria de pago opuesta por la empresa demandada y probada la excepción perentoria de prescripción respecto al pago de indemnización por los años 2000, 2001 y 2002, y al pago denominado de logro de objetivos por los años 2007 y 2008, disponiendo que la empresa demandada, dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia, pague en favor del demandante la suma de Bs.816.813,21.-, que en ejecución de sentencia se pagará calculando en base a la variación de las UFV´s, más la multa del 30% del total determinado.

Contra la sentencia, la parte demandada formuló recurso de apelación de fs. 519 a 525, así también el demandante por memorial de fs. 530 a 534, los que fueron resueltos por Auto de Vista Nº 176/2013 de 14 de agosto de 2013 de fs. 560 a 564, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que confirmó en parte la sentencia apelada, con la modificación de deducir de la liquidación el bono de logro de objetivos de la gestión 2009, disponiendo el pago de Bs.255.213,21.- por concepto de beneficios sociales, de acuerdo al detalle contenido en la parte dispositiva.


Dicho fallo motivó los recursos de casación de interpuestos por ambos sujetos procesales, con los fundamentos expuestos en los memoriales de fs. 571 a 576 y 579 a 583, respectivamente.

CONSIDERANDO II: Que con carácter previo y antes de considerar los fundamentos de los recursos planteados, cabe señalar que en cumplimiento a lo establecido en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, este Tribunal tiene la facultad de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiese, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil.

En ese contexto, haciendo un análisis minucioso del auto de vista recurrido, se evidencia que el tribunal ad quem no se pronunció sobre todos los agravios expuestos en el recurso de apelación formulado por la parte demandada de fs.519 a 525, pero principalmente al interpuesto por el actor en su memorial de fs. 530 a 534, y cuya omisión fue reiterado en el recurso de casación.

Sobre el particular, debe recordarse que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa, si en el texto de los memoriales de la apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna.

Así, en el caso objeto de análisis, se evidencia que el representante de la parte actora - ahora también recurrente -, en fs. 530 a 534, llevó como agravios ante el tribunal ad quem varios ítems de los cuales no todos fueron debidamente absueltos por el citado tribunal, concretamente, el referido al bono de objetivos por las gestiones 2007 y 2008 y la prescripción sobre el mismo, alegando en apelación, que la juez de la causa concedió al demandante el derecho al pago del bono de objetivos por la gestión 2009, declarando prescrito dicho concepto el saldo restante de las gestiones 2007 y 2008, aplicando incorrectamente el mandato constitucional previsto en el parágrafo IV del art. 48 de la CPE que determina la imprescriptibilidad de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores, omitiendo el tribunal ad quem este aspecto llevado a su conocimiento, no obstante que le correspondía pronunciarse al respecto, otorgando al demandado recurrente una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y al no haberlo hecho, vulneró la norma de orden público y cumplimiento obligatorio que acarrea la nulidad de obrados, que además impide abrir la competencia de este Tribunal, toda vez que no existe pronunciamiento sobre todos los aspectos alegados en los recursos de apelación planteados por ambas partes.

De otro lado, debe tenerse presente que la motivación de las resoluciones judiciales se constituye en un deber jurídico que hace al debido proceso, implicando que todo administrador de justicia al resolver una causa, debe inexcusablemente exponer los hechos, efectuar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Estas connotaciones encuentran también respaldo en la jurisprudencia de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0092/2012 de 19 de abril de 2012, cuyo Fundamento Jurídico III. 2. previó que: “La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC Nº 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que:…las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores…”.

En el caso, el auto de vista recurrido debió efectuar una mayor fundamentación en base a los agravios que fueron realizados sobre el particular en las apelaciones de fs. 519 a 525, así como de fs. 530 a 534, respectivamente, cuyo sustento hubiera permitido de manera conjunta, la invocación de la normativa específica aplicable, de este modo emitir un fallo completo y que guarde relación con lo dispuesto por el art. 236 en concordancia con el art. 227, ambos del Código de Procedimiento Civil; sin embargo de la lectura de la resolución recurrida, se advierte que, siendo ambas partes recurrentes de apelación, no individualiza de manera precisa la resolución de cada recurso, lo que no permite siquiera conocer con claridad y exactitud, a cuál de los dos recursos, está dando respuesta.

A ello, debe añadirse lo establecido en la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo de Justicia, en los Autos Supremos Nos. 86 de 10 abril de 2012 y 228 de 3 de julio de 2012, entre otros, cuando el juzgador omite la motivación en su Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo.

Ahora bien, cabe enfatizar que la debida y suficiente fundamentación de los fallos que supone exponer no sólo el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al impetrante, en este caso, al actor recurrente, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos vulnera el derecho al debido proceso y con ello, como en el caso presente, a la defensa, consagrados y protegidos por los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, lo que precisamente ocurrió en el caso de análisis, al constar que el tribunal ad quem, al margen de no fundamentar y motivar su resolución, omitió pronunciarse sobre todos los puntos materia del recurso de apelación (infra petita), cuestionados a la sentencia por ambas partes procesales.

En conclusión, se advierte que el tribunal de apelación no cumplió con las previsiones contenidas en los arts. 190, 192, 236 del Código de Procedimiento Civil y 202 del Código Procesal del Trabajo, normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio conforme instituye el art. 90 del Código de Procedimiento Civil, cuya inobservancia importa la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, precisamente porque esta omisión no permite abrir la competencia de este Tribunal Supremo de Justicia, para resolver el fondo de los recursos planteados, pues no puede emitirse criterio jurídico respecto de circunstancias de fondo que no fueron resueltas por el tribunal de alzada.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto, corresponde resolver de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 252, 271.3), 275 del Código de Procedimiento Civil y 17 de la Ley del Órgano Judicial, aplicables por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fs. 559 vta., inclusive, disponiendo que el tribunal de apelación, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, proceda al sorteo de la causa y emita nuevo auto de vista con la pertinencia de los arts. 192 y 236 del Código de Procedimiento Civil.

No siendo excusable el error, se impone multa de Bs.100.- para cada uno de los Vocales suscribientes del Auto de Vista Nº 176/2013 de 14 de agosto de 2013.

Por Secretaría de Cámara, cúmplase con lo previsto en el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez