SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 51/2015.

Sucre, 11 de febrero de 2015.

Expediente: SSA.II-SCZ.450/2014.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación o nulidad en el fondo de fs. 795 a 798, interpuesto por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, representada por José Enrique Parada Salazar contra el Auto de Vista Nº 26 de 08 de enero de 2014 de fs. 779 a 780, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral seguido por Guillermo Augusto Morales y otros contra la Institución recurrente, la respuesta de fs. 801 a 803, el auto de fs. 804 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, el Juez de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 577 de 14 de septiembre de 2012 de fs. 692 a 699 declarando probada en parte la demanda sobre el derecho al desahucio sin costas al ser demandado un Órgano del Estado, en cuyo mérito ordenó que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno a través de su representante legal, cancele a tercero día de su notificación de ejecutoriada la sentencia a Guillermo Arancibia Morales la suma de Bs.57.902,40.-, Arturo Barba Flores, la suma de Bs.61.643,70.-, Edgar Barrientos Luque la suma de Bs.48.855,15.-, Eduardo Hinojosa Velasco la suma de Bs.57.178,62.-, José Asunción Llanos Llanos la suma de Bs.55.731,06.-, José Leonor Rosales Rivas la suma de Bs.61.643,70.-, Gustavo Ruiz Aranibar la suma de Bs.48.830,40.-, Jorge Taboada Acuña la suma de Bs.46.242,00.-, Jaime Gerardo Zapata Strooy la suma de Bs. 62.424,00, Arnulfo Emilio Camargo Gonzales la suma de Bs.19.457,28.-, José Daniel Candia Zeballos la suma de Bs.55.731,06.-, Víctor Rivera Paniagua la suma de Bs.52.187,40.-, Miguel Rojas Velasco la suma de Bs.62.424.00.-, Juan Alberto Vásquez Escalante la suma de Bs.62.424,00.-, Gary Manuel Villegas Rojas la suma de Bs.62.424,00.-, Hubert Oliva Salvatierra la suma de Bs.62.424,00.-, José Freddy Sánchez la suma de Bs.62.424,00.-, Rufo Angulo Garvizu la suma de Bs.57.902,40.-, Jaime Magne Ojeda la suma de Bs.62.424,00.-, Humberto Méndez Rojas la suma de Bs.62.424.00.-, Julio Villalobos Raña la suma de Bs.57.902,40.-, David Jorge Rodríguez Rueda la suma de Bs.62.424,00.-, y a Sofronio Cabrera Valencia la suma de Bs.57.902,40.- haciendo un total de un (millón trescientos mil 92/100 bolivianos).

En grado de apelación de fs. 744 a 745 formulada por el representante de la institución demandada, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de la ciudad de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 26 de 8 de enero de 2014 de fs. 779 a 780, confirmó en todas sus partes la Sentencia Nº 577 de fecha 14 de septiembre de 2012 y el Auto Complementario de 20 de noviembre de 2012, cursantes a fs. 692 a 699 y fs. 728 de obrados, respectivamente, pronunciados por el Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de la Capital. Sin costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 795 a 798, interpuesto por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, representada por José Enrique Parada Salazar, con base en los siguientes argumentos:

Que el tribunal de alzada con la emisión del auto de vista, incurrió en aplicación indebida del art. 13 de la Ley General del Trabajo, concordante con el Decreto Supremo Nº 110 de 01 de mayo de 2009, que en su art. 3 señala: “Corresponde el pago de desahucio a la trabajadora o al trabajador que sea retirado intempestivamente. No corresponde el pago del desahucio a las trabajadoras o trabajadores que se retiren voluntariamente de su fuente laboral”. Es decir, procede el pago de desahucio únicamente cuando el trabajador fue retirado intempestivamente, por lo que, el acogimiento a la jubilación por los demandantes no puede ser considerado como retiro intempestivo, máxime cuando según el art. 95 del Reglamento General del Profesor Universitario establece: “(…) La carrera docente podrá ejercerse hasta los 65 años de edad, pudiendo el profesor acogerse a la jubilación de acuerdo con el Código de Seguridad Social, o continuar hasta 5 años más en el ejercicio de la Cátedra o en trabajos de investigación de acuerdo a reglamento…”, situación que en el presente caso ha ocurrido, por tanto no se puede hablar de retiro intempestivo, ahora si los profesores deseaban optar por continuar dictando cátedra durante cinco años más, debieron solicitarlo expresamente, extremo que no sucedió, además que si no lo hacían sus sueldos serían disminuidos, de conformidad a la Ley Nº 3391 en su art. 3 y la Ley Financial para la gestión 2009, situación que se hizo conocer a los demandantes, por comunicado que cursa a fs. 6, en razón a que los demandantes percibían sueldos por encima de Bs.15.000.-, se acogieron al beneficio de la jubilación y no fueron despedidos intempestivamente, por lo que la resolución impugnada contradice a los Autos Supremos Nº 144 de 31 de diciembre de 1981 y 504/2013 de 29 de agosto de 2013 que establece, cuando el trabajador se acoge a la jubilación, no corresponde el pago de desahucio, por lo que el fallo recurrido vulnera también el principio de seguridad jurídica, establecido en el art. 178 de la Constitución Política del Estado, por ser éste la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran, según las SC-1748/2003-R y 0753/2003 de 4 de junio.

Asimismo, acusó que el tribunal ad quem incurrió en errónea valoración de las pruebas documentales cursantes de fs. 611 a 632, consistentes en declaraciones de voluntad unilateral de los demandantes aceptando el pago de beneficios sociales por jubilación, que ninguno de los documentales refiere que se desistió o que se hubiera transado el derecho al desahucio ni se puede hablar de retiro forzoso, porque ninguno de los demandantes expresó su voluntad de continuar por cinco años más en el ejercicio de la docencia, sino que todos decidieron jubilarse voluntariamente, por lo que, al no haberse realizado la valoración de la prueba de acuerdo a la sana crítica y menos fundamentar el auto de vista, considera el recurrente que se violó el art. 115.II de la Constitución Política del Estado y el art. 158 del Código Procesal del Trabajo.

Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, que en aplicación de los arts. 271.4 y 274 del Código de Procedimiento Civil, dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista Nº 26 de 8 de enero de 2014 y deliberando en el fondo disponga no ha lugar al pago de desahucio.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, corresponde su análisis y consideración, de donde se tiene lo siguiente:

Con relación al punto central de agravio traído en casación en sentido que el tribunal de alzada incurrió en aplicación indebida del art. 13 de la Ley General del Trabajo, art. 3 del DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, al confirmar la sentencia que reconoció el pago de desahucio en favor de los demandantes, cuando estos se acogieron al beneficio de la jubilación y no fueron despedidos intempestivamente, cabe señalar en principio, que los beneficios sociales consisten en derechos laborales adquiridos por los trabajadores por el tiempo de servicios prestados, como resarcimiento y reconocimiento al desgaste efectuado en ese tiempo, derechos reconocidos y protegidos en el art. 48 de la Constitución Política del Estado, que establece: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles; de la misma forma la Ley General del Trabajo en su art. 13, prevé: “Cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo; y si los servicios no alcanzaren a un año, en forma proporcional a los meses trabajados…”.

Bajo ese marco, en el caso de análisis de la revisión de los datos del proceso, se advierte que la Universidad, Autónoma Gabriel René Moreno en conocimiento de la Ley Financial 2009, que en su art. 15 estableció la remuneración máxima o salario tope para el sector público de Bs.15.000,00.- para el Presidente del Estado Plurinacional, en cuyo mérito antes de proceder al recorte de los salarios de los demandantes que contaban con los 65 años, empero no se acogieron al derecho de jubilación, conforme establece el arts. 93 y 95 del Estatuto Orgánico y del Reglamento, que refiere que al cumplir los 65 años de edad, el profesor puede decidir acogerse voluntariamente a la jubilación o continuar cinco años más en el ejercicio de la cátedra. Esta norma es opcional al señalar que el trabajador al llegar a esa edad “puede” no dice debe, en consecuencia los demandantes seguían trabajando, tácitamente en virtud a dicha norma por 5 años más, subordinados a la institución empleadora, en consecuencia sometidos a la decisión unilateral de la Universidad, Autónoma Gabriel René Moreno, que como institución pública y obligada al cumplimiento de la Ley Financial del 2009 y consciente de las emergencias que implicaba para los trabajadores en la afectación de sus derechos laborales, procedió a notificar a los trabajadores, para que estos puedan iniciar su trámite de jubilación, sin observar y dar cumplimiento a lo establecido por el art.12 de la Ley General del Trabajo, que refiere: “El contrato podrá pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio. En el primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo sin previo aviso a la otra, conforme a las siguientes reglas: 1). Tratándose de contratos con obreros, con una semana de anticipación, después de un mes de trabajo ininterrumpido; con 15 días, después de 6 meses y con 30 después de un año; 2). Tratándose de contratos con empleados, con 30 días de anticipación por el empleado y con 90 por el patrón, después de 3 meses de trabajo ininterrumpido. La parte que omitiere el aviso abonará una suma equivalente al sueldo o salario de los períodos establecidos” (El resaltado nos corresponde), norma concordante con el art. 3 del DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, de donde se colige que no es evidente que el tribunal de alzada hubiese incurrido en aplicación indebida de las normas señaladas en el recurso, toda vez que a la luz de la realidad de los hechos y al principio de verdad material, los demandantes no se acogieron al derecho de jubilación por voluntad personal, porque no consta en obrados datos o documentos que evidencien lo sostenido por la parte empleadora, como correspondía hacerlo de conformidad con los arts. 3.h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, referido a la inversión de la prueba, sino que la desvinculación laboral se debió a la decisión unilateral por aplicación de la Ley Financial del 2009, que vulneraba los derechos laborales adquiridos, por los años de servicios prestados en la Casa Superior de Estudios, consecuentemente es correcta la decisión adoptada por los de instancia al reconocer el pago de desahucio a los profesores eméritos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

En cuanto a la denuncia que el tribunal ad quem habría incurrido en contradicción de la línea establecida por los Autos Supremos Nº 144 de 31 de diciembre de 1981 y 504/2013 de 29 de agosto de 2013, corresponde señalar que los fundamentos expuestos por el recurrente son diametralmente diferentes a los expresados en las resoluciones señaladas, toda vez que el trabajador se acogió a la jubilación de manera voluntaria y demandó el pago de la multa del 30%, por no haber recibido sus beneficios sociales en el plazo de 15 días, conforme al art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699, consecuentemente no es evidente que el auto de vista impugnado sea contradictorio a los autos supremos citados, como tampoco es evidente que el tribunal de alzada hubiese incurrido en vulneración del principio de seguridad jurídica, conforme aduce el recurrente, por el contrario el auto de vista fue pronunciado en observancia y aplicación de las normas legales vigentes que rigen la materia, con base a los datos del proceso.

Con relación a la errónea valoración de las pruebas cursantes de fs. 611 a 632 y que por tanto se violó el art. 115.II de la Constitución Política del Estado y el art. 158 del Código Procesal del Trabajo; cabe señalar que las mismas están referidas al pago de beneficios sociales a los demandantes, empero, según el art. 70 del Código Procesal del Trabajo, las transacciones entre partes que tiendan a burlar derechos, no surten efectos entre los mismos, en atención a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, por lo que las literales en cuestión han sido valoradas juntamente a las demás pruebas cursantes en el proceso de acuerdo a lo previsto por los art. 3.j), 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo, en lo concerniente al libre análisis de la prueba ofrecida, concluyendo adecuadamente los de instancia que la parte demandada obró fuera de lo previsto por el art. 12 de la Ley General del Trabajo, modificado por el artículo único del Decreto Supremo Nº 06813 de 3 de julio de 1964, al no haber expedido el preaviso de rescisión de la relación laboral con los 90 días de anticipación que prevén dichas normas, estableciéndose que la desvinculación laboral se dio de forma intempestiva y unilateral, correspondiendo en consecuencia el pago del desahucio establecido en la sentencia de fs. 692 a 699 y confirmado con acierto por el Tribunal ad quem.

       Consiguientemente, en merito a lo expuesto, no es evidente lo denunciado en el recurso por la institución recurrente, por lo que corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 795 a 798. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley SAFCO.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez