SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 49/2015.

Sucre, 11 de febrero de 2015.

Expediente: SSA.II-TJA.446/2014.

Distrito: Tarija.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 159 a 161, interpuesto por Sergio Gregorio Fernández Espíndola en representación de Domingo Arenas Vaca contra el Auto de Vista Nº 186/2014 de 9 de septiembre de 2014 de fs. 152 a 156, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Tarija, en el proceso laboral seguido por el recurrente en contra de Ex - Industrias Agrícolas de Bermejo, Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija, la respuesta de fs. 165 a 166, el auto de fs. 166 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Tarija, pronunció Sentencia el 20 de junio de 2013 de fs. 131 a 132, declarando improbada la demanda y probada la excepción de prescripción. Sin costas.

En grado de apelación, incoada por Sergio Gregorio Fernández Espíndola en representación del demandante de fs. 134 a 136, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pronunció el Auto de Vista Nº. 186/2014 de 9 de septiembre de 2014 de fs. 152 a 156 confirmando totalmente la sentencia de fs. 131 a 132. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 (SAFCO).

Este fallo, motivó el recurso de casación en el fondo, formulado por Sergio Gregorio Fernández Espíndola, en representación de Domingo Arenas Vaca, acusando que el tribunal ad quem al confirmar totalmente la sentencia ha violado, transgredido y quebrantado el art. 4 de la Ley General del Trabajo, art. 3.g) del Código Procesal del Trabajo, los arts. 46, 48 y 123 de la Constitución Política del Estado, el principio in dubio pro operario y el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, al incurrir en errónea interpretación, cuyos textos determinan que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles, el cumplimiento obligatorio de todas las disposiciones como la inamovilidad laboral, la equidad y la igualdad de derechos para mujeres y hombres, a un salario justo y equitativo que le asegure para sí y su familia una existencia digna, además que prohíbe toda forma de discriminación, explotación laboral y trabajo forzoso.

Prosiguió alegando que la Constitución Política del Estado es la norma suprema del ordenamiento jurídico y goza de primacía frente a cualquier otra disposición, conforme prevé el art. 410.II), dejando inaplicable el art. 120 de la Ley General del Trabajo, con relación a la prescripción de los beneficios sociales.

Concluyó solicitando a éste Tribunal Supremo de Justicia case el auto recurrido y deliberando en el fondo declare probada la demanda en todas sus partes e improbada la excepción de prescripción, con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso e ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso, se tiene lo siguiente:

En cuanto a la transgresión por el tribunal ad quem de los arts. 4 de la Ley General del Trabajo, 3.g) del Código Procesal del Trabajo, 46, 48, 123 de la Constitución Política del Estado y 397 del Código de Procedimiento Civil, en razón a que el a quo aplicó incorrectamente los arts. 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Decreto Reglamentario, con relación a la prescripción de los beneficios sociales, al respecto, corresponde señalar que la Corte Suprema de Justicia como éste Tribunal Supremo de Justicia, ante situaciones similares sobre la no aplicación de la prescripción prevista en los arts. 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Decreto Reglamentario, con relación a lo establecido por los arts. 48 y 123 de la Constitución Política del Estado, ha establecido línea jurisprudencial a través de los Autos Supremos Nº 7 de 1 de febrero de 2013, 085 de 10 de abril 2012, 224 de 3 de julio de 2012 y 379 de 28 de septiembre del 2012, 266 de 12 de agosto de 2010 y 535 de 10 de diciembre ambos del 2010, entre otros, señalando en lo más sobresaliente: “…conforme a lo dispuesto por el parágrafo IV del artículo 48 de la CPE, vigente desde el 7 de febrero de 2009 "...los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles..."; es decir, que por mandato de la Ley suprema del ordenamiento jurídico boliviano, tal cual lo señala el parágrafo II de su art. 410, la misma goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, por lo que existiendo contradicción en cuanto a la prescripción de los derechos laborales con lo señalado por el art. 120 de la Ley General del Trabajo, debe darse aplicación preferente a lo establecido por la Constitución Política del Estado; aclarando que en el caso de que el cómputo de los 2 años se haya producido antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, se aplica lo dispuesto por el art. 120 de la Ley General del Trabajo, guardando de tal forma relación con el art. 123 de la Constitución Política del Estado en cuanto a la irretroactividad de la ley”.

Bajo ese marco, de la revisión de los antecedentes del proceso, se advierte que el actor Domingo Arenas Vaca, prestó servicios en Industrias Agrícolas de Bermejo, dependiente de la Ex Prefectura del Departamento ahora Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, en forma discontinua, es decir teniendo altas y bajas, desde el 02 de mayo de 1974 hasta el 30 de octubre de 1986, ocupando el último cargo de estibador, relación laboral que no fue negada por la parte demandada. Sin embargo el demandado ha presentado su demanda reclamando el pago de sus beneficios sociales el 27 de julio del 2011, es decir después de 25 años, según el cargo de recepción de fs. 37 de obrados, no existiendo prueba alguna que respalde fehacientemente o que haga suponer que existieron actos que interrumpieron la prescripción a partir de la ruptura laboral, ya que las fotocopias simples presentadas como prueba datan de la gestión 2007, 2010 y 2011, advirtiéndose que el reclamo se efectuó después de los dos años de la desvinculación laboral.

En ese sentido, corresponde definir a la prescripción liberatoria que consiste en la extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo producido por la inactividad de su titular durante el lapso señalado por ley. Por lo que la prescripción no afecta el derecho en sí, sino que priva al merecedor de la acción, con lo cual la acción queda relegada a una condición meramente natural, dejando claro que son dos los elementos que requiere la ley para que se configure la prescripción: a) el transcurso del término legal establecido y b) la inacción o silencio voluntario del merecedor durante ese plazo, que en el caso en análisis a la fecha de presentación de la demanda el 27 de julio de 2011, transcurrió más de 25 años, consecuentemente el plazo legal se encontraba caducado superabundantemente y mucho antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado, conforme al art. 120 de la Ley General del Trabajo, que establece: “ las acciones y derechos provenientes de esta ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido de ellas”, concordante con el art. 163 de su Decreto Reglamentario, de donde resulta que el actor al no haber realizado sus reclamos de manera oportuna, ha dejado operar la prescripción en virtud de la normativa citada, tal como acertadamente han determinado los de instancia al declarar improbada la demanda y probada la excepción perentoria de prescripción, realizando una correcta, adecuada y razonable valoración de los antecedentes del caso.

Consiguientemente, al no ser evidentes la infracción de las normas laborales y constitucionales denunciadas por el recurrente, corresponde resolver el recurso de casación en el fondo, conforme a los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por permisión del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la facultad conferida por el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 159 a 161. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez