SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 43/2015.

Sucre, 9 de febrero de 2015.

Expediente: SSA.II-TJA.436/2014.

Distrito: Tarija.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 90 a 92, interpuesto por el demandante Sergio Fernández Espindola en representación de Santiago Valentín Zuñiga Aparicio, contra el Auto de Vista Nº 183/2014 de 05 de septiembre (fs. 83 a 87), emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso por beneficios sociales seguido por el demandante contra el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, la respuesta de fs. 95 a 96, el auto que concedió el recurso de fs. 96 vta. a 97, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de la Ciudad de Tarija, pronunció Sentencia en fecha 14 de junio de 2013 (fs. 62 a 63), declarando improbada la demanda (fs. 7 a 8) y probada la excepción de prescripción opuesta mediante memorial de fs. 22 a 23, sin costas.

En apelación deducida por Sergio Fernández Espindola en representación de Santiago Valentín Zuñiga Aparicio (fs. 65 a 66), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pronunció Auto de Vista N° 183/2014 de 05 de septiembre, cursante a fs. 83 a 87, confirmando totalmente la sentencia de primera instancia cursante de fs. 62 a 63, sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

La resolución de apelación motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 90 a 92, interpuesto por Sergio Fernández Espindola en representación de Santiago Valentín Zuñiga Aparicio, quien en lo fundamental sostiene:

Que el auto de vista recurrido conculca, transgrede y vulnera derechos laborales del demandante; toda vez que, tanto el a quo como el ad quem fallaron en favor de la Gobernación del Departamento de Tarija, desconociendo lo preceptuado por los arts. 4 de la Ley General del Trabajo, 3.g) del Código Procesal del Trabajo, 46, 48, 123 y 410 de la Constitución Política del Estado, norma suprema esta última que deja sin efecto la aplicación del art. 120 de la Ley General del Trabajo con relación a la prescripción de beneficios sociales.

Señala que todos los derechos laborales se encuentran constitucionalizados y que el recurrente fue reclamando de forma continua el pago de sus beneficios sociales a la institución demandada; asimismo, expresa que uno de los principios fundamentales del Derecho Laboral es el in dubio pro operario.

En consecuencia, refiere que se han vulnerado las normas supra citadas, así como lo dispuesto por el art. 397 del Código de Procedimiento Civil.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada la demanda en todas sus partes e improbada la excepción de prescripción, con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso e ingresando a su análisis en relación a los antecedentes del proceso y a las normas aplicables al caso en relación a los puntos recurridos, se concluye lo siguiente:

Con relación a la prescripción de beneficios sociales, es preciso referir que este instituto se constituye en uno de los problemas gravitantes en materia laboral; en ese contexto, conviene aclarar que la prescripción no opera de oficio; es decir, es un derecho que requiere ser exhortado solamente por la persona a quien beneficia y puede valerse de ella, conforme prevé la disposición contenida en el art. 1498 de la ley sustantiva civil, cuya aplicación difiere en materia laboral; por cuanto observa para su procedencia el principio proteccionista e in dubio pro operario determinado por el art. 4.a) del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

En la problemática que se cuestiona entre la prescripción prevista en el art. 120 de la Ley General del Trabajo y 163 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo y, la aplicación de los arts. 48 y 123 de la Constitución Política del Estado, se precisa que la prescripción tiene una interpretación restrictiva, puesto que no existe en obrados prueba que permita al juzgador establecer actos efectivos que hayan interrumpido la prescripción desde el momento en que nació su derecho a ejercerlo y al no haber el actor reclamado oportunamente sus derechos, su facultad de hacerlo ha prescrito. En consecuencia, se llega a la conclusión de que en el caso presente la prescripción operó por negligencia e inacción del titular del derecho a ejercer el reclamo, desde la fecha de fenecimiento de la relación laboral. En cuanto a la imprescriptibilidad, instituida por la Constitución Política del Estado de 07 de febrero de 2009, cabe referir que procederá para todos aquéllos derechos y beneficios emergentes con posterioridad a su promulgación; dando estricto cumplimiento a lo previsto por el art. 410.II de la norma suprema.

Respecto a la primacía de la constitución prevista por imperio del art. 410.II, la norma suprema se encuentra revestida del espíritu de jerarquía frente a cualquier otra disposición legal, en virtud de la cual, todas las normas jurídicas del derecho positivo, deben guardar estricta coherencia y sujeción para con sus mandatos constitucionales; existiendo contradicción en el demandante respecto de la interpretación de la imprescriptibilidad de los derechos laborales prevista por la Constitución con lo señalado por el art. 120 de la Ley General del Trabajo, debe darse aplicación preferente a lo establecido por la Constitución Política del Estado; empero, se aclara que sólo en el caso de que el cómputo de los 2 años se haya producido antes de la vigencia de la norma suprema de 7 de febrero de 2009, se aplica lo dispuesto por el art. 120 de la Ley General del Trabajo, guardando de tal forma relación con el art. 123 del mismo cuerpo de leyes.

En ese entendido, corresponde manifestar, que la irretroactividad de la ley es conocida también como conflicto de leyes en el tiempo y se traduce en determinar cómo proceder cuando se está en presencia de dos leyes y cuál es la ley cuya aplicación corresponde. En el caso de que nos ocupa, se dilucida la aplicación de una ley antigua, pero vigente como es el art. 120 de la Ley General del Trabajo y la nueva ley vigente como es la contenida en el art. 48 de la Constitución Política del Estado, misma que rige desde su promulgación. En consecuencia, el art. 120 de la Ley General del Trabajo, se encuentra vigente para las acciones emergentes anteriores al 7 de febrero de 2009, no pudiendo por tanto darse cumplimiento al presupuesto constitucional establecido en el art. 123 de la ley suprema.

En cuanto a la prescripción inserta en el art. 120 de la Ley General del Trabajo, corresponde definir a la prescripción liberatoria como la extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo producido por la inactividad de su titular durante el lapso señalado por ley. Por lo que, la prescripción no afecta el derecho en sí, sino que priva al merecedor de la acción, con lo cual la acción queda relegada a una condición meramente natural, quedando claro que son dos los elementos que requiere la ley para su configuración: “a) el transcurso del término legal preestablecido y, b) la inacción o silencio voluntario del merecedor durante ese plazo”. En el caso que nos ocupa, el recurrente presenta su demanda el 24 de julio de 2012, conforme evidencia el actuado de recepción de fs. 9, por medio del cual pretende el pago de su indemnización, desahucio, vacaciones, salario dominical, bono de antigüedad y multa por el periodo de 1 de junio de 1972 al 30 de noviembre de 1990, con el argumento central sustentado en las disposiciones contenidas en los arts. 46, 48 y 123 de la norma suprema; compulsados los antecedentes, se evidencia que el demandante interpuso la presente acción de forma extemporánea, en el lapso de tiempo, después de haber vencido el cómputo de 2 años a los que hace alusión los arts. 120 de la Ley General del Trabajo y 163 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, puesto que desde el 30 de noviembre de 1990, fecha de desvinculación laboral, hasta el 24 de julio de 2012, fecha de la interposición de la demanda, transcurrieron más de 20 años, consiguientemente al tenor del art. 120 de la Ley General del Trabajo, el derecho a reclamar el cobro de beneficios sociales del actor ha prescrito, por tanto el ad quem realizó adecuada valoración de la prueba de conformidad a los arts. 3.j) y 158 del Código Procesal del Trabajo.

En tal sentido, la pretensión del recurrente de aplicar el art. 123 de la Constitución Política del Estado, que prescribe que:” la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores (…)”, no puede ser aplicable al caso de análisis por constituirse en derechos que emergieron con anterioridad a la fecha de promulgación de las normas contenidas en la Constitución Política del Estado de 2009.

Disímil razonamiento generaría un escenario inconsistente en el panorama jurídico laboral en Bolivia, pues la certidumbre que la jurisdicción ordinaria debe otorgar a los justiciables, se traduciría ambigua, generando inseguridad en la garantía de aplicación de la norma, transgrediendo de esta manera el principio de seguridad jurídica, que por excelencia es constituido como fundamental en la configuración y estructura del Estado Constitucional de Derecho.

De todo lo expuesto, se concluye que las afirmaciones realizadas en el recurso de casación, carecen de sustento legal; el auto de vista recurrido se sujeta a las normas en vigencia, no se observa violación de norma legal alguna, al contrario existió correcta valoración, interpretación y aplicación de la ley, por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confiere los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Sergio Fernández Espindola en representación de Santiago Valentín Zuñiga Aparicio de fs.90 a 92, con costas.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez