SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 40/2015.

Sucre, 2 de febrero de 2015.

Expediente: SSA.II-SCZ.405/2014.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 785 a 787, interpuesto por Firmo Walter Coca Moreno, en representación legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin de Porres Ltda., contra el Auto de Vista Nº 101 de 17 de abril de 2013 de fs. 734 a 736, dictado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral seguido por Cliver Vallejos Torrez contra la entidad recurrente; la respuesta de fs. 790 a 792, el Auto N° 217/2013 de 21 de agosto de 2014 de fs. 793 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Camiri, pronunció la Sentencia Nº 11/2012 de 31 de agosto de 2012 de fs. 594 a 600, declarando probada en parte la demanda de fs. 9 a 19, disponiendo en consecuencia que la entidad Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin de Porres Ltda. pague a favor del demandante la suma de Bs.12.934.- dentro de tercero día de ejecutoria la misma, por concepto de incrementos salariales, primas, asignaciones familiares y horas extraordinarias. Por Auto de 20 de septiembre de 2012 (fs. 605), se rechazó la enmienda y complementación, que fue solicitada por el actor.

En grado de apelación formulada por la entidad demandada y por el actor de fs. 608 a 610 y de fs. 613 a 616, respectivamente, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista Nº 101 de 17 de abril de 2013 (fs. 734 a 736), confirmando en todas sus partes la Sentencia Nº 11/2012 de 31 de agosto de 2012 (fs. 594 a 600), sin costas por la doble apelación.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma (fs. 785 a 787), interpuesto por Firmo Coca Walter Moreno, en representación legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin de Porres Ltda., en el que se denuncia:

1. Que, el juez a quo y el tribunal ad quem no han valorado ni compulsado las pruebas de descargo aportadas por la entidad demandada, pues no existió relación laboral alguna entre el actor y la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin de Porres Ltda., el demandante solo prestó servicios externos de cobranza, y los testigos presentados por el actor no demostraron fehacientemente la existencia de un contrato entre las partes, como tampoco si el trabajador era funcionario de planta, o si firmaba el control biométrico de entrada y salida, finalmente, si este cumplía un horario de trabajo.

2. Que, se ha demostrado ante el juez a quo que entre el actor y la entidad demandada solo existió una relación contractual de carácter civil, asimismo, el actor tenía dualidad de contratos ya que también estaba vinculado contractualmente con la Institución Financiera CRECER (fs. 43 a 44 y 173 a 179), así lo acreditan las solicitudes de pago de sueldos de los meses de junio, julio, agosto y septiembre dirigidas a dicha institución y el certificado de prestación de servicios externos emitido por la misma, contratos con ambas instituciones financieras que estaban regidos por el art. 732 del Código Civil, finalmente, se debe tomar en cuenta que el actor patrocinaba procesos particulares, aspectos que demuestran la inexistencia de subordinación ni dependencia alguna del actor en relación con la entidad demandada.

3. Que, al existir entre el actor y la entidad demandada un contrato civil de prestación de servicios externos no le corresponde ninguno de los beneficios sociales reclamados, el juez a quo no tomó en cuenta las pruebas documentales y testificales aportadas, pues al no existir relación laboral entre las partes no corresponde el pago de incrementos salariales, tampoco el pago de primas tiene sustento de prueba alguna, como también el pago de horas extraordinarias, máxime si el juez en su sentencia estableció que los profesionales no están sujetos a horas determinadas, finalmente, el pago de las asignaciones familiares no es procedente en razón que el actor no las reclamó en su oportunidad habiendo prescrito el derecho del mismo a los subsidios correspondientes.

Con estos argumentos y al amparo de los arts. 90, 250.I, 252, 254.4, 257 y 258 del Código de Procedimiento Civil, interpuso el recurso de casación en la forma contra el Auto de Vista Nº 101 de 17 de abril de 2013 de fs. 734 a 736, solicitando al Tribunal Supremo de Justicia que conforme lo previsto por el art. 275 de la norma adjetiva citada, dicte resolución anulando obrados hasta fs. 594 inclusive.

CONSIDERANDO II: Que, del examen del recurso de casación en la forma, la contestación, el auto de vista recurrido, los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene lo siguiente:        

El recurso de casación, para Chiovenda, “esta instituido para preservar la exacta observancia de la ley”, según esta afirmación este Tribunal Supremo de Justicia debe analizar la fiel ejecución de la norma, por tanto, en la especie debe remitirse a resolver judicialmente la génesis de la controversia entre el demandante y la institución demandada, es decir, si el demandante evidentemente tiene derecho a percibir beneficios sociales por concepto de incrementos salariales, primas, asignaciones familiares y horas extraordinarias, por parte de la entidad demandada.

En este contexto, el art. 48.I.II.III de la Constitución Política del Estado, sostiene que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor del trabajador, asimismo, dispone que los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores son irrenunciables y son nulas todas las convenciones contrarias; a su vez, el art. 4 del Decreto Supremo N° 28699 de 1 de mayo de 2006, ratifica la vigencia de los principios del Derecho Laboral, entre ellos el principio protector, por el cual el Estado debe proteger al trabajador, el in dubio pro operario que dispone que en caso de duda interpretativa de las normas se debe aplicar la más favorable al trabajador y la regla de la condición más beneficiosa por la cual se debe respetar la situación anterior concreta que más favorece al trabajador, asimismo, la norma citada establece la vigencia del principio de primacía de la realidad donde prevalece la realidad de los hechos a lo acordado por las partes.

1. En relación a la denuncia contenida en el punto 1, cabe mencionar el art. 2.a).b).c) del Decreto Supremo N° 28699 de 1 de mayo de 2006 que prescribe que las características esenciales de la relación laboral son: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador; b) La prestación de trabajo por cuenta ajena; c) La percepción de remuneración o salario, en cualquiera de sus formas y manifestaciones”; en el caso de autos de la revisión de los diferentes contratos de trabajo suscritos entre el actor y la empresa demandada (fs. 37, 43, 49 y 56) se evidencia que la segunda cláusula de “los contratos de prestación civil de servicios de cobranza” dice: “Dentro del área específica de cobranza de sus créditos en mora, deberá el mismo realizar las notificaciones a los deudores, comunicando sobre su situación de morosidad en la COOPERATIVA Suc. Camiri. Para el efecto LA COOPERATIVA entregará a EL CONTRATADO toda la documentación correspondiente a los deudores y sus domicilios y documentación necesaria y requerida para el buen funcionamiento de este servicio de cobranza externa, debiendo reportar lo actuado cada fin de mes y/o cuando lo requiera LA COOPERATIVA” (las negrillas son nuestras); asimismo, la quinta cláusula de “los contratos de prestación civil de servicios de procuraduría” referida al costo del servicio establece que “LA COOPERATIVA se compromete a proporcionar las sumas de dinero que sean requeridas para cubrir los gastos judiciales. Toda entrega de gastos judiciales debe ser respaldada con las copias del acto procesal ejecutado, de los cuales EL CONTRATADO llevará cuenta documentada que servirá para su descargo ante la COOPERATIVA, por todas aquellas sumas recibidas” (las negrillas nos corresponden); de lo que se deduce que el actor tenía relación de dependencia con la entidad demandada ya que estaba obligado a reportar a esta sus actuaciones; por otro lado, el actor prestaba servicios por cuenta ajena, pues se evidencia que los servicios de cobranza y de procuraduría los realizaba para la entidad demandada y no para sí mismo; finalmente, se establece que por el trabajo que realizaba el actor percibía una remuneración de la entidad demandante, en unos caso de forma mensual, en otros a través de pagos por cada actuación y etapa judicial.

2. Respecto al reclamo del punto 2, es necesario precisar cómo se tiene establecido, que el art. 48.III de la Constitución Política del Estado indica que son nulas todas las convenciones que tiendan a desconocer la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios favorables a los trabajadores; asimismo, el art. 2 del Decreto Supremo N° 521 de 26 de mayo de 2010, señala que son consideradas infracciones de leyes sociales. “Todo acto que mediante figuras contractuales no laborales encubra relaciones en las que concurren las características de una relación laboral”.

De la revisión y análisis del expediente se evidencia que si bien la cláusula segunda de los contratos de servicios de cobranza y procuraduría suscritos entre el actor y la entidad demandada bajo el nomen juris “DE LA PRESTACIÓN CIVIL DE SERVICIOS” reza: “LA COOPERATIVA contrata los servicios de EL CONTRATADO, para que este por cuenta propia y bajo su responsabilidad y sin ninguna exclusividad, y desde su oficina,….”, empero, este acto es nulo por cuanto la entidad contratante pretende desconocer los derechos y beneficios sociales del actor mediante la suscripción de un contrato de naturaleza civil; asimismo, la referida pretensión constituye una infracción pues se intenta solapar bajo un contrato civil una relación laboral obrero patronal en la que concurren todas las características esenciales de una relación de esta naturaleza, que ha sido fehacientemente demostrada en la tramitación del proceso; aspecto que guarda relación con la realidad de los hechos, con lo que efectivamente ocurrió, dejando de lado lo acordado mediante contrato civil por las partes, en aplicación del principio de primacía de la realidad consagrado constitucional y legalmente.

3. En lo pertinente al punto 3, corresponde señalar que es correcto el pago de los beneficios sociales reclamados por el actor en base a las consideraciones expresadas en los puntos 1 y 2 de la presente resolución, máxime si se considera que la entidad demandada ya procedió al pago de los beneficios sociales en favor del actor, extremo que consta a fs. 1, 2, 5 y 83 de obrados.

Consiguientemente, al no ser evidentes la infracción de las normas laborales denunciadas por él recurrente, corresponde resolver el recurso de casación, conforme a los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por permisión del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa,  Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma de fs. 785 a 787, interpuesto por Firmo Walter Coca Moreno, en representación legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin de Porres Ltda., con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez