SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 37/2015.

Sucre, 2 de febrero de 2015.

Expediente: SSA.II-PTS.425/2014.

Distrito: Potosí.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 154 a 155, interpuesto por Grover Vargas Lezcano y Mirvia Arrueta Montesinos en representación del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 83/2014 de 15 de agosto (fs. 150 a 151), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del recurso de reclamación instaurado por Juan Morales Rodríguez, contra el SENASIR, el auto de fs. 163 vta., que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que dentro del trámite de compensación de cotizaciones promovido por Juan Morales Rodríguez, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 3998 de 7 de septiembre de 2011 (fs. 49), resolvió otorgar en favor de Juan Morales Rodríguez, el formulario de cálculo de compensación de cotizaciones número 2,527, en el cual se considera un monto de compensación de cotizaciones de Bs.36.276,96.-, el presente previa aceptación es válido para la emisión del certificado de compensación de cotizaciones por procedimiento manual.

Ante esta situación, la solicitante planteó recurso de reclamación (fs. 58), que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 00342/13 de 21 de mayo de 2013 (fs. 135 a 137), confirmando la Resolución Nº 3998 de 7 de septiembre de 2011 de fs. 49, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas.

En grado de apelación interpuesta por el asegurado de fs. 141, por Auto de Vista Nº 83/2014 de 15 de agosto (fs. 150 a 151), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, revocó la Resolución Nº 00342/13 de 21 de mayo de 2013, disponiendo que el SENASIR proceda a efectuar el cálculo de compensación de cotizaciones a favor del apelante Juan Morales Rodríguez, tomando en cuenta las literales que cursan a fs. 76 a 123, repetido a fs. 51 a 56; 26 a 35; 9 a 20, que acreditan de manera fehaciente que el apelante ha prestado sus servicios en la Cooperativa de Servicios Técnicos y Tratamiento de Minerales Ltda., (TECTRAMIN Ltda.), por el lapso de 4 años, es decir, desde el 1 de mayo de 1994 hasta el 15 de octubre de 1998, conforme se tiene de los antecedentes que cursan en el expediente.

Esta resolución originó que los representantes del SENASIR interpongan el recurso de casación en el fondo de fs. 154 a 155, quienes refiriéndose a los antecedentes del proceso, manifestaron que de acuerdo al Informe Técnico Nº 161/13 (fs. 71 a 72) se constató que el asegurado no cursa en planilla alguna de los periodos observados y que no existe registro en la CNS de la Cooperativa mencionada, manifestando que no corresponde la aplicación de la Modalidad Comisión Móvil, tal como establece la RA 213.11 de 26/10/2011 punto 6.2 numeral 37 inciso f).

En este sentido adujo que, el tribunal de apelación aplicó una norma inaplicable al tomar como base para dictar su resolución el DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, referente a la utilización de documentos que cursan en el expediente, toda vez que el aludido decreto supremo fue creado para las rentas en curso de adquisición previstas en el Sistema de Reparto, pendientes de calificación y que corresponden a las personas que a la fecha de inicio cumplen con los requisitos previstos en las normas legales del Sistema de Reparto, de donde se deduce que el art. 14 del referido decreto supremo establece la utilización de documentos que cursan en el expediente para la calificación de rentas del Sistema de reparto y no así para el trámite de compensación de cotizaciones que se encuentra reglamentado por la Ley Nº 65 de 10 de diciembre de 2010, DS Nº 0822 y DS Nº 26069 de febrero de 2001.

Por otra parte al no valorar el Informe Técnico de fs. 71 a 72 se infringió el DS Nº 0822, además de infringir lo previsto en el art. 1298 del CC que establece la fuerza probatoria del documento público; finalmente al valorar la prueba presentada por el apelante, señalando que ha acreditado la prestación de servicios en la Cooperativa de Servicios Técnicos y Tratamiento de Mineral Ltda., se violó el art. 45.II de la CPE y que de acuerdo al principio de Economía, se puede establecer que precisamente en aplicación a este principio, no se tomó en cuenta la prueba presentada por el apelante al realizar el Informe Técnico que cursa a fs. 71 a 72, que tiene toda la fuerza probatoria que le otorga la ley.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el auto de vista recurrido.

CONSIDERANDO II: Que así expuestos los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:

En el caso de análisis, se visualiza que el representante de la institución recurrente, no está de acuerdo con el fallo del Tribunal de Segunda Instancia, por haber revocado la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 00342/13 de 21 de mayo y disponer que el SENASIR, proceda a efectuar el cálculo de compensación de cotizaciones tomando en cuenta las literales que acreditan que el actor trabajo en la Cooperativa TECTRAMIN Ltda., pues según la entidad gestora, el asegurado no figura en planillas en los periodos observados (1/5/94 al 15/10/98) reconocidos en el auto de vista recurrido, denunciando a consecuencia de aquello, como normas legales transgredidas e indebidamente aplicadas interpretadas erróneamente los arts. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, 45 de la CPE, 1298 del CC y DS Nº 0822 con el argumento de que en el trámite de compensación de cotizaciones en el caso presente, no es aplicable la documentación supletoria prevista en la normativa citada.

Al respecto cabe señalar, que el art. 14 del Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, en sus capítulos II y III prevé el tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al sistema de reparto y los trámites relacionados con el seguro social obligatorio de largo plazo, abarcando a la determinación de montos de Compensación de Cotizaciones por procedimiento manual, aspectos que la institución recurrente no tuvo en cuenta al momento de efectuar la presente acusación, no siendo en consecuencia evidente que la aplicación de documentación supletoria prevista en el art. 14 del Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, este establecida sólo para trámites de rentas en curso de pago y adquisición, sino también corresponde su consideración en los tramites de Compensación de Cotizaciones.

Al respecto, el art. 14 del Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. Concordante con su art. 18 que dice: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el artículo 83 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales.

Al respecto, revisados los antecedentes que informan al proceso, se constata que, el actor, al momento de presentar su solicitud de compensación de cotizaciones, entre otros documentos adjuntó, a fs. 11 aviso de baja, a fs. 12 aviso de afiliación y reingreso del trabajador, a fs. 13, certificado de trabajo, repetido a fs. 56, a fs. 14 record de servicios, repetido a fs. 78, papeletas de pago originales cursantes a fs. 88 a 117, literales en los que se demuestra que el solicitante trabajó durante los periodos extrañados por el SENASIR en el presente trámite, es decir, desde 1 de mayo de 1994 hasta el 15 de octubre de 1998, documentación que no fue tomada en cuenta por los personeros del ente gestor a momento de emitir sus resoluciones, pues solamente se basaron en el Informe Técnico Nº 161/13 de 13 de marzo de 2013 donde se manifestó que no cursa planilla alguna por los periodos observados y que revisado el listado de empresas afiliadas a la CNS, no existe registro de la mencionada cooperativa, refiriéndose a la Cooperativa TECTRAMIN Ltda., donde el solicitante trabajó en los periodos que el SENASIR no certifico a su favor, sin tomar en cuenta lo previsto en el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004.

En base a estos lineamientos y en virtud a los aludidos documentos, queda demostrado de forma contundente que el asegurado trabajó en la Cooperativa de Servicios Técnicos y Tratamiento de Minerales Ltda.”, desvirtuando con ello lo afirmado por el ente gestor que argumenta que la solicitante no figuraba en planillas, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por el solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el artículo 14 del citado Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el artículo 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues solo se evocaron a considerar la documentación que tenía en su poder, vulnerando el mandato del art. 48 de la Constitución Política del Estado, referente a la irrenunciabilidad de los derechos.

Este análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y a la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuanta por los representantes del SENASIR a momento de emitir sus resoluciones, correspondiendo en el caso presente calificar a favor del solicitante los periodos efectivamente trabajados correspondiente a las gestiones que fueron desconocidas por el ente gestor, los cuales han sido reparados por el Tribunal de Segunda Instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso de autos por la permisión del artículo 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.

A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los artículos 180.I de la Constitución Política del Estado y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial, establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

Bajo tales antecedentes, se evidencia en obrados que el Tribunal ad quem, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación presentada por el asegurado, sustentando además su Resolución en lo prescrito en el art. 14 del Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004.

De tal manera, conforme a la normativa precitada y a lo dispuesto en los artículos 158 y 162 de la Constitución Política del Estado de 1967, vigente al inicio del presente proceso, debiendo recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios además que se ratifican en los artículos 35.I y 45.II y IV, de la actual Constitución Política del Estado, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.

Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, al contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidente las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el artículo 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en los artículos 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 154 a 155, interpuesto por el SENASIR.

Sin costas en aplicación del artículo 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y artículo 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez