SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 36/2015.

Sucre, 2 de febrero de 2015.

Expediente: SSA.II-BNI.427/2014.

Distrito: Beni.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 242 a 244 interpuesto por María Félix Royo Roca en representación de Harold Miguel Claure Lens, contra el Auto de Vista Nº 26/2014 de 13 de marzo, cursante de fs. 224 a 227, pronunciado por la Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro del proceso social de pago de beneficios sociales seguido por Luis Antonio Suarez Terrazas contra Harold Miguel Claure Lens, en su condición de Gerente Propietario de la Empresa de “Servicio Aéreo Claure”, la respuesta cursante de fs. 258, el auto de fs. 260 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social de cobro de beneficios sociales, la Juez de Trabajo y Seguridad Social del Beni, pronunció la Sentencia Nº 44/2013 de 11 de octubre (fs. 201 a 210), declarando improbada la demanda, sin costas.

En grado de apelación deducida por Niki Salvatierra Zapata en representación de Luis Antonio Suarez Terrazas (fs. 212 a 213), el Tribunal Departamental de Justicia del Beni, pronunció el Auto de Vista Nº 26/2014 de 13 de marzo (fs. 224 a 227), revocando parcialmente la Sentencia Nº 44/2013 de 11 de octubre, y declara probada en parte la demanda, con la modificación del salario promedio, dispone el pago total de Bs.111.748.- por concepto de vacaciones, aguinaldo y sueldos devengados conforme al detalle de la liquidación inserta.

La resolución de apelación motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 242 a 244, interpuesto por María Félix Royo Roca en representación de Harold Miguel Claure Lens, quien en lo fundamental sostiene:

Que existió errónea aplicación de los arts. 2,3 y 4 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, de los principios in dubio pro operario, inversión de la prueba y primacía de la realidad.

Señala que el auto recurrido determinó en el tercer considerando en aplicación del art. 2 del DS Nº 28699, que el porcentaje percibido por el demandante de (15%) constituye su salario bajo la modalidad a destajo; que existió relación de dependencia y prestación por cuenta ajena como piloto, que no se demostró la relación de subordinación del trabajador respecto del empleador y; que en virtud del art. 4 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, del in dubio pro operario e inversión de la prueba afirmó la existencia de relación laboral entre las partes.

Agrega, que lo correcto es referir que se demostró la inexistencia de relación de subordinación del demandante respecto al demandado, puesto que las pruebas documentales y testificales evidencian que el demandante tenía absoluta libertad e independencia, sin encontrarse sujeto a órdenes ni horarios, disponiendo libremente de los recursos generados y planificaba el manejo de la pequeña empresa conforme a su parecer, cumpliendo la función como piloto aéreo. En ese sentido, el auto de vista hace una errónea aplicación de los principios de inversión de la prueba e in dubio pro operario; toda vez que, en mérito a los mismos se demostró que no existió relación laboral, siendo en consecuencia inaplicable el principio del in dubio pro operario y no obstante de ello, los Vocales concluyen afirmando que existió la relación laboral, vulnerando el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, al no concurrir en su configuración las características previstas en esta disposición legal y art. 3 del mismo cuerpo normativo en referencia a que no se encuentra amparado por la Ley General del Trabajo.

Sostiene su fundamento en la jurisprudencia sentada en el AS Nº 489/2008 de 6 de octubre, para demostrar que en el caso de autos no existió subordinación ni dependencia.

Aduce que los Vocales determinaron respecto de las vacaciones y aguinaldo en el quinto considerando, que son derechos consolidados aunque el funcionario no se encuentre amparado por la Ley General del Trabajo, resultando contradictorio el pago de estos conceptos en cuanto que la Ley de 18 de noviembre de 1944 y las vacaciones previstas por el art. 44 de la Ley General del Trabajo, establecidos como derechos de los trabajadores comprendidos por la Ley General del Trabajo.

Respecto a la remuneración o salario, el auto recurrido revoca parcialmente la sentencia, declaró probada la demanda y estableció la liquidación sobre derechos consolidados con sueldo promedio indemnizable de Bs.1.725.- (un mil setecientos veinticinco 00/100 bolivianos), lo cual es incorrecto; toda vez que, si el demandante ganaba porcentajes porque se le adeuda sueldos a los que hay que descontar el porcentaje ya pagado. En ese sentido, existe contradicción en cuanto a la determinación de porcentaje y por otro lado sueldo fijo de Bs.1.725.-, siendo lo cierto que no existe sueldos devengados, como lo reconoce el auto recurrido al ordenar se descuente el 15% percibido por el demandante por concepto de vuelo. No obstante que ambas partes reconocieron que el demandante no tenía un sueldo fijo, sino que percibía un porcentaje del 15% por vuelo realizado; así reconocieron el demandante en la demanda de fs. 48 y el demandado en la contestación de fs. 69, no requiriendo tal afirmación de mayor prueba de conformidad al art. 154 del Código Procesal del Trabajo; incurriendo el tribunal de instancia en vulneración de esta norma y en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, toda vez, que en las pruebas adjuntas a fs. 12 a 13 se evidencia que percibía porcentaje y no salario.

Expresa violación del art. 202.a) del Código Procesal del Trabajo, al ordenar el ad quem la cancelación de sueldos devengados correspondientes a siete años, dos meses y veinticuatro días, sin existir prueba en el proceso que demuestre este tiempo de trabajo, más que la afirmación del demandante que fue desvirtuada con las documentales aportadas por el mismo demandante cursantes a fs. 153, 197, 198 y 1, mismas que demuestran que la empresa de servicio aéreo funciona 3 años y dos meses y no el tiempo expresado por el actor.

Concluye solicitando al Tribunal Supremo que case el Auto de Vista Nº 26/2014 de 13 de marzo, cursante en obrados a fs. 224 a 227, de conformidad al art. 271.4 del Código de Procedimiento Civil y solicita se mantenga la sentencia de primera instancia.

       CONSIDERANDO II: Que, del análisis del recurso de casación interpuesto, corresponde establecer lo siguiente:

En principio, es menester destacar que, el derecho al trabajo se encuentra reconocido constitucionalmente en los arts. 46 y 48.II.III de la Constitución Política del Estado, estableciendo que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, a un salario o remuneración justa, equitativa y satisfactoria; asimismo, reconoce que las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y trabajadores y que los beneficios sociales reconocidos a favor de éstos son irrenunciables; siguiendo dichos parámetros normativos, el ad quem obró correctamente en el marco de las normas precedentemente señaladas, al otorgar al actor los conceptos dispuestos en el auto de vista recurrido.

Asimismo, corresponde señalar que los derechos sociales reconocidos a los trabajadores son irrenunciables, siendo deber del Estado a través de la jurisdicción laboral, brindarles la tutela efectiva conforme con los principios proteccionistas que rigen y sustentan a la legislación laboral, más aun tratándose de beneficios sociales, los cuáles son irrenunciables conforme el art. 4 de la Ley General del Trabajo, y que cualquier convención en contrario es nula de pleno derecho.

En relación a las formas de contratación, la Ley General del Trabajo sobre el particular prevé sus formas en el art. 6 que: “El contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente o por escrito, y su existencia se acreditará por todos los medios legales de prueba…”. Norma concordante con el art. 182.b) del Código Procesal del Trabajo. Cabe referir que el contrato de trabajo, puede ser verbal o escrito; verbal es aquel en el que no existe ningún documento escrito que contenga las condiciones pactadas verbalmente, como se suscitó en el caso de autos; es decir, contrato de palabra entre el empleador y el trabajador. El contrato de trabajo verbal goza de los mismos beneficios que confiere la ley en materia laboral al contrato escrito, por lo que, frente a las garantías laborales es indiferente la forma de su perfeccionamiento.

En referencia al reclamo del demandado en cuanto a la modalidad de contrato por comisión maliciosamente interpretado como comercial más no laboral a efecto de evadir el cumplimiento de obligaciones laborales, sin haber desvirtuado este hecho se advierte lo siguiente: el Derecho Civil y el Derecho Comercial forman parte del denominado Derecho Privado y, en este ámbito jurídico, el Estado se limita a respetar y hacer cumplir los acuerdos y pactos celebrados lícitamente por los particulares, quienes en ejercicio a sus derechos disponibles, desarrollan una infinidad de intercambios de bienes o servicios. Ciertamente, desde el punto de vista del Derecho Privado todo contrato implica un intercambio patrimonial.

Con relación a la errónea aplicación de los arts. 2,3 y 4 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, se señala que el ad quem realizó una adecuada interpretación en cuanto a la existencia de la relación laboral entre el actor y el demandado, amparando su decisión en los antecedentes documentales y testificales que cursan en el proceso; toda vez que, se evidenció que entre el actor y el demandado existió una relación de dependencia y subordinación que cumple con las exigencias previstas en el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, concordante con el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, para constituirse en merecedor de los derechos laborales establecidos en el auto de vista recurrido. Antecedentes que llevan al pleno convencimiento de que entre el actor y el demandado existió relación obrero patronal de dependencia, que reúne las características esenciales previstas por las precitadas disposiciones legales y como correctamente concluyó el ad quem en base a una adecuada valoración de la prueba adjuntada al proceso (fs. 1 a 43 y 48 a 49), de conformidad a los arts. 3.j) y 158 del Código Procesal del Trabajo.

En correspondencia a lo descrito precedentemente, de conformidad al art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, se establece que las características esenciales de la relación laboral son: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador, b) La prestación del trabajo por cuenta ajena y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación, norma concordante con lo establecido en el art. 2 del mismo cuerpo normativo, presupuestos que se cumplieron en el caso de autos; toda vez que, se evidenció la existencia de las características descritas, puesto que en ningún momento el actor trabajó como socio del demandado lo cual se evidencia en las certificaciones cursantes en obrados a fs. 162 y 177; a ello, es preciso acotar que la atestación de Arsenio Bersatti Noro a fs. 108, en respuesta a la pregunta tercera del interrogatorio y confesión provocada a fs. 95, que permitieron al tribunal de instancia concluir que existió relación laboral con cabal acierto.

Respecto de los principios in dubio pro operario, de inversión de la prueba y de primacía de la realidad, se manifiesta que el auto de vista recurrido, en función al principio de inversión de la prueba dispuesto en los arts. 3.h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, la parte demandada no aportó prueba suficiente que desvirtúe la supuesta relación de sociedad que mantuvo con el actor en mérito a la Sociedad Accidental o de Cuentas en Participación que supuestamente conformó con el actor; por lo que, el Tribunal de Alzada obró correctamente en estricta sujeción a la ley al determinar la relación laboral existente entre las partes, no advirtiéndose de tal manera infracción o transgresión alguna como erróneamente se cuestiona.

En cuanto al principio de primacía de la realidad, éste es establecido para identificar si una determinada actividad se encuentra enmarcada dentro de las normas de la legislación laboral, precisando aspectos inherentes a la relación de trabajo y dando prioridad a la naturaleza objetiva de la realidad, prescindiendo de todo concepto subjetivo, sobre la base de los hechos y no de la apreciación que reflejan algunas estipulaciones o documentos, debiendo tener en cuenta que todo trabajo es una prestación a favor de otro; por lo que, siempre existe la realización de un acto, un servicio o ejecución de obra; la distinción radica en el modo de la relación existente entre quienes lo brindan y lo reciben, a tal fin, corresponde observar el papel realizado por cada una de las partes, que ante las exigencias de las reglas impuestas por el empleador, es posible que se pretenda ocultar o encubrir la realidad bajo apariencias de una relación no laboral, por lo que a este fin la doctrina del derecho laboral destaca entre los varios componentes de la relación laboral, el elemento de la dependencia o subordinación; por lo que, para determinar la relación se debe recurrir al principio de primacía de la realidad que privilegia los hechos frente a las formalidades y apariencias impuestas por el empleador.

Sobre la errónea interpretación del principio protector in dubio pro operario, corresponde manifestar que éste procede aplicando la norma más favorable en favor del trabajador, correspondiendo referir que el Auto de Vista Nº 26/2014 de 13 de marzo, cursante a fs. 224 a 227, en su tercer considerando, menciona a los principios laborales reclamados con suficiente precisión, en busca de tutelar los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, Ley General del Trabajo y demás normas conexas. Demostrándose en ese entendido que el porcentaje percibido por el demandante de 15%, constituye una forma de salario bajo la modalidad a destajo (fs. 2 a 13, 48 a 49, 69 a 71), que existe relación de dependencia y prestación por cuenta ajena como piloto en mérito a lo precedentemente señalado y que se demostró la relación de subordinación del trabajador respecto del empleador, como consta en el retiro voluntario de fs. 1 y en el auto interlocutorio Nº 390/2013 de 4 de septiembre, emitido por el Juez Instructor Segundo en lo Civil y Familiar cursante a fs. 186, siendo en consecuencia inaplicable la jurisprudencia sentada en el AS Nº 489/2008 de 6 de octubre; toda vez que, en el caso de autos se demostró la existencia del vínculo laboral.

Asimismo, respecto del derecho a vacaciones y aguinaldo, en el quinto y sexto considerando del auto de Vista (fs. 231 a 234), el ad quem explica con el mayor abundamiento cada uno de éstos conceptos, identificados como derechos consolidados, siendo en consecuencia por la naturaleza de la relación laboral aplicables en favor del demandante, como acertadamente determina el tribunal de instancia.

En relación a la falta de aplicación del art. 154 del Código Procesal del Trabajo, se refiere sobre esta afirmación que el auto de vista impugnado en consideración a la normativa establecida por ley y a los antecedentes expuestos en el proceso, se evidencia que el ad quem determinó correctamente el haber mensual del demandante, en la suma que asciende a Bs.1.725.-; asimismo, respecto de los derechos sociales consolidados de los que es beneficiario el actor y el tiempo respecto del cual el demandado debe pagar lo adeudado en mérito a la relación laboral demostrada, el auto recurrido determinó el tiempo al pago de derechos consolidados correspondiente a 7 años, 2 meses y 24 días, toda vez, que el mismo fue extraído de la carta de Retiro Voluntario adjuntada a fs. 1, la demanda de fs. 48 a 49; documentos en los que de forma explícita el demandante expresa el tiempo de duración de la relación laboral y consentidos por el demandado, puesto que no objetó ni desvirtuó en el momento procesal oportuno lo reclamado, más al contrario efectuó el mismo cálculo del salario promedio indemnizable en el responde a fs. 69 a 71 y 167 a 172, no requiriendo en consecuencia tal afirmación de mayor prueba y no existiendo en ese entendido, violación del art 202.a) del Código Procesal del Trabajo como cuestiona el recurrente.

En virtud de lo expuesto, se concluye que el tribunal ad quem, al pronunciar el Auto de Vista Nº 26/2014 de 13 de marzo (fs. 224 a 227), obró con corrección y justicia, basando su decisión en la normativa legal vigente, realizando correcto análisis de los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, encontrándose su resolución en estricta coherencia con el ordenamiento jurídico vigente, correspondiendo en consecuencia resolver conforme disponen los arts. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, por permisión del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la jurisdicción que por ella ejerce, y la competencia que le asignan los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 242 a 244 interpuesto por el demandado, con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.