SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 35/2015.

Sucre, 2 de febrero de 2015.

Expediente: SSA.II-SCZ.421/2014.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 163 a 165, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), legalmente representado por Olga Durán Uribe, Sandra Argote Céspedes y Luis Ángel Arias Sánchez, contra el Auto de Vista Nº 132 de 21 de abril de 2014 de fs. 159 a 160, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social solicitud de renta de vejez instaurado por José Sanabria Taborga contra el SENASIR, la respuesta de fs. 172, el auto que concedió el recurso de fs. 173, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que dentro del trámite de compensación de cotizaciones interpuesto por José Sanabria Taborga, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 4726 de 28 de mayo de 2013 de fs. 90, reiterado a fs. 116 resolvió otorgar en favor del solicitante, el formulario de Cálculo de Compensación de Cotizaciones número 23,416, en el cual se considera un monto de Compensación de Cotizaciones de Bs.5.611,20.-; documento válido para tramitar su Certificado de Compensaciones de Cotizaciones por Procedimiento Manual.

A su vez, el solicitante interpuso recurso de reclamación de fs. 124, que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 00789/13 de 8 de octubre de 2013 de fs. 133 a 135, que confirmó la Resolución Nº 4726 de 28 de mayo de 2013.

En grado de apelación interpuesta por el solicitante de fs. 144 a 145, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 132 de 21 de abril de 2014 de fs. 159 a 160, revocó totalmente la Resolución Nº 4726 de 28 de mayo de 2013 de fs. 116 y la Resolución Nº 789/13 de 8 de octubre de 2013, y deliberando en el fondo dispone que la Comisión Calificadora de Rentas del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, reconozca a José Sanabria Taborga, formulario de Cotización de Compensaciones con una densidad de 23 años y 10 meses y un salario cotizable correspondiente al mínimo nacional vigente. Sin costas.

El auto de vista referido, motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 163 a 165, interpuesto por la entidad recurrente, quien luego de referirse a los antecedentes procesales, expresó los siguientes argumentos:

Dentro del trámite seguido por José Sanabria Taborga, la Comisión de Calificación de Rentas, mediante Resolución Nº 4726, dispuso un pago global, toda vez que de acuerdo a los informes de la cuenta individual y el informe técnico del SENASIR, el asegurado, no figuraba en planillas en los años señalados, sino solo en los periodos enero/67 a agosto/68, en la Empresa Nacional de Ferrocarriles Red Oriental. Por este motivo no se dio curso a lo solicitado por el interesado en cumplimiento a la RA Nº 213/11 de 26 de octubre de 2011, numeral 36.a), b) y c) en relación con el DS Nº 25809 de 8 de junio de 2000, que en su art. 4 señala que los aportes pagados y no cobrados por periodos superiores a 15 años prescriben; asimismo, los periodos anteriores y posteriores al periodo 05/82 (periodo de capitalización), deben ser certificados de acuerdo a las normas establecidas, extremo que no ocurrió en el presente caso, no correspondiendo entonces la aplicación del DS Nº 1570 de 1 de mayo de 2013 sobre periodos que no fueron certificados, en virtud a que no tienen relación con el art. 80 del DS Nº 0822 de 16 de marzo de 2011, toda vez que se procedió a la certificación en virtud al art. 24 de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010; señalando además que el DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, en su art. 15 establece que cuando se utilice las modalidades de certificación señaladas en los arts. 13 y 14, la totalidad de los aportes manuales certificados para la calificación de la renta única, no deberá exceder de 180.

Al respecto, señala que el auto de vista impugnado, al disponer el reconocimiento de una constancia de aportes con una densidad de 23 años y 10 meses, violentó flagrantemente lo dispuesto y contraria el alcance para el reconocimiento de aportes, incurriendo en violación del art. 15 del DS Nº 27543, causando daño económico al Estado; además no solo se excedió en el reconocimiento de antigüedad sino que dispone el reconocimiento en favor de un asegurado que no figura en planillas, vulneró el DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, pues su tratamiento especial impide su certificación supletoria o extraordinaria.

Refiere además que, de la revisión de antecedentes, se verificó una serie de irregularidades con relación a la supuesta legalización de la liquidación de fs. 9, certificado de fs. 7 y aviso de baja al asegurado entre otros, emitido por un supuesto ex funcionario, actuando de esta manera en complicidad con una persona que no está facultada para legalizar esa documentación y beneficiándose con el trámite de compensación de cotizaciones.

Concluyen solicitando al Tribunal Supremo, en virtud al recurso planteado que deliberando en el fondo, case el auto de vista recurrido.

A su vez, el demandante José Sanabria taborga, responde en base a los argumentos expuestos por memorial de fs. 172, solicitando se declare la improcedencia del recurso de casación planteado, por no cumplir con las exigencias mínimas requeridas.

CONSIDERANDO II: Que así expuestos los fundamentos del recurso, se establece lo siguiente:

Los representantes de la entidad recurrente, cuestionan el fallo del tribunal de segunda instancia, por haber revocado la Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas Nº 4726 de 28 de mayo de 2013 y la Resolución Nº 00789/13 de 8 de octubre de 2013, emitida por la Comisión de Reclamación del SENASIR, y disponer que la entidad recurrente, reconozca en favor del titular de la renta, una compensación de cotizaciones con una densidad de 23 años y 10 meses y un salario cotizable correspondiente al mínimo nacional vigente, siendo que el beneficiario solo figura en planillas por los periodos de enero/67 a agosto/68 en la Empresa Nacional de Ferrocarriles Red Oriental, violando el art. 15 del DS Nº 27543, y causando daño económico al Estado.

En este contexto, el art. 14 del Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. Concordante con el art. 18 que previene: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los artículos. 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al artículo 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el art. 83 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales.

Al respecto, revisados los antecedentes que informan al proceso, se evidencia que la titular de la renta, a tiempo de presentar su solicitud de compensación de cotizaciones, entre otros documentos adjuntó finiquitos, certificados de trabajo, ficha personal, expedidos por la Comisión Mixta Ferroviaria Boliviano-Brasilera y la Empresa Nacional de Ferrocarriles, corrientes de fs. 5 a 17; documentos que acreditan como fecha de ingreso de trabajo del actor a la Comisión Mixta Ferroviaria el 1 de diciembre de 1940 hasta el 9 de noviembre de 1963, y a la Empresa Nacional de Ferrocarriles, el 1 de noviembre de 1964 al 15 de octubre de 1968, aunque según la Resolución de la Comisión de Reclamación, basada en el Informe Técnico Nº 600/13 de fs. 131 a 132, no corresponde dar curso a la solicitud del titular de la renta por los periodos 12/40 a 07/63, toda vez que el asegurado no figura en planillas, razón por la cual la Resolución Nº 4726 de 28 de mayo de 2013, otorga al asegurado un monto de compensación de cotizaciones de Bs.5.611.-, correspondiente a 1 año y 8 meses de densidad de aporte, siendo que, las literales mencionadas evidencian en su conjunto que el solicitante, alcanzó a un total de 23 años y 10 meses, base para la calificación de compensación de cotizaciones; antecedentes que demuestran que no es evidente que se hubiera infringido alguna normativa, en mérito a que el tribunal de alzada, basó su decisión de revocar la Resolución de la Comisión de Reclamación de fs. 132 a 135, en las literales citadas precedentemente, que demuestran objetivamente los años de prestación de servicios, prueba que en base al mencionado Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, es idónea para que el SENASIR certifique los aportes realizados por el afiliado, no siendo relevante para la decisión asumida, lo expresado por la institución recurrente, respecto a que la legalización de las pruebas señaladas pudiera ser falsa, o realizadas por un ex funcionario sin facultad para realizar dicho trámite, debiendo en todo caso, ante la duda señalada, presentar evidencias ante la instancia correspondiente para su verificación y comprobación.

En base a estos antecedentes y en virtud a los aludidos documentos, queda comprobado que el asegurado trabajó en la Comisión Mixta Ferroviaria Boliviano Brasilera Corumbá-Santa Cruz, desde el 1 de diciembre de 1940 hasta el 9 de noviembre de 1963, y en la Empresa Nacional de Ferrocarriles, desde el 1 de noviembre de 1964 hasta el 15 de octubre de 1968, habiendo realizado aportes en los periodos extrañados por el SENASIR, desvirtuando con ello lo afirmado por el ente gestor que argumenta que el asegurado no figuraba en planillas, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por el solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el art. 14 del citado Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues solo se evocaron a considerar la documentación que tenía en su poder, vulnerando el mandato del art. 48 de la Constitución Política del Estado, referente a la irrenunciabilidad de los derechos, concordante con lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 550 de 28 de septiembre de 2005.

Del análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y a la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuenta por los representantes del SENASIR a momento de emitir sus resoluciones, correspondiendo en el caso presente calificar a favor del solicitante los periodos correspondientes a las gestiones que fueron desconocidas por el ente gestor, los cuales han sido reparados por el Tribunal de Segunda Instancia. A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial, establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

Por otro lado, es imperiosa la aplicación del art. 45 de la Constitución Política del Estado, al disponer que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, agregando a continuación que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, que tanto su dirección como su administración le corresponde al Estado, con control y participación social, y que el régimen de seguridad social cubre la atención de vejez entre muchos otros aspectos, señalando además que el Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo; es decir que los derechos a la seguridad social constituyen un conjunto, en el que se encuentra el de la jubilación, y el cúmulo de potestades como cada uno de esos derechos de forma individual, gozan de proclamación y regulación constitucional propia; de ese modo es que tal como se señaló en la SCP 0280/2012 de 4 de junio, la jubilación protege “…a la persona humana de las contingencias propias de la vejez -como hecho natural- por su deterioro físico y psicológico, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales. Por otro lado el derecho a la seguridad social y el derecho a la jubilación, están también reconocidos por los Convenios y Tratados Internacionales como: el Convenio 102 de la OIT de 1952, la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25.1), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 2.1 y 9), y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo XVI); que gozan de proclamación y regulación propia, protegiendo todos, a la persona humana de las contingencias propias de la vejez, como base del ejercicio de otros derechos fundamentales como la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, la vestimenta, y la alimentación; que busca cubrir las necesidades básicas del beneficiario de la renta, quien es considerado de atención prioritaria para el Estado y en etapa de vulnerabilidad, aspecto por el cual, la interpretación de la norma aplicable a este sector y la realización de tales derechos, deben tener la prevalencia del derecho sustantivo antes que las formalidades, haciendo de tal manera efectivos los valores, principios y fines del Estado consagrados en el capítulo segundo del título primero, correspondiente a la primera parte de la Constitución Política del Estado.

En nuestro país, el beneficio de jubilación que recibe un adulto mayor, es un derecho destinado a cubrir sus necesidades básicas, puesto que con su pago se sustenta a sí mismo, y eventualmente a los familiares que sigan bajo su dependencia, más aun tomando en cuenta que las personas de la tercera edad, constituyen un grupo de atención prioritaria en aumento, al que tanto el Estado como la sociedad en su conjunto, por los riesgos a los que están expuestos, tienen la obligación de dar prioridad al cuidado de la calidad de vida de los adultos mayores, quienes en su momento aportaron a la construcción y mantenimiento del Estado desde el sector activo, correspondiendo que en esta etapa, se reconozca los resultados de su trabajo. En ese entendido es preciso determinar que los aportes que realizan los beneficiarios durante su etapa laboral, es esencialmente para que durante el periodo jubilatorio puedan acceder al beneficio de la renta de vejez, pues cuando ejercieron la actividad laboral, aportaron al Sistema de Seguridad Social, no siendo correcto que ahora se les niegue un derecho que les corresponde.

Finalmente el art. 13.I de la CPE, establece que los derechos reconocidos en ella son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos y, que es el Estado quien tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos, por lo que no es aceptable el argumento del SENASIR al señalar que la disposición de proceder a una nueva calificación de compensación de cotizaciones en base al correcto salario cotizable, significa una apreciación errónea y mala aplicación e inobservancia de la normativa especial a la que se rige la seguridad social, y que esta implicaría un daño económico al Estado, cuando es él, el encargado de la protección de los derechos de los habitantes del territorio boliviano. Y de defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia.

Por otra parte, es necesario precisar también que el art. 48.3) de la Constitución Política del Estado vigente, los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, normativa concordante con el art. 4 del LGT, que impide privar a las trabajadoras de los beneficios sociales que reconocen las leyes, siendo además obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia.

Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidente las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el art. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs.163 a 165, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por Olga Durán Uribe, Sandra Argote Céspedes y Luis Ángel Arias Sánchez, sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FIRMADO: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

           Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

ANTE MI:  Tyrone Cuéllar Sanchez